Autor: clocvc

8 de mayo de 2016

Alrededor de 150 campesinos y campesinas quedarían sin casa, ni tierra para trabajar. La Empresa Campesina Jesús de Nazaret, ubicada en la Aldea Agua Blanca en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, logro evitar esta mañana ser desalojados.

La Empresa Campesina Jesús de Nazaret, pertenece a la filial de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de Comayagua, son 22 familias las que viven en estos predios desde hace 12 años, 16 de las familias tienen como jefe de familia a su padre y 6 su jefe de familia es la madre.

«Lo más lamentable en este caso es que el mismo Alcalde Municipal ha dado el permiso para que en la tierra donde trabajan las y los compañeros, se instalen tanques para almacenamiento de agua para el riego de monocultivos» lamentó el Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) Franklin Almendares.

Según las declaraciones emitidas por Almendares, el desalojo pudo detenerse este día, «llegamos a los juzgados respectivos para apelar ante este dictamen contra los compañeros, contra la vida misma, manifestamos que el desalojo es ilegal ya que las tierras son de naturaleza jurídica nacional.

«Los socios de la empresa campesina están en resistencia y no dejaran que se instalen los tanques, a pesar que ya dio inicio, lucharemos para exigir que las transnacionales que ejecutan este proyecto, abandonen el lugar, por la defensa del territorio, la tierra y la vida» culminó Almendares.

7 de mayo de 2016

Ante contexto electoral, las organizaciones agrarias llaman que candidatos asuman posición en defensa de la agricultura familiar y la alimentación saludable.

Se realizó en Lima el Diálogo electoral: Políticas Públicas en torno al agro peruano, la agricultura familiar y las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable, organizado por las principales organizaciones campesinas, entre ellas la Confederación Nacional Agraria – CNA, e instituciones de la sociedad civil.

La convergencia agraria tenía la intención de acercar a los candidatos presidenciales sus demandas y propuestas sobre la pequeña agricultura, actividad económica que da trabajo a 8 de cada 10 trabajadores rurales en el país y que abastece de alimentos a 7 de 10 hogares del Perú.

Sin embargo, solo se acercó al evento el equipo técnico de Peruanos Por el Kambio, cuyos responsables expusieron someramente los lineamientos políticos que Pedro Pablo Kuczynski tendría en un eventual gobierno. Los representantes agrarios manifestaron su desconfianza sobre lo que el equipo exponía pues argumentaron que la información vertida no estaba en el plan de gobierno del candidato, parecía ser una posición personal y no del partido político.

Otra preocupación más grave fue la ausencia de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular y su equipo técnico; quienes no se excusaron con las organizaciones convocantes.

En el evento también participaron José Fidel Castro del Ministerio de Agricultura y Riego, el Ingeniero Luis Gomero y el Congresista de la República Jaime Delgado, quienes describieron el panorama de políticas públicas que en la actualidad rigen el quehacer agrario.

En el momento en que intervinieron los líderes de las organizaciones agrarias, Antolín Huáscar, presidente de la CNA, hizo hincapié que las políticas agrarias deben contemplar aspectos urgentes como el derecho a Consulta Previa, seguridad jurídica de la tierra y territorios comunales, tratados de libre comercio como TPP y la priorización de los mercados locales a partir de la producción agroecológica.

Al finalizar, las organizaciones convocantes presentaron la AgendaPolítica Agraria 2016 – 2021, un documento que resume las principales preocupaciones y propuestas que ellas tienen para el impulso de esta importante actividad económica del país.

En este enlace los AUDIOS de las intervenciones en el evento.

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Agenda Política Agraria 2016 – 2021

Con el objetivo de garantizar la gobernabilidad y consolidar procesos de desarrollo, las organizaciones del campo y las instituciones de la sociedad civil: la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE –Perú), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), las instituciones que conforman el Consorcio Agroecológico Peruano (CAP), la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC, RAE Perú, RAAA, Slow Food, Red Mercados saludables, las instituciones que conforman el Colectivo Perú y la Red de Municipalidades Rurales del Perú – REMURPE, acuerdan articular sus acciones de defensa, promoción y vigilancia, alrededor de la siguiente Agenda Política Agraria:

1. Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina y su diversificación productiva para entregar alimentos sanos y nutritivos.
2. Desarrollar cadenas productivas vinculadas a exportaciones de alimentos limpios que involucre a los pequeños medianos productores y productoras.
3. Promover y potenciar la agricultura ecológica en el Perú, su articulación a mercados y la promoción del consumo de alimentos nacionales.
4. Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos que involucra un mayor riesgo a la salud y el ambiente.
5. Cumplimiento y continuidad a la Ley de Moratoria que prohíbe el ingreso de Organismos Vivos Modificados por 10 años y el reconocimiento y respeto de zonas de agrobiodiversidad.
6. Mecanismos de financiamiento para favorecer la agricultura familiar campesina, la infraestructura productiva, tecnologías limpias, investigación e innovación agraria que fomenten un agro sostenible, la conservación in situ de la agrobiodiversidad y el patrimonio genético, bancos de germoplasma y cadenas de valor.
7. Promover mecanismos de retribución por servicios ambientales para la agricultura familiar agroecológica por el cuidado de las cuencas, suelo, agua, biodiversidad y mantenimiento de los procesos ecológicos en sus zonas. Inclusión de la agricultura familiar campesina en las compras públicas que vienen realizando los programas sociales y los diversos ministerios del Estado.
8. Fomentar el uso y respeto a la pachamama del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; incrementar la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional mejorando la competitividad del país y la distribución equitativa de beneficios. Acceso justo a la tierra y el uso sostenible de los recursos suelo, agua, bosques. Fortalecer la gestión sostenible de los recursos hídricos en cuencas hidrográficas.

9. Análisis de la pertinencia de los tratados de libre comercio que podrían afectar a la agricultura familiar campesina y a los consumidores.

10. Promover ciudades y comunidades saludables en armonía con su entorno natural. Implementación de áreas verdes, forestación urbana y reforestación rural. Promoción de la alimentación y gastronomía saludables.
11. Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional que garantice la alimentación y nutrición de la población en todo momento.
12. Fortalecer la Institucionalidad de los gobiernos locales en las zonas rurales y de las organizaciones sociales y productivas de las comunidades con la finalidad de Institucionalizar el diálogo y la concertación para la participación ciudadana. Promover la participación ciudadana, el ejercicio de la deliberación y la toma de decisiones concertadas, como un mecanismo para el desarrollo y el ejercicio de la ciudadanía. Implementación de mecanismos de Consulta Previa.
13. Promover la educación intercultural bilingüe de los jóvenes rurales campesinos, campesinas en la educación económica, social con identidad cultural, generando empleó para que retornen a sus regiones y provincias, ejerzan el trabajo hacia el desgarro de la agricultura familiar campesina
14. Nosotras las Mujeres creadoras históricas de conocimientos en agricultura y en alimentación demandamos de una Política Agraria Integral que redistribuya la tierra con nuestra plena participación e integración en todo su proceso, garantizando no sólo acceso a la tierra, sino a todos los instrumentos y mecanismos en condiciones de igualdad, con una justa valorización de nuestro trabajo productivo y reproductivo, donde el espacio rural nos garantice una vida digna y justa. Que proteja y proyecte nuestras formas de hacer y perfeccionar la agricultura, nuestras semillas, mercados, comidas, como así también nuestros saberes, nuestra ciencia y nuestra tecnología. Que impulse y genere programas y políticas públicas adecuadas a nuestras culturas y modos de vidas, con recursos que hagan viables la producción campesina, garantizando la soberanía alimentaria. y los derechos de las campesinas y campesinos con justicia social.

Perú, 5 de mayo 2016.

6 de mayo de 2016

Antes y durante todo el verano estuvimos invadidos de bellos programas en los canales de televisión mostrando la belleza del archipiélago de Chiloé. Cada lugar, cada isla, era un derroche de bellos paisajes; su cultura y su gente eran un llamado al encuentro y a degustar los variados y exquisitos platos en base a mariscos y pescados que, a pesar de la invasión salmonera y los cultivos acuícolas, que aún el mar generosamente brindaba. Como era de esperar ante tan importante promoción, el turismo desbordó el archipiélago este reciente verano.

