Brasil: Cumbre de los Pueblos Río+20

Criminalizacion_de_la_protesta_social_Derechos_humanos_iconLa Cumbre de los Pueblos tendrá lugar del 15 al 23 de junio, en defensa de los bienes comunes, en Terrenos de Flamengo, en Río de Janeiro.

Cumbre de los Pueblos del 15 al 23 de junio, en defensa de los bienes comunes

Informe del Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña para Río+20

Entre el 15 y 23 de junio de este año, tendrá lugar en Terrenos de Flamengo, en Río de Janeiro, la Cumbre de los Pueblos sobre Río +20 por la Justicia Social y Ambiental. La sociedad civil global, las organizaciones, colectivos y movimientos sociales ocuparán los terrenos para proponer una nueva forma de vida en el planeta, en solidaridad contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes.

La Cumbre de los Pueblos tendrá lugar en paralelo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río +20. La reunión oficial marca el vigésimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río 92 o Eco 92). En estas dos décadas, la falta de acción para superar la injusticia social ha frustrado las expectativas del medio ambiente y desacreditado a la ONU. La agenda prevista para Río +20, la llamada «economía verde» y las instituciones globales, es considerada por los organizadores de la Cumbre como insatisfactoria para hacer frente a la crisis del planeta, causado por los modelos de producción y consumo capitalista.

 

Para hacer frente a los desafíos de la crisis sistémica, la Cumbre de los Pueblos no sólo será un gran evento. Se trata de un proceso histórico de acumulación y convergencia de las luchas locales, regionales y mundiales, que tiene como marco político la lucha anticapitalista, clasista y anti-racista, anti-patriarcal y anti-homofóbica.

La Cumbre de los Pueblos quiere, por lo tanto, transformar Río +20, en un momento de oportunidad para hacer frente a los graves problemas que enfrenta la humanidad y demostrar el poder político del pueblo organizado. «Vamos reinventar el mundo» es nuestra vocación y nuestra llamada a la participación de las organizaciones y movimientos sociales en Brasil y el mundo. La convocatoria de la cumbre mundial se llevará a cabo durante el Foro Social Temático el 28 de enero en Porto Alegre (RS). El Foro de este año es, por otra parte, la preparación de la Cumbre.

Programación de la Cumbre

El Comité Facilitador de la Sociedad Civil para Río +20 está preparando el diseño de la Cumbre de los Pueblos y el territorio que ocupará en Flamengo. El objetivo es que el espacio se organice en grupos de discusión auto-organizados, en la Asamblea Permanente de los Pueblos y en un espacio para que los movimientos sociales y organizaciones expongan, practiquen y dialoguen con la sociedad sobre sus experiencias y proyectos. Las acciones de la Cumbre están todos interconectados. Un grupo de trabajo sobre metodología fue creado para detallar la aplicación de ese diseño.

La idea es que la Asamblea Permanente de los Pueblos, el principal foro político de la Cumbre, se organice alrededor de tres ejes y discutir las causas estructurales de la actual crisis de la civilización, sin fragmentarlo en una crisis específica – energía, financiera, alimentaria, del medio ambiente,. Por lo tanto, se espera reafirmar los nuevos paradigmas y alternativas construidas por la gente y el punto de la agenda política para el próximo período. El grupo de trabajo sobre la metodología propondrá la mejor forma de organizar este debate y hacer valer los nuevos paradigmas.

Los primeros dos días de actividades de la Cumbre serán de actividades organizadas por los movimientos sociales locales, que están en constante lucha de resistencia a los impactos de los megaproyectos. Desde entonces, se creará un espacio de libre acceso, donde las organizaciones y los movimientos globales de la sociedad civil presentarán experiencias y proyectos que demuestran cómo se puede vivir en la sociedad de manera sostenible y solidaria, a diferencia del paradigma actual Por lo tanto, el territorio de la Cumbre de los Pueblos se organizará de una manera libre de la presencia de las empresas y sobre la base de la economía solidaria, la agricultura, en las culturas digitales, las poblaciones de indígenas y afrodescendientes. Esta reunión de la sociedad, también contará con lugares de interés cultural que estarán abiertas hasta el día 23, final de la Cumbre..

El domingo 17, la organización de la Cumbre prepara una marcha para celebrar el acontecimiento. A partir del día 18, se iniciarán los debates autogestionados de la Asamblea Permanente de los Pueblos. El 20 de junio es el Día Internacional de la Movilización, con manifestaciones que enviarán un mensaje claro e incisivo a la reunión oficial Río +20.

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Maíz transgénico de Monsanto ligado a falla masiva de órganos

Lunes 9 de Enero de 2012

monsantoInvestigación examina efectos de los alimentos genéticamente modificados en la salud animal, encontrando que el maíz producido por Monsanto afecta hígado, riñones, corazón y otros órganos

En un estudio publicado en el International Journal of Biological Sciences, investigadores franceses analizaron tres variedades de maíz genéticamente modificado y producido por Monsanto que actualmente se encuentran aprobadas para su consumo en Estados Unidos, Europa y muchos otros países.

El problema es que de acuerdo con el susodicho estudio, estas variedades de maíz, como muchos de los alimentos genéticamente modificados, afectan la salud de los mamíferos cuando se incluyen en la dieta diaria, en este caso en particular los alimentos de Monsanto se relacionan con daño de órganos en ratas.

Y si bien el gigante de los transgénicos se defiende con sus propias investigaciones, mismas que solo toman 90 días, después de los cuales la empresa da por bueno cualquiera de los alimentos que produce si estos no provocan efectos dañinos visibles en los sujetos de experimento, al menos en este caso la aprobación por parte de las autoridades sanitarias de cada país parece a todas luces prematura.

