Paraguay: Declaración Política IV Campamento de Jóvenes

Martes 19 de Diciembre de 2011

Los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2011, en el local de Semilla Róga (Repatriación), nos encontramos alrededor de 200 personas, campesinas e indígenas de diferentes departamentos del país, bajo el lema: “¡Jóvenes en lucha y rebeldía contra la recolonización y por nuestra soberanía!”; para participar del 4° Campamento Juvenil de Conamuri, con el firme propósito de discutir los grandes problemas nacionales en un contexto global, rescatar nuestra fibra histórica como pueblo en constante movilización y lucha sesgada, con heroínas y héroes sepultados por el sistema vigente, y confrontar el futuro con nuevos pensamientos y prácticas, con la perspectiva también de proyectar las nuevas relaciones entre hombres y mujeres y entre estos con la naturaleza.

Vemos en este momento político como una necesidad urgente nuestro protagonismo como jóvenes en los temas fundamentales que hacen a la nación. Porque la juventud siempre es convocada en las manifestaciones para contribuir en la lucha del pueblo y muchas veces esa participación termina con invisibles resultados para el sector, ya que se lo opaca al no reconocérsele como un actor fundamental dentro de las organizaciones campesinas e indígenas. Sumamos no solo fuerza y rebeldía, sino también mística, coraje, capacidad de indignación y de rabia, entrega solidaria y un férreo compromiso militante que debe ser valorado en todas las instancias de las organizaciones de que formamos parte.

Consideramos que la situación por la que muchos de nosotros y nosotras estamos atravesando tiene que ver sobre todo con el modelo capitalista implementado en el Estado paraguayo, porque no se trata solo de que la falta de recursos nos impide terminar el bachillerato e iniciar una carrera universitaria, sino que también nos obliga a emigrar a otros parajes o países en busca de empleo, salud y educación, generándose en muchos el desarraigo, el menosprecio hacia la cultura campesina e indígena, el consumismo, la violencia sobre nuestros cuerpos y mentes, entre otros males de la sociedad actual.

Para contrarrestar esta situación, debemos constituirnos en verdaderos agentes del cambio social, necesitando que se multipliquen los espacios de formación y volverlos más periódicos y secuenciales, encuentros a los que acudamos no solo para escuchar y tomar apuntes, sino para apropiarnos del proceso formativo y transformarnos en sujetos activos de la metodología pedagógica, una con la capacidad de generar un dinamismo propio para conquistar nuestra atención hacia los grandes debates políticos de la agenda país, para fortalecer la conciencia de clase, para contextualizar nuestra presencia en el mundo y conocer con creces cuáles son nuestras funciones, cuáles las actitudes que debemos asumir, cuáles los caminos y las decisiones que enfrentar de cara al porvenir, cuáles, sobre todo, son nuestros deberes y obligaciones para con la clase trabajadora.

En este 4° Campamento hemos dialogado acerca de diversos temas que nos tocan de cerca como juventud paraguaya y de pueblos originarios, tales como la violencia hacia las mujeres, la tierra y el territorio, la salud sexual y reproductiva, la soberanía alimentaria, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la agroecología, las estrategias de comunicación, entre otros; todo con el propósito de desgranar la coyuntura nacional y analizarla a profundidad parte por parte, buscando sumar conocimientos y trasladarlos posteriormente a nuestras comunidades mediante el trabajo de base.

Como resultado de la sucesión de estos intercambios de experiencias y saberes, declaramos la necesidad de:

– Exigir al Estado paraguayo la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva orientadas a la juventud, en un marco de respeto, tolerancia y coherencia con la realidad de muchos jóvenes, varones y mujeres.

– Demandar a nuestros padres y madres la suficiente confianza para permitirnos ser parte de los procesos de formación de la Conamuri, pues muchas veces quienes tienen licencia para participar de este tipo de encuentro son los varones, dejándose de lado a las jóvenes por su sola condición de mujer, envuelta en tabúes y prejuicios impuestos por el modelo patriarcal.

– Articular una red de mujeres jóvenes para contribuir en la Campaña Basta de Violencia hacia las Mujeres del Campo, que está impulsando Conamuri desde la CLOC/Vía Campesina Paraguay.

– Incorporar nuevos voceros y nuevas voceras a la Campaña de la Semilla, para desperdigar en las bases los principios de la agroecología, los conceptos relacionados con la soberanía alimentaria y el rescate de las semillas nativas y criollas.

– Seguir apostando por la formación política e ideológica de los y las jóvenes a través de la conformación de encuentros en donde se realicen constantes lecturas sobre la realidad nacional y el contexto internacional, en lo político, lo social, lo ambiental, lo cultural, lo económico, etc.

– Involucrar a la juventud en las tareas de comunicación estratégica, para escuchar su voz de protesta, de aliento, sus inquietudes y esperanzas y por una participación efectiva en los medios con que cuenta Conamuri, ya sea el boletín Ñe’ẽ Roky, las redes sociales o la inminente radio comunitaria con la que se contará dentro de poco.

– Fortalecer la secretaría de la juventud de la Dirección Nacional y articularla con las coordinadoras departamentales para una mayor visibilización del sector, procurando acentuar su protagonismo en las manifestaciones, las ocupaciones de tierra, las actividades de repudio contra nuestros enemigos de clase, etc.

– Crear un equipo departamental de jóvenes y elegir para el mismo una o un representante.

– Promover y practicar las expresiones culturales que se adecuen a nuestra necesidad de comunicarnos, con creatividad e iniciativa propia, como ser el teatro, la batucada, los murales, etc.

– Reconocer el gran desafío que constituye el IALA Guaraní en la instalación de una educación liberadora, creadora de consciencia y de transformación humana y social, a través de un mayor aporte de las organizaciones de la CLOC/Vía Campesina a su proceso de conformación.

¡Jóvenes en lucha y rebeldía contra la recolonización y por nuestra soberanía!

Repatriación, 19 de diciembre de 2011

 

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La minería en Chile hoy Codelco-Anglo American – ¿Nacionalismo, nuevos negocios o simple espectáculo?

