Autor: clocvc

Viernes 19 de Agosto de 2011

Camponeses e Camponesas reivindicam reforma agrária como política pública prioritária, além da recomposição do orçamento para obtenção de terras e renegociação das dívidas dos pequenos agricultores e agricultoras e assentados e assentadas

Brasília recebe quatro mil trabalhadores e trabalhadoras rurais de 23 estados e do Distrito Federal dos movimentos da Via Campesina em um grande Acampamento por Reforma Agrária, a partir desta segunda-feira (22/08), nos arredores do Ginásio Nilson Nelson.

A mobilização integra a Jornada Nacional de Lutas por Reforma Agrária que acontece em todo o Brasil a partir do dia 22 de agosto. Além do acampamento, atos políticos e culturais devem acontecer em Brasília e nos Estados onde os movimentos da Via Campesina estão organizados.

Três temas centrais, todos relacionados com a implementação da Reforma Agrária, serão discutidos com as mobilizações: o primeiro é o assentamento das mais de 60 mil famílias acampadas, algumas há mais de cinco anos, através da desapropriação dos grandes latifúndios improdutivos, muitos em mãos do capital estrangeiro.

“Acreditamos que a Reforma Agrária seja um dos principais meios de desenvolver nosso país, distribuindo renda e riqueza, pois democratiza a terra, gera empregos diretos, moradia e produção de alimentos, superando a miséria no interior do país e o inchaço dos grandes centros urbanos” disse José Batista de Oliveira, integrante da coordenação nacional do MST.

A Jornada também exige que o orçamento destinado à obtenção de terras seja recomposto. Os R$ 530 milhões destinados para o Incra promover a desapropriação de terras já foram totalmente executados. Para 2012, o cenário é de redução: estão previstos apenas R$ 465 milhões, um corte de R$ 65 milhões, segundo dados do Incra.

Enquanto isso, a concentração fundiária é comparável aos índices da época da Ditadura Militar. O Índice de Gini, em 1967, era de 0,836 (quanto mais perto de 1,0, mais concentrado é o modelo). Os dados do último Censo Agrário do IBGE (2006) dizem que o índice aumentou para 0,854. “Especialistas ainda afirmam que o Brasil possui cerca de 4 milhões de famílias de trabalhadores sem terra que são potenciais beneficiárias de políticas de reforma agrária. Os latifúndios, com mais de mil hectares, somam menos de 1% das propriedades e controlam 44,42% das terras”, completa Oliveira.

A renegociação das dívidas dos pequenos agricultores e agricultoras também é pauta de reivindicação. Em todo o Brasil, o valor em dívidas vencidas chega a R$ 30 bilhões, de acordo com o Ministério da Fazenda. A situação é preocupante, pois a agricultura familiar é responsável pelo abastecimento interno de alimentos – responde por 70% do alimento da mesa do brasileiro. “O valor comprova que o Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF) é uma política inadequada e insuficiente para atender a realidade da agricultura camponesa, familiar, sobretudo os assentados da Reforma Agrária. Refletem os preços baixos pagos aos pequenos produtores e a falta de políticas públicas de comercialização”, explica Oliveira.

A Via Campesina é uma articulação internacional de movimentos sociais camponeses. No Brasil, é integrado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento dos Pescadores e Pescadoras, Quilombolas, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), além do Sindicato dos Trabalhadores da EMBRAPA (Sinpaf), da Federação dos Estudantes de Agronomia e da Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal.

 

Jueves 18 de Agosto de 2011

Hoy 18 de agosto de 2011 arremetieron nuevamente contra el campo comunitario conocido como LA VERDE en el departamento de San Martín provincia de Mendoza.

Hace alrededor de dos años los empresarios de origen coreano comenzaron los atropellos contra la comunidad, desmontando y matando animales e intentando alambrar.

Ante esta realidad en el mes de julio de 2010 la comunidad organizada en La Unión de Trabajadores rurales Sin Tierra, ( Movimiento Nacional Campesino Indígena) logró detener las topadoras y expulsar a los empresarios usurpadores del lugar.

En primer instancia la justicia intento criminalizar a los campesinos, sin embargo debido a la lucha y a la gran cantidad de pruebas a favor de los campesinos la causa fue derivada a la justicia civil, y el fiscal penal de turno ordenó a los empresarios no realizar nuevos movimientos en el campo hasta tanto se resuelva la misma.

El 31 de agosto, desoyendo la orden judicial y desconociendo la indiscutible posesión de las familias campesinas sobre el campo los empresarios comenzaron a alambrar nuevamente el campo.

Ante esto compañeras y compañeros de la comunidad y de otras comunidades del MNCI en Mendoza logramos sacar reiteradamente a los empresarios del campo.

Hace una semana el fiscal a cargo de la fiscalía de Palmira ordenó el pase a la justicia civil intimando a los empresarios a no realizar nuevos trabajos.

Los empresarios han hecho oídos sordos y ante la resistencia de la comunidad han arremetido con mayor violencia embistiendo con sus camionetas 4 x 4 a los puesteros en dos ocasiones. El conflicto se ha tornado violento y si la justicia no intercede las cosas se van a agravar aun mas. La comunidad no permitirá que le arrebaten sus tierras y el movimiento acompaña esa decisión.

¡No más atropellos contra nuestras comunidades campesinas!

Somos Tierra para Alimentar a Los pueblos!

Movimiento Nacional Campesino Indígena

 

 

Jueves 18 de Agosto de 2011

Qué vivan las y los estudiantes que luchan por sus derechos!

Desde el campo a la ciudad, las mujeres campesinas llegaremos a compartir con los movimientos en lucha nuestros saberes, sabores y semillas en una fran Trifkintu Solidario en el frontis de la casa central de la Universidad de Chile el próximo sábado 20 a partir de las 1h00 hrs.

Estamos junto a este gran movimiento que día a día suma adherentes y despierta conciencias, porque apunta justamente a esa disyuntiva entre la lucha por nuestros derechos por la vida o el capital. lLas y  los estudiantes han devuelto la esperanza a toda la sociedad chilena y como mujres campesinas y de los pueblos originarios, nos hacemos parte de las demandas del movimiento estudiantil.