 

En cuanto a las consecuencias específicas que el consumo de semillas Mon 863, Mon 810 y NK 603 implicó en las ratas analizadas, las más notables fueron en las funciones del hígado y los riñones, los órganos principales en cuanto a desechar sustancias tóxicas se refiere, pero también resultaron afectados el corazón, el bazo, las glándulas suprarrenales en incluso las células sanguíneas.

Concluimos —escriben los científicos en el artículo donde dan a conocer los resultados de su investigación— que nuestros datos sugieren fuertemente que dichas variedades de maíz genéticamente modificado inducen un estado de toxicidad hepato-renal […]. Estas sustancias nunca han sido parte integral de la dieta humana o animal y por lo tanto sus consecuencias en la salud para aquellos que las consuman, especialmente por extensos períodos de tiempos, son todavía desconocidas.

Fuente:www.vanguardia.com.mx

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El gran robo de la leche

Lunes 9 de Enero de 2012

El nuevo informe de GRAIN documenta la importancia de la leche para los modos de sustento y la salud de la gente en muchos países del Sur global. La mayor parte de los mercados de lácteos reciben el suministro de vendedores ambulantes que colectan leche la pequeña producción de campesinos y pastores. Son gente que sufre la amenaza de las corporaciones de lácteos como Nestlé y otros actores, como PepsiCo y Cargill, que intentan apoderarse de los sectores lecheros de estos países —de las granjas a los mercados.

La «leche popular» involucra a cientos de millones de personas por todo el mundo: desde campesinos y pastores que producen en pequeña escala hasta productores de quesos locales y vendedores de leche fresca. Son personas que reparten leche segura, nutritiva y costeable a cientos de millones de familias pobres.80% de los mercados de lácteos en los países en desarrollo son abastecidos por estos sistemas de «leche popular», a los cuales se les nombra con frecuencia «el sector informal».15% de la población global está involucrada en la producción de lácteos.

Los sistemas lecheros de pequeña escala del Sur crean 200 empleos rurales por cada millón de litros por año, a comparación de los sistemas de producción industrial de leche en el Norte que crean apenas 5 empleos rurales por cada millón del litros de leche por año.En Pakistán, Kenya y Colombia, la leche popular, fresca, se vende a la mitad del precio que se paga por la leche empaquetada que se vende en los supermercados.Los campesinos, los pastores y los vendedores hacen un trabajo impresionante al suministrar leche para los crecientes mercados de lácteos en el Sur.

 

 El problema es que los intereses corporativos están tras esos mismos mercados y están utilizando pesadas tácticas de mano dura para robárselos a la gente común, y los gobiernos están ayudando a perpetrar este robo.Los tratados bilaterales de libre comercio permiten que las corporaciones de lácteos incurran periódicamente en el comercio desleal de leche en polvo subsidiada, lo que socava la actividad de los productores locales.Las regulaciones y los estándares privados mantienen un sesgo en favor del sector corporativo y dejan fuera de los muchos mercados la leche popular.Los inversionistas financieros y las grandes corporaciones lecheras están uniendo fuerzas para instalar mega granjas por todo el Sur. Un fondo de cobertura de Cargill ya compromete 300 millones de dólares en granjas lecheras industriales en China e India. La cooperativa de lácteos más grande del mundo, Fonterra, construye granjas en China, India y Brasil a una escala que jamás sería permitida en su país sede, Nueva Zelanda. Un banco en Vietnam construye una granja para dar alojamiento a 137 mil vacas lecheras.

 Éstos son desastres sociales y ecológicos que provocarán penurias a millones de personas.Hay varias medidas y acciones sugeridas para frenar el secuestro corporativo de los mercados lecheros:Poner en efecto elevados aranceles integrales para impedir las prácticas desleales de comercio en las que incurren los importadores de polvo de leche y productos lácteos baratos.Reorientar la producción de lácteos de los países de exportación hacia los mercados locales mediante programas como la administración del abasto.Lograr sistemas de sanidad alimentaria relacionados con las necesidades de la gente y no con los criterios de las corporaciones.Impulsar el boicot de las grandes compañías de lácteos y de los supermercados.Emprender campañas de disuasión para que los fondos que invierten en la producción de lácteos en el Sur dejen de hacerlo.Iniciar una solidaridad entre productores, procesadores, obreros de la industria, vendedores y consumidores de lácteos al interior de cada país y entre países.

La leche popular se contrapone a algunas fuerzas poderosas. Pero la experiencia en Colombia y en otras partes muestra que puede prevalecer debido a que hay tanta gente que depende de ella para su sustento y para el bienestar de sus familias. Éstos son el tipo de sistemas alimentarios que el mundo necesita para lidiar con la pobreza, el hambre y la crisis climática, y todos deberíamos respaldarlos

.Lea el texto íntegro de este Documento de análisis aquí: http://www.grain.org/e/4420

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Blanco de transnacionales mineras, región continuará sufriendo los efectos de esta devastadora actividad en 2012

LUCHALunes 9 de Enero de 2012

«Dentro del orden mundial, las periferias de Asia, África y América Latina se sometieron a la explotación de sus tierras. Los gobiernos tienen ese comportamiento de sumisión y trabajan en el sentido de generar divisas a partir de la exportación sus productos internos. Eso para ellos es una gran oportunidad”.

