La Región Mesoamérica de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina) expresa su profunda indignación y firme solidaridad con las familias campesinas organizadas en el Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala, ante el desalojo y la represión que se está ejecutando este 11 de marzo en la Finca Hacienda La Asunción, en el municipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango.
Denunciamos ante los pueblos de nuestra región y la comunidad internacional la grave violación a los derechos humanos que significa el desalojo de aproximadamente 30 personas, entre ellas mujeres adultas mayores, niños y niñas, quienes durante más de tres décadas han trabajado en estas tierras. La presencia de numerosas patrullas policiales ingresando a las viviendas sin diálogo previo constituye un acto de intimidación y criminalización contra las comunidades campesinas organizadas. Asimismo, recordamos con profunda preocupación que este conflicto tiene antecedentes de violencia, incluyendo el asesinato en 2017 del compañero Eugenio López, quien exigía pacíficamente su jubilación y el respeto a sus derechos laborales.
Alertamos que este no es un hecho aislado. En los últimos meses se ha configurado un patrón preocupante de represión contra comunidades campesinas en Guatemala. Diversas organizaciones han denunciado entre 20 y 30 desalojos que han sido temporalmente detenidos gracias a la movilización social y a la denuncia pública, muchos de ellos acompañados de órdenes de captura contra líderes y lideresas campesinas. Estos procedimientos, además, se han realizado sin cumplir con los protocolos y estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas para los desalojos, los cuales obligan a garantizar condiciones adecuadas para las personas afectadas, así como procesos de diálogo y notificación previa.
Las familias que hoy enfrentan el desalojo han sido históricamente trabajadoras de estas fincas y denuncian que durante décadas se les descontaron cuotas laborales que nunca fueron reconocidas en su beneficio. La ausencia de notificación previa, la falta de debido proceso y la inexistencia de medidas para proteger a las personas adultas mayores, mujeres, niñas y niños constituyen violaciones flagrantes a los estándares internacionales de derechos humanos.
A esta situación se suma la criminalización de las comunidades campesinas. Actualmente cinco personas vinculadas a este caso se encuentran detenidas, cuatro capturadas la semana pasada y una más detenida el día de ayer, sin que se hayan garantizado plenamente las medidas cautelares ni el debido proceso. Según las denuncias recibidas, las personas afectadas no fueron debidamente notificadas de los procesos judiciales. Durante la audiencia realizada este día, no se otorgaron medidas sustitutivas, manteniéndoles en prisión.
Recordamos que el Estado de Guatemala debe actuar conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), que afirma el derecho de los pueblos campesinos a la tierra, a condiciones de vida dignas y a la protección frente a desalojos forzados.
Resulta particularmente preocupante que estas acciones ocurran mientras en el país se desarrolla el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que pone en evidencia la persistencia de prácticas de criminalización y represión contra las luchas campesinas.
Asimismo, recordamos que el movimiento campesino guatemalteco ha impulsado un proceso de diálogo con el actual gobierno que derivó en la firma de un Acuerdo Agrario que contempla cinco ejes fundamentales, siendo estos, el acceso a la tierra, programas de apoyo al campesinado, el fortalecimiento de la Dirección de Resolución de Conflictos Agrarios, la creación de un Ministerio de Economía Popular y el fortalecimiento de la institucionalidad pública vinculada al desarrollo rural. Sin embargo, este acuerdo permanece prácticamente detenido.
Desde la Región Mesoamérica de la CLOC – Vía Campesina reafirmamos que la tierra es un derecho y no una mercancía. Los desalojos violentos contra comunidades campesinas son una expresión del modelo de concentración de la tierra que históricamente ha negado justicia a quienes la trabajan.
Por ello:
– Expresamos nuestra plena solidaridad con el Comité de Unidad Campesina (CUC) y con las familias afectadas.
– Exigimos la suspensión inmediata del desalojo y el cese de la criminalización contra las comunidades campesinas.
– Demandamos al Estado de Guatemala garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas.
– Llamamos al Gobierno de Guatemala a reactivar de manera urgente el Acuerdo Agrario y los mecanismos institucionales para la resolución de los conflictos agrarios.
– Solicitamos a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantenerse vigilantes frente a esta situación y acompañar la garantía de los derechos humanos de las comunidades campesinas.
– Llamamos a las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos de la región y del mundo a mantenerse vigilantes y solidarias frente a esta situación. La lucha por la tierra, la dignidad y la justicia para los pueblos campesinos es una lucha de toda la humanidad.
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!
Región Mesoamérica
CLOC – Vía Campesina 11 de marzo de 2026