El desafio es reorganizar la sociedad, es volver a creer en la unidad del pueblo para asegurar la reproducción acrecentada de la vida y no la reproducción acrecentada del capital.  nuestro fran desafio como pueblo es lofrar conquistar una vida plena, basada en relaciones armónicas y equilibradas entre los seres humanos y la naturaleza construyendo los caminos del buen vivir de nustro pueblo.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES RURALES E INDÍGENAS

ANAMURI

 

Las organizaciones que conforman la Plataforma Agraria integradas por la campaña Vamos al Grano y La Alianza por La Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria (SARA), ante los últimos hechos sangrientos suscitados en el Bajo Aguán, manifestamos nuestra preocupación, condena y repudio a los recientes actos de violencia, donde 11 hondureñas y hondureños han perdido la vida y unas 15 personas han resultados gravemente heridas.

Estos hechos violentos vienen a demostrar una vez mas que hay una excesiva cantidad de tierra concentrada en unos pocos, provocando una conflictividad agraria aguda, donde hasta el día de hoy han sido desfavorecidas las mayorías pobres (campesinos y campesinas), contradiciendo los principios de justicia social que el Estado tiene la obligación de promover.

No es con acuerdos faltos de voluntad ni compromiso que se encontrarán soluciones a la problemática agraria en honduras. Los cambios en el agro deben ser integrales e incluyentes con el fin de lograr una verdadera transformación agraria integral en el país, que garantice la paz y la reconciliación entre los actores y permita el acceso a la tierra para la producción, la alimentación digna y el desarrollo del campesinado y por ende contribuya a erradicar la pobreza y contribuir a la paz.

Hacemos un llamado al Estado, al sector privado y a los movimientos campesinos de la zona del Bajo Aguán y de todo el país para que abran el diálogo y promuevan acciones comprometidas con miras a resolver el problema del agro, ya que no es a través de desalojos ni acciones violentas ni tampoco con el derramamiento de sangre campesina, ni mucho menos con la militarización que se contribuirá a una solución pacífica de estos conflictos. Por el contrario, ya hemos visto anteriormente, que las acciones de carácter coercitivo y represivo, sólo contribuyen a aumentar la intimidación, la represión, las violaciones de derechos humanos y a sembrar el terror en la población y sobre todo los sectores más desposeídos del país.

Expresamos nuestro repudio y condena a los actos de violencia que siguen cobrando la vida de valiosos hondureños y hondureñas en su lucha por tener un pedazo de tierra para producir sus alimentos, así mismo hacemos un llamado a no personalizar ni desviar la atención de las verdaderas raíces del conflicto hacia personas en particular, grupos o instituciones que históricamente han luchado y apoyado decididamente a los excluidos y marginados de este modelo de desarrollo económico impuesto en Honduras.

Rechazamos la decisión del ministro de seguridad de militarizar la zona, sabemos que esta no es la solución a la problemática agraria, la pretensión no es cuidar a las y los campesinos, sino intimidar y sembrar el terror y la zozobra en el aguan y con los últimos hechos se tiene la excusa perfecta para hacerlo, pero además no descartamos que se olviden también de los acuerdos firmados entre el gobierno, los terratenientes y los movimientos campesinos del aguan hace algunos días y ponerle fin a toda esta barbarie que viven nuestras compañeras y compañeros.

PORQUE LA TIERRA NOS PERTENECE, LUCHAREMOS HASTA EL FINAL

TRANSFORMACIÓN AGRARIA INTEGRAL ¡YA!

PLATAFORMA AGRARIA

Tegucigalpa 17 de Agosto de 2011

 

 

Miércoles 17 de Agosto de 2011

Resolver el problema agrario, un paso de gran significado para alcanzar la paz en Colombia

1. UN ENCUENTRO HISTÓRICO POR LA PAZ

Queremos en primer lugar, desde la Marcha Patriótica saludar el valeroso esfuerzo y reconocimiento a los organizadores del Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrosdescendientes e Indígenas por la tierra y la paz de Colombia que sin lugar a dudas arrojará importantes propuestas que contribuyan a la construcción de ese largo y escabroso camino hacia la paz.

Sabemos que existen fuerzas, provenientes desde los sectores poderosos que se oponen a este anhelo nacional, quienes no solo han estado vinculados al poder del Estado, sino también al poder latifundista, militarista y mafioso; que se han lucrado ilícitamente. A la vez que se benefician de la guerra interna que se desarrolla en nuestro país, en contra de la voluntad de las grandes mayorías colombianas.

Estamos seguros que nuestras voces se multiplicarán por millones en este duro pero incansable compromiso en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado, de tal manera que favorezca y permita vivir a la mayoría de los colombianos/as en una sociedad incluyente, democrática, dentro del marco de la justicia social y la solidaridad.

Es en esa dirección que presentamos el presente documento con una mirada desde el campesinado sobre la problemática agraria como una de las causas de mayor complejidad en la dinámica y desarrollo del conflicto social y armado. Proponiendo a su vez salidas a corto, mediano y largo plazo que nos conduzcan a afianzar una perspectiva de paz entre los colombianos.

2. EL PROBLEMA AGRARIO UNA DE LAS CAUSAS A RESOLVER HACIA EL CAMINO DE LA PAZ:

Cuando analizamos algunas de las causas que le dieron origen al conflicto social y armado que vive el país por más de cuatro (4) décadas; es imperativo referirnos al problema agrario aún no resuelto y su nuevo dinamismo, como una de sus causas, si no la más importante, sí quizás la más clave, no solo para entender el origen del conflicto colombiano, si no el enlace que ésta tiene entre la continuidad de la guerra o el camino que nos conduzca a la paz en nuestro territorio nacional. Es este marco que hoy debemos abordar el problema agrario y su nuevo dinamismo; que tiene que ver no solo con el tema de la necesidad urgente de democratización de la propiedad de la tierra a través de una profunda y estructural ley de Reforma Agraria que resuelva de una vez por toda el viejo conflicto entre la gran propiedad latifundista y el campesinado desposeído o minifundista, si no que además tiene que ver con la usurpación de los territorios por los nuevos dueños transnacionales, del capital mundial inversionistas extranjeros que se apoderan de la propiedad rural, se trata también de las concesiones mineras, la explotación petrolera, carbonífera, el desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos e infraestructura viales inconsultas con las comunidades campesinas, la privatización del agua, los páramos y bosques naturales, el deterioro del medio ambiente, el saqueo de los bienes naturales y la biodiversidad, la implementación de las semillas y producción transgénica, la expansión de los grandes agronegocios, la producción de agrocombustible a gran escala, la reconcentración de la propiedad y el desplazamiento forzado, el tratamiento de guerra a las comunidades productoras de cultivos de uso ilícitos, las patentes y el desmonte de la institucionalidad pública de apoyo al sector agropecuario, entre otras. En consecuencia la falta de políticas públicas que fortalezcan la economía campesina, base de la soberanía alimentaria, el bienestar y la paz de los colombianos.