La explotación minera en América Latina no es un problema de hoy, ni de ayer o de hace 50 años. Para entender el saqueo y la extracción de recursos naturales de nuestras tierras es necesario volver los ojos a tiempos muy lejanos, tal vez sea necesario remontarnos a la llegada de los ‘descubridores’ extranjeros al continente americano. El hecho es que desde aquella época hasta hoy, América Latina se mantiene como el principal destino de las inversiones de las empresas mineras.

En el libro Las venas Abiertas de América Latina, el escritor uruguayo Eduardo Galeano expresa que hay dos lados en la división internacional del trabajo: en uno de ellos, algunos países se especializaron en ganar, y en el otro los que se especializaron en perder. «Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder”, afirma.

Pero, porque, siendo una región tan rica, ¿nos especializamos en perder? ¿Por qué motivo dejamos que las naciones desarrolladas entrasen sin pedir permiso y se llevasen todo lo que les podría servir para alimentar su ganancia y aumentar sus riquezas?

El ingeniero de Producción y doctor en Política Ambiental Bruno Milanez, cree que uno de los factores que estimulan la explotación minera en América Latina tiene que ver con la cuestión geográfica. Ejemplificando, afirma que «en el caso del mineral de hierro, a pesar de las reservas de China ser mayores que las de Brasil, las nuestras tienen mayor concentración, lo que vuelve la actividad más lucrativa (en cada tonelada extraída del yacimiento, las empresas consiguen obtener mayor cantidad del mineral)”.

 

Explica Bruno que es necesario mirar a otros factores de la producción, como trabajo y capital. A pesar de afirmar que AL no tiene tan buenas estructuras como Estados Unidos y Australia, recuerda que nuestra estructura es superior a las de África.

Por su parte el sociólogo Raimundo Gomes, del Movimiento de los Afectados por la Minería en Brasil, ve situación desde el ángulo de la explotación y la facilidad de entrada en las naciones empobrecidas.

«Dentro del orden mundial, las periferias de Asia, África y América Latina se sometieron a la explotación de sus tierras. Los gobiernos tienen ese comportamiento de sumisión y trabajan en el sentido de generar divisas a partir de la exportación sus productos internos. Eso para ellos es una gran oportunidad”.

Raimundo no deja pasar otro problema bien conocido en naciones como las de la región latinoamericana: la flexibilidad de las legislaciones ambiental y laboral.

«No se cumplen esas legislaciones y el espacio se vuelve propicio para la instalación de empresas. Además, los Estados, al recibir el capital internacional, crean una trinchera para protegerlo. Hay mucho espacio y favores para las empresas que se instalen acá. Lo que pagan a los Estados en compensación financiera son migajas, del 1 al 3% del lucro líquido. El problema es que muchos países son obedientes y no se hacen respetar”, critica.

Pero la explotación y el robo de que fuimos víctimas, no quiere decir necesariamente que perdemos porque quedamos de brazos cruzados mirando a los explotadores llevarse lo que es nuestro. Al comienzo, solo los pueblos indígenas lucharon, hoy también luchan los movimientos sociales, pelean y hace ruido para que América Latina no se acabe en las manos de las grandes empresas mineras, especialmente del Canadá.

Magdiel Carrión Pintado, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami), asegura con firmeza «que continúa la resistencia por parte de los pueblos y comunidades indígenas y locales, contra el saqueo y el robo de nuestras riquezas”. Para Magdiel, la explotación sigue siendo la misma, solo cambio de nombre, el saqueo ahora se llama «desarrollo”, ironiza.

Esta lucha también es de los integrantes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – Caoi, que representa a grupos de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Ellos manifiestan que dentro de este proceso de cambios, luchas y disputas políticas y económicas por las que está pasando América Latina, es preciso reconocer que existen «enemigos poderosos, pero también estrategias muy poderosas”.

«Nuestros procesos de articulación avanzan desde el nivel local hasta el continental. Los pueblos indígenas están construyendo una alternativa a los modelos occidentales”, afirma, asegurando que la lucha no cesa a pesar de la falta de espacios de participación en la esfera de los tomadores de decisiones, situación que se presenta como un gran desafío.

Una prueba de que el pueblo está con ojos y oídos atentos a las decisiones políticas relacionadas con la minería, se puede apreciar en el caso de Cajamarca, departamento peruano. La imposición a pura fuerza del proyecto minero Conga, desembocó en un paro sin precedentes en la historia de la región. Casi todo paró, pues ganó forma y vida una protesta acalorada para expresar que la minería no es bienvenida.

«Conga constituye un hecho emblemático, más del 50% de los peruanos optamos por un cambio de modelo económico y político y, Ollanta Humala llegó al poder con su palabra empeñada de promover ‘la gran transformación con inclusión social’, sin embargo, después de la instalación en el gobierno, está implementando la misma fórmula política de su antecesor, peor aún, pretende imponer por la vía de la fuerza (Estado de Emergencia y Militarización de Cajamarca) un megaproyecto que no es tan viable”, lamenta Magdiel Carrión.

No es tan raro que los jefes de Estado terminen rindiéndose a los encantos de la minería y del lucro que ella propicia. Los gobiernos de países con grandes atractivos y reservas naturales, cada día más se modernizan y crean aparatos para recibir de brazos abiertos a las transnacionales que traerán «desarrollo y progreso”.

Hoy, América Latina tiene la bagatela de más de 2.100 empresas en sus países, extrayendo principalmente de tierras indígenas todo lo que pueden, sea oro, plata, cobre, niobio, hierro, manganeso o titanio. En el ojo del huracán están México, Perú, Chile, Brasil y Argentina, donde se debe invertir en los próximos años 37 mil millones de dólares. Estos países están en la lista de los diez principales destinos de explotación minera. Colombia y Ecuador también están siendo descubiertos, o sea, el ‘desarrollo’ comienza a dar el aire de gracia en estos países.

