Autor: clocvc

25 de agosto de 2016

El referente continental describió el escenario que atraviesa Argentina desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de ese país con un elenco de representantes de corporaciones trasnacionales y del agronegocio en su país como su equipo principal de ejecutores de políticas neoliberales.

Agregó que existe una ofensiva regional como respuesta del capital financiero, las corporaciones y los terratenientes a la crisis global del capital lo cual «ha profundizado la disputa por la tierra y los bienes naturales, expulsando a la agricultura campesina de sus territorios y restringiendo su participación en los mercados de alimentos».

Montón habló de un Desguace institucional de las estructuras otrora base del desarrollo de políticas públicas diferenciadas hacia la agricultura campesino-indígena y familiar, motivando una transferencia de recursos -por la vía de aumentos de tarifas de servicios básicos, por ejemplo, pero también del coste de los alimentos- desde los sectores populares a los sectores «más concentrados del capital».

Vea el video producido por Radio Mundo Real en el marco del «Encuentro Regional de Agricultura en Transición; impactos, amenazas y alternativas al modelño agroindutstrial» que transcurre en la prinvincia argentina de Santa Fe, ciudad de Rosario.

25 de agosto de 2016

En el marco del programa de Formación Política para Militantes de Base del 18º Cono Sur, una delegación compuesta por 100 militantes, compañeros y compañeras de 12 países de Latinoamérica, llegaron hasta el departamento de Canindeyú, donde se sitúan la comunidad Primero de Marzo-Joaju (Yvyrarovana) y Marinakue (Curuguaty), ambos en la lucha por la recuperación de esas tierras para la Reforma Agraria.

Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela y Paraguay están representados en este curso que va por la edición número 18 para las organizaciones y movimientos sociales vinculados a la CLOC-Vía Campesina.

El recibimiento en el asentamiento Primero de Marzo-Joaju se dio en medio de gritos de orden, cánticos, apretones de mano, abrazos durante la mañana del 22 de agosto en la comunidad Combate, donde cuentan con un almacén comunitario, además es utilizado como espacio asambleario y recreación.

El asentamiento se encuentra organizado en 7 comunidades, por ello las y los militantes en proceso de formación se constituyeron en 7 núcleos de base para realizar las visitas y las actividades durante el día, además de compartir con las familias almuerzo, cena, dormida y desayuno con el acompañamiento de las y los pobladores.

En la noche, alrededor de fogatas, mates y el cielo estrellado, se realizó la Jornada Socialista en la Escuela Primero de Marzo, la misma que fue construida y es mantenida por la comunidad. El espacio inició con una mística realizada por los militantes del Curso Cono Sur, posteriormente cada país presentó sus danzas típicas, poemas, canciones, en un espacio de camaradería y solidaridad internacionalista, donde todas y todos compartían los mismos sueños de construir un mundo donde todos nuestros derechos sean garantizados, como los del acceso a la tierra, el territorio, el agua, la salud, la educación, la vivienda y otros.

La comunidad, durante la despedida en la mañana del 23, agradeció la visita internacional, señalando que la misma servirá para fortalecer la lucha por la expropiación de las tierras. De la misma manera el agradecimiento de 18º Curso Cono Sur no se hizo esperar con la emotiva entrega de la bandera de la CLOC como símbolo de lucha que nos une a todas las organizaciones de los distintos países. Así también se entregaron banderas del IALA Guaraní y otras banderas de organizaciones, en medio de demostraciones de afecto que caracterizan la alegría militante.

Marinakue, en el distrito de Curuguaty, fue visitada en la misma mañana del 23 de agosto, territorio donde murieron 11 campesinos y 6 policías en una masacre montada en contra del pueblo, en contra de quienes luchan por la tierra. La delegación que desde el inicio del curso ha sido informada de la lucha emblemática con la mística de inicio y posteriores actividades, durante la visita escuchó el testimonio de Roberto Paredes en el lugar de la masacre, quien relató la situación que atraviesa la comunidad, y quien perdió a su único hijo aquel 15 de junio del 2012.

Luego de la conversación en el lugar de la masacre se trasladaron hasta el asentamiento donde viven unas 60 familias de la comisión Naranjaty, donde se ha podido observar el inicio de la producción para autoconsumo de las familias. Rodolfo Castro, líder de la comisión, hermano de uno de los asesinados el día de la masacre y de dos de los presos políticos condenados injustamente, agradeció a los militantes por la visita, reconociendo que la solidaridad internacional siempre ha sido un factor fundamental para la lucha y que la misma se fortalecerá aun más.

Rodolfo manifestó que las familias que viven en el asentamiento son padres, madres, hijos, amigos, vecinos que seguirán luchando por las tierras de Marinakue, que son tierras del Estado para la Reforma Agraria y con firmeza luchando por la libertad de los presos políticos.

La visita culminó con una mística donde se sembraron 18 plantines en homenaje a los 17 muertos en la masacre y recordando a Vidal Vega, testigo clave asesinado en diciembre del 2012 por sicarios.

De esta manera, las organizaciones de Latinoamérica se llevan la experiencia de la lucha por la tierra en Paraguay en contra del extractivismo capitalista que saquea, criminaliza a nuestros pueblos pero que no ha tenido, ni tendrá, nunca la fuerza para romper nuestros sueños y la templanza de nuestras luchas.

25 de agosto de 2014

En complicidad con el Ministerio Público la familia Campollo, una de las más ricas de Guatemala, lanzaron este 24 de agosto, acciones represivas, allanamientos y capturas contra ancianos y ancianas que reclaman porque durante casi 30 años les descontaron el IGSS pero no lo pagaron a la institución.

Más de 250 extrabajadores de la Finca San Gregorio ubicada en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, propiedad de la Familia Campollo, fueron estafados durante 30 años al serles descontado mes a mes el pago del IGSS, pero dichos propietarios no pagaron a la mencionada institución. Cuando las y los trabajadores intentaron jubilarse, con edades entre 70 a 95 años, se dieron cuenta que sus cuotas no habían sido trasladadas al IGSS y por lo tanto no se pueden acoger al programa de invalides, vejez y sobrevivencia.

Ante tan inhumano robo, un grupo de extrabajadores, como justificada medida de presión se dirigió a la finca en forma pacífica y protestó durante 4 días

en espera de respuesta por parte de la patronal, se retiraron, sin ningún incidente, cuando la abogada Eugenia Sandoval se ofreció para mediar para que fueran escuchadas sus peticiones.

Sin embargo, en lugar de responder a las justas demandas de las y los ancianos que durante 30 años entregaron su fuerza de trabajo, la familia Campollo, en contubernio y complicidad con el Ministerio Público, ha lanzado una ofensiva para capturar a 16 personas. Estas acciones ocurren en el aniversario de la Masacre de la Finca la Exacta cuando las familias Campollo y Blanco Aguirre promovieron un desalojo en 1994, con el resultado de casi 10 trabajadores asesinados. Ya ha sido capturado uno de los ancianos extrabajadores y la PNC junto a fiscales del MP están allanando y rodeando viviendas, en búsqueda de otros. En lugar de procurar que se pague a los trabajadores que tienen más de 5 años de exigir sus derechos, el MP en poco tiempo y de forma inusualmente ágil, está procediendo con estas órdenes de captura.

