Autor: clocvc

 

Miércoles 26 de Octubre de 2011

En primer lugar, queremos agradecerles por su presencia. No siempre las autoridades nacionales entienden que deben ejercer su poder obedeciendo al pueblo, que es, o por lo menos debería ser el verdadero soberano.

Debería ser, decimos, porque lastimosamente varias dictaduras y varios otros gobiernos post-dictatoriales funcionaron al servicio de una minoría, resolviendo principalmente los problemas de esa minoría y gobernando contra la mayoría del pueblo paraguayo sin garantizar la tierra, el techo, la vestimenta, la comida, el trabajo, la salud y la educación de la mayoría, en síntesis, sin garantizar la democracia entendida como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Esta iniciativa pretende movilizar a todo el país contra la corrupción y la injusticia. Iniciamos las movilizaciones exigiendo el respeto a la ley y la investigación de la situación legal de la tenencia de la tierra. De la coordinadora formamos parte campesinos, campesinas, indígenas, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, profesionales, intelectuales, vendedores y vendedoras ambulantes, familias sin techo.

Nos sentimos orgullosos, orgullosas, de llevar adelante esta lucha nacional por la recuperación de Tierras Malhabidas, porque las tierras malhabidas son el principal y más escandaloso ejemplo de CORRUPCIÓN que existe en nuestro país, y creemos que todo el pueblo paraguayo, toda la ciudadanía paraguaya, puede y debe manifestarse, movilizarse contra la corrupción, por la recuperación de tierras ilegales, robadas, malhabidas, que deben ser distribuidas priorizando la justicia social. Nos sentimos orgullosos, orgullosas por movilizarnos en pleno Bicentenario de nuestra Independencia, asumiendo el legado de las y los héroes de la patria, el legado de hombres y mujeres que han dado su vida por la soberanía, por la existencia del Paraguay como Nación independiente.

Esperamos que las autoridades que se deben a la Patria y en consecuencia a la mayoría de las y los que la habitan, se encuentren a la altura de este momento histórico.

De los tres poderes del Estado esperamos que reconozcan públicamente la existencia de tierras malhabidas y se comprometan a iniciar un debate abierto en todo el país sobre las raíces de este problema y los caminos de superación, las formas en que podemos recuperar esas tierras y redistribuirlas democráticamente sobre un plan de país productivo, un plan de desarrollo que asegure la buena alimentación, el trabajo y la vivienda para todas y todos. En este sentido, creemos necesaria la creación de una comisión especializada, interinstitucional, para avanzar en el proceso de recuperación de las tierras malhabidas, así como la utilización de todos los canales a disposición para unir al pueblo paraguayo en un necesario debate sobre el modelo productivo que favorezca a la gran mayoría de las y los que habitamos nuestro querido Paraguay.

En muchas de las tierras robadas (como también en otras que son legales) aumentan el envenenamiento y la contaminación del medio ambiente en abierta violación de las leyes ambientales vigentes en el país y del derecho de terceros, sumado esto a la evasión de impuestos y otras ilegalidades. Por estos motivos y por aplicar políticas públicas que aumentan la exclusión campesina de los procesos productivos, así como su expulsión, pedimos al Poder Ejecutivo una urgente reorientación de la política agraria del país.

Asimismo, entendemos que una demostración clara del compromiso en favor de la democracia, en favor de la transparencia, de la justicia y contra la corrupción por parte del Ejecutivo será la intervención de todas las instituciones involucradas en el ordenamiento territorial del país, puesto que no podemos seguir afirmando que tenemos más de 520.000 km2 de títulos cuando tenemos apenas 406.752 km2 de territorio como país. En este sentido, entendemos que el Poder Ejecutivo debe intervenir y producir cambios en Procuraduría General de la República, en la Escribanía Mayor del Estado, en el Servicio Nacional de Catastro y en Geodesia, porque estas cuatro instituciones dependen del Ejecutivo y sabemos que en todas ellas existen importantes irregularidades que atentan contra la justicia. También se debe intervenir la Dirección de Catastro del INDERT. Llegan a 7.851.295 hectáreas, las tierras malhabidas identificadas por la Comisión de Verdad y Justicia y no puede ser que los corruptos sigan impunes y las tierras no puedan ser utilizadas por compatriotas que son sujetos de la Reforma Agraria.

Aclaramos que queremos acompañar esas intervenciones con voluntarias y voluntarios de la Coordinadora.

También expresamos la necesidad de que el Poder Ejecutivo emita por fin el Decreto que reglamenta la aplicación de la Ley de Frontera porque sabemos que existen extranjeros con tierras malhabidas en su poder y encima en territorio patrio que debería estar resguardado por al ley de frontera.

Al Poder Legislativo solicitamos que demuestre voluntad política para defender la soberanía nacional y la recuperación de las tierras malhabidas. Entendemos que la voluntad política del Congreso Nacional solo puede expresarse con acciones materiales que demuestren la PRIORIDAD que le dan los parlamentarios y las parlamentarias a esta causa nacional. No puede ser que desde el Congreso Nacional, parlamentarios y parlamentarias sumen su voz en favor de la ilegalidad, como lo hicieron el pasado 28 de setiembre, asistiendo a una manifestación que pedía la prohibición de una actividad totalmente legal y ajustada a derecho, que sirve justamente para aclarar dudas, como lo es la MENSURA JUDICIAL. Aguardamos que el Poder Legislativo emita una declaración pública, en conferencia de prensa, con la presencia de los Presidentes de ambas Cámaras y todos/as los/as líderes de bancada, en favor de la Recuperación de las Tierras Malhabidas y declaren prioritaria dicha campaña.

Del Poder Judicial esperamos que intervenga y produzca cambios en la Dirección General de los Registros Públicos, atendiendo el desorden territorial que padecemos paraguayos y paraguayas. Al mismo tiempo, exigimos el replanteo de la MENSURA JUDICIAL en Ñacunday y el cambio del juez de Ñacunday por el de Iruña, tomando la Finca 81 como finca madre. Además, creemos muy necesaria una posición pública de la Corte Suprema de Justicia, reconociendo la necesidad de una profunda reforma y democratización del Poder Judicial para que verdaderamente la administración de la justicia sea imparcial e igual para todas y todos, no como hasta ahora que funciona para el que tiene más dinero.