Por supuesto todos estaba dispuesto para recibir a los turista con un nutrido calendario de actividades culturales y de fiestas costumbristas las que se han hecho ya parte del paisaje y una oportunidad económica para las y los isleños, hoy la actividad turística junto a las actividades económicas que son el sustento de su gente, están fuertemente amenazadas. La mal llamada modernidad y el «desarrollo económico» de la islas, son en realidad la constante apertura al mercado dominado por los grandes y muy grandes, para que reine la explotación salmonera y surjan, como dice Fray Beto, las nuevas catedrales: «los Mall,» los casinos, las carreteras.

Con ello y la construcción del mentado puente vienen más peajes y este sin duda no está solo en función de favorecer el turismo ni para un mejor abastecimiento de la isla, esta direccionado a facilitar el acceso al trasporte de las salmoneras y la madera noble sustraída de los bosques nativos. Todo va encaminado a las nuevas obras e inversiones para la minería y las plantaciones forestales que empiezan ya a asomarse por la isla.

Pero todo cae por su peso: hoy la isla de Chiloé es un volcán en erupción, atacado por los señores del mercado que nada escatiman para salvar empresas e inversiones y ocultar sus fracasos. Ante el desastre de sus negocios, vuelcan en una acción criminal al mar más de 5000 toneladas de desechos salmoneros infectados con tóxicos.

Este es el resultado de lo que para muchos fue una de las grandes inversiones más exitosas en nuestro país, pero para la región hoy significan estar abatida económicamente, el mar contaminado y una perdida irrecuperable de especies y variedades marina que por siglos alimentaron a los isleños y fueron fuente de trabajo de la pesca artesanal. Las organizaciones lugareñas, los pescadores y las mujeres infinitas veces denunciaron este atentado, muchas voces se elevaron para hacer esta denuncia que trastocó las raíces productivas y culturales del archipiélago, que particularmente a nivel mundial tiene un reconocimiento y valorización de su territorio como, un «Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial» (SIPAM) identificado por FAO. Hoy vemos destrucción y contaminación y no un sistema campo-mar que se alimentaba y beneficiaba mutuamente.

Tras tan tremenda catástrofe que afecta la emblemático Archipiélago de Chiloé, desde ANAMURI les hacemos llegar toda nuestra solidaridad a las y los isleños a los pescadores artesanales, a las compañeras algueras, a nuestras organizaciones bases; nos unimos a su demanda pero por sobre todo a la lucha por sus territorios amenazados e invadidos, por la defensa de su tierra y del mar que rodea sus islas, y que juntos generan una cultura y una forma de vida que les otorga una identidad propia de gente de tierra y mar, de mitos y costumbres ancestrales, que hace del archipiélago y su gente un lugar único en nuestra nación.

Llamamos no solamente que el gobierno reaccione; se hace urgente y necesario que la ciudadanía en su conjunto reaccione, y tomemos conciencia de lo que significa el continuar aceptando la inversión del capital sustentada por las políticas extractivistas y mercantilistas que nos ha llevado a ser un país que no pone límite alguno a las inversiones y ganancias del gran capital. No podemos continuar aceptando el saqueo de nuestros recursos naturales, la indolencia ni la irresponsabilidad con la que se van avalando formas y sistemas productivos nocivos al medio ambiente, a la tierra, el mar y a nuestra propia vida.

¿Quién responde por el daño causado al pueblo chilote? ¿Quién responde por la acción criminal de las empresas salmoneras? La marea roja de Chiloé o la Marea Café o la «marea represiva» con que se responde a la justa demanda y a la denuncia de los trabajadores frente a este «fenómeno de la naturaleza» debieran ser convertidas en una oportunidad para dar respuesta verdadera, justa y digna al pueblo. No bastan míseros bonos para hacer frente a esta situación. Se requieren políticas y medidas reales y efectivas que pongan freno al capital y verdaderas formas de protección a nuestros recursos. No más territorios invadidos o usurpados, no más despojo ni inversión extranjera. Basta de tratados indignos.

Resultan dramáticas las palabras de Teresa Calfunao, presidenta de la agrupación de recolectores de algas y conservación del medio ambiente de Duhatao, «Queremos que se enteren de lo que está pasando, que se entere el gobierno que no ha querido ver esto y nos está ofreciendo, como burla, una canasta familiar y cien mil pesos al mes por familia ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo sobrevivimos? ayúdennos …..Chiloé también es Chile».

