13 de mayo de 2016.
El pasado 11 de mayo el grupo campesino 9 de julio, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) fue desalojado violentamente de sus tierras, por miembros de la Policía Nacional y el Ejército.
Este grupo campesino está ubicado en el municipio de Tutule en el departamento de La Paz, tiene siete años de estar en el proceso de recuperación de esas tierras.
Durante el desalojo llegaron al menos 12 patrullas de la Policía Nacional y 80 efectivos del Ejército con maquinaria y con órdenes de destruir todo lo que la empresa tenía, Casas y cultivos.
Más de 50 manzanas de café, árboles frutales, maíz, frijoles y huertos familiares que hay en cada casa están siendo destruidos totalmente, sin que nadie pueda hacer nada contra el poder que tiene este supuesto dueño de nombre Carlos Arriaga.
El contingente policial y militar destruyo las casas de más de 50 socios de esta empresa campesina.
«Arriaga es apoyado por las autoridades políticas y militares del gobierno en turno y especialmente de las autoridades de la Paz. Las tierras que ocupa la empresa campesina son de naturaleza jurídica ejidal totalmente comprobado por las diferentes inspecciones de campo realizada, la empresa ocupa la tierra por muchos años por tal razón son los verdaderos y únicos dueños, no de este tipo que pretende adueñarse de ellas ya que es familia del alcalde de Tutule Wil Guevara, a quien hemos denunciado en varias ocasiones ya que es un violador de los derechos de los campesinos e indígenas del municipio de Tutule y alrededores» denuncio el Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores delo Campo (CNTC).
El desalojo tuvo como consecuencia dos campesinos heridos de bala,» Johnny Alfredo Mejía Torres, Secretario General de la base campesina 9 de Julio y Edwin Murillo, quienes se encuentran fuera de peligro, y Delma Calix y Dania Isabel Reyes Calix quienes fueron detenidas, ellas ya liberadas.
«Esta mañana llegamos a los Juzgados de La Paz, para interponer la denuncia en contra de los policías y militares y el supuesto terrateniente que desalojaron a los compañeros de la empresa campesina 9 de julio» dijo Almendares.
«Las compañeras que fueron detenidas, cuentan como fueron maltratadas sicológicamente por los policías, nos comentaron que sienten temor porque pueden ser perseguidas por parte de los órganos represores de este departamento» argumento Almendares.