Entonces, compatriotas, resaltamos tres grandes puntos que en nombre de la ley, del Estado social de derecho y de los Derechos Humanos, consideramos deberán cumplir:

1- Creación de una Comisión especializada, interinstitucional para la recuperación de las tierras malhabidas.

2- Replanteo de la mensura judicial en el caso Ñacunday, partiendo de la Finca 81 y la materialización urgente de la recuperación de las tierras denominadas Antebi Cue para avanzar en otros aspectos que aseguren el asentamiento de familias campesinas para su producción, consumo y labor.

3- Urgente saneamiento de las instituciones que son responsables del desarrollo rural, la tierra y el ordenamiento territorial.

Queremos recalcar que nuestras movilizaciones, manifestaciones, acciones continuarán en defensa de la soberanía, la justicia, por la recuperación de tierras malhabidas y advertimos que estaremos atentos a la aplicación irrestricta de la ley en favor de la equidad y la igualdad de oportunidades para todas y todos.

¡Por un Paraguay transparente, justo, honesto y solidario!

¡Por la recuperación de las tierras malhabidas!

¡Basta de corrupción y saqueo!

Asunción, 25 de octubre de 2011, año del Bicentenario de nuestra independencia.

* La Coordinadora está conformada por: Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC); Frente Patriótico y Popular (FPP); Organización Nacional Campesina (ONAC); Central Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Populares (CENOCIP); Movimiento Campesino Paraguayo (MCP); Organización de Lucha por la Tierra (OLT); Movimiento Agrario del Paraguay (MOAPA); Movimiento Agrario y Popular (MAP); Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI); Federación Nacional de Lucha Social por un Habitat Digno (FENALSHAD); Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA); Coordinadora de Productores Agrícolas-San Pedro Norte (CPA-SPN); Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI); Organización de Vendedores Ambulantes-Mariano Roque Alonso (OVA-MRA); Movimiento Estudiantil CREAR-Filosofía UCA; Movimiento Universitario Popular-Trabajo Social UNA (MUP-TS); Colectivo Jetyvyro; Atycom; Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Cooperativa Saite; Movimiento de Trabajadores Rurales y Urbanos (MTR); Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria (COMUNICA); Partido Convergencia Popular Socialista(PCPS); Partido de los Trabajadores (PT); Partido del Movimiento Patriótico y Popular (PMPP); Partido Popular Tekojoja (PPT); Partido Comunista Paraguayo (PCP).

 

Miércoles 26 de Octubre de 2011

En las localidades de Ojo de Agua y Sumampa, al centro-sur de la provincia de Santiago del Estero, familias indígeno-campesinas se manifiestan contra la minería alarmadas por la incursión en parajes de apacentamiento de una empresa canadiense que estaría realizando tareas de exploración de «tierras raras».

Entrevista con Adolfo Farías (30), miembro de la central «Quimilí» del MOCASE-VC (Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina). *

P: ¿Cómo se introduce Gaia Energy en las tierras usadas por los campesinos para el pastoreo comunitario?

R: Con un convenio hecho con [el gobernador Gerardo] Zamora para hacer experimentos en la zona de Jasimampa. En Ojo de Agua, un lugar hermoso, el cerro «La Teta», igual a la teta de una madre, hace unos cincuenta o sesenta años se hicieron experimentos de minería. Varios compañeros murieron por causa de eso, y otros están en sillas de ruedas. Esta empresa quiere hacer los mismos experimentos. En realidad, no dicen qué es lo que quieren, porque hay de todo: cobre, plomo… Están viendo qué negociado pueden hacer para instalar la minería a cielo abierto.

P: Han denunciado que la empresa, de origen canadiense, estaría intentando desalojar a las familias campesinas. ¿Cuál es la situación dominial de las tierras que se están explorando? ¿Cuántas serían las familias afectadas?

R: Habrá unas seiscientas familias campesinas y unas cuatrocientas comunidades indígenas; en total, unas mil familias. Es una zona muy cerquita de Cerro Colorado (Córdoba). Ni el campesinado ni las comunidades indígenas tienen títulos de dominio. Lo que se reclama es el territorio, tanto el de pastaje comunitario como el de vida. Tiene que ver con una cuestión cultural muy fuerte. No creemos, ni confiamos… Estamos convencidos de que la propiedad privada no lo va a solucionar. Por eso, nuestra lucha es la defensa del territorio para que todas las comunidades se reconozcan indígenas.

P: De los últimos comunicados se desprende que el interés en los recursos del lugar se viene gestando a partir de que geólogos del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) descubrieran cinco años atrás la importante existencia de «tierras raras».

R: Aparte del estudio que hace el CONICET, en los cinco continentes hay investigaciones donde figuran que estos lugares, Ojo de Agua y Sumampa, son tierras raras. El CONICET lo que hace es dar pie con su investigación a que se introduzca la minería a cielo abierto. En Argentina ya tenemos minería a cielo abierto generando desastre. La minería se encuentra con un movimiento que resiste y que no va a dejar que acontezca.

P: Las mismas empresas mineras señalan que una nueva economía «verde» y de alta tecnología está impulsando la demanda creciente de estos minerales —críticos en el desarrollo de turbinas eólicas, automóviles eléctricos, iluminación eficiente y equipamiento médico/militar—. ¿Podría incidir esta situación en la emergencia de una zona de conflictos generalizados en el sur de la provincia?

R: En el sur de la provincia y también en el continente. Los molinos eólicos, en la zona de Sumampa, se quieren implementar en unas 40.000 ha. La idea es tener energía no para el pueblo, sino para la minería. Ese es otro de los tratados con el Gobierno provincial que viene en camino. Hay toda una lucha y resistencia para ver por dónde viene esta nueva implementación del progreso.