Este modelo depravador que está basado en la profundización de las políticas neoliberales agenciadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio y demás organismos que el imperialismo utiliza como instrumento para el saqueo y el despojo de los territorios y demás bienes naturales de los pueblos del campo; particularmente en Colombia, el reciente Plan Nacional de Desarrollo y sus locomotoras mineroenergética y agroindustria o agricultura comercial, se rigen por estos mandatos en desmedro de la economía campesina. Este es un modelo de desarrollo que relega al campesinado a un segundo plano, dando prioridad a los agronegocios, agrocombustibles, a la venta de servicios ambientales, a la comercialización de la biodiversidad y al deterioro de los ecosistemas y medio ambiente, conllevando a consecuencias desastrosas a la población colombiana por la falta de alimentos, tal como ya lo considera la FAO en el sentido de que Colombia es una país con crisis alimentaria. Es entonces, imperativo cambiar de rumbo y construir un nuevo modelo alternativo donde el centro sea el desarrollo humano, el uso racional de los recursos y bienes naturales, la defensa de los territorios y de los pueblos del campo, garantizando a su vez la soberanía alimentaria a través de una política agraria, basada en la democratización de la propiedad rural. Delimitando la gran propiedad latifundista, fomentando a su vez el uso adecuado y social de la propiedad rural.

Como vemos el conflicto agrario tiende a agudizarse cada vez más, al mismo tiempo que surgen nuevas dinámicas a su interior que aceleran con mayor fuerza una de las causas que dieron origen al conflicto social y armado en Colombia.

3. EL CAMPESINADO, NECESARIO PARA ALCANZAR LA PAZ

Más de 12 millones de compatriotas viven hoy en el campo colombiano, con una producción diversa y de economía campesina. A pesar de que el campesinado, ha sido declarado inviable por los teóricos criollos del neoliberalismo en el país y de haber sido excluido como sujeto político de derechos en la Constitución de 1991 y de los efectos nefastos de la apertura económica de los años 90, la violencia narcoparamilitar y el sometimiento a la exclusión social por el Estado y sus gobiernos de turno, el campesinado sigue siendo un factor decisivo en la vida nacional, capaz de seguir produciendo más del 50% de los alimentos que consumimos los colombianos con tan solamente menos del 9% de la propiedad rural. Es allí donde radica la importancia y necesidad del campesinado. Un país que produce sus propios alimentos, es un país con soberanía nacional, con soberanía, seguridad y autonomía alimentaria; sin producción propia de alimentos seremos un país aún más vulnerable, sin futuro, condenados a la desintegración y a la guerra interna permanente.

Desde ese punto de vista, el actual modelo de desarrollo que se lleva a cabo en el campo colombiano, basado en la gran agricultura comercial, de los agronegocios para la exportación, los agrocombustibles, ahora fortalecidos en las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo, dos de ellas la mineroenergética y la agroindustrial, que presionará aun más a los territorios y a sus habitantes. Este es un modelo inviable, que profundiza la desigualdad social en el sector rural colombiano, además de convertirse en un agente agitador de la violencia, el saqueo, los monocultivos y la destrucción de los mejores suelos de la Nación que favorece la concentración de la propiedad rural. Es ante todo un proyecto altamente excluyente, depravador, que destruye la identidad y cultura campesina, colocando a la población rural en el abismo de la guerra.

El actual Gobierno colombiano pretende ahora entregar mayores herramientas a ese modelo que ha demostrado su fracaso y que sobrevive gracias a los altos subsidios disfrazados que le otorga el Estado. Se trata de la resurrección del Estatuto de Desarrollo Rural aprobado en forma autoritaria por el Congreso de la República en el 2007 y luego declarado inexequible por la Corte Constitucional en el 2009. El nuevo esperpento de Ley que propone el Gobierno, basado como hemos dicho en el derogado Estatuto de Desarrollo Rural está dirigido a crear las condiciones que le permitan a la gran hacienda latifundista su modernización, convirtiéndolas en grandes agronegocios para la exportación de materia prima hacia los países desarrollados. A su vez es una propuesta anticampesina que desconoce al campesinado, a su economía, desprotegiendo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria de la población colombiana, privilegiando las alianzas y cadenas productivas, de la misma manera el uso de los territorios para la explotación minera.

En síntesis, podemos decir que la demagogia gubernamental sobre restitución de tierras y Ley General Agraria, en vez de resolver la grave problemática que viven los pobladores rurales y las víctimas de la violencia paraestatal se agudizarán con la propuesta gubernamental, teniendo en cuenta que ésta legaliza los años de violencia y propicia una nueva ola de despojo a lo largo y ancho del territorio nacional; al mismo tiempo que niega la participación real de las organizaciones campesinas en las decisiones y direccionamiento de los programas de desarrollo rural, también limita la participación de las mujeres rurales, debilita los territorios indígenas y afrodescendientes.

Todo lo anterior nos convoca a la reflexión y acción política colectiva que nos permita detener la máquina diabólica del desarrollo a ultranza del despojo, el saqueo de los territorios, la destrucción de los ecosistemas y la continuación de la violencia contra el campesinado, pero ante todo lograr la permanencia de la población rural en el campo, cimiento seguro para una salida política del conflicto social y armado y el logro de una paz duradera en nuestra Nación.

4. EL CAMPESINADO CONSTRUYE SU PROPIA PROPUESTA POLÍTICA AGRARIA Y POPULAR, UN APORTE QUE CONTRIBUYE A LA PAZ NACIONAL

A diferencia de lo que piensan los neoliberales, que dicen que los campesinos no tienen propuestas y que su discurso es contestatario, lo que estamos viendo es un campesinado que se está articulando regional y nacionalmente, un movimiento campesino que colectivamente construye iniciativas políticas y se moviliza en su defensa. Es así como en el año 2003 éste propone al país el Mandato Nacional Agrario, se trata de la más importante iniciativa desde la sociedad colombiana, en materia de política pública para sacar el campo de la situación de crisis a que ha sido conducido por las políticas neoliberales llevadas a cabo por los sucesivos Gobiernos del orden nacional, a pesar de la exigencia de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendiente para que éste se pusiera en marcha a través de una ley marco, lo que se sintió fue el silencio gubernamental y las políticas represiva a las justas demanda del Movimiento Campesino, indígena y afrodescendiente colombiano.