Las comunidades de la región se están movilizando por lo que responsabilizamos a la PNC y la Fiscalía de Coatepeque por cualquier situación que se pueda dar, fruto de tan condenable proceder.

Llamamos a las demás comunidades y organizaciones campesinas a estar alertas y movilizados por las campañas de criminalización y desprestigio que se están impulsando en la actualidad en medios de comunicación y redes sociales que pueden desembocar en una nueva oleada de represión hacia comunidades indígenas y campesinas en Izabal y El Estor.

Comité de Unidad Campesina
CUC

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los Trabajadores del Campo

24 de agosto de 2016

24 de agosto de 2016

El viernes 19 de agosto se presentó en la Sala de Sesiones del Senado del Ex Congreso Nacional de Chile el libro: «El TPP y los derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina».

El evento fue organizado por el Observatorio Ciudadano, la Plataforma Ciudadana Chile mejor sin TPP y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

La presentación se realizó y contó con la participación de Alfonso de Urresti, Senador de la región de los Ríos; Ana Llao, dirigente Mapuche de la organización Ad Mapu y Francisca Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indíogenas (ANAMURI).

La nueva publicación busca contribuir al conocimiento sobre las implicancias que tienen los acuerdos comerciales en la construcción del libre comercio y de sus amenazas a los derechos humanos e indígenas en la región, con especial referencia a los casos de Chile, México y Perú.

De igual modo,busca aportar elementos que ayuden a los parlamentarios a tomar una decisión informada durante el proceso de ratificación del TPP sometido a los Congresos de estos países.

Canbe destacar que actualmente se reflexiona, tanto en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas. sobre la responsabilidad de los Estados y de las empresas sobre los derechos humanos e indígenas, así como la compatibilidad de los acuerdos comerciales con estos mismos derechos.

La publicación fue elaborada por José Aylwyn Oyarzún (Chile), Emanuel Gómez Martínez (México) y Luis Víttor Arzapalo (Perú) y se encuentra disponible para su libre descarga en Internet en el siguiente hipervínculo: El TPP y los Derechos de los Pueblos completo

Resumen ejecutivo:

El pasado 04 de febrero, en la ciudad de Auckland, Nueva Zelandia, representantes de doce países (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), suscribieron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Previéndose que este entre en vigencia a los dos años de su firma, si seis de sus suscriptores, que representen al menos el 85% del producto interno bruto (PIB) combinado, lo ratifican.

En las últimas décadas hemos presenciado un sostenido incremento de los flujos de comercio internacional, tanto de bienes y servicios como de inversiones de capital, dando origen al fenómeno de la globalización o mundialización económica. Entre los instrumentos utilizados para favorecer este crecimiento del comercio y las inversiones se encuentran los tratados de libre comercio (TLC) y los tratados bilaterales de inversión (TBI), genéricamente conocidos como acuerdos comerciales, como es el caso del TPP (1). El que promovido por Estados Unidos y las corporaciones transnacionales, fue negociado durante cinco años en el más estricto secreto, con la exclusión de representantes de sociedad civil y de los pueblos indígenas, en abierta contradicción con principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos.

A lo anterior, se suman las implicancias que estos acuerdos comerciales han tenido para los derechos humanos en general, y los derechos de pueblos indígenas en particular, producto de su incidencia en el aumento de inversiones extractivas y de infraestructuras en sus tierras y territorios, así como de la conflictividad social que estos originan, lo que ha constituido una preocupación creciente de diversas instancias internacionales de derechos humanos. Entre estas, de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, que en su informe 2015 advirtió de los impactos negativos sobre el derecho a la tierra, territorio y los recursos de estos pueblos, así como sobre su derecho a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, entre otros.

A su vez, la imposición de estos proyectos en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, sin consulta previa y consentimiento, ni su participación en los beneficios que generan y compensación por los daños que provocan, ha permitido la apropiación de los conocimientos tradicionales de estos pueblos asociados a los recursos genéticos y la biodiversidad y derivado en el empobrecimiento de la población indígena, en especial en las áreas rurales, lo que se verá intensificado con la entrada en vigencia del TPP.

De allí que la ausencia de consulta indígena de este acuerdo comercial, establecida en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, constituya una grave afectación a este derecho. Asimismo, la suscripción y posible entrada en vigencia del TPP, sin considerar la participación indígena, desoye los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los que conminan a los Estados a asegurar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos cuando suscriben acuerdos comerciales.

El libro «El TPP y los Derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina», de los autores José Aylwin, Emanuel Gómez y Luis Vittor, busca contribuir al conocimiento, especialmente por parte de los propios pueblos indígenas y de sus representantes, sobre las implicancias que tienen estos acuerdos comerciales en la construcción del libre comercio y de sus amenazas a los derechos humanos e indígenas en la región, con especial referencia a los casos de Chile, México y Perú, Estados que cuentan con una población indígena significativa y que han ratificado el Convenio 169 de la OIT, así como adherido a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Por otra parte, busca aportar elementos que ayuden a los parlamentarios a tomar una decisión informada durante el proceso de ratificación del TPP sometido a los Congresos de estos países, y contribuir a la reflexión que actualmente se desarrolla en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas en relación a la responsabilidad de los Estados y de las empresas, en particular transnacionales, en materia de derechos humanos e indígenas, así como la compatibilidad de los acuerdos comerciales con estos mismos derechos.

De este modo, en el primer capítulo se da cuenta de los orígenes de las políticas de libre comercio y de la forma en que estas han sido impuestas en las últimas décadas a nivel global y en la región latinoamericana. Además, entrega antecedentes sobre las reformas jurídicas constitucionales y legales introducidas por estos acuerdos, y el impacto de las demandas por parte de empresas transnacionales ante las instancias arbitrales que estos establecen, por supuestos incumplimientos de las garantías de los inversores en ellos considerados.

El segundo capítulo aborda las consecuencias que estos acuerdos han tenido para los pueblos indígenas y sus derechos. En el caso de Chile, se analiza cómo los acuerdos comerciales suscritos con más de 60 estados han incidido de manera directa en el incremento de las inversiones extractivas y de infraestructura (minería en el norte, forestación y salmonicultura en el sur; proyectos energéticos y de infraestructura a lo largo del país) en tierras y territorios de propiedad legal o de ocupación tradicional de los pueblos indígenas, con la criminalización de su protesta social, incluida represión policial y uso de legislación antiterrorista.