P: Gaia Energy habría iniciado al mismo tiempo un trabajo de relacionamiento con los pobladores —a través de entrevistas personalizadas y reuniones en establecimientos escolares— que, según entienden, «busca convencerlos» de los beneficios de la minería.

R: Estuvimos en todas esas reuniones. Ellos comentaron: «Van a tener trabajo, van a tener dinero». Para que se vayan al pueblo ofrecieron casas, auto, celular nuevo; lo que hacen siempre cuando quieren engañar. Ellos decían: «Van a estar mucho mejor, van a estar más cerca del hospital y la escuela». La Iglesia está muy metida, diciendo que el MOCASE mete contenido ideológico a la gente, que son «todos zurditos, pelito largo y barbudos». Un pelito largo y barbudo fue Jesús, un revolucionario, y ellos hacen otra cosa. Jóvenes de Sumampa están siendo perseguidos por la policía. Se han organizado con varios maestros en contra de la minería, pero la directora está a favor. Hay una disputa de ideas muy fuerte en todos los espacios. En el Día de la Madre, la empresa fue casa por casa llevando golosinas. Y ahora están ofreciendo dinero. La minería no ha avanzado porque los campesinos se han ido organizando.

P: ¿Han tomado conocimiento de la presencia en la zona de otras compañías que estén siendo atraídas por la prometedora existencia de reservas de tierras raras?

La minera es la que está en la zona de Sumampa, Gaia Energy. Son bellos cerros, donde pueden experimentar; no hay otro lugar adonde puedan hacer eso. Cerros con mucho monte y plantas, pero que no tienen el nivel de altura como los de Jujuy o de otros lugares de la Cordillera. Hay muchos pequeños cerros, y es donde hoy las familias están asentadas.

* Por el OCRN (Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

O caso foi relatado pela atingida Norma Fonseca de Souza, moradora do antigo distrito de Mutum Paraná e que foi remanejada para Nova Mutum Paraná em função da construção da barragem de Jirau. Em agosto deste ano, Norma e pelo menos mais dois atingidos foram intimados a comparecer na Superintendência da Polícia Federal, em Porto Velho, “para prestarem esclarecimentos no interesse da Justiça”, referente ao Inquérito Policial nº 711/2010 – SR/DPF/RO.

Somente a partir da intimação é que os atingidos tomaram conhecimento da existência do inquérito, cujo conteúdo é referente a uma manifestação realizada no dia 26 de outubro de 2010, com cerca de 150 atingidos, em frente aos acessos ao canteiro de obras da usina, próximos a rodovia BR 364. Após 40 horas de paralisação, os manifestantes permitiram a liberação do trânsito para a empresa construtora. As famílias permaneceram no local durante 10 dias, até que os representantes da empresa abriram um processo de negociação no dia 05 de novembro, firmando um cronograma de reuniões para debater a pauta de reivindicações apresentada naquele momento.

Questionando o motivo do inquérito, Norma recebeu como resposta insinuações de que existiam informações de que ela teria atuado como uma das lideranças na manifestação, e que tal ato teria gerado prejuízos superiores a R$ 1 milhão ao consórcio da Usina de Jirau.

Após a denúncia na Câmara, nesta tarde e amanhã, militantes do MAB farão uma rodada de visitas aos órgãos de defesa dos direitos humanos para apresentar o documento que formaliza a denúncia e solicitar que o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana faça uma visita especial em Rondônia para averiguar as denúncias e a situação dos atingidos nas usinas de Santo Antônio e Jirau. No documento, o MAB também solicita que o Governo Federal, através dos órgãos responsáveis, tenha uma imediata atuação em defesa do direito de liberdade de expressão, de ir e vir, bem como, o tratamento a reparação das perdas econômicas, sociais, culturais dos atingidos por barragens.

Por fim, o MAB solicita uma intervenção dos órgãos de defesa dos Direitos Humanos na denúncia em questão para promover ações que visem a extinção imediata de todos os processos contra as lideranças em Rondônia e a punição das empresas e responsáveis. Leia o documento entregue aqui.

Fuente: MAB

 

 

O caso foi relatado pela atingida Norma Fonseca de Souza, moradora do antigo distrito de Mutum Paraná e que foi remanejada para Nova Mutum Paraná em função da construção da barragem de Jirau. Em agosto deste ano, Norma e pelo menos mais dois atingidos foram intimados a comparecer na Superintendência da Polícia Federal, em Porto Velho, “para prestarem esclarecimentos no interesse da Justiça”, referente ao Inquérito Policial nº 711/2010 – SR/DPF/RO.

Somente a partir da intimação é que os atingidos tomaram conhecimento da existência do inquérito, cujo conteúdo é referente a uma manifestação realizada no dia 26 de outubro de 2010, com cerca de 150 atingidos, em frente aos acessos ao canteiro de obras da usina, próximos a rodovia BR 364. Após 40 horas de paralisação, os manifestantes permitiram a liberação do trânsito para a empresa construtora. As famílias permaneceram no local durante 10 dias, até que os representantes da empresa abriram um processo de negociação no dia 05 de novembro, firmando um cronograma de reuniões para debater a pauta de reivindicações apresentada naquele momento.

Questionando o motivo do inquérito, Norma recebeu como resposta insinuações de que existiam informações de que ela teria atuado como uma das lideranças na manifestação, e que tal ato teria gerado prejuízos superiores a R$ 1 milhão ao consórcio da Usina de Jirau.

Após a denúncia na Câmara, nesta tarde e amanhã, militantes do MAB farão uma rodada de visitas aos órgãos de defesa dos direitos humanos para apresentar o documento que formaliza a denúncia e solicitar que o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana faça uma visita especial em Rondônia para averiguar as denúncias e a situação dos atingidos nas usinas de Santo Antônio e Jirau. No documento, o MAB também solicita que o Governo Federal, através dos órgãos responsáveis, tenha uma imediata atuação em defesa do direito de liberdade de expressão, de ir e vir, bem como, o tratamento a reparação das perdas econômicas, sociais, culturais dos atingidos por barragens.