En esa misma dirección el ahogo y tratamiento de guerra a las propuestas de las comunidades campesinas productoras de cultivos de uso ilícito, sobre una solución concertada que permita dar salida a una de las problemática de mayor incidencia social y ambiental que viven extensos territorios y comunidades excluidas de cualquier posibilidad de desarrollo e integración nacional.

Hoy nuevamente el Movimiento Nacional Campesino, se presta a presentar su proyecto de Ley Agraria y Popular, que busca hacer efectiva el Mandato Constitucional en sus artículos 64, 65 y 66 referente al acceso democrático a la propiedad de la tierra y la defensa de la producción de alimentos, del mismo modo lo dispuestos en los artículos 7, 40,43, 58, 63, 70 y 79 de la Carta Política y los incisos 2 y 3 del artículo 13 y 2º del artículo 103 de la misma carta. Que en forma sucinta promueve el reconocimiento y protección a la diversidad étnica, el derecho a participar en la conformación, ejecución y control del poder político, velar por el cumplimiento de los derechos de la mujer rural, velar por el cumplimiento de la función social de la propiedad, la promoción y acceso a la cultura y garantizar un ambiente sano para todos los colombianos, también busca garantizar la reconstrucción de la institucionalidad pública que le presta servicios a la población rural colombiana, entre otros.

El proyecto campesino sobre Reforma Agraria es una propuesta de construcción colectiva desde el campesinado y sectores populares, que abre las puertas al fortalecimiento organizativo, social, económico, político y cultural. Consolidando las potencialidades que posee la economía campesina; es a su vez un aporte político, que una vez aprobado por el Congreso de la República contribuirá sin lugar a dudas a sentar la bases de un gran pacto social de paz y de desarrollo sostenible de la Nación, sobre la base de la producción y apoyo a la economía campesina. Es el principio del fin de la gran propiedad latifundista y ociosa, generadora de violencia, exclusión social, dependencia alimentaria, saqueo y despojo de los territorios y el desconocimiento a la verdadera participación con poder de decisión.

5. ELEMENTOS HACIA UNA RUTA DE DIALOGO Y PACTO DE PAZ

Desde los sectores sociales y en particular desde las organizaciones campesinas vinculadas a la Marcha Patriótica compartimos la necesidad urgente de encontrar un camino diferente al de la confrontación bélica para darle salida y ponerle fin al complejo y largo conflicto social y armado que vivimos los colombianos. Para ello exhortamos al Gobierno Nacional que preside Juan Manuel Santos, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP y al Ejército de Liberación Nacional E.L.N., a iniciar de forma inmediata un proceso de acercamiento y acuerdo de diálogo, el cual debe contar con el respaldo y acompañamiento de la sociedad civil colombiana; de igual forma de la comunidad internacional.

Con el propósito de aportar elementos en la construcción de una agenda de diálogo y pacto de paz, proponemos los siguientes puntos que atañen a resolver una de las causas que han ayudado a profundizar el conflicto, que tiene que ver con el problema agrario; y que esperamos se tengan en cuenta a la hora de un diálogo y pacto de paz.

1. Garantizar el acceso democrático y masivo del campesinado y comunidades étnicas rurales a la propiedad de la tierra, a través de una Ley General de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria. Para ello, el campesinado ha presentado una iniciativa que recoge el sentir y las necesidades más inmediatas en materia del Conflicto Agrario.

2. Construcción de una política agraria incluyente cuya base sea el Mandato Nacional Agrario, propuesta de las comunidades rurales hacia una política pública para el sector rural colombiano.

3. Desarrollar políticas en defensa y respeto por los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, los bienes naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, los recursos hídricos, los páramos y bosques naturales.

4. Se debe promover y garantizar el fortalecimiento de las zonas de reservas campesinas dentro de la frontera agrícola, los Resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades negras, de tal manera que se proteja su identidad cultural, su cosmovisión y cultura ancestral.

5. Proteger constitucionalmente la producción nacional agraria, subsidiando la producción de economía campesina y gravando con aranceles las importaciones de aquellos productos alimenticios que podamos ser autosuficientes.

Derogar los acuerdos que lesionen la producción nacional, propendiendo por la construcción de la comunidad económica de Naciones Latinoamericanas y del Caribe.

6. Promover los modelos de agricultura agroecológicos, los saberes tradicionales, el conocimiento ancestral y en general el apoyo a la economía campesina base de la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria.

7. Se debe desarrollar políticas dirigidas a la protección y multiplicación de las semillas tradicionales y nativas, fortaleciendo la cultura del intercambio, el mercado comunitario, el trueque de saberes y productos entre las comunidades rurales.

De la misma forma, la prohibición del uso, fabricación y producción de semillas transgénicas, de paquetes tecnológicos y patentes, que en general atenten contra la soberanía alimentaria de los colombianos.

8. Acordar y desarrollar un programa concertado con las comunidades rurales productoras de hojas de coca, que garantice una vida digna al campesinado de las regiones afectadas por esta problemática.

9. Promover la garantía constitucional y efectiva al campesinado del derecho a la salud y pensión, la educación en todos los niveles, el agua potable y demás bienes fundamentales para una vida digna.

10. Reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos y sector social diferenciado, con identidad y cultura propia y garantizar la de los pueblos indígenas y comunidad afrodescendientes.

11. Devolución inmediata de las tierras y demás bienes despojados violentamente al campesinado durante la última etapa de la violencia en Colombia. Compromiso del Estado de justicia, verdad, reparación y no repetición

¡MARCHA PATRIOTICA

CABILDO ABIERTO!

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 17 de Agosto de 2011

Los abominables hechos acontecidos en los últimos días en el Bajo Aguan, parecen indicar que es el inicio de una nueva etapa, donde la guerra de baja intensidad la cual se ha venido dando en esa zona del país adquiere una nueva dimensión, que generara como resultado el incremento de la violencia en contra de los grupos de campesinos organizados.