Martes 20 de Diciembre de 2011

Paul Walder

Punto Final

Adital

La política chilena más reciente está llena de contradicciones, pero la política minera posiblemente mantiene algunas que son insuperables. Los discursos, acciones y decisiones políticas de los últimos 50 años, pero en especial de los últimos veinte, han instalado un escenario en el que sus actores y protagonistas han representado una de las peores comedias. Un tablado para la representación de la comedia neoliberal, la que ha tenido sus más vergonzosos actos y escenas en el sector minero.

El litigio entre Codelco y Anglo American por la opción de compra del 49 por ciento de la propiedad de la ex Disputada de Las Condes ha vuelto a revivir viejos procesos históricos, los que simplemente estuvieron anestesiados durante los últimos 40 años. Las fuertes contradicciones y choques históricos de los años 60 y 70 condujeron a la nacionalización parcial de los recursos mineros durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y, posteriormente, a su estatización completa con Salvador Allende. El siguiente giro de la historia fue en el sentido opuesto: golpe de Estado en 1973 y progresivo traspaso de esos recursos al sector privado nacional y global.

La primera y gran contradicción no fue, por cierto, ni el golpe de Estado -propiciado desde Washington para cautelar los intereses de sus corporaciones mineras- ni las indemnizaciones que la dictadura cívico-militar chilena le entregó a estas corporaciones por los bienes estatizados durante el gobierno de la Unidad Popular. Tampoco fue una contradicción la creación, a comienzos de la década de los 80, de la ley de concesiones mineras al sector privado por el economista José Piñera, hermano del actual presidente de la República.

La primera gran contradicción vino más tarde, a partir de 1990 con los gobiernos de la Concertación, los que justificaron y certificaron los cambios en las políticas económicas realizadas por la dictadura. Quienes gobernarían durante los próximos veinte años no reclamaron por aquellas transformaciones, sino que las avalaron. El primer proyecto minero privado post dictadura, Escondida (de BHP Billiton, Río Tinto y Mitsubishi), lo inauguraba en 1990 Patricio Aylwin. Este fue el inicio de un proceso de involución histórica que llevó al sector minero chileno a una condición similar a la que sufrió durante todo el siglo pasado y el precedente. Los tiempos de Anaconda, Kennecott y Braden Copper comenzaban a mutarse en otros, con nombres como Billiton, Exxon y más tarde Xstrata, Anglo American y Barrick Gold.

Tras poco más de tres décadas desde la nacionalización del cobre, por la fuerza de la reacción y la avaricia corporativa que ha caracterizado el proceso de globalización neoliberal, la economía chilena volvía a registrar una dependencia similar a la sufrida durante los dos siglos precedentes, con un protagonismo, esta vez creciente, del sector privado nacional y mundial en la economía y las decisiones políticas. Este trance ha sido denominado desnacionalización de los recursos mineros. Hacia finales de la década pasada, aproximadamente el 70 por ciento de la producción nacional de cobre era elaborada por compañías privadas nacionales y extranjeras, las ventas de este sector se elevaban a 18 mil millones de dólares en tanto las ganancias eran superiores a los ocho mil millones. El año 2010 sólo Minera Escondida tuvo utilidades por 4.300 millones de dólares.

La segunda gran contradicción se produjo hace muy poco, bajo el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. La estatal Codelco, al intentar hacer efectiva una cláusula del contrato de venta, en 1978, por parte del Fisco a Exxon de la ex Disputada de Las Condes, hoy propiedad de Anglo American, se estrelló contra el muro levantado por la historia de las inversiones extranjeras en la minería en Chile, aunque es aplicable a cualquier otro sector y país latinoamericano, africano u asiático. El gobierno proempresarial de Piñera, muchos de cuyos miembros fueron entusiastas partidarios del golpe militar, de la dictadura y de las privatizaciones, ha embestido al corazón y esencia del capitalismo.

La reacción del gobierno de Piñera ha sido defender en tribunales ese derecho para comprar el 49 por ciento de la mina, opción que Anglo American, también con el contrato en la mano, impugna. El litigio, hoy en manos de conspicuos bufetes de abogados, seguirá su curso legal o, también, es posible, extrajudicial.

El gobierno ha entrado con fuerza en apoyo de Codelco, generando una nueva e inédita corriente nacionalista sobre la propiedad de los recursos naturales. Un discurso, sin embargo ambiguo, aun cuando políticamente rentable: si bien está acotado a la ex Disputada, se integra muy bien con el actual clima de insatisfacción con el modelo de mercado.

La historia los condena

Es necesario hacer un poco de memoria. Hace poco más de diez años, durante el gobierno del «socialista” Ricardo Lagos, la multinacional de la energía, Exxon, entonces dueña de la mina hoy en disputa, la muy bien llamada Disputada, anunció la venta de este activo a Anglo American por 1.300 millones de dólares. El anuncio de venta escandalizó a más de un especialista y observador de la economía y del sector minero. Exxon vendía en una suma millonaria una mina que, según sus balances, sólo le había generado pérdidas, pero que en los hechos era una clásica y desvergonzada práctica realizada en los países del Tercer Mundo, con la ayuda de los amigos en el Estado y en el Parlamento, para no pagar impuestos. El buen precio en que Exxon traspasaba la Disputada a Anglo American también consideraba estas «exenciones” tributarias.

Los gobiernos de entonces podrían haber organizado la misma maniobra que el actual: la cláusula estaba vigente. Pero no lo hicieron. Lagos ha aparecido durante estas semanas en la prensa justificando su omisión, pero el lector, el ciudadano de la calle, ya tenía y tiene sus opiniones.

El ex presidente «socialista” se justificaba en la prensa del duopolio. Lagos escribía: «En ese momento (2002) habíamos tratado de comprar Disputada, pero la oferta que hizo Codelco fue levemente inferior a Anglo American. Todos respetamos las reglas del juego y Anglo American se quedó con la compañía”.

Ese y otros gobiernos de la Concertación no sólo aplaudieron cada una de las inauguraciones de las nuevas instalaciones mineras, hidroeléctricas y forestales, sino que fueron diligentes para facilitarles una ganancia buena y rápida. Durante aquellos años los organismos internacionales lo mismo que las agencias de calificación de riesgo -aquellas mismas que mintieron con los balances, desde Lehman Brothers a La Polar-, colocaban a Chile como el mejor país latinoamericano para hacer negocios. Era que no. Hacia finales de la década pasada las grandes empresas, lo mismo que en los años precedentes, aumentaban sus ganancias en un 50 por ciento.