Por fim, o MAB solicita uma intervenção dos órgãos de defesa dos Direitos Humanos na denúncia em questão para promover ações que visem a extinção imediata de todos os processos contra as lideranças em Rondônia e a punição das empresas e responsáveis. Leia o documento entregue aqui.

Fuente: MAB

 

 

O caso foi relatado pela atingida Norma Fonseca de Souza, moradora do antigo distrito de Mutum Paraná e que foi remanejada para Nova Mutum Paraná em função da construção da barragem de Jirau. Em agosto deste ano, Norma e pelo menos mais dois atingidos foram intimados a comparecer na Superintendência da Polícia Federal, em Porto Velho, “para prestarem esclarecimentos no interesse da Justiça”, referente ao Inquérito Policial nº 711/2010 – SR/DPF/RO.

Somente a partir da intimação é que os atingidos tomaram conhecimento da existência do inquérito, cujo conteúdo é referente a uma manifestação realizada no dia 26 de outubro de 2010, com cerca de 150 atingidos, em frente aos acessos ao canteiro de obras da usina, próximos a rodovia BR 364. Após 40 horas de paralisação, os manifestantes permitiram a liberação do trânsito para a empresa construtora. As famílias permaneceram no local durante 10 dias, até que os representantes da empresa abriram um processo de negociação no dia 05 de novembro, firmando um cronograma de reuniões para debater a pauta de reivindicações apresentada naquele momento.

Questionando o motivo do inquérito, Norma recebeu como resposta insinuações de que existiam informações de que ela teria atuado como uma das lideranças na manifestação, e que tal ato teria gerado prejuízos superiores a R$ 1 milhão ao consórcio da Usina de Jirau.

Após a denúncia na Câmara, nesta tarde e amanhã, militantes do MAB farão uma rodada de visitas aos órgãos de defesa dos direitos humanos para apresentar o documento que formaliza a denúncia e solicitar que o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana faça uma visita especial em Rondônia para averiguar as denúncias e a situação dos atingidos nas usinas de Santo Antônio e Jirau. No documento, o MAB também solicita que o Governo Federal, através dos órgãos responsáveis, tenha uma imediata atuação em defesa do direito de liberdade de expressão, de ir e vir, bem como, o tratamento a reparação das perdas econômicas, sociais, culturais dos atingidos por barragens.

Por fim, o MAB solicita uma intervenção dos órgãos de defesa dos Direitos Humanos na denúncia em questão para promover ações que visem a extinção imediata de todos os processos contra as lideranças em Rondônia e a punição das empresas e responsáveis. Leia o documento entregue aqui.

Fuente: MAB

 

 

Martes 25 de Octubre de 2011

João Chupel Primo foi assassinado no último sábado, 22 de outubro. João era líder da comunidade de Miritituba, em Itaituba (PA), e vinha denunciando a exploração ilegal de madeira na região. Ele recebia ameaças de morte e as tinha denunciado para a Polícia local.

Sábado, dia 22 de outubro, por volta das 14 horas, foi assassinado com um tiro na cabeça João Chupel Primo, 55 anos. Ele trabalhava numa oficina mecânica, onde o crime ocorreu. João denunciava a grilagem de terras e extração ilegal de madeira, feitas por um consórcio criminoso, e coordenava a comunidade católica de Miritituba, em Itaituba, Pará. Ele registrou vários Boletins de Ocorrência, na Policia local, das ameaças de morte que vinha sofrendo. E fez várias denúncias ao ICMBIO e à Polícia Federal, que iniciaram uma operação na região.

A madeira é retirada da Flona Trairão e da Reserva do Riozinho do Anfrizio. As portas de entrada para essa região, que faz parte do mosaico da Terra do Meio, são pela BR 163, Vicinal do Brabo, cortada até o Areia; pela BR 230, vicinal do Km 80, e pelas vicinais do km 95 e do 115. A operação do ICMBIO, que recebeu apoio da Polícia Federal, Guarda Nacional e Exército não teve muito êxito, pois toda noite ainda saem, segundo denúncias, de 15 a 20 caminhões de madeira da área. Além disso, a falta de segurança no local motivou a suspensão da operação. Segundo nota da Prelazia de Itaituba, de 24/10/2011, um soldado do Exército trocou tiros com pessoas que cuidavam da picada quilômetros adentro da mata, e acabou ficando perdido por cinco dias no mato. Depois disso o Exército retirou o apoio e a Polícia Militar não quis entrar na operação.

O bispo de Itaituba, Dom Frei Wilmar Santin, em nota divulgada ontem, 24 de outubro, denunciou que “a responsabilidade de mais uma vida ceifada na Amazônia é do atual governo, do IBAMA/ICMBIO e da Polícia Federal, que não deram continuidade à operação iniciada para coibir essa prática de morte, tanto da vida da Floresta como de pessoas humanas. Desde 2005 até os dias atuais, já foram assassinadas mais de 20 pessoas nessa região. Quantas vidas humanas e lideranças ainda tombarão?”.

Maiores informações:

Padre João Carlos (CPT) – (93) 3539-1130 / 8113-5798

Gilson Rêgo (CPT Santarém) – (93) 3522-1777

Dom Frei Wilmar Santin – (93) 3518-2820 (bispo de Itaituba)

Cristiane Passos (Assessoria de Comunicação CPT Nacional) – (62) 4008-6406 / 8111-2890

www.cptnacional.org.br

Martes 25 de Octubre de 2011

«Está claro que los mayores “inversores” en agricultura no son las corporaciones empresarias sino, acumulativamente, los millones de campesinos en todo el mundo.»

El discurso más extendido en los informes internacionales, entre los gobiernos mayoritariamente y en los medios de comunicación equipara inversión con crecimiento… y hasta con desarrollo. Sin embargo, está claro que los mayores “inversores” en agricultura no son las corporaciones empresarias sino, acumulativamente, los millones de campesinos en todo el mundo.