El conflicto del Bajo Aguan surge del acaparamiento de tierras efectuado en la década de los años 90 del siglo pasado, cuando durante la administración de Rafael Callejas se dio la contrareforma agraria, auspiciada por los organismos financieros internacionales; generando como resultado más de 400 mil familias sin tierra en el país, convirtiéndo ciertas zonas en potenciales conflictos sociales.

El palmero de la muerte, Miguel Facusse, se ha convertido en el epicentro de la discordia nacional, ante su tendencia a promover despojos y utilizar su ejercito privado para imponerse en las zonas que pretende apoderase o las que ya ha logrado establecerse.

Los hechos acontecidos el pasado domingo en la finca «Paso Aguan», propiedad del palmero de la muerte, en donde fallecieron cinco guardias privados, ha sido manejado por los medios de comunicación nacional, sobre todo por la prensa escrita afín a la SIP, como una invasión más a las plantaciones de palma africana.

El representante de la compañía de Miguel Facusse, Corporación Dinant, Roger Pineda

(1),señaló que los responsables del ataque pertenecen a los movimientos campesinos MUCA y MARCA. Sin embargo “Las autoridades policiales consideran que en el sector conflictivo hay otro tipo de intereses y no por parte de los grupos campesinos que demandan la tenencia de la tierra, sino de supuestos narcotraficantes” (2).

La violencia en el Bajo Aguan y la noción difundida por los medios de comunicación de la existencia de fuertes grupos armados en la zona, ha sido aprovechado por el Ministerio de seguridad para iniciar un operativo militar denominado Xatruch II.

Con el anuncio público del Palmero de la Muerte de la suspensión unilateral del acuerdo de venta de 4.075 hectáreas al Estado, con el propósito de traspasarlas a los grupos campesinos organizados, el Bajo Aguan se convierte en una zona de guerra asimétrica, donde las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional, contando con el apoyo de los Estados Unidos crearán un escenario destinado a ahuyentar las familias desposeídas que han cifrado todas sus esperanzas en poder vivir en un régimen de justicia social.

Desde hace varios años existe una campaña de difamación en contra de los grupos campesinos del Aguan, instigada por los medios de prensa propiedad de Canahuati Larach – uno de los más fervientes promotores del golpe de estado – señalando la presencia de colombianos ligados a supuestos grupos subversivos. En los últimos días aparecen aves de rapiña dedicados a la práctica de un periodismo sensacionalista reviviendo la siniestra acusación. Ya en el año 2009 se había señalado la presencia de presuntos colombianos ligados a grupos paramilitares, que estarían “asesorando” a los sicarios del palmero de la muerte (3).

Es clara la esquizofrenia de la actual administración gubernamental, herederos del proceso iniciado por el golpismo, al dedicarse a crear una imagen hacia el exterior de un país que vive en una situación de normalidad, mientras la violencia llega a extremos superiores a países que viven conflictos bélicos, y la corrupción alcanza niveles graves en un país donde es parte inherente de la gobernabilidad.

El prospecto de subastar el país en retazos, conocido como Regiones Especiales de Desarrollo (RED) donde se ha escogido el territorio que va desde la Bahía de Trujillo hasta el Río Sico, una franja de cien kilómetros de largo y 25 de ancho, incluyendo de esta forma parte del conflictivo territorio del Aguan. De ahí que para realizar la republiqueta que sueña Paul Romer, el nuevo William Walker, se requiere de una “limpieza social”, y así poder desarticular cualquier amenaza para los inversionistas koreanos y canadienses entusiasmados con la nueva Banana Coast.

Para la OFRANEH el conflicto agrario del Bajo Aguan no es más que el resultado del régimen feudal impuesto por el imperio en las últimas décadas y afianzado a través del golpe de estado del año 2009. No perdemos la esperanza de ver a los grupos campesinos del MUCA y MARCA obtener de nuevo las tierras de las que fueron despojadas con artimañas en los años 90 y que les pertenece con toda la razón

 

Miércoles 17 de Agosto de 2011

Desde el 31 de agosto al 2 de septiembre del corriente se realizará el “Foro por la Soberanía Alimentaria”, por iniciativa de organizaciones campesinas locales articuladas en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina, además de Base Investigaciones Sociales (BASE IS) y tendrá lugar en el local del PRODEPA del Ministerio de Educación y Cultura, ubicado en el Km. 4.5, sobre la Avda. Eusebio Ayala.

El objetivo de estas jornadas es profundizar el debate sobre la soberanía alimentaria, a partir de paneles sobre los riesgos y amenazas a la gestiones de bienes y recursos naturales y otros temas relacionados con las semillas; amenazas a las poblaciones rurales; normativas ambientales; agua; minería a cielo abierto; militarización de territorios y criminalización de la lucha, entre otros.

Se estima la presencia de unas 150 personas de las organizaciones de la CLOC/Vía Campesina y organizaciones fraternas nacionales, junto con estudiantes del Instituto Agroecológico Latinoamericano, IALA Guaraní.

Durante el Foro se realizará el lanzamiento de la “Campaña por la Soberanía Alimentaria”, que pretende promover la participación de las poblaciones urbanas junto a las rurales en los esfuerzos por recuperarla y promoverla; busca también la difusión de las informaciones recogidas en un observatorio en proceso de construcción, que sirva de instrumento para concretar denuncias contra las empresas del agronegocio y visibilizar los riesgos y amenazas que afectan a las poblaciones campesinas e indígenas, así como urbanas, en el marco de la pérdida de la soberanía alimentaria, e impulsará, igualmente, la agroecología como propuesta de confrontación al modelo agroexportador y dependiente.

La unidad entre campo y ciudad es fundamental para comprender la coyuntura mundial que se refleja en el aumento de los precios de los alimentos, el acaparamiento de tierras y la presencia de migrantes internos en las ciudades, producto de la expulsión de sus tierras y la búsqueda de alternativas y experiencias que recuperen la dignidad.

Paraguay es uno de los países cuya soberanía alimentaria se ve gravemente amenazada por el modelo agroexportador y los agronegocios, cuya expresión más agresiva se da con los monocultivos de soja, la introducción de semillas transgénicas y el uso indiscriminado de los agrotóxicos.