Los concertacionistas se desvivieron por atender al inversionista extranjero. Y también perdieron la compostura y la dignidad. Para ello, sólo dos recuerdos. Uno data de los primeros años de la década pasada, durante el gobierno de Ricardo Lagos y con Ricardo Solari como ministro del Trabajo. La intoxicación de un niño tras comer una hamburguesa en un local de McDonald’s detonó airadas protestas ciudadanas, lo que terminó con ese ministro junto a otros funcionarios de gobierno comiendo hamburguesas ante la prensa para calmar la indignación de la sociedad civil. El segundo episodio es mucho más grave, y estuvo oculto hasta su emergencia hace pocos meses gracias a WikiLeaks. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, la embajada de Estados Unidos presionó a La Moneda a favor del proyecto termoeléctrico Campiche, de la empresa estadounidense AEG Gener, rechazado en la evaluación de impacto ambiental por estar emplazado en un área verde. Tras algunas llamadas telefónicas, la solución fue muy simple: un cambio de la destinación del suelo, de área verde a industrial.

La mala conciencia y el royalty minero

Hay que ser justos en este recordatorio. El escándalo de Exxon dejó en muy mal pie la oscura relación entre las corporaciones mineras y los gobiernos de entonces, que habían observado con parsimonia cómo evadían de un modo obsceno el pago de impuestos, lo que generaba sospechas sobre la calidad del lobbying con todo tipo de dádivas, aguinaldos o gratificaciones. De este episodio, y por cierto, de la insistencia de un grupo de políticos, entre ellos el ex senador Jorge Lavandero, que persistieron durante décadas por demostrar este escándalo de las políticas mineras, surgió un proyecto de royalty, por el cual el Estado, y gracias hoy al alto precio del mineral, ha logrado obtener algunos beneficios.

Es prudente recordar también la actual estructura del sector minero, que expresa con claridad el proceso de desnacionalización del cobre. Hacia finales de la década pasada, del total de la producción minera chilena, que superaba los 5,5 millones de toneladas, el 70 por ciento correspondía a la producción privada, con una venta por 8.370 millones de dólares. De este total facturado por la empresa privada, casi siete mil millones de dólares correspondieron a ganancias, de las cuales pagaron un total de 1.400 millones de dólares entre Impuesto a la Renta e impuesto específico a la minería.

La comparación con los aportes de Codelco al Fisco expresa con evidencia las enormes pérdidas que sufren el Estado y la ciudadanía con la ley de la dictadura y la desnacionalización de los recursos mineros. Aquel mismo año, Codelco produjo el 30 por ciento del cobre y tuvo utilidades por 1.800 millones de dólares. De este total, pagó sobre mil millones de dólares por concepto de impuestos, en tanto pagó otros 580 millones como aporte directo al Fisco (Ley Codelco). Es decir, Codelco, que produjo a fines de la última década un tercio del total del cobre, aportó al fisco 1.600 millones de dólares, más que los 1.400 millones que la minería privada pagó tras haber producido más del 70 por ciento del cobre chileno.

Más absurdo que contradicción

Que la derecha tenga hoy un litigio con una empresa transnacional es también un sinsentido y una contradicción al recordar la historia más reciente. Porque hay al menos dos eventos que permanecerán tal vez por siglos en la memoria. Tras la nacionalización del cobre por el gobierno de Salvador Allende, las empresas estadounidenses, agrupadas entonces bajo una transnacional que lideraba la ITT (International Telephone and Telegraph), impugnaron las nacionalizaciones a través del camino judicial, tanto a nivel internacional como nacional. Este proceso, hay que recordar, incluyó también el financiamiento de la oposición y de los medios de comunicación de derecha para crear un clima de inestabilidad en el país.

Estas medidas tuvieron un éxito parcial hacia 1972, cuando los requerimientos de Anaconda y Kennecott lograron la retención de embarques de cobre chileno en puertos internacionales. Meses más tarde estos intereses lograban paralizar el país, generar un clima de caos y desencadenar el golpe de Estado. Hoy, casi 40 años más tarde, una corporación internacional, esta vez británica, entra en litigio con un gobierno chileno ¡de derecha! Pero durante los veinte años anteriores, con los herederos de Allende (PS, PPD, PRSD) en La Moneda, las relaciones no pudieron ser más fluidas.

El otro evento también refuerza este absurdo y esta contradicción. Tras el golpe de Estado, una de las primeras acciones impulsadas por los golpistas civiles y militares fue la devolución de los activos nacionalizados. El proceso de desnacionalización de los recursos naturales chilenos comenzó el mismo 11 de septiembre de 1973 y hacia 1974, la dictadura de Pinochet negociaba con las empresas norteamericanas para indemnizarlas. El acuerdo supuso el pago de cerca de 400 millones de dólares de la época, y las principales beneficiadas fueron las empresas mineras, aunque la ITT también recibió su parte. La Anaconda recibió 168 millones, Braden 54 millones, Cerro Corporation, 15 millones. El resto correspondió a ITT y a otras inversiones menores.

Estas acciones, acopladas a otras, como la creación de la ley minera en plena dictadura, nos explican con claridad el actuar tradicional de la derecha económica ante los recursos naturales. El febril discurso nacionalista que hemos observado en estos días, también ha comenzado a decantar y es probable que se encauce bajo la lógica neoliberal, la que, bien sabemos, pone el interés corporativo como bien supremo. En ese sentido, las declaraciones a mediados de noviembre de Guillermo Luksic, presidente de Quiñenco y empresario minero, son expresivas: «El gobierno no debiera formar parte de esta cantidad innumerable de árbitros que se han erguido en el país opinando sobre un problema que es de dos empresas”.

La Concertación hoy se rasga las vestiduras y clama otra vez por la nacionalización de los recursos mineros. Tras veinte años de fruición neoliberal, de haber entregado con placer los recursos naturales, después de avalar todas y cada una de las políticas económicas de la derecha, este nuevo canto nacionalista es sin duda una inexplicable contradicción.