Así lo planteó en su presentación esta semana durante la 37 Sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS, según su sigla en inglés) el investigador holandés Jan Douwe van der Ploeg, quien enseña en los Países Bajos y también en universidades como la de Pekín, en China.

El especialista estudió varios casos de acaparamiento de tierras y aguas de riego por parte de transnacionales en distintos continentes y demuestra claramente que la actual situación de extensión del agronegocio en el control de esos recursos “no soluciona sino que profundiza la situación de inseguridad alimentaria” a escala mundial. “Estas inversiones en agricultura no aportan a la solución, sino más bien forman parte del problema”, dijo a Radio Mundo Real en una entrevista posterior a su intervención.

“Los campesinos invierten mucho, no a través de mecanismos bancarios sino de su trabajo: construyen terrazas, riegos, aumentan la fertilidad del suelo y esto trae como consecuencia que la agricultura campesina es productiva. También tenemos que tener en cuenta que frecuentemente se encuentra amenazada y eso se relaciona con que hoy en día se habla a nivel mundial del acaparamiento de tierras. Yo diría que esas compras de tierras no son una inversión en agricultura sino expropiar las posibilidades de desarrollo”, dijo van der Ploeg.

Por ejemplo, dijo el investigador, por cada hectárea que riega la agricultura industrial, quita el agua a siete hectáreas de producción campesina. “Eso no es un progreso, más bien una regresión”, reflexiona. “Además -añade el técnico holandés cuya profesión es de ingeniero en agronomía- en general esta agricultura para ahorrar costos construye los canales de riego pero no los drenajes, lo que está generando una salinización de los suelos”.

En cambio, basado en datos científicos, van der Ploeg afirma que “la agricultura familiar y campesina bien puede alimentar al mundo”. “Todos los estudios serios existentes afirman sin dudas que tanto productiva, como económica, ambiental y socialmente la agricultura familiar es más eficiente que la agricultura empresarial”, remarca el investigador europeo.

“Si Europa ha podido mantener una agricultura fuerte es justamente por la gran presencia de producción familiar y campesina. La presencia de grandes empresas en agricultura es más una expresión de barbarie que de civilización”, concluyó.

Fuente: Radio Mundo Real

 

Martes 25 de Octubre de 2011

«El maíz no es una cosa, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio es la comunidad y la vida en la siembra.»

El 21 de octubre  pasado se inauguró el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con la presencia de miembros de esta prestigiosa institución internacional, heredera del Tribunal Russell, instancia creada para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra de Vietnam y posteriormente, en las dictaduras latinoamericanas. En la inauguración participaron representantes de las decenas de organizaciones populares, comunidades y movimientos sociales de México, que han ido construyendo colectivamente las bases del expediente que se desarrollará en los próximos dos años bajo el título general Tratados de libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos.

Muchas personalidades, activistas y observadores internacionales, entre ellos John Berger, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Susan George, Inmanuel Wallerstein, Paul Nicholson, João Pedro Stédile, Pat Mooney, Vandana Shiva y otras personas y organizaciones, saludaron en una carta pública la constitución de un capítulo México del TPP, en un compromiso de acompañar el proceso. Manifiestan estar “profundamente preocupados por el alarmante proceso de descomposición y crisis generalizada que sufre México (…) donde como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ocurre una violación masiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la población en general: decenas de miles de muertos, desapariciones, feminicidios, migrantes asesinados y extorsionados, desplazados, trabajadores despedidos (…) impunidad para quebrantar la ley. (…) Saludamos la instauración de un capítulo México del TPP con el fin de visibilizar la situación imperante e intentar desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder”.

El TPP capítulo México no es un evento sino muchos, es un proceso abierto que culminará en una sesión final frente a un jurado internacional. Allí se presentarán los casos que se han agrupado en siete audiencias temáticas, que van desde los feminicidios a la violencia sistemática contra migrantes, trabajadores, comunicadores, campesinos, indígenas. También la violencia que constituyen la devastación ambiental y los ataques al maíz y a la soberanía alimentaria.

Cada audiencia ilumina una faceta del rompecabezas que es México actualmente, que están además entretejidas. La audiencia sobre maíz y soberanía alimentaria, promovida entre otros por la Red en Defensa del Maíz y la Vía Campesina, se propone desarrollar cinco tesis centrales, que podrían extenderse en el proceso, al sumarse más participantes.

Una primera tesis es que el TLCAN promovió el desmantelamiento de cualquier ley que protegiera los derechos colectivos y los ámbitos comunes, en particular los territorios (tierra, agua, plantas, biodiversidad) de los pueblos indígenas y campesinos, al tiempo que desmantelaba instituciones y políticas públicas de apoyo a la producción agrícola de pequeña escala, favorecía las importaciones, a favor de la agricultura industrial y los agronegocios controlados por corporaciones trasnacionales, en contra de la soberanía alimentaria.

La segunda es que este proceso de ataque de la vida campesina, tiene como fin último la erradicación de la producción independiente de alimentos, para lo cual se avanzan también mecanismos para criminalizar el libre intercambio de semillas, la imposición de semillas híbridas de empresas, la certificación, las leyes de propiedad intelectual, patentes, derechos de obtentor, etcétera.

La tercera es que la invasión de semillas transgénicas, favorecida por todo lo anterior, extenderá inevitablemente la contaminación transgénica a las 62 razas nativas y miles de variedades que existen en México, con daños irreparables a la biodiversidad del maíz en su centro de origen. Un gobierno que apenas está 6 años –y que se ha negado a oír los argumentos contra la siembra de maíz transgénico de la vasta mayoría de la población, incluyendo movimientos rurales y urbanos, asociaciones de científicos, consumidores y muchos otros– amenaza gravemente el patrimonio histórico de 10 mil años de creación campesina-indígena y el reservorio genético global del maíz.