Como consecuencia de este modelo, hay una mayor concentración de tierra (el 2,6% de la población posee el 85,5% del territorio nacional), pérdida de la calidad del suelo y el agua, reducción de la biodiversidad; el deterioro de la calidad de vida, el aumento de enfermedades vinculadas al uso indiscriminado de agrotóxicos, entre otros efectos palpables en la realidad cotidiana del campo, tanto en las comunidades indígenas como en los asentamientos campesinos.

 

Miércoles 17 de Agosto de 2011

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO – CUT, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, sobre llamadas dudosas que vienen realizando personas extrañas al celular del compañero Hubert de Jesús Ballesteros Vicepresidente de Fensuagro

HECHOS:

1. El día 16 de agosto de/11, la Secretaria de Derechos Humanos de Fensuagro fue informada sobre las llamadas extrañas que vienen haciéndole al compañero Hubert de Jesús Ballesteros Vicepresidente de Fensuagro, desde los celulares de números 3207657035 – 3128335630 y 310 8403745, donde vienen marcando insistentemente desde hace mas de 20 días, desde finales del mes de julio/11 y lo que va corrido del mes de agosto/11, cuando el compañero Hubert contesta, la persona que llama no contesta, sino que se escucha del otro lado como personas conversando y como si el celular lo tuvieran en altavoz.

 

2. Ante esta situación el compañero Hubert ha devuelto la llamada de manera inmediata como lo hizo el día de hoy 16 de agosto/11, siendo aproximadamente 01:15 p.m. al número 310 8403745, después de haber recibido la llamada de este número, pero lo extraño de la situación es que al llamar aparece como si estuviera apagado.

3. Señalamos con mucha preocupación sobre estos hechos que son violatorios a los derechos fundamentales consagrados en la constitución nacional como es, el derecho a la intimidad personal, familiar y el buen nombre, hechos, que pueden ser utilizados para cualquier montaje judicial en contra del compañero Hubert o de otro compañero miembro del Ejecutivo Nacional de Fensuagro – Cut, para posteriormente ser detenidos como ha ocurrido en otros casos.

SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL:

1. A la Fiscalía General de la Nación, se investiguen a quien corresponde estos números de teléfono y por qué razón se realizan este tipo de llamadas al compañero Hubert, que son bastante extrañas.

2. Protección para los compañeros miembros de Fensuagro, que continúan en constante riesgo.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Acompañamiento, seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de violación de derechos humanos, que vienen ocurriendo con los campesinos filiales de Fensuagro en Colombia y que el estado debe ser el garante de los derechos constitucionales de los colombianos y colombianas.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

FENSUAGRO – CUT

COLOMBIA

 

Martes 16 de Agosto de 2011

«A tecnologia Terminator é uma panaceia para as transnacionais de sementes, porque lhes permite aumentar de forma exponencial a dependência dos agricultores, já que estes estariam obrigados a comprar sementes delas a cada ano, porque as sementes se tornam estéreis depois da primeira colheita.»

Apesar de o Convênio de Diversidade Biológica das Nações Unidas – CDB ter adotado uma moratória global conta a experimentação e o uso da tecnologia Terminator dez anos atrás, tramita no Congresso Nacional brasileiro dois projetos de lei que pretendem liberar o uso dessas sementes no país. As iniciativas são “extremamente preocupantes” e propõem a criação de uma “lei que é contra a soberania alimentar”, declara Silvia Ribeiro à IHU On-Line.

De acordo com a pesquisadora, a tecnologia Terminator foi desenvolvida pela empresa Delta & Pine, propriedade da Monsanto, em parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. “Trata-se de uma tecnologia transgênica para fazer sementes suicidas: são plantadas, dão fruto, mas a segunda geração torna-se estéril, para obrigar os agricultores a comprar sementes novamente em cada estação”, explica.

Atualmente, seis transnacionais controlam as sementes transgênicas plantadas no mundo. Destas, cinco “têm patentes do tipo Terminator” e três “detêm mais da metade do mercado global de sementes (53%)”, informa. Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, Silvia critica os projetos de lei (PL) de autoria da senadora Kátia Abreu (DEM-TO) e do deputado Cândido Vaccarezza (PT) e enfatiza que, se o Brasil aprová-los, estará «entregando a possibilidade de decidir sobre a sua própria alimentação”.

Silvia Ribeiro é pesquisadora e coordenadora de programas do Grupo ETC, com sede no México, grupo de pesquisa sobre novas tecnologias e comunidades rurais. Ela tem ampla bagagem como jornalista e ativista ambiental no Uruguai, Brasil e Suécia. Silvia também produziu uma série de artigos sobre transgênicos, novas tecnologias, concentração empresarial, propriedade intelectual, indígenas e direitos dos agricultores, que têm sido publicados em países latino-americanos, europeus e norte-americanos, em revistas e jornais. Ela é membro da comissão editorial da Revista Latino-Americana Biodiversidad, sustento y culturas, e do jornal espanhol Ecología Política, entre outros.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – O que é a tecnologia Terminator?

Silvia Ribeiro – Trata-se de uma tecnologia transgênica para fazer sementes suicidas: são plantadas, dão fruto, mas a segunda geração torna-se estéril, para obrigar os agricultores a comprar sementes novamente em cada estação. Ela foi desenvolvida pela empresa Delta & Pine (agora propriedade da Monsanto) com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

Cinco das seis transnacionais que controlam as sementes transgênicas plantadas em nível mundial têm patentes do tipo Terminator. A Syngenta é a que tem o maior número dessas patentes. As empresas que desenvolveram a tecnologia Terminator a chamaram de “Sistema de Proteção da Tecnologia”, porque ela serve para promover a dependência e impedir o uso de sementes sem lhes pagar royalties pelas patentes. Em seus primeiros folhetos de propaganda, elas asseguravam também que é para que “os agricultores do terceiro mundo deixem de usar suas sementes obsoletas”.

Nesse momento, elas mostravam claramente as suas intenções: acabar com as sementes campesinas e com o irritante fato de que a maioria dos agricultores do mundo (campesinos, indígenas, agricultores familiares) usam suas próprias sementes em vez de comprá-las no mercado.

IHU On-Line – Por que o Brasil tenta aderir à semente Tarminator se, no ano 2000, o Convênio de Diversidade Biológica das Nações Unidas – CDB adotou uma moratória global contra a experimentação e o uso da tecnologia Terminator?