En el caso de México, se explica el impacto de los acuerdos suscritos por ese país, en particular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el empobrecimiento de la población indígena y en el aumento de procesos migratorios, en especial a Estados Unidos, que involucran también a indígenas, así como el incremento sustancial de proyectos de exploración y explotación minera a favor de empresas transnacionales, en su mayoría de origen canadiense –uno de los socios del TLCAN– en sus territorios, la afectación a su derecho al medio ambiente y conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, a consecuencia de la apertura brindada a las empresas transnacionales que controlan el mercado agrícola y la resistencia indígena a tales amenazas.

En el caso de Perú, se explica cómo a pesar de las reservas para tomar medidas relacionadas con los pueblos indígenas contenidas en anteriores acuerdos comerciales suscritos por ese país, estos igualmente han llevado al estado peruano a impulsar reformas legislativas que han afectado de manera directa los derechos de pueblos indígenas. En particular, en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos el 2008, donde el gobierno emitió un paquete de 101 decretos legislativos que implicaron cambios en el marco jurídico relacionado con el comercio, las inversiones, el medio ambiente, la gestión y acceso a recursos naturales, infraestructura, servicios financieros, justicia en materia comercial, procedimientos administrativos y áreas naturales protegidas, entre otros. Además se da cuenta de la protesta indígena frente a estas medidas y de los hechos represivos a que dio lugar en la localidad de Bagua.

El tercer capítulo profundiza en los contenidos más importantes del TPP e implicancias adversas para los derechos humanos. Entre ellos, el capítulo sobre propiedad intelectual y sus disposiciones referidas a los derechos de autor, extendidos más allá del plazo reconocido en el Convenio de Berna (1986) y del Acuerdo APDIC (1994); la protección de datos de medicamentos biológicos, que retrasa la entrada al mercado de versiones genéricas y genera un monopolio de farmacéutica trasnacional; la afectación a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, con la exigencia a los estados partes de ratificar o adherirse al UPOV 1991, hasta ahora suscrito solo por Perú. También se analiza el capítulo sobre inversiones, que otorga garantías exacerbadas a los inversionistas para la protección de sus inversiones, permitiendo demandar a los Estados —en particular aquellos con economías más frágiles— ante instancias arbitrales, frente a medidas que son consideradas una expropiación indirecta o que interfieran con las «expectativas inequívocas y razonables de la inversión». Finalmente da cuenta de las reservas que Chile, Perú y México fijaron en el TPP en relación a los pueblos y comunidades indígenas, cuyas implicancias prácticas en la garantía de sus derechos frente a las inversiones en sus tierras y territorios, son inciertas.

El cuarto capítulo refiere a las preocupaciones manifestadas por expertos del Sistema de Naciones Unidas en relación a los acuerdos comerciales y los derechos humanos en general y de los pueblos indígenas en particular. Entre ellos, la Relatora Especial de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz; el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice De Zayas; y el Relator Especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover. Así como sus recomendaciones a los estados en la materia, tales como asegurar la participación de los afectados en las negociaciones y la trasparencia en los procesos, la necesidad de realizar en forma previa a la suscripción de estos acuerdos evaluaciones de impacto en derechos humanos, el establecimiento de cláusulas de excepción para la protección de los derechos humanos e indígenas, la explicitación del compromiso de los estados y las empresas con los derechos humanos.

la marginación económica y social generada por los acuerdos comerciales suscritos por los países en estudio ha resultado en el empobrecimiento de la población indígena
Tras esta revisión, en sus conclusiones los autores reafirman que la marginación económica y social generada por los acuerdos comerciales suscritos por los países en estudio ha resultado en el empobrecimiento de la población indígena, en particular de la población indígena rural, y en su migración a las ciudades. En algunos casos, como el de México, en su migración fuera de las fronteras estatales.

Asimismo, constatan la grave afectación generada por estos acuerdos a los derechos humanos, lo que contraviene las directrices del derecho internacional aplicable, toda vez que impide, o al menos limita, la capacidad de los estados de cumplir sus compromisos internacionales contraídos en esta materia; advierten que la exclusión de los pueblos indígenas de la toma de decisiones respecto a la suscripción del TPP, lesionó sus derechos de participación política y de libre determinación; y ratifican que este tratado constituye a todas luces una medida legislativa que genera afectación directa a dichos pueblos, que de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile, México y Perú, debe serles consultada.

A pesar de ello, ninguno de los gobiernos de estos tres estados latinoamericanos que son parte del TPP han propuesto hasta ahora procesos de consulta indígena, ni han realizado una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del acuerdo, incluida la afectación directa a estos pueblos, como lo proponen los expertos independientes de la ONU. Destacando a su vez, como un hecho de todo cuestionable, que los gobiernos de estos países hagan caso omiso a las múltiples denuncias sobre afectaciones a derechos fundamentales representadas por pueblos indígenas y movimientos ciudadanos, tales como la Plataforma Chile Mejor sin TPP, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanos México Mejor sin TPP, así como sus exigencias para que se desarrolle un proceso de consulta con los pueblos indígenas.

Por lo mismo, hacen un llamado a que estos Estados latinoamericanos parte del TPP a impulsar, en forma previa a su ratificación por los órganos legislativos respectivos, una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del acuerdo, incluyendo una evaluación de su afectación directa en los derechos de pueblos indígenas, que permita a los legisladores adoptar una decisión fundada con respecto a la conveniencia de aprobarlo, de modo de no poner en riesgo el cumplimiento por los estados de los compromisos anteriormente adoptados en la materia. Para que como advierte el Relator Especial De Schutter, se asegureque este tipo de acuerdos no impongan obligaciones incompatibles con las obligaciones preexistentes de los Estados, que exista posibilidad de influir en las decisiones que se adoptan, y que existan garantías mínimas, como la independencia, la transparencia, la participación inclusiva, la asesoría y el financiamiento.

Instan también a que estos gobiernos a que impulsen, en forma previa al envío del TPP a los parlamentos para su ratificación, procesos de consulta con los pueblos indígenas de esta medida legislativa, a través de sus instituciones representativas y de buena fe, tal como obliga el Convenio 169 de la OIT. Obligación se ve fortalecida al tener presente que los negociadores de estos tres Estados establecieron reservas en el texto del TPP en virtud de las cuales se reconocen los derechos de estos pueblos, los que incluyen aquellos derechos establecidos en las leyes nacionales e internacionales que son parte de sus ordenamientos jurídicos, como es el derecho de consulta del Convenio 169 referido.

En caso de no hacerlo, solicitan a los propios parlamentos impulsarlos durante el trámite legislativo del TPP, asegurando así el cumplimiento del compromiso contraído en virtud de dicho Convenio y que en tanto órgano del Estado, estos también tienen.

Nota:

(1) Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), hasta finales del 2012 se habían suscrito 2.857 tratados bilaterales de inversión y, según la Organización Mundial del Comercio, al 01 de enero de 2016 un total de 419 acuerdos comerciales se encuentran en vigor.