Actualmente, América Latina es escenario de 155 conflictos mineros, involucrando a 168 proyectos en 205 comunidades, según estimativa del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca). A partir de la situación de Cajamarca, Magdiel Carrión prevé para 2012, un escenario complicado de explotación minera y de lucha por el derecho de escoger el propio modelo de desarrollo.

Traducción: Ricardo Zúniga

Fuente: Adital

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MST de Brasil: 2011 no fue positivo para reforma agraria y Dilma sigue en deuda con el campo

Jueves 5 de Enero de 2012



Todos los cierres de año son también un momento propicio para el balance y las perspectivas. En Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) divulgó un documento que resume las luchas más importantes de este 2011, y además delinea algunos de los principales desafíos para el próximo año.

“Este no fue un año positivo para la reforma agraria y las bases del MST. El agronegocio siguió con su ofensiva en acumular más tierras y apropiarse de bienes naturales”, resumió, por su parte, João Pedro Stedile, referente de la organización brasileña.

La lentitud y la ineficacia del aparato del Estado, según interpretan desde el MST, condujo a que el gobierno de Dilma Rosseuf terminara “en deuda” con el pueblo del campo, y que tenga todavía pendiente la presentación de un plan con soluciones para las 160 mil familias que todavía están a la vera de los caminos.

Según el documento del MST, el agronegocio –definido como una alianza entre los estancieros capitalistas y las empresas trasnacionales- controla actualmente la agricultura de Brasil, y procura “profundizar su dominación” a través de iniciativas “en varios frentes”.

Una de ellas, y que marcó a fuego este 2011, fue la polémica flexibilización del Código Forestal, que apunta a eliminar las sanciones sobre los productores responsables por la deforestación, una iniciativa resistida por las organizaciones más representativas del país.

Por otra parte, el MST también señala que la contaminación por agrotóxicos es uno de los mayores problemas de Brasil, que ocupa desde 2008 el primer lugar del ranking mundial de utilización de estos productos.

Fuente: Radio Mundo Real

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Campesinos y campesinas condenan la Plataforma de Durban: La verdadera solución al cambio climático es la agricultura sostenible

Jueves 5 de Enero de 2012

 La Vía Campesina, movimiento internacional de campesinos y productores familiares, denuncia a los grandes emisores de carbono que pretenden esquivar su responsabilidad histórica sin hacer reducciones de gases reales y tratando llevar la crisis climática hacia falsas soluciones basadas en el mercado. La Plataforma de Durban, en la CMNUCC [Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático] en el marco de la 17ma Conferencia de las Partes [COP17] que se llevó a cabo en Durban, permite que los contaminadores sigan contaminando, asegurando al mismo tiempo sus mecanismos de mercado.La CMNUCC ha declarado que la Plataforma de Durban es un paso adelante y una manera de avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, un análisis más exhaustivo demuestra que no existen en los países desarrollados compromisos reales sobre reducción de emisión de gases. Hay quienes sostienen que ha sido un éxito como el que se obtuvo en el Protocolo de Kyoto pero de hecho, lo único que quedó a salvo fueron los mecanismos de mercado del Protocolo. El segundo compromiso no fue alcanzado y de hecho se aplazó para el próximo año, lo que sí se aseguró como siempre es que los mecanismos de mercado seguirían vigentes. El Fondo Verde para el Clima, que estará bajo el control del Banco Mundial, y financiado por los países industrializados (a quienes no les preocupa en lo más mínimo su deuda histórica con el Sur Global) es probable que se convierta en una fuente de financiamiento de falsas soluciones para los países afectados.Lo más preocupante de Durban es que se abrieron las puertas para que la agricultura sea incluida en los mercados de carbono.

 La agricultura, que hasta ahora no había sido incluida en las negociaciones, formará parte de las futuras discusiones. La experiencia nos dice que estos son los primeros pasos para incluirla en los mercados de carbono. La proliferación de eventos paralelos sobre “agricultura climáticamente inteligente” impulsados por la agroindustria demostró un alto interés del negocio agrícola para aprovechar esta nueva oportunidad. La Vía Campesina denuncia enérgicamente esta maniobra y reitera su llamamiento para mantener la agricultura fuera de los mercados de carbono, ya que ésta no debe ser tratada como un mero sumidero de carbono y tampoco debe ser determinada por la contabilidad de carbono.La base de la agricultura del campesino es la agroecologia.



La Vía Campesina continúa impulsando este tipo de agricultura a través de sus miembros que la practican en varios países del mundo, siendo la mejor manera de revertir el calentamiento global. También promueve la agricultura campesina para que la gente se alimente con productos saludables y, al mismo tiempo, para garantizar el equilibrio del ecosistema y de los campos. La lógica de los mercados de carbono y del comercio se contrapone al sistema de la agroecología, razón por la cual la agricultura no debe ser incluida.La agricultura, los pequeños campesinos y la naturaleza se encuentran en su peor momento.

El cambio climático tiene cada vez mayor impacto, provocando pérdida de cosechas, destrucción del hábitat y de viviendas, hambre, hambrunas y muertes. El futuro de la humanidad y del planeta se encuentra en una situación crítica de peligro; la imposición de estas falsas soluciones tendrá como consecuencia una catástrofe para la naturaleza, para las generaciones venideras y para todo el planeta.Ahora más que nunca es urgente llevar adelante las demandas y las propuestas del acuerdo mundial de los pueblos que se estableció en Cochabamba.