Una cuarta tesis es que estos ataques a las semillas nativas y a la producción campesina y agroecológica erosionan seriamente la biodiversidad, devastan la vida en el campo y debilitan las comunidades, agudizando la emigración y la urbanización salvaje, favoreciendo la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales.

Una quinta tesis es que todo este proceso que propicia la destrucción de la biodiversidad, de la vida campesina y de la producción independiente de alimentos, es también causa importante de la crisis alimentaria, así como el sistema alimentario agroindustrial que se favorece, es causa principal de la crisis climática.

Pero ante todo, señalaron los promotores de esta audiencia, el maíz no es una cosa, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro cultivos cruciales para la humanidad en su conjunto, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad. Para defender y recordar ese futuro, comienza el TPP en México.

Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Fuente: La Jornada

 

El premio Nobel Alternativo este año fue otorgado a la organización GRAIN. Camila Montecinos, una de las integrantes de este colectivo afirma que «el premio lo usaran para difundir que cuando luchamos por la Soberanía Alimentaria, por la Reforma Agraria y por la Soberanía de los Pueblos, especialmente los pueblos indígenas y campesinos, en el fondo estamos dando una lucha por la Humanidad. Si llegamos a perder el control sobre la comida, ¿qué capacidad tendremos de ser libres?. La lucha por la Soberanía Alimentaria y la persistencia del mundo rural soberano es luchar por un mejor futuro para todos».

Hace unos días la Fundación Right Livelihood Award que cada año entrega el Premio Nobel Alternativo que “honra a personalidades que proponen soluciones concretas y ejemplares a los retos del mundo actual”, otorgó el galardón a la organización GRAIN que lucha por potenciar el principio y las prácticas de Soberanía Alimentaria. Esta organización es parte de una nueva generación de agrupaciones que trabajan en red a nivel internacional y que cuenta con 9 personas coordinadas además con varias otros sectores de campesinos, indígenas y colectivos urbanos. Una de estas personas es la chilena Camila Montecinos, que además participa en la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).

Con ella hablamos de lo que significa la Soberanía Alimentaria, pero junto con este concepto y principio, también aparecieron una serie de otros términos que poco a poco comienzan a conocerse y a alertar a las organizaciones ciudadanas. “Acaparamiento de Tierras”, “ruralización de las ciudadaes”, “privatización de las semillas”, son algunas de las frases que forman parte de esta nueva e interesante lucha. Camila MOntecinos nos dice que en definitiva la Soberanía Alimentaria es la lucha por la Humanidad, por el futuro libre y autónomo de los pueblos.

– ¿Qué es la Soberanía Alimentaria, una estrategia, una política, un manual?

– La Soberanía Alimentaria (SA) es un concepto que lanzó la organización Vía Campesina, esta es una federación mundial de campesinos, hace más de 10 años en un momento en que la FAO define que el acceso a la alimentación debe ser regulado por el mercado. En ese momento las organizaciones campesinas dicen que el derecho a la alimentación no puede ser regulado por el mercado y levantan este concepto de SA como el principio de que los pueblos tienen derechos soberanos para definir cómo producen, cómo intercambian y cómo consumen sus alimentos. La alimentación es un derecho de los pueblos y ellos deben definir todo, desde la producción hasta la distribución, el comercio y el consumo. Este concepto ha sido muy potente porque se lanza en un momento en que las organizaciones estaban muy abatidas, era el triunfo más brutal del neoliberalismo. Ese concepto cada vez lo toman más organizaciones y se ha ido profundizando y desarrollando. Y ahora Via Campesina y GRAIN definen que la SA ya no es un concepto sino que un principio.

– La FAO venía hablando de seguridad alimentaria, inocuidad y alimentos de calidad para todos, pero ustedes le agregan los términos de soberanía. Que ha pasado ahora con la FAO, ha tomado este principio de SA.

– La FAO dice que deben haber alimentos inocuos para todos los individuos, ni siquiera habla de pueblos, pero luego agrega que el acceso debe ser liderado por el mercado, pero nosotros decimos que el mercado es el que produce hambre en el mundo. Tenemos más de Mil millones de personas hambrientas, no porque no haya comida, sino que porque el mercado no le permite acceder a la alimentación. Pero la FAO al comienzo no le dio ninguna importancia a nuestra propuesta, pero en los últimos años se ha visto obligada a hablar de SA, pero no ha avanzado para nada en este camino. Incluso se ha visto un retroceso pues la FAO no ha tenido una posición clara al acaparamiento de tierra.

– ¿Acaparamiento?…. otro concepto nuevo, ¿que es eso?

– A ver, después de las últimas crisis económicas, los grandes capitales especulativos no tenían donde invertir su dinero, y se dieron cuenta que invertir en la compra de tierras para producir comida era un gran negocio. Entonces hoy están comprando y exigiendo que se le entregue tierra, como se entregan las concesiones mineras. Ellos piden miles y miles de hectáreas. Esto está ocurriendo en todas partes y en América Latina donde más está ocurriendo es en Argentina y en Brasil. Y en Chile no pasa tanto porque en nuestro país la propiedad de la tierra está tan concentrada que no puedes concentrarla más. Estos capitales especulativos se apoderan de tierras que hoy están en manos campesinas o que son del Estado. Entonces, si uno mira las cifras, incluidas las del Banco Mundial, la cantidad de dinero que se gasta en comida a nivel mundial es mucho mayor a la que se gasta en petróleo, y a eso hay que agregar que hay mucha comida que no pasa por los circuitos comerciales y menos aún pasa por los circuitos transnacionales. Hoy todavía se calcula que la mitad de la comida la producen los campesinos, la cual una parte importante circula en el comercio oficial y otra por fuera. Así, hoy hay una intención consciente y sistemática de apoderarse de la alimentación, de controlar el comercio, la producción y los territorios. Porque claro, si el campesinado, los pueblos indígenas, si tienen tierras de alguna forma se las arreglan para ser independientes. Pero la soberanía de los pueblos significa también la soberanía de los pescadores. Ese es el sector que se ha arrasado más brutalmente en los últimos años. Eso lo podemos ver en Chile donde se acabó con la pesca popular, con la pesca de los pueblos. Hoy no solamente está con problemas de sobreexplotación, sino que hoy está con problemas de ilegalidad. Es decir es un delito si ejerces la pesca como se ejerció la pesca hace 10 años, cuando no había privatización pesquera.