23 de agosto de 2016

Produzir alimentos saudáveis para atender a necessidade do povo brasileiro é um desafio posto para os camponeses e camponesas, principalmente, para aqueles que fazem parte do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

O MPA compreende que sem a existência de organizações camponesas que conduzam a luta, que coloque ações em práticas, que apresentem propostas para o campo e para a sociedade como um todo, que defendam os interesses da Classe Camponesa, dificilmente conseguiremos avançar num processo de afirmação do modo de ser e de Viver Camponês e, por conseguinte, de garantir a Soberania Alimentar do país.

Compreende-se a produção como um processo da prática produtiva, beneficiamento, armazenamento e comercialização. Neste sentido, o MPA está trabalhando em todo o país, no intuito de fortalecer as famílias camponesas que são bases desta organização

e apresentar propostas para o Campesinato brasileiro.

Na Bahia, o foco é fortalecer o coletivo de produção, manter-se na luta e garantir a materialização de um projeto para Agricultura Camponesa, o Plano Camponês. Compreendendo este papel central, o dirigente nacional do MPA, Leomárcio Araújo, e, que na Bahia está com a tarefa de coordenar o coletivo de produção, afirma:

«O coletivo de produção do MPA tem se desafiado no último período construir estratégias de geração de renda e autonomia para as famílias camponesas de um modo geral, e especialmente para aquelas que lutam organizadas na base do Movimento. Para isso, tem sido insistente na necessidade da consolidação do próprio coletivo, garantindo a paridade de gênero, a representatividade regional, bem como, a estruturação de eixos produtivos estratégicos, sendo eles apicultura, produção de sementes crioulas, horticultura, beneficiamento do café e beneficiamento de frutas.»

Nestes últimos anos, o MPA/BA apresenta diversas conquistas que estão contribuindo para estruturação das famílias camponesas, assim relata o dirigente do MPA:

O MPA tem dados passos na comercialização da produção dos camponeses de forma regionalizada, dispensando deslocamento dos alimentos em longas distâncias.

«As famílias organizadas pelo MPA tem conseguido dar passos, mesmo que pequenos, mas considerados muito importantes em dois sentidos. O primeiro deles é de caráter organizativo, as conquistas que temos até aqui é resultado de sermos uma organização a nível nacional, demonstrando sempre que organização local canalizada por um movimento social de expressão estadual e nacional, como no caso do MPA, reúne uma expressão de forças reivindicatória com clareza de estratégia significativa. E o segundo sentido, é a diferença real que estas conquistas tem feito na vida de cada camponesa e cada camponês em diferentes comunidades e ou grupos de base, dos cerca de 50 municípios onde o MPA atua na Bahia.»

Leomárcio ainda destaca as principais conquistas do MPA na Bahia nestes últimos anos:

«É oportuno destacar algumas das nossas ações a exemplo da implantação de 40 estufas familiares nos municípios de Barra do Choça e Ribeirão do Largo, que darão suporte a uma das fases mais importantes do beneficiamento do café, que é a secagem, qualificando portanto, em larga medida a bebida e por consequência agregando valor ao produto.»

«A construção de 9 Unidades de Beneficiamento de Mel (UBMs) em 9 diferentes municípios do Estado, beneficiando diretamente cerca de 400 familias camponesas pela atividade apícola, podendo ser responsáveis pela produção média anual de 40 mil kg de mel, para além do zelo com o meio ambiente que cada apicultor passa a ter. Esta produção significa um incremento médio de cerca de R$ 400.000,00 (quatro centos mil reais) gerado pelos camponeses/as», relata o dirigente do MPA.

Não se pode deixar de destacar a implantação de 16 campos irrigados para identificação, recuperação e multiplicação de Sementes Crioulas nos territórios do Piemonte da Chapada Diamantina, Piemonte Norte do Itapicurú e Sudoeste – Vitória da Conquista, beneficiando diretamente mais de 500 famílias, o que representa uma das lutas mais importantes para a Soberania do nosso país e dos povos do campo das águas e das florestas para manter a sua autonomia e a construção da sua Soberania. Um povo soberano é aquele que mantém sob seu controle o patrimônio genético, pois as sementes significam vida, futuro, esperança, avançamos na recuperação e multiplicação das sementes e nas técnicas de estocagem das variedades, caso contrário, a Soberania Nacional seguirá ameaçada pelas grandes corporações, hoje representadas pelas multinacionais como a Monsanto.

Outro elemento que os camponeses e camponesas do MPA tem dados passos importantes é na mecanização agrícola, «conquistando junto ao governo da Bahia, implementos agrícolas (atualmente somam 06 tratores e seus implementos) para diferentes Associações e comunidades da base do MPA, que tem permitido para além da agilidade no trato da terra e no suporte a outros serviços, tem contribuído em um grau importante com a redução da penosidade do trabalho, luta constante travada pelo movimento para que tenhamos uma vida camponesa com satisfação pelo cumprimento da sua missão em alimentar os demais brasileiros/as, assim como, sentindo orgulho de viver no campo», afirma Leomárcio.

Apesar dos desafios postos pela conjuntura política nacional ou internacional, o MPA projeta passos importantes para o próximo período, como avançar na organização do Campesinato gerando renda e dignidade, para isso é fundamental o diálogo com a população urbana que igualmente tem sido vítima por consequência do avanço da agricultura empresarial, especialmente pelo intenso processo de envenenamento dos alimentos e da natureza. Por esta razão, esta luta deve ser entendida como uma luta de todos, por essa razão que em abril de 2010 durante o 3º Encontro Nacional o MPA foi realizado o lançamento da Campanha Nacional Contra o Uso de Agrotóxicos e Pela Vida.

Leomárcio ainda destaca outros processos que o MPA tem construído na Bahia, como: «a construção de 2 Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBSs) no Estado e a construção de 02 entrepostos avançados para a atividade apícola.
Adi

Em nível nacional o MPA tem elaborado um projeto inspirador para as novas gerações que sintetiza no PLANO CAMPONÊS numa perspectiva socialista de contribuição do Campesinato para um Projeto Popular para o Brasil, o qual tem buscado traduzir este plano em ações concretas, em programas práticos que poderão e deverão ser executados pelos governos federal, estaduais e municipais. Esta iniciativa tem ganhado a opinião do conjunto das organizações e movimentos sociais do Brasil e fora dele, num contexto onde as políticas agrícolas brasileiras, especialmente a politica de crédito para a Agricultura Familiar (PRONAF) já não responde às necessidades que tem o Campesinato na sua diversidade identitária, de Bioma, de Diversidade, etc. Por isso, o MPA considera que para Campesinato seguir dando passos e superar seu lugar secundário historicamente reservado pelas políticas é urgente a Construção do Programa Camponês.