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ONU: Duro informe por situación de indígenas en Argentina

Jueves 5 de Enero de 2012

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denunció el incumplimiento de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) cuestionó al Estado argentino por los desalojos y la violencia contra comunidades indígenas, denunció la violación de la Constitución Nacional respecto de derechos territoriales y la Ley 26160 (suspensión de desalojos), llamó la atención respecto al avance minero sobre pueblos originarios y se mostró “preocupado” por el avance de los desmontes, la soja transgénica y los agrotóxicos sobre territorios indígenas.

“El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU en su último informe, presentado en la primera semana de diciembre. También destaca que “lamenta los defectos en procesos de consulta” para con comunidades indígenas que, en “algunos casos”, llevó a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

El Comité DESC denunció que, en lo que respecta a territorios indígenas, en Argentina se registra la “violación de la Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT”. Reconoció “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica “plenamente” y asegura que existen “demoras” en la entrega de títulos a las comunidades. “El Comité insta al Estado que garantice la aplicación plena y coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial”, destaca.

“El Comité está particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, puntualizó en el punto IX del informe. Se refiere al reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas en el ancestral lugar de trabajo y vida de los pueblos indígena.

Además de la minería, el duro informe aborda otra industria extractiva. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, afirma y reconoce su “preocupación” porque esas prácticas agrícolas dificultan a las comunidades indígenas mantener la agricultura tradicional, “y como consecuencia resulta un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible”. También cuestiona “el aumento de los desmontes que ha forzado pueblos indígenas a dejar territorios”. El Comité recomendó al Estado que “asegure la completa puesta en práctica” de la Ley que Bosques.

Argentina es un alumno aplicado respecto al modelo de agronegocios. El monocultivo de soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivable del país. El último año se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrotóxico glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas de granos. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional), pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 millones de toneladas) para 2020. Lo que implica, siempre según el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones de hectáreas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzarán sobre territorios campesinos e indígenas.

El 16 de noviembre pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23 años, por resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el corolario de represiones denunciadas por Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro asesinatos de campesinos e indígenas en sólo dos años (el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, Sandra Ely Juárez en Santiago y el qom Roberto López en Formosa).

El 2 de diciembre fueron presentadas en Ginebra (Suiza) las recomendaciones ante la ONU. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, sentencia.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité comenzó a funcionar en 1985 y depende del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Los estados deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los estados. Además de la realidad rural, aborda las políticas públicas respecto a hábitat, condiciones de trabajo, mortandad materna y embarazo adolescente, e igualdad de género, entre otros aspectos.

El informe rescató como hechos positivos la sanción de la leyes nacionales de Migración (25871, en 2004), de Educación Nacional (26075, en 2006, que asigna el seis por ciento del PBI a educación), de Salud Mental (26657, en 2010), de Matrimonio Igualitario (26618, en 2010), de Glaciares (26639, también en 2010).

El anterior informe del Comité había sido en 1999. El próximo será en 2016. www.ecoportal.net

Fuente: www.odhpi.org

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Peligros para el campesinado en la pasada COP17

Jueves 5 de Enero de 2011

«Quieren ir por la superficie arable que está en poder de los campesinos, la trampa es decirle al campesino: vas a recibir un bono, porque vas a hacer un trabajo verde: capturar carbono. Pero tienes que aplicar un paquete y una matriz tecnológica con la que te vamos a ayudar a producir intensamente».

Con el ofrecimiento de mayores rendimientos en poca superficie, de ganancia de bonos extras y de una práctica de «labranza cero» se quiere convencer al campesinado de que sea parte de la «agricultura inteligente» denuncia Alberto Gómez de Vía Campesina México, en el marco de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Clima (COP17), en Durban – Sudáfrica.

Gómez alerta sobre estos peligros para el campesinado y de que se incluya la agricultura en las negociaciones sobre cambio climático. «Quieren ir por toda la superficie arable que está en poder de los campesinos», dice, y explica que «la trampa es decirle al campesino: vas a recibir un bono, porque vas a hacer un trabajo verde: capturar carbono. Pero tienes que aplicar un paquete y una matriz tecnológica con la que te vamos a ayudar a producir intensamente».

Ese paquete y la matriz tecnológica implica que el campesino utilice semillas transgénicas que le permitirá «tener mayores rendimientos en poca superficie» lo que le lleva al monocultivo y a una «práctica de labranza cero», que además va acompañada de todo un paquete de agroquímicos, señala el dirigente mexicano.

Con eso va a tener una mayor producción y será aparentemente un buen negocio para el trabajador del campo, «pero además si te comprometes a que tu producción de maíz o de caña de azúcar, sea continua y la metes (en el mercado de los) agrocombustibles, vas a recibir un bono extra. Esa es la trampa», sentencia Alberto Gómez y añade que «de nueva cuenta la ruta de los negocios quieren incorporar al mercado de carbono toda la superficie arable que esté en posesión de los campesinos. Eso es un suicidio.»

A todo este proceso se le llama «agricultura inteligente», y ya lo había anunciado el Banco Mundial, señala el dirigente campesino, pero «ahora quien lo presenta es Sudáfrica (país anfitrión de la COP 17), entonces es un peligro al que vamos a estar atentos e insistir que la agricultura campesina no debe estar en la mesa de negocios de la Cumbre de Cambio Climático», concluye.