Los organismos públicos competente, deben actuar, SERNAPESCA debe responder y la superintendencia del Medio Ambiente cumplir con su deber y realizar las fiscalizaciones pertinentes y oportunamente, establecer responsabilidades reales de esta catástrofe

POR CHILE POR NUESTRA TIERRA POR NUESTRA SOBERANÍA
BASTA DE CATÁSTROFES PROVOCADAS POR LA AMBICION DEL CAPITAL
NO MÁS ENTREGA DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, NO AL TPP.
CHILOE TAMBIEN ES CHILE

6 de mayo de 2016

La Coordinación Política de La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina Centroamericana, integrada por representantes de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, fueron recibidos esta mañana por la Fiscal de Derechos Humanos en el Ministerio Público.

La Coordinación Política, ante la enorme preocupación de lo que sucede actualmente en Honduras, en cuanto a represión, asesinatos a dirigentes campesinos e indígenas, y las amenazas en contra de la vida de varios dirigentes, incluyendo al Coordinador General de La CLOC-La Vía Campesina Honduras Rafael Alegría, se reunió esta mañana con la Fiscal Soraya Morales.

«Hemos denunciado ante la Fiscal las acusaciones de tráfico de armas en las que se involucran a los dirigentes Rafael Alegría y Juan Barahona, miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) el primero también Coordinador General de la CLOC-La Vía Campesina Honduras y actual diputado en el Congreso Nacional,

quienes según información de Juan, existe un informe de inteligencia militar donde dicen que trafican armas para organizaciones sociales como el COPIHN, el Ministerio público tiene la misión para evitar más derramamiento de sangre en Honduras» según lo denunció Edgardo García coordinador de la comitiva.

De igual manera se le solicito un avance sobre el proceso de investigación sobre la violación constante de los derechos humanos en contra de campesinos e indígenas, investigación acordada desde el mes de septiembre del año 2015, donde se inició un dialogo entre el Ministerio Público y las Organizaciones Campesinas articuladas a la CLOC-La Vía Campesina Honduras (CNTC, ANACH y CODIMCA).

«Ahora con el asesinato de Berta Cáceres es más que urgente volver a ese proceso, esperamos que la próxima semana continúe el proceso de diálogo para revisar todo la represión que ha habido en el campo, contra campesinos e indígenas, así lo prometió el Fiscal General óscar Fernando Chinchilla Banegas, es urgente que cese la violación de derechos humanos contra campesinos e indígenas da un mal precedente para el país» expreso Coordinador General de la CLOC-La Vía Campesina Honduras Rafael Alegría.

De igual manera, Alegría anuncia para los próximos días la realización en Tegucigalpa, capital de Honduras un foro internacional, «los compañeros de toda Centroamérica anunciamos pronto un gran foro internacional para denunciar todos los atropellos contra los campesinos e indígenas, La Vía Campesina es una organización que aglutina alrededor de 200 millones de campesinos a nivel de los cinco continentes, para dar solidaridad y presionar que exista una verdadera justicia en Honduras» dijo Alegría.

5 de mayo de 2016

La Coordinación Política de La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina Centroamericana, integrada por representantes de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, reunidos en Tegucigalpa, Honduras, hicimos un análisis de la grave situación que viven los compañeros y compañeras campesinos y pueblos originarios los países de Guatemala y Honduras.

Nos solidarizamos con el compañero Daniel Pascual Hernández, destacado líder Maya K’iché, coordinador General del Comité de Unidad Campesina (CUC), con muchos años de experiencia en la lucha por los derechos de los pueblos originarios y campesinos a la consecución de una Reforma Agraria Popular e Integral que dignifique la vida de miles de familias que por muchos años luchan por la Defensa de la tierra y el territorio.

Daniel es acusado por supuesta injuria, difamación y calumnia, por Ricardo Méndez Ruiz, un ex militar, columnista y político de extrema derecha, quien desde la «Fundación contra el Terrorismo»,

realiza una férrea defensa a favor de militares acusados de crímenes de lesa humanidad y se dedica a actuar contra las organizaciones que accionan para lograr justicia por crímenes de guerra y contra el extractivismo.

La difícil situación política, económica, cultural y social que se vive en Guatemala, se debe a que aún se mantienen vivas las estructuras de poder, la oligarquía empresarial, el ejercito represivo y las leyes judiciales están a la orden del día para defender los intereses de la clase dominante.