O dirigente do MPA, ainda deixa bem claro como estão as negociações com o governo do Estado na Bahia sobre o Programa Camponês: «a proposta é conhecida pelo governo do Estado desde o ano de 2014, no entanto, as respostas têm sido muito tímidas, embora sinalizando para o diálogo no sentido de aprofundar o debate e avançar na construção», finaliza Leomárcio.

É precisa compreender que o caminho o qual o Campesinato deve percorrer para consolidar um projeto para Agricultura Camponesa é longo e exige muitas lutas, no entanto, os camponeses e camponesas do MPA tem se colocado na luta para consolidar essa proposta.

22 de agosto de 2016

Durante Encontro de Direitos Humanos da Via Campesina, que ocorreu entre os dias 18 a 20 de agosto, na Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), município de Guararema, São Paulo, Advogados populares, Movimentos do campo e organizações discutiram a criminalização das lutas dos movimentos sociais no mundo e tiraram inúmeras propostas de ações que visam fortalecer e ampliar a atuação do Coletivo de Direitos Humanos da Via.

Em entrevista para a Página do MST, Leandro Scalabrin, advogado popular do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), compartilha algumas dessas propostas e ressalta a importância de realizar uma atividade como esta na atual conjuntura.

«O Encontro foi positivo, saímos muito motivados e o Coletivo fortalecido e ampliado. Conseguimos aprofundar o tema de nossas Campanhas Internacionais para efetivá-las em cada país

e identificamos o desafio comum da criminalização das lutas sociais no mundo. Este trabalho será multiplicado por todos continentes e vamos construir uma rede de proteção para nossos defensores de direitos humanos. Não descansaremos enquanto não libertarmos todos os nossos presos políticos» afirma.

A atividade contou com cerca de 60 militantes de 18 países da África, Ásia, Europa e América e também abordou os Tratados Internacionais que envolvem os direitos camponeses e o que vincula Empresas e Direitos Humanos.

Nesse sentido Scalabrin salienta que a Via denuncia «a arquitetura da impunidade, que faz com que empresas do capital privado controle o Estado e aprove leis, crie instituições para atender seus interesses em detrimento dos bens comuns e dos direitos humanos.» Ou seja, é preciso que os Estados estabeleçam uma «responsabilidade legal das empresas por suas ações ou omissões quando violam os direitos humanos nos países».

Acompanhe abaixo entrevista na íntegra.

Página MST: Um dos focos do debate foi a criminalização dos movimentos, quais ações foram planejadas para garantir a articulação internacional a partir da Via?

Leandro Scalabrin: As informações que os participantes do Encontro trouxeram indicaram a existência de inúmeros camponeses e camponesas presos, bem como muitos casos de desaparecimento, exílio involuntário, violência e processos criminais em todos os continentes. Trata-se de uma onda de criminalização das pessoas e dos movimentos que fazem parte da Via Campesina. Prisões políticas de pessoas que se organizam para reivindicar direitos e que são tratadas como criminosos.

Diante disso, discutimos a necessidade de fortalecer o coletivo de Direitos Humanos da Via Campesina e construir uma Rede de Direitos Humanos Internacional que possa articular as denúncias de violação dos direitos dos povos do campo e garantir que ações efetivas tenham amplo apoio e divulgação. Além de articular com as redes e organizações já existentes que atuam na área.

Poderia citar alguns exemplos dessa onda de criminalização?

No Brasil, existem 44 presos políticos, 10 camponeses e 34 indígenas. Já utilizaram a lei de segurança nacional contra os movimentos sociais e agora estão utilizando a Lei 12.850, que se refere a organizações criminosas. É o caso do MST em Goiás. Valdir Misnerovicz e Luís Batista Borges, estão presos desde abril e maio, com fundamento na lei da organização criminosa, por defenderem e reivindicarem a reforma agrária no Brasil.

Existem pessoas criminalizadas na França, na Espanha. Há uma situação muito difícil no Paraguai, Argentina e Honduras. As situações são muito parecidas, violência em manifestações, violência policial, prisões, processos. Em Honduras, Berta Cáceres foi assassinada. No Brasil, Eltom Brum dos Santos foi morto pela polícia com um tiro pelas costas.

Quais mecanismos foram discutidos e acordados para garantir que ocorram ações ágeis de denúncias em casos de violações?

Para fazer frente a essa difícil realidade, além de propor articular uma rede internacional de Direitos Humanos da Via e entidades aliadas para estabelecermos mecanismos de autoproteção, defesa jurídica e denúncia pública nos sistemas internacionais de Direitos Humanos. Estamos denominando esse conjunto de ações como «Sistema de Alerta». Um dos principais objetivos é garantir a autoproteção dos defensores dos direitos humanos.

A Via atua com Campanhas de articulação para mobilização e denúncias de diversas questões, no caso dos presos políticos, quais são as propostas a serem construídas nesse sentido?

Tanto a proposta em construção da Rede dentro do coletivo de Direitos Humanos da Via, quanto o Sistema de Alerta, são ações que visam essa mobilização em torno das prisões políticas. Porém, baseados nessas outras Campanhas, vamos fazer uma campanha pela liberdade desses presos políticos. A ideia é que, a partir desta iniciativa, possamos dar visibilidade para este quadro de ofensiva e criminalização dos Movimentos da Via.

Outro ponto fundamental do encontro foi o dos Tratados Internacionais. Quais as iniciativas para ampliar a difusão desses processos?

Vamos realizar seminários para difundir as propostas e nos reunir com os governos nacionais em cada país para apresentar projetos de lei, com nas propostas contidas na Declaração dos Direitos das Camponesas e dos Camponeses e no Tratado Vinculante para Empresas e Direitos Humanos.

Em cada país reivindicaremos que o Governo vote a favor tanto da Declaração dos Direitos dos Camponeses quanto pela criação do Tratado Vinculante para Empresas.

A Via esteve presente na mobilização internacional ocorrida em Genebra em 2014, durante a 26ª reunião do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, quando conseguimos aprovar uma resolução para responsabilizar as transnacionais pelas violações de direitos humanos cometidas no contexto de suas atividades. Foi uma votação apertada, com 20 países votando a favor, 14 contra e 13 abstenções, incluindo a do Brasil. Agora, a ONU criou um grupo de trabalho intergovernamental para a construção das normas vinculantes.

A Via está presente nos dois processos. Quais são os principais pontos defendidos pelos movimentos camponeses nesses Tratados?

Denunciamos a arquitetura da impunidade, que faz com que empresas do capital privado controlem o Estado e aprovem leis, criem instituições para atender seus interesses em detrimento dos bens comuns e direitos humanos. Assim ocorre na construção de barragens, no financiamento de campanhas eleitorais, na contaminação de nossa comida com veneno, na apropriação privada do território e do trabalho.

Os Estados precisam estabelecer a responsabilidade legal das empresas por suas ações ou omissões quando violam os direitos humanos nos países. Um exemplo, é o da Samarco-Vale/BHP no Brasil, com mais de 200 mil pessoas vítimas de violação de Direitos Humanos.