– Precisamente hay toda una discusión en Chile sobre el intento del gobierno y empresarios de privatizar los peces. Incluso influyentes empresarios a través del diario La Tercera propusieron eliminar la categoría de pescador artesanal. ¿Qué opinas de eso?

– La conquista del lenguaje es clave. Uno ha ido tomando conciencia también de lo importante de ir defendiendo el lenguaje. La agricultura de los pueblos indígenas no existe, no está en ningún documento. En Indap, antes los campesinos eran beneficiarios hoy son clientes, los trabajadores antes eran trabajadores ahora son colaboradores. En realidad, están instalando un nuevo lenguaje que cambia la mente y la gente no se da cuenta. En dictadura la salud, la vivienda, la educación, paso a ser un servicio y no un derecho. Entonces por eso en Via Campesina, los campesinos quieren seguir siendo campesinos y dicen “nosotros defendemos el derecho y el deber de producir comida” y lo mismo debería ser para los pescadores artesanales. Deberían reconocer que tienen un deber de reconocer dignamente, proteger y defender su nombre y su actividad.

– Sigamos con el concepto de Soberanía Alimentaria. El principio de SA, no es que sea algo nuevo, sino que es la fijación significativa de lo que los pueblos vienen realizando, es su práctica cotidiana de su sistema alimentario…

– Sin lugar a dudas. Es simplemente reclamar el derecho de los pueblos de decidir cómo se alimentan, como producen, como hacen para que todos se alimenten. Pero después hubo que trabajar más porque vino la pregunta de qué tenemos que hacer para que la SA sea realidad. Entonces tomo mucha fuerza la protección de las semillas, para que la semilla siga circulando y pueda ser intercambiada libremente. Pero también, vino la pregunta de que no podemos ejercer la SA si no tenemos tierra, entonces ahí vino toda la lucha por reforma agraria y la restitución de los territorios a los pueblos originarios. Luego vino otra inquietud acerca de que no puede haber Soberanía Alimentaria si ésta va a depender de los grandes supermercados y de las multinacionales de comida; entonces se necesita volver a restituir los mercados locales, los mercados de circuitos cortos, la posibilidad del campesinado y los pueblos indígenas de comercializar directamente. Y así el concepto, que salió de la práctica, se fue enriqueciendo y elaborando mucho más. Entonces si queremos hablar de SA, tienes que tener soberanía en el campo, eso significa autodeterminación de los pueblos, y la Via Campesina ya no habla solo de territorios indígenas autónomos, sino que habla de territorios campesinos autónomos.

– ¿Y qué pasa con zonas con alta concentración urbana? Siempre se habla de pueblos indígenas, campesinado y se mira inmediatamente a América Latina, África y Ásia. ¿Qué pasa con Europa por ejemplo?

– Allí hay pueblos campesinos. Entonces hay que pensar que eso es equivalente a los pueblos indígenas. Lo que pasa es que han sido desarraigados, desculturizados. Pero allá hay campesinado y están en una situación dramática, pero hay un resurgir de las organizaciones campesinas que también se adhieren a la SA de manera muy fuerte. Porque los procesos de criminalización de la actividad campesina y del ejercicio soberano de la agricultura de los pueblos iriginarios, en Europa están muy avanzados. Allá no se puede sembrar una semilla si no está en los registros. Es decir, si tú tienes una semilla que viene en tu familia 200, 300 años, pero no está en un registro, no la puedes sembrar.

– ¿Y qué hacen las comunidades frente a eso?

– Ahora hay mucha concientización respecto a estos temas, hay situaciones de desobediencia civil, y hay mucha pelea para que ese tipo de leyes se derogue. Y por ejemplo en Colombia hay un triunfo muy grande donde no lograron imponer la prohibición de venta de la leche cruda, que por ejemplo en Chile está prohibida. Ahí es interesante ver que contra esa prohibición no se reveló solamente la gente del campo sino que también la gente de la ciudad.

– Hagamos una revisión en América Latina. Argentina era el granero del mundo, Brasil es un extenso país lleno de recursos naturales, y el Pacífico Sudamericano entrega casi la mitad del pescado en el planeta. ¿Cómo ves esta situación?

– En general hoy hay una ofensiva muy fuerte para terminar con el campesinado y los pueblos indígenas como agricultores independientes, o simplemente como agricultores. Existe una ofensiva sistemática, desde los gobiernos, desde las empresas, por despoblar el campo. Por ejemplo aquí en Chile, el documento del Ministerio de Agricultura “Visión 2030”, dice que la población en el campo debe ser alrededor del 5%. En Brasil también existe eso. Además, la gente se va del campo porque no aguanta más sin tierra, sin agua, y en las condiciones que les compran sus productos los supermercados. Hay otra cifra además que dice que 80% de las personas del campo tiene algo así como 2 hectáreas. Eso es nada. Y si es que se quedan, no pueden ser agricultores independientes. Entonces el agronegocio es lo que ocupa las tierras, desapareció el latifundio y apareció la agricultura industrial, que es mucho más grande que el latifundio. En Chile hoy hay más concentración de la tierra que antes de la Reforma Agraria, cuando existía el latifundio. El 1% de los propietarios de la tierra tiene el 75% de la propiedad.

– ¿Qué te parece la estrategia de Chile Potencia Alimentaria?