[Enviado por Comcosur – Montevideo – Lunes 19 de Diciembre de 2011].

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Argentina: Un campesino baleado y otro golpeado ferozmente por matones del empresario Ricardo Villa y el Comisionado Municipal de Villa Matoque

Martes 20 de Diciembre de 2011

En el paraje Villa Matoque, noroeste de Santiago del Estero, balearon a Néstor Palacios y golpearon a Ariel Palacios, campesinos que defendían los territorios de la comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada, al servicio de Ricardo Villa de la empresa Servicios y Negocios y su socio el comisionado municipal “Chillín” Santillán.

El conflicto es con la empresa Servicios y Negocios S.A.de Yerba Buena Tucumán CUIT: 30-65756128-9 S, que desde el 2009 intenta acaparar los lotes Cruz Bajada, Saucioj y Pilpinto, unas 15 mil has contratando grupos armados al mando de “el Paraguayo” y de Martin Caldera con el apoyo de Miguel Gimenez de Quimilí y con la disposición de los bienes de la comisión Municipal de Villa Matoque para alambrar. Ésta situación afecta a más de 50 parajes campesinos indígenas.

El chango baleado es Nestor Palacios y el golpeado Ariel Palacios, del paraje Mistolito. Este Lunes 19, a las 11 de la mañana, estaban ellos junto a otros compañeros de Mocase –UPSAN intentando impedir que los alambradores de la empresa sigan acaparando tierras de las comunidades; de repente, aparacieron el Comisionado Municipal Chillín Santillán y miembros de su familia armados y Luis Jeremias Santillán le disparó cerca del corazón a Néstor. Fue llevado a Quebrachal y de ahí a Salta porque esta grave, la bala atravesó el cuerpo, presuntamente de un rifle. Ariel fue golpeado y esta en Quebrachal siendo asistido.

 

El conflicto se viene denunciando desde el 2009 en Juzgado de Monte Quemado cuando Ricardo Villa llega a la zona, primero a Saucioj y luego a Rumy, La Soledad, Platero y obliga a algunos pobladores a firmar contratos de venta de posesión, que nunca se cumplen. Luego de intentar desalojar de esta manera, ante la resistencia de las comunidades, se llevan a cabo dos alambrados custodiados por un grupo de armados al mando del Paraguayo.

El comisionado de Villa Matoque Hugo “Chillín” Santillán junto a su familia son encargados de realizar el alambre, amenazar y obligar a los pobladores para que firmen, y tramitar con los jueces y políticos amigos los permisos truchos de desmontes. Su familia son Alonso Santillán Secretario de gobierno (padre de Luís Jeremías el que hizo el disparo a Néstor ), Andrés Villalba Policía del destacamento N°15 de Villa Matoque (cuñado de Hugo Santillan), Alonso Santillán (Hijo del secretario del Comisionado y policía en la Seccional 22 de Monte Quemado), hoy estaba de servicio mientras su hermano le disparaba a Néstor y Julio Amaya suegro del Comisionado. Esta banda de políticos responden a Gerardo Zamora.

Desde Agosto de 2010 Ricardo Villa junto con todo este grupo alambra el campo comunitario de los parajes Platero, la Soledad, Dos Paraísos y Rumy. Se lleva a cabo un desmonte y destruyen la casa de los compañeros Jorge Ricardo Argañaraz y Dalia Abigail Belizán, sin ninguna orden de desalojo. Luego en Diciembre 2010 el juez coloca una medida de No Innovar que no es respetada por la empresa y continua alambrando y desmontando, existen constataciones policiales de esto. Sin embargo en enero de 2011 el Juez Fringes Sarria por pedido de la empresa levanta la medida y se declara incompetente. Sin embargo libra ordenes de detención para campesinos de la zona que impedían los alambrados, Juan Luna, Ricardo Cuellar y Roque Gonzalez.

Durante este año la familia Argañaraz y Perez siguieron sufriendo amenazas, disparos en la casa y matanza de animales.

En Diciembre de 2010, fue llevada una comisión del Gobierno al lugar por las organizaciones campesinas e indígenas. Todos los funcionarios del ejecutivo provincial avalaron el accionar de la empresa, incluso cuando se detectaron topadoras y tractores robados con los que llevaban a cabo los trabajos así como personal de seguridad armado de la empresa sin registrar. En la comisión estaban Publio Araujo, Director de Bosques, quien avaló el plan de desmonte, la Directora de Colonización, el Jefe Camaño de la Policía de Santiago, la Escribana de Estado y personal del Comité de Crisis y Registro de poseedores dependientes de la Jefatura de Gabinete.

A un mes del asesinato de Cristian Ferreyra, otras víctimas de la inacción del gobierno o, más bien, de su accionar delictivo, ya que el comisionado es parte del gobierno así como toda la plana mayor del ejecutivo provincial que participó de los operativos y que permitieron y avalaron el accionar criminal de la empresa.

– Exigimos la inmediata detención del agresor Jeremías Santillán, del Comisionado Hugo Chillín Santillán y del empresario Ricardo Villa responsables directos e investigación a todos los cómplices que han permitido y avalado que la situación siga agravándose.

– Exigimos el desarme inmediato de las bandas armadas que siguen operando al servicio de los empresarios en los departamentos Copo, Pellegrini, Alberdi, Figueroa, Moreno, entre otros.

– Denunciamos la complicidad del Gobierno provincial de Gerardo Zamora y exigimos se asuman las responsabilidades políticas.

– Denunciamos las maniobras del Ministro de la Producción Luís Gelid, de la Sociedad Rural y la CRA a las que responde, para garantizar la “seguridad jurídica” de los agronegocios, que no es más que impunidad y atropellos a los derechos de las comunidades campesinas indígenas, como así también la campaña de presión para liberar a Ciccioli, empresario detenido por el asesinato de Cristian Ferreyra.

Seguiremos en Asamblea y Movilización Permanente en defensa de nuestros territorios campesinos indígenas.

¡Contra el agronegocio y por la Soberanía Alimentaria!

¡Ni un metro más, la tierra es nuestra!