Como a Via avalia o Encontro e quais as expectativas para a atuação do Coletivo de Direitos Humanos no próximo período?

O Encontro foi positivo, saímos muito motivados e o Coletivo fortalecido e ampliado. Conseguimos aprofundar o tema de nossas Campanhas Internacionais para efetivá-las em cada país e identificamos o desafio comum da criminalização das lutas sociais no mundo. Este trabalho será multiplicado por todos continentes e vamos construir uma rede de proteção para nossos defensores de direitos humanos. Não descansaremos enquanto não libertarmos todos os nossos presos políticos.

22 de agosto de 2016

Ante la firma de un acuerdo inconsulto, a espaldas de los pueblos originarios Ngabe Bugle, firmado por dirigentes indígenas cuestionados por sus pueblos, con el gobierno nacional de Juan Carlos Varela, que imponen empresarios y gobierno en el caso de la Hidroeléctrica de Barro Blanco, esta tarde se dieron enfrentamientos entre la Policia Nacional y pobladores de estos pueblos, donde estuvo involucrado el presidente Juan Carlos Varela.

A continuación comunicado del capitulo de Frente Nacional por la Defensa de los derechos económicos y sociales – FRENADESO – de los pueblos originarios Ngabe Bugle, ante esta nueva situación en el caso del Proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco, que los afecta.

Desde Frenadeso Capitulo de la Comarca Ngäbe Buglé y Campesino, hacemos del conocimiento público lo siguiente:

1. La población Ngäbe Bukle, hoy ha recibido la bofetada más grande, que se le haya podido dar en toda su historia de lucha. La firma de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los llamados dirigentes que se firma hoy 22 de agosto en Llano Tugrí, es a todas luces un mamotreto para favorecer intereses personales y económicos de un grupo de empresarios, gobierno e indígenas que dicen representar los intereses de la población, pero que actúan al margen de las Leyes, a espalda del pueblo sin importar los efectos que dicho acuerdo va a generar.

2. Lo que ya habíamos denunciado en meses anteriores, se concreta hoy en la historia de la Comarca. La voz del pueblo no ha sido escuchada y la memoria de Gerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez, han sido burladas e irrespetadas por un grupo de seudos dirigentes que no les ha importado con la sangre de estos mártires y los distintos casos de violaciones a los derechos humanos que se han dado en el marco de la lucha indígena por la defensa de la tierra, el agua y la vida. En especial la lucha contra Barro Blanco.

3. Ha prevalecido los intereses personales, ha prevalecido los nombramientos en las Embajadas, Ministerio de Ambiente, MIDES y otros tantos puestos de trabajo, que estos falsos dirigentes, han logrado obtener para sus hijos e hijas a cambio del sacrificio de más de 130 familias Ngäbes que están siendo desplazadas de sus territorios, por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

4. La lucha del pueblo Ngäbe Buglé y el sacrifico que significó las distintas acciones de protesta en rechazo a este proyecto, ha quedado manchada no solo con la sangre que derramaron nuestros hermanos Gerónimo y Mauricio, ha quedado manchada por la traición y el entreguismo aberrante y servil de Silvia Carrera, Chito Gallardo, Edilberto Sánchez, Demesio Cases y otros tantos «dirigentes» que utilizaron la bandera de lucha para sus beneficios personales. Pero a ellos y a Juan Carlos Varela, debemos señalar desde este momento, como los responsables de todas las consecuencias que dicha decisión pueda generar. A ellos les hacemos responsables de cualquier pérdida de vida humana de nuestros hermanos indígenas, como resultado de la puesta en marcha de este proyecto y la firma de este absurdo acuerdo.

5. La firma de este acuerdo con las llamadas autoridades indígenas, es una violación a la Ley 10 de la Comarca y una violación a la Carta Orgánica, pero al mismo tiempo representa la arrogancia y prepotencia de un Gobierno que desconoce la decisión emanada del principal Órgano Judicial como lo es la Corte Suprema de Justicia. Han pisoteado la decisión de la corte en la cual dejaba sin efecto todo lo actuado bajo el Decreto 537 que fue declarado ilegal. Se ha pactado con autoridades indígenas que actúan de manera ilegal, con el beneplácito del Gobierno Nacional del presidente Juan Carlos Varela que para unas cosas reconoce la Corte Suprema y para otras hace lo que le da la gana.

6. Desde este espacio de Lucha Social como es FRENADESO, rechazamos este acuerdo que no solo es una burla al pueblo, sino que abre la puerta a futuras decisiones que tienen que ver con los grandes proyectos millonarios que dentro de la Comarca, se perfilan desarrollar como la Minería y el Canal Seco que promueve el consorcio NISI Corporation S.A, a través de la Cámara de Comercio de Chiriquí.

7. Al Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino de la Comarca, hacemos un llamado a cerrar fila en la lucha por la defensa de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, que es la lucha por la vida. Llamamos al pueblo a ser más vigilantes y rechazar cualquier intromisión de empresarios corruptos evasores de impuestos como lo es el Señor Eisman y Alvin Weeden que abalados por los falsos dirigentes, pretenden ahora tomar decisiones sobre nuestro presente y nuestro futuro sin importar el daño que dichas decisiones puedan generar.

8. Reiteramos nuestro compromiso de lucha por recuperar la dignidad del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, seguiremos vigilantes y denunciando la injusticia, el abuso de poder, la traición y el entreguismo de los Barrabas que hoy le han dado un duro golpe a la dignidad de nuestro pueblo. Llamamos a todos aquellos dignos de la transparencia, honestidad, respeto, y la convicción de la obediencia al mandato del pueblo, a que se sumen nuestro proyecto de lucha por el bienestar y la dignidad de la Comarca.

Dado en la comunidad de San Félix a los 22 días del mes de agosto de 2016.

Sin Luchas No Hay victorias
La pelea es peleando.

21 de agosto de 2016

Diego Montón, da CLOC Via campesina, explica importância da Declaração dos Direitos Camponeses para toda sociedade

por Brasil do Fato

O governo boliviano apresentou à Organização das Nações Unidas (ONU) uma proposta de Declaração de Direitos dos Camponeses em 2012. A ideia, construída durante quase uma década, partiu de movimentos camponeses de todo mundo vinculados à Via Campesina.

Em entrevista ao Brasil de Fato, Diego Montón, integrante do Movimento Nacional Campesino y Indígena da Argentina, membro da secretaria operativa da Coordenação Latino-americana das Organizações do Campo Cloc e representante da América Latina no coletivo internacional da Via Campesina que discute a Declaração dos Direitos Camponeses, explica que o avanço das companhias transnacionais gerou uma série de novas violações de direitos humanos, exigindo que as organizações camponesas buscassem uma proteção internacional ao seu modo de vida e trabalho.

