La aprobación de la Ley de Jurisdicción Agraria representa uno de los avances más importantes para el campesinado colombiano en las últimas décadas. No se trata simplemente de una nueva norma jurídica; se trata de una conquista histórica de quienes durante años hemos defendido la tierra, el territorio y el derecho a vivir dignamente en el campo colombiano. La deuda histórica del Estado con el campesinado no solamente ha estado relacionada con el acceso a la tierra, sino también con la ausencia de una justicia especializada que comprenda las realidades rurales, las dinámicas territoriales y las profundas desigualdades que existen en el campo.
Durante décadas, miles de campesinxs hemos enfrentado conflictos por la tierra, desalojos, disputas territoriales y barreras para acceder a la justicia. Muchos procesos judiciales han estado alejados de las realidades campesinas y, en no pocas ocasiones, han favorecido los intereses de los grandes poderes económicos sobre los derechos de las comunidades rurales.
Por eso la Jurisdicción Agraria significa la posibilidad de avanzar hacia una justicia con enfoque territorial, social y campesino, capaz de reconocer las particularidades del mundo rural y garantizar la protección efectiva de los derechos de quienes producen los alimentos para el país.
La Jurisdicción Agraria también representa una herramienta fundamental para la implementación de la reforma agraria y para la consolidación de la paz en Colombia. No puede haber paz estable y duradera mientras persistan los conflictos históricos por la tierra y mientras el campesinado continúe enfrentando inseguridad jurídica sobre sus territorios.
Esta ley permitirá fortalecer mecanismos para resolver conflictos agrarios, proteger derechos colectivos y avanzar en el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, tal como lo establece la Constitución y las recientes conquistas alcanzadas por el movimiento campesino.
Por eso hoy debemos exigirle al Congreso de la República que actúe con responsabilidad histórica y apruebe esta ley. El proyecto, considerado clave para la reforma rural, enfrenta el reto de avanzar en el Senado dentro de los próximos 38 días para evitar su archivo. No es momento de cálculos politiqueros ni de maniobras para dilatar un debate que el país rural viene esperando desde hace décadas.
El Congreso tiene la obligación moral y política de escuchar al campesinado colombiano, de reconocer las luchas históricas de las organizaciones del campo y de garantizar que esta herramienta jurídica se convierta en una realidad. No aceptamos prácticas de sabotaje, ausencias deliberadas o estrategias para impedir el quórum mientras millones de campesinxs siguen esperando justicia en los territorios.
Defender estas conquistas también implica defender el proyecto político del cambio. El próximo domingo el pueblo colombiano tiene una enorme responsabilidad histórica: respaldar con su voto a quienes han estado del lado de las luchas populares, de la reforma agraria y de los derechos del campesinado. Estamos con quienes han demostrado compromiso con la defensa de los derechos del pueblo, la implementación de la paz, la justicia social y las transformaciones democráticas que requiere el país. Su liderazgo representa la posibilidad de seguir avanzando hacia una democracia más participativa, incluyente y profundamente ligada a las luchas de los sectores populares.
Hoy la defensa de la reforma agraria, de la Jurisdicción Agraria y de los derechos campesinos también pasa por garantizar la continuidad de un proyecto político que permita profundizar los cambios y consolidar una verdadera revolución agraria en Colombia. El campesinado colombiano no puede retroceder. Las conquistas alcanzadas son fruto de décadas de movilización, resistencia y lucha colectiva, y debemos defenderlas con organización, unidad y participación popular.
Fonte: https://viacampesina.org/es/con-la-jurisdiccion-agraria-avanza-la-justicia-social-en-colombia/