Estas clases dominantes, se expresan en grandes consorcios destinados a la industria extractiva, la minería, el monocultivo, el agro negocio, las empresas hidroeléctricas, promueven la represión y judicialización contra las y los defensores de los derechos humanos, en este marco que en Guatemala existen más de 100 presos políticos todos defensores de la madre tierra, el territorio el agua y la vida.

Debido a esta situación contra nuestro compañero Daniel Pascual, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina, exigimos y demandamos cese de la represión y la persecución del compañero, así como el respeto a su integridad física y se le garantice la libertad de movilización en defensa de los desposeídos del país.

Tegucigalpa Honduras 4 de mayo del 2016

5 de maio de 2016

Os Camponeses e Camponesas do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), exigem a anulação do Processo de Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. Nesta manhã, 5 de maio de 2016, o Ministro Teori Zavascki deferiu liminar determinando a suspensão do mandato de Deputado Federal de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), por consequência, da Presidência da Câmara.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nos prova que o Eduardo Cunha usava o cargo para finalidades estranhas ao interesse da função (mais precisamente, caracterizada por Desvio de Função). Ou seja, a decisão evidencia que o deputado que comandou o processo de impeachment tem usado o cargo em benefício próprio, em especial, quando ameaçou a Presidenta Dilma de abrir o processo de impeachment, como ação de vingança.

A razão do afastamento de Eduardo Cunha, deslegitima a votação conduzida por ele na Câmara dos Deputados que culminou na admissibilidade do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, colocando-o sob suspeita a legalidade deste processo.

Cunha já foi denunciado por outros crimes a exemplo de corrupção (percepção de vantagens indevidas), corrupção passiva, lavagem de dinheiro e manutenção de valores não declarados em contas no exterior, além de utilizar-se do cargo de Deputado Federal e da função de Presidente da Câmara dos Deputados para interesse próprio e ilícito com intuito de evitar que as investigações contra ele tivessem andamento, bem como, repetir as práticas de delito, com objetivo de obter vantagens indevidas.

Além da anulação do Processo de Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, os camponeses e camponesas do MPA exigem que Eduardo Cunha não seja somente afastado de seu mandato de Deputado Federal e da Presidência da Câmara. Mas, que seja julgado e condenado pelos crimes que cometeu, por compreendermos que seu mandato e suas manobras à frente desta Casa ferem e afrontam a Constituição Federal e a Democracia, bem como, os direitos da Classe Trabalhadora, representando o retrocesso dos direitos conquistados por meio das lutas.

Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, 5 de maio de 2016

5 de mayo de 2016

por Francisca Rodríguez ANAMURI Chile

Hace 20 años que un naciente movimiento de las y los campesinos del mundo articulados en La Vía campesina, llega al principal escenario internacional, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que reunía a los gobiernos en la «Primera Cumbre Mundial de la Alimentación» (13-17 noviembre de 1996) con la finalidad de tomar urgentes medidas y formular un plan de acción conducente para hacer frente a unos de los grandes flagelos que asistía a la humanidad ante la pavorosa cifra de 680 millones de hambrientos en el mundo.

Sin duda que esta misión central de la FAO de impulsar a los gobiernos a definir política, programas y recursos para un plan de acción llamado a enfrentar esta dramática situación, se ve amenazada por los mercantilistas intereses del capital que sólo ve esta grave situación como uno de los negocios que les reportará enormes ganancias económicas y, a la vez, mantener un dominio político frente a los estados que cada vez se hacen más dependientes de la producción agrícola a gran escala del agronegocio.

La alimentación un derecho humano y un deber de los Estados garantizarlo

De ahí que el planteamiento de La Vía Campesina basado en una amplia concepción de humanidad y de derechos, sitúa nuestro planteamiento de la Soberanía Alimentaría como un principio de lucha fundamental para combatir el hambre en el mundo y las grandes causas que la generan, nuestro planteamiento de desarrollar como arma principal la solidaridad y la hermandad entre los pueblos basado como un requisito esencial de máxima importancia que va más allá de las luchas de las y los campesinos por continuar desarrollando y defendiendo las agriculturas locales, estaba dirigido a situar en la conciencia social la Soberanía Alimentaria como un derecho soberano de cada nación por garantizar la alimentación de sus pueblos.