Segundo Montón, o debate não interessa só aos camponeses, mas à toda sociedade, já que a agricultura camponesa «garante o direito à alimentação da classe trabalhadora». «Não pode haver democracia sem o direito à alimentação garantido», afirma.

Confira a entrevista completa abaixo:

Brasil de Fato – Como surgiu a ideia de uma declaração de direitos humanos específica para camponeses?

Diego Montón – Em primeiro lugar, o que avaliamos é que, com toda ofensiva das corporações transnacionais, foram surgindo novas formas de violação de direitos, que, quando se discutiram os direitos humanos, não havia a percepção de que poderiam ocorrer. Por exemplo, o tema das sementes. Há 50 anos não se poderia imaginar que se poderia privar de um agricultor o direito à semente, mas estamos em um contexto no qual as empresas estão avançando com normas internacionais que permitem a apropriação da propriedade intelectual, através de patentes, das sementes e, desta forma, espoliando direitos históricos dos camponeses. Assim como esse existem muitos outros direitos que devem ser ratificados pelo sistema internacional de proteção aos direitos humanos.

Estamos em uma situação na qual, além da luta cotidiana que se dá nos territórios – pela terra, pela água, pela produção -, as empresas também estão armando uma estrutura internacional de tratados e convenções comerciais que são os seus direitos, blindam as companhias.

Para a Via Campesina é estratégico desenvolver uma legislação internacional que consolide os direitos dos camponeses e que coloque obrigações e limites às corporações.

Além disso, a própria discussão em torno da Declaração ajuda no debate sobre o papel do campesinato nesta etapa da História da humanidade, como sujeitos econômicos, culturais e sociais fundamentais para se sair da crise estrutural do capitalismo em que estamos. Há essas duas dimensões.

Qual a relação da proposta com as bandeiras da Via Campesina?

A Via Campesina defende que a agricultura camponesa pode alimentar a humanidade e, se pensamos na questão do aquecimento global, esfria o planeta. Esses debates se condensam na discussão em torno da Declaração. Além disso, há uma ofensiva que estamos vivendo na América Latina, África e Ásia, uma situação de perseguição e criminalização das lideranças camponesas. Acreditamos que essa discussão no Conselho de Direitos Humanos da ONU gera melhores condições para a luta e para parar essa situação.

Quando surgiu essa ideia?

Este processo se inicia com inquietações da Via Campesina nos anos 2000. A partir daí, em uma Conferência Internacional da Via em 2003 começou a discussão nos quatro continentes sobre quais deveriam ser os elementos que deveriam constar em uma Carta de Direitos Camponeses. Em 2008, em outra Conferência Internacional, se aprovou a Carta de Direitos dos Camponeses e Camponesas que contemplava uma visão de novos direitos e direitos coletivos.

Em 2012, com Evo Morales como presidente da Bolívia, conseguimos que o governo boliviano fosse o responsável por apresentar a proposta no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Aí se inicia o processo formal com um comitê de especialistas que vai traduzir a Carta de Direitos da Via para uma linguagem mais formal. Formou-se, então, um grupo de trabalho composto por Bolívia, África do Sul e Filipinas, como primeiros promotores desse processo.

Quais outros eixos a proposta de Declaração toca?

Há um desenvolvimento do que poderia ser a reforma agrária e a soberania alimentar a partir de direitos específicos: ao uso coletivo e comunitário da terra, à biodiversidade, à água – para consumo e irrigação -, à produção e a um rendimento mínimo que permita uma vida digna, à comercialização dos produtos a preço justo. Há um capítulo sobre o direito das camponesas, que aponta para a questão da igualdade de gênero, e há também uma compilação de direitos já reconhecidos, por exemplo: à saúde, enfrentando o tema dos agrotóxicos e a responsabilidade do Estado em relação a isso, à educação adequada à cultura.

Como a garantia de direitos a camponeses e camponesas afetaria a vida das pessoas nas cidades?

Diante de alguns problemas que são fatores fundamentais da crise – como a fome, a questão do abastecimento de alimentos saudáveis a preço justo nos mercados locais -, esta Declaração pode gerar um impulso à agricultura camponesa, que garante o direito à alimentação da classe trabalhadora, que, nos parece, é a coluna vertebral de uma democracia real. Não pode haver democracia sem o direito à alimentação garantido. O outro elemento é que a agricultura industrial é a principal fonte de emissões de gases que intensificam o aquecimento global, ante a qual nós propomos a agroecologia, que quase não tem emissões, ou seja, mitiga a crise climática. São alguns dos elementos de uma proposta que beneficia o conjunto da sociedade. Organizações de pastores, pescadores, trabalhadores estão se somando ao apoio a esta Declaração.

A proposta enfrentou resistências na ONU?

Sim, principalmente os países do Norte: os Estados Unidos foram o principal país a resistir. A União Europeia, a princípio, teve uma posição contrária monolítica, que logo foi se dividindo. Foram os dois blocos que se opuseram por três elementos principais: primeiro, negam a identidade camponesa, para eles não há campesinato como uma classe global; segundo, dizem que não é necessário falar de novos direitos, direitos humanos seriam só os que se consagraram anteriormente; e, terceiro, se opõe à concepção de direitos coletivos. Nós tivemos uma batalha cultural muito grande, eles entendem direitos de forma individual.

Há expectativas de aprovação da Declaração em breve?

Temos expectativas, porque, apesar da vulnerabilidade do sistema ONU e as mudanças na correlação de forças naquele espaço, entre os países da América Latina, africanos havia um grande apoio, e um número importante de países asiáticos também. Dentro da União Europeia começaram a ocorrer dissidências. Acreditamos que se alcançarmos a pressão necessária nesta etapa, com mobilização e lutas nos países, há possibilidade do processo avançar. Um momento chave será maio de 2017, no qual o grupo de trabalho exporá as últimas consideração a respeito da Declaração e, talvez, em setembro do próximo ano a proposta vá a votação no Conselho de Direitos Humanos. Passando essa etapa, iria à Assembleia Geral da ONU, onde a questão seria decidida.

20 de agosto de 2016

Ante la convocatoria del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua y las organizaciones de la sociedad civil, el día miércoles 16 de agosto, cientos de personas se movilizaron contra la empresa minera SPCC, actividad que culminó en un gran mitin en la plaza central de la ciudad. La Federación Agraria y Campesina de la Región Moquegua – FACAREMOQ, ha sido impulsor y miembro activo de estas acciones.

Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), con permanencia de 48 años en Moquegua y 60 años en Ilo, ha contaminado el medio ambiente de la región por un valor incalculable. Sin embargo, esta empresa minera, para proseguir con sus prácticas de depredar y saquear las riquezas del subsuelo, a través de la ampliación de la II Etapa de las minas de Cuajone hasta el año 2070, ha hecho al pueblo moqueguano una oferta económica irrisoria de 400 millones de soles.