Fuente: Derechos de la Madre Tierra

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Argentina: Tuvo que renunciar el Juez Sarría de Monte Quemado

Miércoles 21 de Diciembre de 2011

logo_MNCIPor la presión de las Organizaciones Campesinas Indígenas, de Organizaciones sociales y de DDHH nacionales e internacionales, y por las evidencias de su complicidad con los empresarios que atropellan los derechos de las Comunidades Campesinas Indígenas, tuvo que renunciar el Juez de Monte Quemado Sarría Fringes.Recordamos que se le habían presentado en reiteradas veces las denuncias de la banda armada que terminó asesinando a Cristian Ferreyra el 16 de noviembre y que desde el 2010 tenía denuncias sobre la situación en Villa Matoque, donde ayer balearon a dos compañeros de la UPSAN. Ante estas denuncias, la única medida que tomó fue largar orden de detención contra miembros del MOCASE-VC. Esperamos que sea investigado y asuma las responsabilidades que correspondan y que no vuelva a ejercer funciones públicas.

Seguimos alerta para que quien lo remplace no permita que se siga manteniendo la impunidad de los agronegocios en aras de la «seguridad jurídica» de las inversiones ni libere a Ciccioli y se detengan de una vez por todas a las bandas armadas y a los empresarios que las contratan.

Ya se fue el primero. Faltan todavía que renuncien y sean investigados:

 

Publio Araujo, Director de Bosques, quien dio el permiso de desmonte en la Comunidad de San Antonio que avaló la usurpación de los territorios de la comunidad de Cristian y quien, en 2010, visitó Villa Matoque, vio las bandas armadas y el desmonte que estaban custodiando, realizado con maquinaria robada, y mantuvo en vigencia el permiso de desmonte.

Luis Fernando Gelid, Ministro de la Producción de la Provincia, principal avalador de el avance de los agronegocios sobre los territorios campesinos indígenas, referente de la Sociedad Rural y de la CRA en el Gobierno, y uno de los pilares del modelo de saqueo en la provincia. En su mandato, se han desmontando más de un millón de hectáreas.

Ricardo Daives y Emilio Neder, Ministros de Justicia y de Gobernación, cómplices necesarios en la impunidad y la corrupción en la venta y entrega de tierras y el accionar de las bandas armadas en la provincia contratadas por empresarios asociados al poder político y judicial de la Provincia.

Y es Gerardo Zamora, Gobernador de la Provincia, el principal responsable político de todos estos conflictos, violencia e impunidad, acompañada del silencio de los medios de comunicación monopólicos de la provincia.

Seguimos en alerta y movilización permanente, porque los derechos a la tierra y territorio no se negocian.

¡Ni un metro más, la tierra es nuestra!

Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina

Movimiento Nacional Campesino Indígena

 

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Actores sociales y transgénicos en América Latina

Miércoles 21 de Diciembre de 2011

Por RALLT

afiche_semillasEl discurso anti transgénico fue hacia finales del noventa acogido por las organizaciones campesinas, de consumidores en la región, y surgen en esa época varias declaraciones donde las organizaciones expresan su total rechazo a las empresas que promueven a biotecnología en la región. Se une el tema de los transgénicos al de la soberanía alimentaria, lo que potencia su discurso. En el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria de 2001, los asistentes se pronunciaron en contra de la patentabilidad de los seres vivos y de las semillas, hicieron un llamado a controlar los alimentos transgénicos, a establecer mecanismos de responsabilidad a los países que no cumplan normas de bioseguridad e invocaron al principio de precaución.

En América Latina ha habido una evolución histórica de los actores sociales que trabajan en torno a la problemática de los cultivos transgénicos.

A mediados de la década del noventa, prácticamente no habían organizaciones preocupadas por la problemática de los transgénicos en América Latina; esto a pesar de que ya en Argentina a mediados de la década, habían unos cuantos millones de hectáreas sembradas con soya transgénica. En esa época en Argentina la lucha se centraba en contra del neoliberalismo de Carlos Menen, y se decía que su régimen había sido negativo en muchos aspectos, pero no en los aspectos ambientales pues Menen había destruido la industria nacional. El tema ambiental se limitaba a los impactos de la industria, y mas bien se veía como algo positivo la expansión de la soya, pues generaba riqueza al país. Los más críticos veían a los transgénicos como una nueva expresión de la agricultura industrial en agricultura. Uno de las primeras organizaciones que enfrenta con seriedad la problemática transgénica en Argentina es el Grupo de Reflexión Rural, quien critica el modelo agrícola en general y los cultivos transgénicos en particular.

El discurso anti transgénico fue hacia finales del noventa acogido por las organizaciones campesinas, de consumidores en la región, y surgen en esa época varias declaraciones donde las organizaciones expresan su total rechazo a las empresas que promueven a biotecnología en la región. Se une el tema de los transgénicos al de la soberanía alimentaria, lo que potencia su discurso. Así por ejemplo, en la declaración del taller de la Vía Campesina sobre soberanía alimentaria en La Habana “La privatización de la vida y los OGM” dentro del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria en La Habana del 6 de septiembre de 2001, los asistentes se pronunciaron en contra de la patentabilidad de los seres vivos y de las semillas, hicieron un llamado a controlar los alimentos transgénicos, a establecer mecanismos de responsabilidad a los países que no cumplan normas de bioseguridad e invocaron al principio de precaución. Pidieron además que se prohíban las tecnologías Terminator y llamaron a una moratoria inmediata sobre la producción, comercialización y ensayo en campo abierto, como primer paso hacia la producción de alimentos libres de transgénicos. Finalmente rechazaron y condenaron la ayuda alimentaria con productos transgénicos.