Esta fue una de nuestras más importantes y estratégicas afirmaciones para hacer frente a una de las medidas encaminadas por los intereses económicos de levantar como solución las banderas de la seguridad alimentaria, y por ende generar medidas para la adquisición de alimentos mediante la oferta de los países y las grandes corporaciones, bajo el pretexto de la ayuda humanitaria, poniendo en grave riesgo la propia producción campesina que por siglos ha alimentado la humanidad.

Que ha pasado durante estos 20 años de lucha y resistencia de la Vía Campesina

Sin lugar a dudas que las certezas en nuestros planteamientos se han hecho cada vez más irrefutables; mediante propuestas concretas y fundamentadas hemos señalado caminos para las salidas a los problemas globales que generan los actuales modelos de producción y consumo promovidos desde un capitalismo que ha expandido su dominio sobre Estados y gobiernos, particularmente manipulando la conciencia de grandes masas populares dominadas por el consumismo y el individualismo.

Es obvio que en nuestro caminar hay avances y tropiezos, pero lo cierto es que hoy sería innegable la justeza de nuestro planteamiento que ha impulsado unidad y organización en torno al principio político de la Soberanía Alimentaria, como un eje rector de nuestras luchas en el contexto continental y mundial. Hemos logrado situar nuestros planteamientos como temas de máxima importancia e indiscutibles para garantizar la paz, la justicia, el buen vivir de los pueblos y la vida del planeta, en los más altos niveles.

Nuestras propuestas rompiendo el cerco de la institucionalidad

Hemos alcanzado espacios en el seno de Naciones Unidas: en FAO, en el Consejo de Seguridad Alimentaria, en el mecanismo creado para desde la sociedad civil abordar nuestros planteamientos; también en el proceso que desde la Comisión de Derechos Humanos se impulsa para instalar la Carta de los Derechos de las Campesinas y Campesinos en la ONU. Se trata de una herramienta que, junto a las Directrices voluntarias de la tenencia responsable de la tierra, nos lleve a avanzar ante los gobiernos la formulación de políticas justas y certeras del rol de la agricultura campesina como un eje central para garantizar la alimentación y la sobrevivencia de nuestro planeta, combatiendo el calentamiento global, recuperando nuestras prácticas ancestrales de trabajar la tierra y producir los alimentos mediante la agroecología basada en el cuidado de la madre tierra.

Para sembrar semillas de la paz, necesitamos semillas y agricultura campesina

Hoy la Soberanía Alimentaria ya está integrada en las constituciones de algunos Estados, así como en varios países se ha legislado sobre leyes de seguridad y Soberanía Alimentaria y nutrición. También se avanza en lograr debatirla en la FAO partiendo de la base que no habrá seguridad alimentaria sin Soberanía Alimentaria. Sin duda que todo lo que hasta acá se ha avanzado es insuficiente, cuando cada vez más el atentado a la agricultura campesina y la alimentación de los pueblos se torna más grave. El dramático éxodo de los miles y miles de refugiados que, huyendo del horror de guerras fabricadas por los intereses expansionistas del capital, claman ser acogidos y alimentados, son una muestra más de este flagelo.

A esta situación se añade el hecho de que, recientemente y por primera vez, un director general de la FAO interviene en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, órgano responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales, donde José Graciano Da Silva, actual Director General de FAO, dejó oír su voz sobre la ineludible relación entre seguridad alimentaria y paz, en su intervención «Sembrar seguridad alimentaria, cosechar paz». Haciendo hincapié que: ¡La paz sostenible está íntimamente ligada al desarrollo sostenible, a los alimentos y a su producción. Para sembrar las semillas de la paz, necesitamos semillas. ¡Y también a los agricultores para plantarlas!

Nuestra Lucha es por Soberanía Alimentaria Ya

Francisca Rodríguez es líder campesina chilena, dirigenta política de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo –CLOC-Vía Campesina– y de la Articulación de Mujeres de la CLOC.

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Por los caminos de la soberanía alimentaria 11/04/2016

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4 de mayo de 2016

por América Latina en Movimiento

Daniel Pascual es un hombre k’iche’, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones campesinas históricas en Guatemala, y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.

Desde sus inicios de lucha en el CUC, Daniel se ha distinguido por su compromiso de lucha por los derechos colectivos y por las transformaciones en el país, en especial por la tierra y por políticas agrarias y rurales para beneficio del campesinado y comunidades indígenas y rurales, negadas permanentemente por la clase dominante y por sucesivos gobiernos.

