11 de abril de 2016
Declaración del testigo Andrés Giménez, ex diputado por el departamento de Canindeyú
El testigo refirió que el día de la masacre estaba cerca de la zona donde se produjo la masacre ya que tenía una visita parlamentaria con fines de conversar con los pobladores sobre la posible distritación de Yvypytã. Se enteró en ese lugar de lo que estaba ocurriendo en Marinakue. La reunión había convocado a muchas personas que esperaban hacía días a la comitiva del Congreso. A Felipe Nery Urbina se le apresó en el asfalto a la entrada de la estancia Campos Morombí; el hombre de política (PLRA) no tenía nada que ver con los hechos.
Se quedó en el cruce del Km 35, a varios kilómetros del lugar donde se produjeron las muertes. Estuvo allí como a las 7 u 8:30 de la mañana. Desde ese sitio no se escuchó ningún disparo a la distancia.
Cuando se le apresó a Nery Urbina, el testigo estaba en reunión, Urbina se había alejado y se le agarró cuando intentó ayudar a un herido sobre la ruta, dijo no poder precisar si la aprehensión por las fuerzas policiales haya sido violenta, con utilización de gases lacrimógenos. La persona que Urbina intentó ayudar estaba herida, se lo trasladó en Curuguaty en patrullera. No vio ambulancias esperando en la calle. En el momento en que estaban frente a la vereda de la estancia, los hechos ocurrieron según la gente alrededor de las 7, como una hora después él estuvo allí.
Los de la FOPE no estaban afuera, sino dentro de la propiedad. Los policías que aprehendieron a Urbina tenían el uniforme para-para’i (verde camuflado), eran como 4 o 5 oficiales. Después de trasladar en patrullera a Urbina y al herido, los policías quedaron sobre ruta.
Había como 500 personas en la reunión de distritación. El testigo dijo que siempre se supo que Campos Morombí está sobre tierras del Estado, es poblador de Canindeyú desde los ’70. Giménez dijo conocer a los pobladores de Yvypytã, pero se cuidó de emitir calificaciones sobre si son personas trabajadoras, humildes y honestas.
Giménez declaró que los policías que aprehendieron a Urbina tenían armas cortas; tampoco supo si éste presentó una ruptura de costilla a consecuencia del accionar de la policía. No vio a los demás heridos siendo trasladados en patrulleras o camiones. El helicóptero sobrevolaba a corta distancia.
Sobre la reunión que tuvo lugar 8 días antes de la masacre, el testigo dijo no tener ningún conocimiento. No supo nada sobre si la familia Riquelme hacía uso de cobertura policial. Conoce el testigo a Urbina por sus actividades políticas, no sabía que estuviera integrando una organización campesina. No supo el nombre del herido que Nery Urbina quiso ayudar y por lo que fue aprehendido. En la reunión de comisión de distritación en la que estuvo presente Urbina también, no hubo registro o planilla de las personas asistentes.
Sobre la ubicación de Marinakue, el testigo dijo que conoce que es del Estado por una acción judicial que se hiciera en tiempos del ex presidente Nicanor Duarte. Son 2000 hectáreas que corresponden a Marinakue, pero declaró no saber cuántas hectáreas son de Campos Morombí.
El testigo dijo que sabía que la FOPE estaba dentro del lugar de los hechos porque vio el uniforme que traían puesto sus integrantes en el que estaba inscripta el nombre de la agrupación.
El testigo se quedó en Km 35, desde allí se podía distinguir lo que ocurría en el portón de la estancia. No conocía el testigo a una persona llamada Marino González. Dijo que ya se había ocupado anteriormente las tierras de Marinakue reclamadas por el campesinado. Conocía al dirigente Leonor Rivas, pero no sabía si estuvo liderando la ocupación en otra oportunidad, tampoco dijo saber si las personas ocupantes del inmueble donde ocurrió la masacre estuvieran armadas. Mencionó que Nery Urbina fue apresado a unos 50 Km de donde él se encontraba.
Declaración del testigo abogado Carlos Alberto Peralta, funcionario del INDERT
Para el testigo, son de público conocimiento los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012 en Marinakue, por lo que prefirió limitarse a hablar sobre lo que sabía, que era el expediente sobre las tierras. Expresó que éstas fueron donadas por la empresa La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) en 1967 a la Marina, que la recibió mediante nota y la remitió a la Escribanía Mayor del Gobierno para que tomara parte del asunto. Esta institución recibió la nota del comandante de ese momento, no recordó el nombre, y emitió otra nota dirigida al comandante de la Marina por la que se informaban de los requisitos correspondientes, los títulos de propiedad de la Finca N° 30, entre otros.