En esos años, varias organizaciones de la Vía Campesina de Brasil protagonizaron acciones contra la expansión de los transgénicos en su país, como la ocupación de un campo experimental de Syngenta en el Estado de Paraná donde la empresa estaba evaluando nuevos eventos de maíz transgénico. El conflicto tuvo desenlaces violentos, pero finalmente la Vía Campesina pudo establecer un lugar de aprendizaje de agroecología, el Centro Chico Mendes de Agroecologia: terra livre de transgênicos e sem agrotóxicos.

La Vía Campesina ha levada a cabo también campañas en contra de las semillas transgénicas Terminator, por el peligro que entraña el que se liberen al ambiente semillas que no pueden germinar, y por la profunda dependencia a la que se someterían los agricultores que asuman esta tecnología. Durante las negociaciones de la Octava Conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad que tuvo lugar en Curitiba – Brasil, varias organizaciones del campo, lideradas por las mujeres de la CLOC (Coordinación de organizaciones del Campo, sección latinoamericana de la Vía Campesina), hicieron una manifestación pacífica en contra de una posible legalización de esta tecnología en el seno de este Convenio.

En Paraguay la organización CONAMURI (organización de mujeres indígenas, parte de Vía Campesina), llevó a cabo una campaña de mucho impacto relacionada con la muerte de un hijo de una de sus militantes, el niño Silvino Talavera, ocasionada por las fumigaciones de los campos de soya cerca de su finca. Este caso generó un importante precedente porque fue la primera vez que se ganó en el campo penal un caso por muerte por glifosato, aunque la sentencia de cárcel a los responsables nunca se ejecutó.

La lucha contra los cultivos transgénicos sigue presente en la lucha política de la Vía Campesina, incluyéndola en otros temas de lucha, como son los agrocombustibles, la geoingeniería, el mercado de Carbono. Ver por ejemplo este fragmento de la Declaración del V Congreso de la CLOC (llevado a cabo en octubre de 2010).

…El mundo y los campesinos vemos con horror cómo se utilizan o tratan de imponer leyes y tecnologías de la destrucción y el despojo, como la privatización de las semillas, los cultivos transgénicos, semillas Terminator, la biología sintética y la geoingeniería…

Se asocia también con la nueva tendencia mundial del acaparamiento de tierras, pues en gran medida este proceso de despojo violento de tierras está asociado con el establecimiento de cultivos transgénicos y energéticos para la producción de agrocombustibles, como se refleja en la siguiente declaración de la CLOC del 17 de abril de 2011.

… En Latinoamérica cada día crecen con más fuerza mecanismos como el monocultivo para la producción de agrocombustibles y transgénicos que influyen directamente al pueblo campesino, originario y afrodescendiente pues es extensivo en tierra lo que genera un desgaste de la tierra a corto plazo, agudiza la crisis climática y conlleva el desplazamiento forzado de las campesinas y campesinos a las grandes ciudades, engrosando así los cordones de pobreza…

La ayuda alimentaria con transgénicos es otra problemática que ha suscitado movilización por parte de la sociedad civil en América Latina. En un seminario internacional llamado por la RALLT en 2001 se puso en evidencia que la ayuda alimentaria con transgénicas era un fenómeno generalizado en el tercer mundo y las economías en transición, a través de la cual Estados Unidos impone sus políticas económicas y coloca sus excedentes.

A los grupos ecologistas, que fueron los primeros en interesarse en esta problemática, se juntaron organizaciones de consumidores y otros sectores que han dado seguimiento a la problemática de la ayuda alimentaria desde hace muchos años. Un resultado de esta reunión fue que a partir de entonces se hicieron pruebas sobre el contenido de las donaciones alimenticias en varios países del Tercer Mundo y en todos los caso se encontró la presencia de transgénicos. Un actor importante en este proceso fue la organización Amigos de la Tierra.

Varios gobiernos se pronunciaron al respecto, y en el caso del Ecuador las denuncias hechas sobre la presencia de soya transgénica en los programas de alimentación infantil produjo la renuncia de la representante del Programa Mundial de Alimentos en el país.

Desde esta iniciativa que nació en América Latina, se empezó a discutir esta problemática en África, hubo pronunciamientos de los delegados oficiales en la Cumbre de Desarrollo Sustentable en Johanesburgo, por ejemplo de Zambia; y en 2006 hubo un segundo encuentro internacional en la ciudad de Maputo, donde el rango de actores se amplió a organizaciones de asistencia humanitaria.

Este tema ha ido perdiendo importancia en América del Sur porque con el advenimiento de los nuevos gobiernos progresistas en la región, las donaciones en forma de alimentos ha disminuido muchísimo en la región, aunque en 2010 recibieron ayuda alimentaria desde Estados Unidos los gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia.

Al momento varios gobiernos locales están declarando territorios libres de transgénicos. Esto es especialmente fuerte en Perú, donde se han declarado cerca de una decena de municipios libres de transgénicos, y en la mayoría de casos el argumento ha sido la defensa de la agrobiodiversidad nativa, especialmente la papa, y luego, ante una posible aprobación de los transgénicos en Perú, confluyeron varios sectores de la sociedad para defender la agrobiodiversidad peruana hasta conseguir una moratoria por diez años.

En Colombia por otro lado, la declaración de territorios libres de transgénicos ha estado liderado por comunidades indígenas, quienes han visto en estas declaraciones una forma de defender sus territorios, y hay varios resguardos indígenas declarados libres de transgénicos.

En el Ecuador la disposición constitucional de declarar al país libre de transgénicos obedeció a una voluntad de casi todos los asambleístas, y fue el resultado de al menos una década de trabajo de las organizaciones que han trabajado por el no ingreso de semillas transgénicas al país. La excepción se alcanzó por el lobby del agronegocio como lo indica un Wikileak de la Embajada estadounidense en Ecuador.