CONTACTOS: 0387 154816773

0385 154894162

03844 15408668

0385 154891250

 

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Argentina: Otro conflicto por tierras

Martes 20 de Diciembre de 2011

Por Dario Aranda

A un mes del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, otras dos personas resultaron heridas en un nuevo conflicto territorial por el modelo agropecuario. Ayer a la mañana, en el norte provincial, dos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) fueron atacados por cuatro personas armadas que pretendían ingresar al campo comunitario. “Mis viejos nacieron ahí y vienen estos sinvergüenzas y quieren hacer negocios con nuestra tierra. No los vamos a dejar, aunque tengan a los políticos y la policía de su lado”, advirtió Ariel Palacios desde Salta, donde fue trasladado con un traumatismo de cráneo y donde su hermano, Néstor Palacios, permanecía internado con un disparo en el pecho. El Mocase acusó del hecho a funcionarios municipales. El Comité de Emergencia, ámbito oficial de la Jefatura de Gabinete provincial, había alertado sobre los conflictos en la zona.

Villa Matoque es un pueblo al noroeste de Santiago del Estero, casi al límite con Salta. “Hace dos años que comenzaron los problemas con vecinos que siempre vivieron ahí. La familia Santillán, todos prendidos en la Comisión Municipal, empezó a echar campesinos y vender las tierras a empresarios”, explicó Palacios, que forma parte de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (Uppsan, y ésta integra el Mocase).

Ariel Palacios, de 45 años, estaba anoche en el Hospital San Bernardo, de la capital salteña, donde fueron trasladados con su hermano Néstor (de 43). Explicó que son 60 familias que viven y trabajan 3000 hectáreas comunitarias. Hace dos semanas “vinieron empleados de los Santillán con topadora y se metieron de prepo”, detalló.

 

A las 9 de ayer, los Palacios comenzaron a cerrar con postes la picada que había hecho la topadora. Cuatro hombres armados llegaron. Ariel Palacios fue golpeado en la cabeza con la culata de un revólver. Su hermano Néstor sufrió un disparo de carabina en el pecho, debajo de la clavícula, que también le afectó el brazo.

Palacios identificó como cabecilla del ataque al secretario de la Comisión Municipal de Villa Matoque, Eduardo Alonso Santillán, que es hermano del comisionado municipal (Hugo Santillán). Y denunció que el disparo fue realizado por “Geremías Santillán, hijo del secretario, sobrino del comisionado”.

El Comité de Emergencias para la Problemática de Tierras recorrió en diciembre de 2010 Villa Matoque. El informe oficial se llama “Informe Comisión Interinstitucional Caso Rumi Pozo-La Soledad, Departamento de Copo”. Detalla que recorrieron un campo en conflicto (Rumi Pozo) a 20 kilómetros del pueblo de Villa Matoque.

“Esta comisión se encontró con un grupo de personas que había montado una carpa frente a la Comisión Municipal y presentaba carteles con consignas de protesta contra el comisionado Santillán y su familia. Pudimos observar que en la sede de la Comisión Municipal se encontraba otro grupo y personal policial, que según nos relatan estarían custodiando la comisión”, señala el documento oficial y afirma que “el grupo que había armado la carpa frente a la comisión estaba integrado por representantes de cuatro organizaciones campesinas y familias de-salojadas. Manifestaron su total descontento con la intervención de la Comisión Municipal en la compraventa de tierras y en los conflictos que eso genera”.

También detalla que “el otro grupo” estaba integrado por quince personas, entre ellos “el secretario de la Comisión y su hijo (hermano y sobrino del comisionado), quienes manifestaron trabajar para la empresa (agropecuaria) Servicios y Negocios SA”.

Roger Almaraz, del Mocase, afirmó que “todos los conflictos son por un modelo que quieren arrasar los montes para sembrar soja y criar vacas a gran escala. Es un modelo de muerte que quiere acabar con el campesinado y con nuestro modo de vida”.

 

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El crimen que había sido anunciado: asesinato del campesino Cristian Ferreyra

19 de Diciembre de 2011

Un organismo oficial había advertido sobre desmontes irregulares y creciente violencia en el lugar donde luego asesinaron al campesino Cristian Ferreyra. El Mocase acusa al gobierno provincial de no tomar medidas pese a ser alertado.

El gobierno de Santiago del Estero fue alertado por un organismo oficial, en agosto pasado, de la presencia de “40 personas” armadas que “amenazan” a la población rural del paraje San Antonio, donde tres meses después fue asesinado el campesino Cristian Ferreyra. El alerta partió del Comité de Emergencia (organismo de la Jefatura de Gabinete) el 12 de agosto hacia la Dirección de Bosques (del Ministerio de Producción) y también le advirtió que “un plan productivo” (autorizado por Bosques) era el motivo del conflicto territorial. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) había denunciado tres veces el mismo hecho (en marzo, junio y agosto), pero tampoco obtuvo respuesta del gobierno.

Fechado el 12 de agosto de 2011, el documento oficial corresponde al Comité de Emergencias para la Problemática de Tierras y afirma: “Las familias relatan que desde marzo de este año el territorio viene siendo usurpado por un grupo de personas armadas, al menos 40, que proceden a interceptar y amedrentar a la gente, realizando amenazas con armas de fuego, matando y robando animales”. También detalla que los niños de la comunidad dejaron de concurrir a la escuela, “ya que son objeto de amenazas con uso de armas, peligrando por ello su integridad física y la de sus familias. Esta gente realizaría disparos por entre las casas”.

El título del documento es “Informe Comunidad Indígena de San Antonio, departamento de Copo” y está dirigido al director de Bosques, Publio Araujo. Corresponde a una visita en territorio realizada el 1º de agosto de 2011 y explicita que Bosques no debió aprobar un proyecto “productivo” que implica desmonte e intrusión en territorio indígena.

“Lo que máxima preocupación genera en las familias es que habiendo formulado denuncia ante la Dirección de Bosques ante la posible afectación de sus derechos posesorios, de igual manera se aprobó un plan productivo que no se contempló que, según una imagen satelital, demostraría ‘la existencia de población dentro del área del plan y en las inmediaciones. Puede comprobarse la existencia de tres poblados más, uno a 500 metros, San Antonio, y otros dos a menos de dos kilómetros’.”