Daniel ha sido parte en la conducción de luchas contra políticas y leyes nocivas de beneficio exclusivo para el capital local y transnacional, como la llamada Ley Monsanto, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos, cuyos impactos significaron un grave deterioro de la economía campesina y rural. Asimismo, Daniel viene siendo fundamental en la defensa de los territorios indígenas ente la embestida extractivista.

La última de estas luchas fue la Macha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida.

En la actualidad Daniel, como muchos otros luchadores sociales, es objeto de un proceso de criminalización. Esto hace parte de la persecución contra el movimiento campesino e indígena, y las comunidades y pueblos mayas, xinca y mestizo, los cuales están resistiendo a los proyectos y políticas extractivas.

Daniel es acusado por supuesta injuria, difamación y calumnia. Lo acusa Ricardo Méndez Ruiz, un ex militar, columnista y político de extrema derecha, quien desde la «Fundación contra el Terrorismo», financiada por empresarios, quien realiza una férrea defensa a favor de militares acusados de crímenes de lesa humanidad y se dedica a actuar contra las organizaciones que accionan para lograr justicia por crímenes de guerra y contra el extractivismo.

Es claro que Méndez Ruiz pretende aplacar la lucha social. Se afirma esto debido a que la denuncia contra Daniel se origina de declaraciones emitidas en el ejercicio de su derecho a la libre emisión del pensamiento y en legítimo derecho de expresar su apoyo a la resistencia de la comunidad Las Trojes (San Juan Sacatepéquez, Guatemala), que lucha contra la cementera San Gabriel, propiedad de la familia Novella. En específico, Daniel cuestionó la acción de columnistas que, como Méndez Ruiz, le acusan de terrorista y han tergiversado su labor como dirigente campesino. Es evidente también la pretensión de inmovilizar políticamente a Daniel Pascual, cuando persigue que sea objeto de arraigo y embargo de sus bienes.[1]

Resulta sospechoso también que la denuncia sea procesada por vía ordinaria del Código Penal y con la intervención de un Tribunal de Imprenta, y no por la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. En este marco, la jueza Carmen Toaspern ligó a proceso penal a Daniel, con el argumento que la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento sólo aplica a periodistas. Esta decisión impone una interpretación que gremializa el derecho de libre emisión del pensamiento y contraviene la Constitución Política en esta materia. Por esa razón, la jueza Toaspern fue objeto de recurso de recusación y de denuncia ente el Procurador de Derechos Humanos por obviar la aplicación del derecho constitucional referido al derecho a la libertad de emisión del pensamiento.

La Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos enfatizaron que en este caso existen anomalías procesales.[2] Actualmente está en manos de la Corte de Constitucional resolver el recurso para enmendar la decisión de la jueza antes mencionada y restituir el derecho a la libre emisión del pensamiento.

4 de mayo de 2016

Hoy culminan con éxito los talleres informativos y de asesoría legal realizados consecutivamente en las provincias de Quispicanchis, Canchis, Paruro, Cusco y Chumbivilcas. Las actividades han contado con amplia participación de campesinos y campesinas líderes de sus comunidades, conjuntamente con alcaldes y autoridades distritales y provinciales.

Los eventos vienen siendo efectuados desde el 27 de abril y son resultado del esfuerzo entre la Confederación Nacional Agraria – CNA y su base regional la Federación Agraria y Revolucionaria Túpac Amaru II del Cusco – FARTAC, con el apoyo del Programa PROINDIGENA de Cooperación Alemana por el Desarrollo –GIZ.

El objetivo mayor es recoger y sistematizar información sobre el estado del saneamiento físico legal y la titulación de los territorios de las comunidades campesinas en la región. El resultado será un diagnóstico que buscará orientar las políticas públicas a las necesidades reales de las comunidades campesinas.

Un caso próximo es la implementación del Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales – Tercera Etapa (PTRT3) que prevé iniciar el Ministerio de Agricultura a partir del presente año.

Por el ejercicio pleno del derecho al territorio

Los territorios de las comunidades campesinas son espacios donde se desarrolla la agricultura familiar, se resguardan las semillas nativas y se preservan las sabidurías ancestrales. Sin embargo, estos pueblos originarios de la región vienen atravesando problemas de legalidad sobre la tenencia de sus territorios.