De todo esto, el testigo supo resumir para hacer una aproximación a las tramitaciones; a su parecer esta posición fue una negligencia de parte de las instituciones públicas de ese momento al no hacer una inscripción preventiva que terminó siendo una bomba de tiempo. Esto motivó el desastre social que fue la masacre.
El testigo fue asesor jurídico del IBR y actualmente del INDERT hasta hoy y desde 1997, recibió en 2004 o 2005 por resolución de la presidencia del INDERT la tarea de realizar una mensura judicial de la finca solicitada por la comisión vecinal Naranjaty a sabiendas de que esas tierras eran del Estado. Ese proceso no se concluyó porque se recibió un oficio del juez penal de garantía que interinó el estrato civil y laboral desde donde se pidió la suspensión y prohibición de innovar en todo ese lugar, por ende, de la mensura. Peralta dijo que pasó por sus manos la resolución por la cual las tierras de Marinakue fueron destinadas a la reforma agraria en 2004.
La posición del INDERT era realizar la mensura, pero desde la presidencia de la institución se enfocó mal la misma, se hizo primero sobre Marinakue y luego sobre la Finca 30. Se debía haber hecho solo sobre lo que se supone que fue la donación de 2000 hectáreas, eso se estaba haciendo cuando la orden judicial frenó el proceso. En esa ocasión se había ido el técnico, Alfonso Meaurio, para hacer la mensura, quien le presentó al testigo una nota donde le informaba que no le permitieron hacer el procedimiento. El sistema es lo que involucra todo esto, lamentablemente, dijo el testigo.
Sobre el lugar exacto donde estaba asentado el cuartel de la Marina, declaró Peralta no tener la certeza, solo a través de los documentos que había revisado. El testigo dijo que sabía que Campos Morombí había planteado usucapión contra LIPSA sobre esas tierras. El INDERT no tuvo participación en ese procedimiento, dijo, pero no con certeza, él se encargó de la mensura nada más.
El testigo dijo que sabía que INDERT planteó una acción autónoma de nulidad sobre ese procedimiento de Campos Morombí, pero desconocía el estado actual de ese juicio.
No supo la cantidad de gente que estaba en la comisión que solicitaba las tierras. Para solicitar tierras al INDERT, las personas que conforman la comisión vecinal no deben tener antecedentes penales, es un requisito que todos deben cumplir para allanar la tramitación. No recordó si hay plano georreferencial de las tierras de Marinakue en el expediente, este tiene unas 3 mil fojas. Se agregaron algunos planos como antecedentes para proceder a la mensura. El hecho de que no se haya formulado legalmente todo esto fue porque no se hizo en forma el trabajo o por problemas políticos. La Armada había procedido en forma con las tramitaciones, pero lamentablemente se dieron estos hechos violentos que arrebataron vidas de personas. La nota fue enviada del comandante a la Escribanía Mayor y ésta contestó que había que reunir todos los recaudos, cosa que no ocurrió, nunca se hizo una inscripción preventiva, repitió el testigo. El pedido de la Escribanía Mayor no supo si se contestó porque terminó siendo disuelta la institución, según sus conocimientos.
Sobre LIPSA, si alguna vez toda esa enorme propiedad de tierras pertenecía al Estado paraguayo, dijo que sí, LIPSA las adquirió del Estado. Sobre las 2000 hectáreas de Marinakue, dijo que están los antecedentes en el expediente de la mensura, allí figuraba el decreto de donación de LIPSA a la Marina, que finalmente resolvió donar al INDERT las tierras para el régimen agrario a beneficio de las familias campesinas.
No conocía el testigo que la empresa LIPSA tuviera una deuda pendiente con el Estado paraguayo y por eso haya dado las tierras de Marinakue en donación.
Sobre los fundamentos jurídicos y elementos constitutivos de la usucapión, en su conocimiento como profesional abogado y funcionario del INDERT, el testigo dijo que la usucapión planteada por Campos Morombí contra LIPSA lo hicieron con conocimiento de causa, sabían perfectamente que esas tierras nunca fueron inscriptas en Registros Públicos ni en Catastro. Por eso se animaron a plantear la usucapión, a sabiendas de la negligencia de Estado. No conocía el abogado sobre una reunión donde se hablaba de la entrega de Marinakue a Campos Morombí para acceder a un camino hacia la ruta.