El paraje San Antonio es donde vivía Cristian Ferreyra, de 23 años, integrante de la comunidad indígena lule-vilela y miembro del Mocase-Vía Campesina. Ferreyra fue asesinado el 16 de noviembre por, según denunció el Mocase en un comunicado, “sicarios del empresario José Ciccioli”.

Tres meses antes del asesinato, la dependencia oficial había alertado por escrito: “Este Comité no puede sino manifestar preocupación por esta situación, dado que la aprobación de un plan productivo en territorios donde se registran disputas entre los pretensos titulares dominiales y las familias campesinas o indígenas que reivindican territorio, no logran más que agravar y acelerar el conflicto”. Las últimas cinco palabras figuran en mayúscula y resaltadas en negrita. El documento oficial lleva la firma de los coordinadores del Comité de Emergencia. Además del paraje San Antonio advierte situaciones similares en otros cuatro lugares: San Bernardo, Santa Lucía, Campo Mayo y San Lorenzo.

“Araujo (de Bosques) responde directamente al ministro de Producción, Luis Gelid, que es un reconocido sojero local. Y Gelid es mano derecha del gobernador Gerardo Zamora. Todos tienen las manos con sangre de campesinos”, denunció Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, a Página/12. Carrizo afirmó que la “cadena de responsabilidades incluye a Elías Suárez (jefe de Gabinete), Marcelo Pato (jefe de policía) y Ricardo Daives (ministro de Justicia), todos fueron advertidos de lo que acontecía en San Antonio y no hicieron nada”.

El Mocase había denunciado tres veces ante el gobierno provincial la misma situación que luego corroboró el Comité de Emergencia. En marzo, junio y el 10 de agosto de 2011. En la denuncia escrita, el Mocase-VC subraya que se incumplen la ley provincial 6841 (prohíbe el desmonte en territorios indígenas), la ley nacional 26.160 (emergencia de comunidad indígenas) y el Convenio 169 de la OIT. También enumera la ley nacional 26.331, denominada “Ley de bosques”. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, afirmó que “el asesinato de Cristian Ferreyra es una lamentable consecuencia del avance de los desmontes. El avance de la ganadería intensiva en el norte del país pone en peligro a más de 10 millones de hectáreas de bosques de la región chaqueña, una superficie equivalente a 500 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires”.

Fuente: Página 12

 

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El crimen que había sido anunciado: asesinato del campesino Cristian Ferreyra

19 de Diciembre de 2011

Un organismo oficial había advertido sobre desmontes irregulares y creciente violencia en el lugar donde luego asesinaron al campesino Cristian Ferreyra. El Mocase acusa al gobierno provincial de no tomar medidas pese a ser alertado.

El gobierno de Santiago del Estero fue alertado por un organismo oficial, en agosto pasado, de la presencia de “40 personas” armadas que “amenazan” a la población rural del paraje San Antonio, donde tres meses después fue asesinado el campesino Cristian Ferreyra. El alerta partió del Comité de Emergencia (organismo de la Jefatura de Gabinete) el 12 de agosto hacia la Dirección de Bosques (del Ministerio de Producción) y también le advirtió que “un plan productivo” (autorizado por Bosques) era el motivo del conflicto territorial. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) había denunciado tres veces el mismo hecho (en marzo, junio y agosto), pero tampoco obtuvo respuesta del gobierno.

Fechado el 12 de agosto de 2011, el documento oficial corresponde al Comité de Emergencias para la Problemática de Tierras y afirma: “Las familias relatan que desde marzo de este año el territorio viene siendo usurpado por un grupo de personas armadas, al menos 40, que proceden a interceptar y amedrentar a la gente, realizando amenazas con armas de fuego, matando y robando animales”. También detalla que los niños de la comunidad dejaron de concurrir a la escuela, “ya que son objeto de amenazas con uso de armas, peligrando por ello su integridad física y la de sus familias. Esta gente realizaría disparos por entre las casas”.

El título del documento es “Informe Comunidad Indígena de San Antonio, departamento de Copo” y está dirigido al director de Bosques, Publio Araujo. Corresponde a una visita en territorio realizada el 1º de agosto de 2011 y explicita que Bosques no debió aprobar un proyecto “productivo” que implica desmonte e intrusión en territorio indígena.

“Lo que máxima preocupación genera en las familias es que habiendo formulado denuncia ante la Dirección de Bosques ante la posible afectación de sus derechos posesorios, de igual manera se aprobó un plan productivo que no se contempló que, según una imagen satelital, demostraría ‘la existencia de población dentro del área del plan y en las inmediaciones. Puede comprobarse la existencia de tres poblados más, uno a 500 metros, San Antonio, y otros dos a menos de dos kilómetros’.”

El paraje San Antonio es donde vivía Cristian Ferreyra, de 23 años, integrante de la comunidad indígena lule-vilela y miembro del Mocase-Vía Campesina. Ferreyra fue asesinado el 16 de noviembre por, según denunció el Mocase en un comunicado, “sicarios del empresario José Ciccioli”.

Tres meses antes del asesinato, la dependencia oficial había alertado por escrito: “Este Comité no puede sino manifestar preocupación por esta situación, dado que la aprobación de un plan productivo en territorios donde se registran disputas entre los pretensos titulares dominiales y las familias campesinas o indígenas que reivindican territorio, no logran más que agravar y acelerar el conflicto”. Las últimas cinco palabras figuran en mayúscula y resaltadas en negrita. El documento oficial lleva la firma de los coordinadores del Comité de Emergencia. Además del paraje San Antonio advierte situaciones similares en otros cuatro lugares: San Bernardo, Santa Lucía, Campo Mayo y San Lorenzo.

“Araujo (de Bosques) responde directamente al ministro de Producción, Luis Gelid, que es un reconocido sojero local. Y Gelid es mano derecha del gobernador Gerardo Zamora. Todos tienen las manos con sangre de campesinos”, denunció Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, a Página/12. Carrizo afirmó que la “cadena de responsabilidades incluye a Elías Suárez (jefe de Gabinete), Marcelo Pato (jefe de policía) y Ricardo Daives (ministro de Justicia), todos fueron advertidos de lo que acontecía en San Antonio y no hicieron nada”.