Silvia Ribeiro – A tecnologia Terminator é uma panaceia para as transnacionais de sementes, porque lhes permite aumentar de forma exponencial a dependência dos agricultores, já que estes estariam obrigados a comprar sementes delas a cada ano, porque as sementes se tornam estéreis depois da primeira colheita. Não é como os híbridos, que, na segunda colheita, dá menos quantidade ou uma qualidade diferente, mas é uma semente que «suicida»; ela se torna totalmente estéril.

Por isso, as multinacionais tentaram, desde a aprovação da moratória internacional no ano 2000, por diversas vias eliminá-la. Agora, isso se manifesta mais claramente no Brasil, onde existem duas propostas para acabar com a proibição do Terminator hoje existente.

Se isso for obtido, o próximo passo será o de que o Brasil tentará mudar a moratória em nível internacional, porque se não o fizer, ao aplicar a Terminator, violará a moratória. Por isso, a discussão sobre esse tema no Brasil tem uma relevância mundial.

IHU On-Line – Quais são as implicações das sementes Terminator para a agricultura?

Silvia Ribeiro – A Terminator impede um ato que é a base de 10 mil anos da agricultura: cultivar e selecionar sementes da própria colheita e replantá-las para a próxima. As sementes são a chave para toda a rede alimentar. Quem controla as sementes controla a cadeia alimentar.

Por isso, as transnacionais químicas têm tentado fazer isso nas últimas três décadas, monopolizando o mercado global de sementes, comprando a maioria das empresas de sementes. Hoje, somente três empresas transnacionais, cuja origem é a produção de tóxicos químicos e agrícolas (Monsanto, DuPont, Syngenta), detêm mais da metade do mercado global de sementes (53%) e, entre as 10 maiores, controlam 73% do mercado global de sementes comerciais.

Apesar desses números tão alarmantes, a grande maioria das sementes do mundo continua nas mãos dos camponeses e dos agricultores familiares, que usam suas próprias sementes ou as misturam ocasionalmente com sementes comerciais.

Além disso, os grandes agricultores, nas variedades que dão bom resultado, continuam usando parte de sua colheita como sementes para replantio. Por isso, as empresas querem usar medidas tecnológicas que lhes garantam maior dependência e controle.

A consequência de usar a Terminator é que um punhado de fabricantes tóxicos transnacionais irá decidir o que vai ser plantado e o que todos os demais irão consumir.

IHU On-Line – Que ameaças de extinção e de modificação as sementes Terminator podem causar à biodiversidade?

Silvia Ribeiro – Todas as variedades que comemos hoje em dia em todo o mundo estão baseadas na criação, seleção, ressemeadura e intercâmbio de variedades entre agricultores/as e indígenas, processo que continua vivo e atuante. As diferentes culturas, gostos, situações geográficas e climáticas, a pequena escala e a necessidade de prevenir as condições mutantes criaram uma enorme diversidade agrícola, que também maneja e interage com a biodiversidade natural circundante. Isso significa uma grande resiliência com variedades que resistem melhor ao frio ou ao calor, à umidade ou à seca, além dos diferentes gostos e propósitos.

As Terminator são sementes uniformes que vão acabando com a diversidade à medida que são aplicadas. Em parte, porque elas se baseiam em algumas poucas variedades selecionadas pelas empresas centralmente para todo o globo ou para grandes regiões. A uniformidade produz uma enorme vulnerabilidade e mais demanda de tóxicos, o que serve ao lucro das empresas.

Mas, além disso, a tecnologia é tão complicada (se baseia na ativação de uma cadeia de genes, com a aplicação de um tóxico externo antes de cultivá-la) que, se for aplicada, certamente falhará em parte. Isso significa que os cultivos adjacentes que forem contaminados com pólen com a Terminator vão morrer (alguns), e outros continuarão levando o gene sem ativá-lo, que poderia continuar cruzando até que um químico ou alguma condição ambiental (como maior frio, calor, umidade) desate a cadeia e os esterilize.

Embora os que promovem a Terminator digam que ela é para a «biossegurança», na realidade ela multiplica os riscos: algumas plantas se tornarão estéreis, e outras continuarão se cruzando, disseminando a ameaça.

IHU On-Line – As sementes Terminator são usadas em algum lugar do mundo?

Silvia Ribeiro – Não, em nenhuma parte do mundo. O Brasil seria o primeiro país a aplicar essa tecnologia tão perigosa e imoral.

IHU On-Line – Por que o México apoiou o fim da moratória contra a semente Terminator em 2006?

Silvia Ribeiro – A Terminator não é aplicada no México atualmente. Depois da assinatura do Tratado de Livre Comércio do Atlântico Norte com os EUA e o Canadá (Nafta, em sua sigla em inglês), as transnacionais se apoderaram de quase todo o mercado comercial de sementes e insumos agrícolas no México e têm enorme peso sobre o governo.

O México, nas negociações de biossegurança, fala muitas vezes em nome dos interesses não do seu país, mas das multinacionais e dos Estados Unidos, que não fazem parte do Convênio de Diversidade Biológica, onde está a moratória da Terminator. Por isso, ele também permitiu experimentos com milho transgênico, mesmo sendo o centro de origem do milho, apesar da oposição da população, dos agricultores e dos consumidores.

IHU On-Line – Como você analisa a posição do Brasil com relação às sementes Terminator e o Projeto de Lei de Cândido Vaccarezza (PT) para liberar essas sementes?

Silvia Ribeiro – Acredito que é extremamente preocupante, já que o partido é do governo e está promovendo uma lei que é contra a soberania alimentar, tanto no Brasil como no resto do mundo. Se o Brasil a aprovar, estará entregando a possibilidade de decidir sobre a sua própria alimentação. Além disso, a proposta de Vacarezza argumenta que a Terminator é necessária para poder fazer plantas transgênicas «biorreatoras», isto é, que produzam substâncias industriais e farmacêuticas etc. Isso, por si só, apresenta enormes riscos ambientais e de saúde por causa da provável contaminação das redes alimentares.

A proposta de Vacarezza, que foi redigida por uma advogada da Monsanto, propõe que a Terminator seria para a «biossegurança», porque evitaria a contaminação provocada por essas plantas de alto risco e de outras, como árvores transgênicas.