Para la usucapión, 20 años ininterrumpidos debe una persona estar en posesión de una tierra, produciendo. Ese tiempo transcurrido no supo contestar si Campos Morombí lo tenía a su favor porque no contaba con el expediente a mano ni las documentaciones en qué respaldarse.
El abogado Sisco le preguntó: ¿La figura de usucapión no fue instituida a favor de las clases empobrecidas como un recurso de adquisición posterior a la guerra de la Triple Alianza?, pero la fiscalía objetó y el tribunal no dejó que contestara. Peralta declaró que desconocía si Blas Riquelme fuera agricultor, requisito indispensable para ser sujeto de la reforma agraria.
Dijo no tener conocimiento de dónde exactamente se tramitó el juicio de usucapión. El juez de primera instancia sacó una resolución para hacer una mensura, se hizo una comisión pero vino la resolución de suspensión de la mensura. Al recibir el oficio se estableció la suspensión momentánea de la mensura, salió una resolución y se pasó a la acción autónoma de nulidad.
No recordó los nombres de los suscribientes de los documentos de tramitación de la comisión Naranjaty. A la pregunta de si a los efectos de la reforma agraria se puede declarar un inmueble destinado a reserva natural, el testigo contestó que no se puede si fue inscripto como tal. El INDERT es un ente autárquico con personalidad jurídica propia. El testigo dijo que cuando el expediente se formuló y tuvo conocimiento de ello vio planos de los linderos de la fracción pretendida, de las cuatro partes, Campos Morombí figura del norte, este y sur, solo una parte era hacienda que lindaba con la propiedad de LIPSA.
La porción de inmueble no recordaba en ese momento. Sobre el documento que faltó en el expediente, el testigo habló del título de propiedad de Campos Morombí entre otros.
Al recibir el oficio del juzgado en lo penal interino del juzgado de primera instancia de Curuguaty, el testigo tomó en cuenta de esa suspensión pero no tuvo una charla directa con el presidente del Indert en la oportunidad. Alfonso Meaurio le informó que se suspendieron los trabajos de mensura por orden judicial, le hicieron llegar la copia del oficio y entonces procedió a pedir la suspensión momentánea de ese procedimiento. Cuando la Escribanía llamó a la Marina para realizar los trámites de rigor, de la documentación expedida por la Marina y posteriormente después por parte de la Escribanía en cuanto a los requisitos para los trámites pertinentes para la inscripción y el título de propiedad, no sabía el testigo si existieron.
Peralta dijo desconocer si el conflicto que terminó en masacre se dio en territorio de Marinakue o en el predio de los Riquelme. Sobre los documentos bases presentados en la Procuraduría General del Gobierno, se presentó la mensura judicial. Para la acción de autónoma de nulidad tienen había que recabar documentos, la mensura es lo que les puede ayudar más los decretos de leyes, donaciones y otros documentos que disponía la Procuraduría.
Declaración del testigo Rodríguez, líder de la Liga Nacional de Carperos
El testigo dijo no haber participado de los hechos, pero está informado a través de la prensa, ese día se encontraba en una reunión de la Liga Nacional de Carperos (LNC) en el distrito de Guayaibí y llegó la noticia de la masacre.
Sobre lo ocurrido en Marinakue el 15 de junio de 2012 por la mañana, el testigo solo sabe lo que la prensa difundió, que los campesinos estaban en una ocupación de tierras y que efectivos policiales fueron a hacer tarea de desalojo. Supieron así que murió el dirigente Avelino Espínola y el suboficial Erven Lovera.
Sobre su conocimiento acerca de las tierras, el testigo dijo que tenían un expediente en el INDERT al que estaban haciendo seguimiento, esas tierras son públicas, se ha intentado recuperarlas, se sabe de la donación de LIPSA y del asiento de la Marina y que no se ha perfeccionado la inscripción a través de la Escribanía.
En el expediente está todo eso bien explicado, por una falencia o deficiencia del Estado paraguayo se fue creando una situación que desembocó en la tragedia. Sobre el decreto de Nicanor Duarte Frutos acerca del destino de las tierras para la reforma agraria, tenía conocimiento el Estado.
En una ocupación, a veces se ponen horarios de entrada y salida en los campamentos, pero cada comisión tiene su sistema de seguridad, dependiendo del grado de tensión que exista, en los caminos puede haber matones que agredan a los ocupantes, por eso a veces se controla el ingreso y salida de personas. No sabía el testigo si la empresa Campos Morombí tuviera matones a su disposición. Definió matones: «guardias privadas de la estancia, responsables de la seguridad interna del establecimiento, se llama matones a este personal».