El Mocase había denunciado tres veces ante el gobierno provincial la misma situación que luego corroboró el Comité de Emergencia. En marzo, junio y el 10 de agosto de 2011. En la denuncia escrita, el Mocase-VC subraya que se incumplen la ley provincial 6841 (prohíbe el desmonte en territorios indígenas), la ley nacional 26.160 (emergencia de comunidad indígenas) y el Convenio 169 de la OIT. También enumera la ley nacional 26.331, denominada “Ley de bosques”. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, afirmó que “el asesinato de Cristian Ferreyra es una lamentable consecuencia del avance de los desmontes. El avance de la ganadería intensiva en el norte del país pone en peligro a más de 10 millones de hectáreas de bosques de la región chaqueña, una superficie equivalente a 500 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires”.

Fuente: Página 12

 

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Argentina: Dos compañeros del MOCASE heridos de bala por defender sus tierras

Lunes 19 de diciembre de 2011

Hoy a las  12:10 dos compañeros miembros de la organización campesina UPPSAN Villa Matoque, Nestor palacios e Ignacio palacios, fueron heridos de bala defendiendo sus tierras,  el responsable de este hecho es Alonso Santillán Secretario de la Comisión Municipal de Villa Matoque (Departamento Copo) quien responde a la empresa «Servicios y Negocios». .

La informacion es reciente y la hace llegar Ramón Campos presidente de la organizacion que integra el MOCASE.

Los compañeros fueron trasladados al hospital de Quebrachal provincia de Salta y según nos avisan aun no esta interviniendo ningún organismo público ni autoridad pertinente. Esto viene siendo denunciado desde hace un año por las organizaciones y el gobierno provincial tiene conocimiento absoluto del conflicto en la zona.

COMUNICADO MOCASE

(Movimiento Campesino de Santiago del Estero)

 

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FENOCIN celebró sus 43 años de lucha campesina, indígena y negra en el Ecuador

Lunes 19 de Dciembre de 2011

El pasado sábado y domingo, 17 y 18 de diciembre de 2011, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador – FENOCIN, celebró sus 43 años de lucha campesina, indígena y negra del país. Presentaciones artísticas; danza, música, teatro y la Feria agro ecológica y artesanal amenizaron la jornada de celebración. La sesión solemne congregó a autoridades, hombres y mujeres líderes de cada una de las organizaciones.

Con la consigna de ¡¡ La tierra llama a defenderla!! Campesinos, indígenas, afros descendientes y montubios de los diferentes rincones del territorio ecuatoriano se dieron cita en el parque el Arbolito; lugar y escenario de grandes momentos históricos que ha vivido las organizaciones.

Tanto la variedad de productos agrícolas así como la diversidad de manos que con esfuerzo y sacrificio tejen puntada a puntada las blusas, telas y más artículos artesanales se unieron para gritar a la sociedad que con la lucha y la unidad se vence a la adversidad. Ellos; hombres, mujeres y niños para quienes la alegría y la esperanza es más fuerte que el llanto y el dolor, demostraron y enseñan que la lucha se realiza en la cotidianidad, en el trabajo diario, en cada puntada que hacen por alcanzar una figura anhelada, en el vinculo del ser humano con la naturaleza en los momentos de siembra y cosecha.

La feria agro ecológica y artesanal no solo presentaba la variedad de productos; cada unos de los productos reflejaba la alegría, la esperanza, el cariño, la dedicación, la paciencia con que la gente siembra, cultiva y elabora cada uno de los elementos expuestos en la feria. Así, el grito a la sociedad toda fue: “Esto somos, aquí estamos”.

Hombres, mujeres, niños, de los diferentes sectores del país, dirigentes, lideres, autoridades de las organizaciones e instituciones; públicas y privadas, se dieron cita en la sesión solemne por los 43 años de lucha de la FENOCIN en el cual se recalco la importancia histórica de la organización.

Luis Andrango, presidente de la FENOCIN, en su intervención durante la sesión solemne recalcó que: “Han pasado 43 años. Fueron años de muchas movilizaciones, muchas luchas y de una obstinación constante, de siempre luchar y movilizarnos contra el capital y su ofensiva (…) Esperemos que más temprano que tarde una mujer guíe y conduzca a nuestra gloriosa FENOCIN como acto de justicia y reconocimiento a las mujeres que hoy en día siguen cultivando la esperanza, alimentando la paciencia, incentivaremos la crítica y contrayendo la Soberanía Alimentaria y la Revolución agraria (…) Los campesinos, indígenas, afro descendiente y montubios que vienen gritando reforma agraria urgente y necesaria, por esto nos hemos propuesto avanzar en la lucha por una nueva ley de tierra que combata la inequitativa concentración de tierra en pocas manos y nos hemos propuesto recoger miles de firma que respalden nuestra lucha pero además nos hemos propuesto convertir nuestra lucha en un acto político y de construcción de alianzas para construir hegemonía y volvernos de nuevo poder ,ojo no digo gobierno sino poder popular (….) Felizmente no nacimos ayer, hemos aprendido mucho y por esto estamos aquí también para festejar no solo los 43 años de lucha de FENOCIN, Festejamos como indios y negros cientos de años de resistencia que hoy nos permite celebrar nuestra diversidad e la interculturalidad. Somos entonces aquellos alegres revolucionarios que si antes gritábamos “¡Ya basta!” hoy, en tiempos de cambios, decimos: ¡No es suficiente!”

Más información en: http://www.fenocinecuador.org

 

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FENOCIN realizará Gran Feria Agroecológica por sus 43 años de vida y de lucha

Miércoles 14 de Diciembre de 2011

Afiche_AniversarioLa Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador – FENOCIN, celebrará su Cuadragésimo Tercer aniversario de lucha social campesina y de clases, para lo cual realizarán una gran feria donde se podrá observar la diversidad y la interculturalidad del pueblo ecuatoriano este 17 y 18 de diciembre en el Parque “El Arbolito”.

Varias décadas han transcurrido desde que el sector indígena, campesino y negro del Ecuador iniciaron su lucha para superar la pobreza, lograr una mejor calidad de vida, democratizar al país, y aportar al desarrollo sustentable y equilibrado que durante mucho tiempo no lo pudieron hacer. Estos grupos se han convertido en un referente para que otros sectores se unan y juntos poder exigir a los gobiernos de turno la necesidad de ser incluidos dentro de la toma de decisiones que permita el desarrollo de todo el pueblo ecuatoriano y que no sólo se beneficie a ciertos sectores que se encontraban ligados al poder.