La abogada Jocelyn Roca, responsable técnica de los talleres, relata el panorama de inseguridad: «Hay conflictos por linderos entre comunidades; conflictos entre ex hacendados y comunidades, los descendientes de los hacendados están reclamando se les reconozca como propietarios de territorios que en su momento fueron adjudicados en el marco de la reforma agraria a las comunidades; y comunidades nacidas del desmembramiento de su comunidad matriz que a la fecha no pueden obtener sus título de propiedad, pues la comunidad madre no quiere establecer la colindancia respectiva.

Además, se registran problemas producto de la inseguridad generada por normas y dispositivos legales que buscan despojar los territorios comunales; como es el caso de los conflictos con la empresa minera Xstrata en Chumbivilcas y la presencia de una central hidroeléctrica en Paruro.

Además del equipo asesor, conformado por los abogados Jocelyn Roca y Valentín Torres, también estuvo presente Antolín Huáscar, presidente de CNA, al lado de la directiva campesina de FARTAC; quienes también aprovecharon en fortalecer la organicidad del movimiento campesino e indígena en Cusco.

Más fotos en https://goo.gl/9GhsLW

Agradecemos su difusión.

3 de Mayo de 2016

La Coordinación Política de CLOC -La Via Campesina Centroamericana, integrada por representantes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, reunidos en Tegucigalpa, Honduras, después de hacer un exhaustivo análisis de la situación social y especialmente del movimiento campesino e indígena nos pronunciamos de la manera siguiente:

1.- Somos centroamericanos, unidos/as por el mismo ideal que lucho Francisco Morazán Quezada y otros héroes centroamericanos, cuyos ideales fueron la integración plena de la región.

2.- Expresamos nuestra profunda preocupación por la reiterada violación de los derechos humanos de miles de campesinos/as, indígenas y afro hondureños, en cuya lucha se ha criminalizado a más de 5,000 campesinos/as, que se encuentran procesados en los Tribunales de la República, por problemas agrarios, entre ellos más de 1,700 mujeres, alrededor de 200 campesinas y campesinos asesinados y muchos sometidos a una persecución sistemática.

3.- Nos ha impactado el vil asesinato de la hermana, compañera, luchadora indígena por la defensa de la tierra y el territorio, de los ríos, bosques y demás bienes naturales, de los derechos ancestrales como lo fue la compañera Berta Cáceres, de igual manera el asesinato del dirigente del COPIHN Nelson García, asesinado días después y otros.

4.- Estamos preocupados porque no avanza la investigación, mucho menos el castigo a los responsables del asesinato de la compañera Margarita Murillo, en Agosto del 2014, miembro fundadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).

5.- Denunciamos los constantes desalojos violentos a grupos campesinos, destruyéndoles los cultivos, sus viviendas, negándoles el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a la vida.

6.- La conflictividad agraria indígena y campesina es producto de la implementación del modelo neoliberal, concentrador, extractivista que acapara los bienes naturales a costa de la violencia institucionalizada.

La Vía Campesina Centro Americana que aglutina miles de campesinos, campesinas, mujeres, jóvenes, indígenas, afro mesoamericanos, se solidariza plenamente con las organizaciones campesinas e indígenas, es por ello que nos encontramos reunidos en este país hermano.

Demandamos al Gobierno de la República de Honduras cese al derramamiento de sangre en el área rural y exigimos se castigue con todo el peso de la Ley a los responsables, actores materiales e intelectuales de dichos crimines y la cancelación inmediata de la concesión minera DESA; que es un proyecto de muerte para las comunidades indígenas.

Invitamos al Congreso Nacional que proceda a aprobar el proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, propuesta de Ley de Despenalización de la Lucha Campesina e Indígena, Ley de consulta previa, libre e informada para proteger los territorios y los recursos de los pueblos originarios y declare al Río Gualcarque Patrimonio Nacional de los pueblos y la humanidad.

Por la integración de los pueblos de Centroamérica, por la soberanía alimentaria, por el respeto a la vida, nos más criminalización para los campesinos/as, indígenas y afro hondureños.

Tegucigalpa, Honduras, 03 de Mayo del 2016.

CLOC LA VIA CAMPESINA CENTRO AMERICANA