En los países donde ya los cultivos transgénicos están totalmente establecidos, se ha retomado las antiguas campañas en contra de los plaguicidas. Este es el caso del Brasil, donde las organizaciones de agroecología han llevado a cabo esta lucha. Un poco diferente es en Argentina, donde son los vecinos de las zonas fumigadas quienes se han organizado en contra de las fumigaciones, sólo luego de haber enfrentado una década de enfermedades catastróficas como cáncer, leucemia, problemas endócrinos, entre otros.

En torno a esta problemática se ha creado la campaña “Paren de Fumigar”, llevada a cabo en más de 70 pueblos y comunidades en las que se lucha para frenar la expansión de los cultivos de soja transgénicos y el uso irracional de pesticidas que este conlleva. En marzo de 2009 se inició una acción judicial por iniciativa de un grupo de ciudadanos. En 2009, el tribunal de Santa Fe ordenó la suspensión de la fumigación aérea en proximidad de zonas urbanas, y aunque los productores de soja apelaron la sentencia fue ratificada en segunda instancia. Entre los colectivos que conforman esta red se incluye el “Grupo de Madres del Barrio Ituziangó Anexo”, quienes son pioneras en la denuncia en contra de los impactos de las fumigaciones en su bario, y han documentado varios casos de tumores, muertes prematuras, malformaciones genéticas, etc. Ellas han interpuesto un juicio en contra de los sojeros, y su lucha ha servido de inspiración para que otros colectivos también se organicen en torno a esta problemática. Ha habido ya algunos casos relativamente exitosos, donde se ha limitado el área de fumigaciones, como fue el caso de La Leonesa–Chaco, donde una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Chaco obliga a no fumigar a menos de mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua, y en la comunidad Zabala en la provincia de Santa Fe, donde también se establecen limitaciones al uso de plaguicidas.

Otro actor que está surgiendo en Argentina son médicos preocupados por la sociedad; médicos que atienden en centros de salud luego de ver cómo han aumentado los casos de enfermedades catastróficas en la población. Ellos han organizado la red de médicos de pueblos fumigados. Este es un movimiento que está empezando a cuajarse en Paraguay y Uruguay.

Un actor importante podría ser la academia, pero muy pocos académicos han apoyado las demandas de la sociedad sobre los cultivos genéticamente modificados. La mayoría se han apresurado a afirmar que los cultivos transgénicos no producen impactos en la salud y el ambiente, y cuando han surgido estudios que contradicen estas afirmaciones ha tenido que enfrentar la crítica desde la propia academia, como fue el caso de la Dra. Antonieta Gutiérrez lugo de dar a conocer sus resultados sobre la contaminación del maíz en Perú.

Camino hacia adelante

El futuro de los cultivos transgénicos en América del Sur están marcados por situaciones antagónicas. Por un lado tenemos la declaratoria de una moratoria por 10 años a la liberación de transgénicos en Perú, que fue un logro de las organizaciones sociales peruanas y por otro la adhesión de Perú al Convenio UPOV 1991.

En Bolivia tenemos la aprobación de la Ley de Revolución Productiva en Bolivia. Aunque en la ley se abre la posibilidad de aprobar nuevos cultivos transgénicos, hay que esperar que la palabra del presidente Evo Morales se mantenga cuando el asegura que en Bolivia están prohibidos los transgénicos. Por otro lado, esta ley estaría limitando el libre flujo de semillas, pues sólo podrán circular las semillas certificadas, y a través de medidas sanitarias.

Leyes y propuestas de ley similares están siendo introducidas en casi todos los países de América Latina, a lo que se suma el hecho de que tanto Chile como Perú son ahora parte del Convenio UPOV que da derechos a los obtentores de semillas industriales.

Este año recordamos además con preocupación la liberación hecha en Brasil de mosquitos transgénicos para el control del dengue, y la amenaza de liberación en Panamá y Costa Rica. Miramos con preocupación la aprobación de nuevas variedades de semillas transgénicas en ese país que incluyen variedades resistentes a herbicidas más fuertes como el Dicamba, y el 2,4D lo que significará mayor uso de plaguicidas y mayores impactos en la salud y el ambiente (hasta el momento hay más de 20 diferentes tipos de transgénicos aprobados en Brasil), así como la enorme expansión de los híbridos de maíz con genes apilados.

Una posible introducción en el campo de eventos transgénicos de caña y de eucalipto en Brasil potenciará aun más la industria de los agrocombustibles, especialmente del etanol, y con posibilidades de irradiarse a otros países de la región. Por otro lado se está ya trabajando con nuevas técnicas moleculares como es la biología sintética que permite la elaboración de diesel a partir de caña, también en Brasil.

Tenemos además la adopción de un nuevo tipo de soya transgénica (RR y Bt) en Argentina que obligará a los agricultores a firmar contratos que les impide guardar semillas y a aplicar un paquete tecnológico, con lo que se consolida el poder de Monsanto en ese país, y la aprobación de la soya transgénica en Colombia. Este país tiene bastas llanuras donde la soya con resistencia a herbicidas podría esparcirse de la misma manera como se expandió en el Sur del Continente.

Aunque la conciencia sobre los peligros que producen los transgénicos sigue aumentando, esto no ocurre con la misma velocidad con la que esta tecnología se expande en la región.

No nos queda sino seguir trabajando porque algún día volvamos a tener una América Latina Libre de Transgénicos. El ejemplo de lo que pasó en Perú debe ser nuestra inspiración. www.ecoportal.net

 

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