En la actualidad se ha podido coordinar con las organizaciones de la Red Agraria; de la cual la organización es parte, la lucha por la construcción de una estructura organizativa consistente que oriente de forma adecuada sus demandas reivindicativas presionando a los sectores oligárquicos y al Estado para que cambien las reformas especialmente en el tema agrario desde donde han trabajado para la consecución de la tierra, agua, infraestructura, crédito, derechos civiles, políticas sociales y reconocimiento cultural.

 

La FENOCIN a más de ser parte de la CLOC y la Vía Campesina, agrupa a 52 organizaciones de segundo grado, con más de 1.300 organizaciones y comunidades de base, 200 mil familias, con presencia en 18 provincias con quienes trabaja en procesos de capacitación socio organizativo, proyectos con visión transversal de género y generacional y sobre todo está proponiendo una nueva Ley de Tierras a la Asamblea Nacional.

En este marco la organización de carácter nacional celebrará un año más de vida con una gran feria de productos agroecológicos cultivados a través de los saberes y conocimientos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador; artesanías, música, danza, arte, entre otras actividades que serán presentadas por las diferentes organizaciones perteneciente a la Fenocin.

La cita será en el Parque El Arbolito de Quito, los días sábado 17 y domingo 18 de diciembre a partir de las 9H00 para lo cual el público en general está invitado a visitar y ser partícipe de este proceso de lucha por un vivir mejor de tod@s los ecuatorianos.

Como parte de la actividad se realizará la Sesión Solemne el sábado 17 de diciembre a las 15H00 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura.

¡¡ La tierra llama a defenderla…!!

Más información en: www.fenocinecuador.org

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Leonardo Boff: ¿Es posible alimentar a siete mil millones de personas?

Miércoles 14 de Diciembre de 2011

LEOYa somos 7 mil millones de personas. ¿Habrá alimentos suficientes para todos? Hay varias respuestas. Escogemos una del grupo Agrimonde (véase Développement et civilisations, septiembre 2011) con base en Francia, que estudió la situación alimentaria de seis regiones críticas del planeta. El grupo de científicos es optimista, incluso para cuando seamos 9 mil millones de habitantes. Propone dos caminos: profundizar la conocida revolución verde de los años 60 del siglo pasado y la llamada doble revolución verde.

La revolución verde tuvo el mérito de refutar la tesis de Malthus, según la cual ocurriría un desequilibrio entre el crecimiento poblacional de proporciones geométricas y el crecimiento de alimenos en proporciones aritméticas, produciendo un colapso de la humanidad. Comprobó que con las nuevas tecnologías, una mayor utilización de las áreas agrícolas cultivables y una masiva aplicación de tóxicos, antes destinados a la guerra y ahora a la agricultura, se podía producir mucho más de lo que la población demandaba.

Tal previsión demostró ser acertada, pues hubo un salto significativo en la oferta de alimentos, aunque por causa de la falta de equidad del sistema neoliberal y capitalista, millones y millones de personas siguen teniendo una situación de hambre crónica y de miseria. Bien es verdad que ese crecimiento alimentario ha tenido un costo ecológico extremadamente alto: se envenenaron los suelos, se contaminaron las aguas, se empobreció la biodiversidad además de provocar erosión y desertificación en muchas regiones del mundo, especialmente en África.



Todo se agravó cuando los alimentos se volvieron una mercancía como cualquier otra en vez de ser considerados como medios de vida que, por su naturaleza, jamás deberían estar sujetos a la especulación de los mercados. La mesa está puesta con suficiente comida para todos pero los pobres no tienen acceso a ella por falta de recursos monetarios. Continúan hambrientos, y su número crece. El sistema neoliberal imperante apuesta todavía por este modelo, pues no necesita cambiar de lógica, tolerando convivir cínicamente con millones de personas hambrientas, consideradas irrelevantes para la acumulación sin límites.

Esta solución no sólo es miope, sino falsa, además de ser cruel y sin piedad. Los que todavía la defienden no toman en serio que la Tierra está innegablemente a la deriva y que el calentamiento global produce gran erosión de suelos, destrucción de cosechas y millones de emigrados climáticos. Para ellos la Tierra no pasa de ser un mero medio de producción, no la Casa Común, Gaia, que deber ser cuidada.

A decir verdad, quienes entienden de alimentos son los agricultores. Producen el 70% de todo lo que la humanidad consume. Por eso, deben ser oídos e incluidos en cualquier solución que sea tomada por el poder público, por las empresas, y por la sociedad, pues se trata de la supervivencia de todos.

Dada la superpoblación humana, cada pedazo de suelo debe ser aprovechado pero dentro del alcance y de los límites de su ecosistema; se deben utilizar o reciclar lo más posible todos los residuos orgánicos, economizar al máximo la energía, desarrollando las energías alternativas, favorecer la agricultura familiar, las cooperativas medianas y pequeñas. Y finalmente, ir hacia una democracia alimentaria en la cual productores y consumidores tomarán conciencia de las respectivas responsabilidades, con conocimiento e información acerca de la situación real de sostenibilidad del planeta, consumiendo de forma diferente, solidaria, frugal y sin desperdicios.

Tomando en cuenta tales datos, Agrimonde propone una doble revolución verde en el siguiente sentido: acepta prolongar la primera revolución verde con sus contradicciones ecológicas, pero simultáneamente propone una segunda revolución verde. Ésta implica que los consumidores incorporen hábitos cotidianos diferentes de los actuales, más conscientes de los impactos ambientales y abiertos a la solidaridad internacional para que el alimento sea de hecho un derecho accesible a todos.

Siendo optimistas, podemos decir que esta última propuesta es razonablemente sostenible. Se está organizando, de manera embrionaria en todas las partes del mundo, a través de la agricultura orgánica familiar, de pequeñas y medianas empresas, de la agricultura ecológica, de las ecovillas y otras formas más respetuosas con la naturaleza. Es viable y tal vez tenga que ser el camino obligatorio para la humanidad futura.

Fuente: Cuba Debate

 

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