El testigo declaró que un día antes de la tragedia, Erven Lovera le había llamado por teléfono. Le preguntó si ese grupo que está ocupando Marinakue no era uno vinculado a la LNC y que no había intención de enfrentamiento. En su última conversación con Lovera, quien era un buen profesional, los campesinos que ocupaban el lugar no querían enfrentamiento, ni se prepararon para eso, era poca gente, 50 ocupantes. No se esperaba violencia, esa fue la conversación del testigo con Erven Lovera por teléfono. Se llevó gran número de policías para el procedimiento, dijo el testigo, más de 350 efectivos participarían, según le había comentado Lovera cuando conversó con él. No conoció a Pindó.
Hasta ese momento Espínola no lideraba el grupo, sino Leonor Rivas. No tomó conocimiento sobre la existencia de algún grupo paramilitar o infiltrado en el lugar ese día porque no estuvo en el lugar ni se lo comentaron los referentes. No se esperaba ningún tipo de confrontación violenta, había familias, había niños. Se hacían aportes solidarios y donaciones solidarias de alimentos a las ocupaciones, es una práctica común, también comúnmente se lleva un registro de los aportes monetarios para regular el aspecto económico de las ocupaciones. Siempre se pone a salvaguarda a la familia si hay amenaza de desalojo. Le extrañó al testigo que en los documentales se viera a mujeres y niños andando tranquilamente en el lugar. Leonor Rivas está en Curuguaty, sigue vivo. Esta fue la primera vez que se lo convocó para declarar al testigo. No había visitado Marinakue, fue a saludar a la gente en la calle. Marinakue es tierra del Estado y hay que recuperar
Declaró Rodríguez que: «Donde Lovera participaba lo hacía de la siguiente forma, pidiendo que la fuerza policial estuviera a una distancia prudencial del campamento de ocupantes y conversaba con los ocupantes sin ningún tipo de armas de fuego. El siempre actuó así, había una primera conversación con los responsables del campamento para llegar a la retirada pacífica». No siempre los policías van desarmados, a veces usan balines de goma o balas de plomo, pero antes del enfrentamiento en el que murió Lovera él procuraba una salida pacífica, insistió.
Sobre Naranjaty dijo conocer la comisión que gestionó las tierras en Indert, era una comisión legalizada. La gente que estuvo en la ocupación eran humildes trabajadores sin tierra, su nombre está en los censos del INDERT, Naranjaty estaba reconocida y sus miembros eran sujetos de la reforma agraria, genuinos sin tierra.
El testigo tenía información de que en enero algunos parlamentarios pidieron la intervención en Marinakue, nombró a Efraím Alegre. No tenía información si Oscar Tuma también estaba involucrado en ese pedido. El testigo supo diferenciar entre procedimiento de allanamiento y de desalojo y cómo se utiliza muchas veces una cosa por otra. El testigo mencionó todos los requisitos que una comisión vecinal necesita presentar en el INDERT para solicitar tierras destinadas a los sujetos de la reforma agraria. El testigo se explayó en todo sobre el procedimiento para adquirir tierras públicas y privadas. A la pregunta de si las personas ocupantes estaban en predio de Campos Morombí o en Marinakue, el testigo dijo que eran tierras de Marinakue. Tenía buenas referencias de Rubén Villalba pese a no conocerlo directamente.
Sin más testigos en la fecha, el tribunal pidió la presencia compulsiva de todos los testigos citados para hoy y que no comparecieron, todos ellos efectivos de la Policía Nacional, excepto el señor Gerardo Gavilán. El abogado Víctor Azuaga dijo que existía una confusión ya que figura en la carpeta fiscal Genaro Gavilán, asesor jurídico de la Liga Nacional de Carperos y hermano del monseñor Gavilán. A este era a quien debían convocar para declarar, un error imputable a la etapa de las preliminares.
Continuó con la lectura de documentales, el 8° instrumento agregado por su lectura al proceso fue el «Informe de las condiciones de dominio de la finca 62 del distrito de Curuguaty, de la Dirección de Registros Públicos».
Se levantó la sesión y declaró el tribunal el receso correspondiente hasta el día martes, 12 de abril de 2016, desde las 8 horas.
Informe: Articulación por Curuguaty
Fuente: http://bit.ly/1qLR7w1
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La Comisión Legislativa Especial del Congreso de la República de Brasil aprobó la propuesta de enviar el juicio político contra Dilma Rousseff al pleno de la Cámara de Diputados bajo la acusación central que la presidenta brasileña violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
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CLOC-La Vía Campesina Honduras