Lo ocurrido el miércoles se constituye como la primera movilización de protesta contra SPCC y contra las autoridades que firmaron un acta de acuerdos el día 21 julio de 2016 en el Ministerio de Energía y Minas, aceptando los mencionados 400 millones de soles como compensación de forma directa y 600 millones de soles a cuenta de obras por impuesto. La firma del acta se hizo sin participación de la sociedad civil organizada y la población en general.

Al término del mitin, los manifestantes acordaron sostener una asamblea ampliada en los próximos días, en coordinación de las organizaciones de la provincia de Ilo y la provincia Sánchez Cerro, para tomar otras acciones más contundentes. Las protestas continuarán de no tenerse la respuesta positiva de las autoridades de Moquegua y del gobierno central, a quienes ya se han presentado formalmente los documentos memoriales sobre el rechazo a la oferta económica de SPCC y denuncias de sus acciones de daño ambiental en distritos de Carumas, Torata, Samegua, Moquegua e Ilo.

19 de agosto de 2016

Da Página do MST

Participam do Encontro cerca de 60 participantes de 18 países da África, Ásia, Europa e América

Realizado na Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), município de Guararema, São Paulo, o Encontro de Direitos Humanos da Via Campesina, que começou nesta quinta-feira (18) e vai até este sábado (20), debate assuntos que envolvem a conjuntura política no atual momento de criminalização das lutas dos movimentos sociais no mundo. O evento aborda também os Tratados Internacionais que envolvem os direitos camponeses e as violações destes pelo Estado e empresas transnacionais.

Participam do Encontro cerca de 60 militantes de 18 países da África, Ásia, Europa e América. São dirigentes políticos de todos os continentes e advogados populares vinculados a Movimentos camponeses da Via Campesina e também organizações parceiras, que, durante esses três dias, irão discutir e traçar um plano de ação que unifique as iniciativas existentes nos países e consiga ter ações rápidas de denúncia e solidariedade internacionalista.

Ao fazer abordagens sobre o Sistema Interamericano de Justiça e a ONU, Angélica Castañeda, da Fian Internacional, comenta que dificilmente as organizações conseguem atuar em todos os âmbitos para das visibilidade, por inúmeras questões burocráticas, mesmo em casos emblemáticos. «O tema da criminalização é sintomático nos Direitos Humanos. É fundamental fortalecer os trabalhos no tema da criminalização e a violência, dar visibilidade», salienta.

Na América Latina são relatados vários casos de criminalização dos Movimentos camponeses. Perla Alvarez Britez, da coordenação da Organização das Mulheres Campesinas Indígenas (Conamuri), no Paraguai, relata que o mecanismo de criminalização jurídica de dirigentes que estão nas comunidades em confronto direto com as empresas nacionais e os latifundiários é intenso. «No Paraguai, o caso mais emblemático que temos é Curuguaty, que se encontra em um ponto chave de expansão do plantio de soja».

O país tem cerca de 300 mil famílias Sem Terra e aquelas que as têm não estão asseguradas, pois o mercado de terras impulsionado pelo Banco Mundial junto ao Governo neoliberal de Cartes tem promovido um mecanismo de contra-Reforma Agrária e a criminalização de quem luta pela terra.

Pela exposição de representantes dos movimentos de diversos países sobre a violação dos direitos dos camponeses e camponesas no mundo, essa ação sistemática vai desde a inexistência de subsídios técnicos e de políticas públicas para a agricultura familiar por parte do Estado, principalmente para as mulheres camponesas, como relatado em casos da Índia. A violência sistemática contra as mulheres também é presente nos relatos da Zona do Oriente Médio e Norte da África.

Inclusive, há disputa pela terra por meio da atuação do governo com a aprovação de leis que beneficiam os megaprojetos que envolvem a espoliação dos recursos naturais, como a mineração. As conquistadas dos trabalhadores e trabalhadoras, a exemplo, do Plano de Segurança Alimentar no Nepal, tem sido duramente atacado pelos interesses do capital.

Tratados Internacionais

O Tratado Internacional que vincula empresas transnacionais aos direitos humanos foi foco de debate do Encontro.

De acordo Tchenna Maso, Advogada popular do Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), o Tratado precisa regulamentar as ações das empresas, impor deveres. E que os Movimentos devem manter é o caráter de luta anti-imperialista, principalmente porque o Estado se coloca em uma posição contrária da qual deveria estar. «É papel do Estado, garantir os Direitos Humanos, porém o mesmo se coloca como um violador desses direitos em parceria com as empresas», afirma.

Para a advogada, há uma dificuldade de acesso no campo jurídico, que é restrito e burocrático, para que aconteça um esgotamento das vias nacionais e internacionais, quando se refere à denúncia desses casos.

Além disso, Tchenna ainda comenta sobre a importância da rearticulação da luta pela CLOC-Via Campesina na América contra os Tratados de Livre Comércio com a Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo, que acontece no dia 04 Novembro. O espaço é fruto de uma articulação de unidade e luta dos movimentos sociais populares contra os avanços neocoloniais que atentam contra a integração e os direitos dos povos no continente.

Outro documento discutido no espaço se refere ao Tratado campesino na ONU. Diego Montón, da Coordenação Nacional do Movimento Nacional Campesino Indígena (MNCI) e da Secretaria Operativa da Cloc-Via Campesina na Argentina, acompanha o processo de discussão e promoção dos Direitos Campesinos da América Latina.

«Estamos em uma batalha diária que se dá nos territórios. Parece-nos, que discutir os direitos dos camponeses e camponesas na Declaração, ajuda no debate político sobre o camponeses como sujeito econômico, cultural, político e social ser fundamental para a saída das crises estruturais em que estamos», ressalta Diego.

O processo dentro da Via Campesina se iniciou em 2000, com um debate sobre a necessidade de colocar como direitos humanos questões que ferem a soberania, bem como a pluralidade cultural e diversidade dos povos, e que não haviam sido discutidas.

A Declaração é baseada em eixos que retratam a Reforma Agrária, a Soberania Alimentar, o uso coletivo e comunitário da terra, a biodiversidade, as Sementes, a produção e comercialização a preços justos dos produtos, as mulheres camponesas e a igualdade de trabalho no campo, além de direitos que já existem, mas que quando se refere ao campo estavam dispersos, como a saúde e a educação.

Dentro do Conselho houve a resistência de alguns países do norte, como os EUA e União Europeia, que se basearam em três elementos para questionar o documento, negar a existência da identidade camponesa como classe global, a necessidade de falar de novos direitos e oposição à concepção de direitos coletivos.

Segundo Diego, a luta pela declaração é necessária para avançar e visibilizar a proposta que a Via Campesina tem sobre o campesinato no marco da crise do capitalismo hoje, que é a concepção de que a agricultura camponesa pode alimentar a humanidade. Ainda, para gerar a discussão na comissão de Direitos Humanos da ONU sobre melhores condições para frear as ações de criminalização dos Movimentos, em especial, a África e América Latina.