NUEVO DESALOJO EN PARAJE SARANDI 2 DE FEBRERO
El lunes 20 de Marzo las familias del paraje Sarandí 2 de Febrero, del municipio de Puerto Esperanza de Misiones se vieron nuevamente presionadas y amenazadas a desalojar sus chacras, por una fuerza policial de 22 efectivos, incluyendo personal de operaciones especiales.
En una actuación sin notificación escrita previa, se presentaron los agentes junto al encargado de la firma que viene denunciando, amenazando, hostigando con todo tipo de agresiones desde hace años a las familias campesinas. Este siniestro personaje llamado Juan Carlos Ribeiro, en un alarde mas de ilegalidad, llevaba a su propio hijo como testigo de las actuaciones. Sorprendidos por la cantidad de familias que viven allí, el jefe del operativo ordenó que se releve todo lo que tienen allí las familias, y que para el día siguiente un médico proceda a relevar a todas las personas con problemas de salud, ya que en la comunidad hay ancianos, niños y adultos con discapacidades, algunas congénitas y otras fruto de accidentes de trabajo, problemas coronarios, embarazadas y otros mas.
La autoridad policial se comprometió a presentar este relevamiento a la jueza actuante, pues según informaron a los pobladores, presumen que no cuentan con esta información en el juzgado, ya que ellos venían a desalojar a siete intrusos que permanecía en carpas.
Pareciera que la Justicia está dispuesta a no poner fin a la larga historia de sufrimiento de estas 45 familias. Habiendo sufrido el primer desalojo en 2011, cuando comenzaron las denuncias de la empresa Robicué S.A., que jamás tuvo presencia en el lugar.
La única vez que aparecieron fue a través de una tercera empresa que taló y se llevó toda la madera comercializable, sin que las familias se opusieran, ante sus amenzas y para no tener problemas. Hoy la empresa los denuncia sistemáticamente por robo de madera, hasta que lograron traer durante 2016 una inspección del Ministerio de Ecología para criminalizar a los pobladores, inspección que pudo comprobar que no ha habido corte de ninguna madera para venta por parte de las familias, mucho menos de maderas protegidas.
Luego el 23 de diciembre de 2014 esta empresa representada por este Ribeiro, utilizando a la Justicia y la fuerza policial, llevó a cabo otro desalojo, golpeando a quienes no se resignaban a ver arruinados su trabajo y su vida, quemando todas las viviendas de madera, robando los animales que pudieron y espantando a los que no. Destruyeron las cosechas de alimentos, corrales, galpones, y quemaron las casas con todo lo que había dentro. Algunas familias se fueron del lugar, pero la mayoría volvió a intentar reconstruir sus vidas allí, pues no tienen dónde mas ir.
A pesar de todo ello esta comunidad siguió trabajando con fe en hacer realidad una vida digna en sus pequeñas chacras.
Nuevamente en febrero de 2016 volvieron con un operativo de desalojo, que antes de que fuera ejecutado en su totalidad, fue suspendido por los desesperados ruegos de las familias y con el apoyo de la COTRUM-MNCI y el Partido Agrario y Social. No obstante muchas viviendas fueron destruidas y otras quemadas. La mayoría de las herramientas de trabajo fueron secuestradas, y posteriormente se recuperaron sólo algunas pocas. Un funcionario de Ecología fue descubierto durante el mismo operativo robando choclos y otros alimentos, así como herramientas de trabajo.
Con la suspensión del desalojo no terminaron sus padecimientos. En el transcurso de 2016 las familias se vieron agredidas en varias oportunidades por matones que desde los pinares colindantes les realizaban disparos de armas de fuego durante la noche hacia las viviendas familiares. Una casa fue extrañamente incendiada, perdiendo todo lo que había dentro, incluyendo las herramientas de trabajo. Incluso cuando sacan para la venta su producción de maíz, mandioca, poroto o carbón, entre otros, son hostigados por estos siniestros personajes diciendo que no pueden vender la producción para su sustento familiar, que eso está prohibido por la justicia.
El Estado Provincial ha verificado la realidad de las familias, mediante visitas de la Subsecretaria de Tierras y de personal del Ministerio de DDHH. Las familias denunciadas por usurpación, han mostrado su sacrificado trabajo, sus plantaciones, sus animales, el aula que han construido para la escuela, en un paraje que no cuenta con energía eléctrica aún, sin atención sanitaria, caminos en pésimas condiciones, y tantas otras dificultades.
El siniestro señor Ribeiro, además de presentarse a amenazar con desalojo a todas las familias, entra chacra por chacra sin pedir permiso, fotografiando o acompañado con personal policial inventando denuncias que jamás puede comprobar, pero que significan una agresión y amenaza permanente. Muchas familias debieron sacar sus hijos de las escuelas cercanas, ya que Riberio cruzó en el camino en reiteradas oportunidades a los niños de escuela primaria para amenzarlos, incluso lastimarlos haciendo a los mas grandes arrastrarse sobre ramas en el monte. Muchas familias se han visto obligadas a dejar sus niños en los pueblos cercanos con familiares, para que no abandonen los estudios, fruto del temor a que estas bestias puedan dañar a los niños nuevamente o abusar de las niñas.
Todo esto configura una situación de completo atropello a los derechos humanos mas elementales, con una Justicia que se ocupa de apoyar el accionar mafioso de quienes se disfrazan de empresarios, a la vez que hace oídos sordos a los genuinos reclamos de las familias campesinas, negándose a recibir las denuncias que los pobladores han intentado realizar de todos estos delitos aberrantes.
Las familias campesinas han logrado el reconocimiento e inscripción en el Registro de Poseedores de la Provincia, y han solicitado la suspensión de las medidas de desalojo, acogiéndose a la Ley XII Nº 32 de Suspensión de Desalojos cuando se verifica una posesión única y destinada al sustento familiar.
Por todo ello exigimos a la Justicia frenar en forma urgente y definitivamente los atropellos a las familias del Paraje Sarandí 2 de Febrero, prohibir el acercamiento de este siniestro sr. Ribeiro y cualquier otro enviado de la oscura empresa Robicué S.A.
Solicitamos a la Justicia el urgente reconocimiento del amparo ante la Ley de Suspensión de Desalojos para las familias, y la consecuente acción del Estado Provincial para regularizar la situación de la tierra, a lo que proponemos la entrega de un título comunitario o a una cooperativa integrada por las familias, de modo de asegurar el destino futuro de estas tierras para la vida, el cuidado del monte y producción campesina.
MNCI – Movimiento Nacional Campesino Indígena
Movimiento Evita
Partido Agrario y Social
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