– Es un chiste trágico. Porque Chile no produce alimento. Alrededor del 80 por ciento del producto agrícola se exporta. Pero al tirar las cifras a la balanza, nosotros somos grandes importadores de alimento, desde Argentina, Uruguay, Paraguay, incluso de Brasil. Nosotros comemos lentejas canadienses y la lenteja era de origen 100 por ciento campesino. Chile produce postres, vino y salmón. Y eso es una estrategia súper frágil, porque en tiempos de crisis lo primero que la gente deja de consumir son esos productos suntuarios, delicatesen. Además el salmón chileno que le hacía la competencia al noruego, hoy tiene una fama horrible por sus problemas de contaminación y sanitarios. Chile potencia exportadora sí, pero alimentaria no, porque no produce comida, solo postres, vino y salmón. Además se dice que la agricultura es gran generadora de empleo y por tanto no puede desaparecer el actual modelo porque se generaría desempleo, pero resulta que la agricultura hoy emplea la misma cantidad de gente que ocupaba en 1985 y el producto agrícola es 5 a 6 veces más. En 1985 el 20 por ciento del empleo en Chile, era agrícola, hoy está en alrededor del 11%.

– ¿En Chile hay experiencias de Soberanía Alimentaria interesantes de observar?

– Mira, lo que hay son resistencias muy fuertes que son reserva para cuando se den espacios de soberanía y la podamos ejercer con plenitud. En Chile se ha destacado la defensa de la semilla campesina, donde se el trabajo de las mujeres ha sido clave pues cuidan y conservan la semilla y la mantienen de una generación a otra y la intercambian, la circulan. Entonces hay una práctica muy extendida, descentralizada y popular de ferias de semillas, intercambio y aprendizaje. En otros lugares como en Estados Unidos o Canada, algunos dicen que quieren hacer todo lo que se discute en las reuniones y estrategias de Soberanía Alimentaria, pero no lo pueden hacer porque no tienen semillas y tienen que comprarle la semilla a las compañías Dupont o Monsanto. Ahí está el tema de la propiedad intelectual y la privatización de las semillas, entonces acá en Chile en toda esta lucha por la soberanía alimentaria esta el rechazo al Convenio UPOV que privatiza las semillas. Otra interesante experiencia que se ha ido fortaleciendo me manera muy clara, es la pelea por comenzar a producir de manera más agroecológica, que es la forma de recuperar los conocimientos antiguos, ancestrales, colectivos y volver a aplicarlos a la agricultura, para hacerla menos dependiente de todos los insumos industriales.

– ¿Qué significa el Premio Nobel Alternativo para GRAIN?

– Recibir el premio fue un reconocimiento a la importancia de la agricultura campesina, de los pueblos originarios. Pero también reconocemos que el trabajo este, no es nuestro, es de una cantidad grandes de organizaciones, de una gran red. Y el premio es para toda esta gente que potencia la Soberanía Alimentaria. El premio lo usaremos para difundir más el principio de Soberania Alimentaria para que una cantidad mayor de gente tome conciencia acerca de qué estamos hablando y para que se entienda que cuando luchamos por la Soberanía Alimentaria, por la Reforma Agraria y por la Soberanía de los Pueblos, especialmente los pueblos indígenas y campesinos, en el fondo estamos dando una lucha por la Humanidad. Si llegamos a perder el control sobre la comida, qué capacidad tendremos de ser libres. La lucha por la Soberanía Alimentaria y la persistencia del mundo rural e indígena soberano es luchar por un mejor futuro para todos.

Camila Montecinos es parte de GRAIN y ANAMURI.

Fuente: Radio del Mar

 

 

Lunes 24 de Octubre de 2011

El 20 de octubre, entre las doce y las 14h, más de un centenar de campesinos, miembros de asociaciones y ciudadanos comprometidos se reunieron delante de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) para protestar con motivo del quincuagésimo aniversario de la institución. Su lema era «Por el reconocimiento inmediato del derecho de los campesinos y campesinas a resembrar e intercambiar libremente sus semillas, a protegerlas de la biopiratería y de las contaminaciones por genes patentados. No al dominio de las multinacionales semilleras, al COV de 1991 y a toda forma de patente sobre plantas, partes de plantas, sus genes o sus procesos de obtención”.

Se plantó un árbol delante de la institución para simbolizar el estatus de observadores que tienen en la actualidad los campesinos. Los campesinos y campesinas mostraron su determinación mediante la escenificación del “kata de la houe”. También se distribuyeron bolsitas de semillas «ilegales» que se sembraron en los alrededores con el fin de ilustrar las causas de la lucha campesina. Las personas que aceptan dichas semillas son consideradas hoy en día»receptadores». Pierre Vanek, Philippe Sauvin (solidaritéS) y Anne Mahrer (Vert), candidatos a las elecciones federales, están entre los que han aceptado las bolsitas de semillas.

“En lo que se refiere a las semillas, la situación es intolerable para los campesinos desde hace mucho tiempo, y existe el riesgo de que empeore aún más. El problema aquí planteado atañe en realidad a toda la sociedad, puesto que el tema del acceso, la libre reproducción y el intercambio de semillas por parte de los campesinos es la única forma de evitar que las multinacionales, a través de la UPOV, se apropien y privaticen por medio de las semillas toda la cadena alimentaria, y por tanto, los seres vivos», ha declarado Pierre-André Tombez, del sindicato agrario Suisse Uniterre.

El derecho de los campesinos y campesinas a resembrar y a intercambiar sus semillas criollas es no obstante indispensable para la adaptación de los cultivos a los cambios climáticos y para la adaptación local, que permite reducir el uso de abonos y pesticidas químicos. Es este derecho el que garantiza la seguridad del stock de semillas, y por ende, la seguridad alimentaria.

“Los campesinos y campesinas siempre han guardado una parte de su cosecha para resembrarla e intercambiarla entre ellos. Lo quiera la UPOV o no, van a continuar haciéndolo. De ello depende el futuro de la agricultua, del campesinado y de las generaciones futuras. El derecho a guardar, sembrar e intercambiar las semillas constituye la base para la realización de la Soberanía Alimentaria», ha añadido Josie Riffaud, del Comité de Coordinación de ECVC (Coordinadora Europea Vía Campesina).

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Uniterre : Valentina Hemmeler +41796721407

ECVC : Guy Kastler +33603945721