Mas, como expliquei antes, a Terminator nunca é uma medida de biossegurança, mas sim o contrário. Isso quer dizer que a proposta apresenta um risco triplo: que sejam cultivadas plantas que poderiam ser tóxicas para a saúde se contaminarem outras; que a Terminator seja aprovada (que, sem dúvida, será usada em todas as plantas, não só nessas, porque esse é o verdadeiro interesse das empresas); e que se incentive o uso de monocultivos de árvores transgênicas, que, a todos os problemas dos monocultivos, somarão o da contaminação transgênica e a esterilidade.Sobre o processo, organizações brasileiras que acompanham o tema o descreveram assim: “Atualmente, a Lei de Biossegurança proíbe ‘a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso’ (art. 6º, Lei 11.105/05). Mas, mesmo sob o peso da moratória internacional e diante da atual proibição nacional, dois Projetos de Lei no Congresso tentam liberar as sementes Terminator no Brasil. Um é o PL 268/07, originalmente apresentado pela hoje senadora Kátia Abreu (DEM-TO), e atualmente de autoria do deputado Eduardo Sciarra (DEM-PR). E, em 2009, o deputado Cândido Vacarezza (PT-SP), que nunca atuou no campo da agricultura, apresentou o PL 5575/09, que prevê a liberação das sementes Terminator no Brasil. Em 2010, a Campanha Por um Brasil Ecológico e Livre de Transgênicos fez uma denúncia informando que o arquivo que está disponível no sítio da Câmara dos Deputados com a proposta do PL tem como origem o computador de uma das advogadas da empresa Monsanto! Esse Projeto de Lei foi muito questionado na sua tramitação na Câmara, mas, apesar disto, foi criada uma comissão especial para agilizar sua tramitação. Quando se cria uma comissão especial, o PL tramita em regime de prioridade, ou seja, diminui das 40 sessões da Tramitação ordinária para 10 sessões apenas!”.

Em junho de 2011, a Jornada de Agroecologia da Via Campesina no Paraná, com mais de quatro mil participantes, se pronunciou massivamente contra essas novas propostas de permitir a Terminator. O Seminário Internacional Cúpula dos Povos da Rio+20 Por Justiça Social e Ambiental, com cerca de 500 participantes, que foi realizada no Rio de Janeiro em julho de 2011, também se pronunciou.

As demandas ali propostas, para os poderes Executivo e Legislativo federais, foram:

– que o governo brasileiro mantenha o texto da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05) que proíbe a utilização de qualquer tecnologia genética de restrição de uso;

– que o governo brasileiro tenha uma posição firme e clara na Convenção sobre Diversidade Biológica para manter a moratória internacional às tecnologias genéticas de restrição de uso (GURTs), garantindo, como Estado-Parte da CDB, que a moratória também se aplica no Brasil;

– que o Congresso Nacional rejeite os PLs 5575/09 e 268/07 que tramitam na casa e que os senhores deputados Cândido Vacarezza (PT-SP) e Eduardo Sciarra (DEM-PR) arquivem esses PLs da pauta do Congresso, respeitando a moratória internacional à tecnologia Terminator e garantindo a soberania nacional em relação ao uso e reprodução das sementes, à segurança e soberania alimentar dos povos, e aos direitos dos agricultores, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, ao livre uso da biodiversidade e da agrobiodiversidade.

IHU On-Line – Como você recebeu a notícia de que Graziano da Silva assumiu a direção da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO?

Silvia Ribeiro – Acredito que Graziano da Silva deve afirmar claramente a mesma posição que o diretor anterior da FAO, ou seja, de condenação da tecnologia Terminator por ser uma ameaça direta à soberania alimentar.

IHU On-Line – Qual a sua expectativa com relação à Rio+20, que acontecerá no Brasil no próximo ano?

Silvia Ribeiro – Seria uma enorme contradição e uma vergonha internacional que um país que, pela segunda vez, será anfitrião de uma conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento esteja, ao mesmo tempo, adotando uma tecnologia como a Terminator, que traz consigo grandes riscos para o meio ambiente e para a biodiversidade, e é rejeitada por todo o resto dos governos do mundo.

E que, além disso, para se ajustar aos interesses de três, quatro empresas transnacionais de sementes, tente romper a moratória internacional, algo que poderia ter consequências devastadoras sobre a biodiversidade e a soberania alimentar, não só do Brasil, mas também de tantos outros países muito mais vulneráveis, que agora estão protegidos pela moratória internacional.

Lunes 15 de Agosto de 2011

“Quiero enviar un abrazo de muchos brazos a los jóvenes valientes que nos están dando a todos una lección de dignidad democrática desde las calles de Chile. Ellos, los indignados, demuestran que hay otro país posible, heredero de Balmaceda y de Allende, y que Chile no termina en las fronteras trazadas por los resignados y los indignos. Que de eso se trata, al fin y al cabo: luchando por la educación, los jóvenes educan a todos los demás. Esta protesta enseña. Yo les digo: gracias mil y suertudas suertes en tan hermosa aventura”.

A través de este mensaje el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de “Las venas abiertas de América Latina“, manifestó su apoyo al movimiento estudiantil chileno.

El saludo llegó a través de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), luego de que la periodista y estudiante de posgrado Valeria Osorio enviara un carta relatando las motivaciones, el estado, y las distintos problemas que ha tenido la causa.

“Sé que para los estudiantes de mi país (universo en el cual me incluyo) una sola palabra de aliento de gente que analiza constantemente la realidad latinoamericana, podría renovar las energías, la fuerza y la esperanza que se pierde día a día al ver que una causa tan noble y significativa, no sólo para ellos, sino que también para las futuras generaciones, no recibe respuesta”, manifestó la estudiante en su misiva al escritor.

La Rebelión de la juventud chilena

Rebelarse es afirmar un nuevo ideal. El perverso sistema capitalista salvaje globalizado, le impone el espíritu quietista, resignado/fatalista a la juventud, con una rutina –con mucho peloteo, Rocks, drogas, pornografía, depravación, telebasura y consumo al por mayor– en la manipulación de las ideas, hipocresía en la moral y domesticidad en la vidorria diaria. “Es lo que hay, dios lo quiere así”, lo afirman la minoría satisfecha de éste país. Todo esfuerzo por liberarse de esas coyundas es una expresión de espíritu de rebeldía. Veamos a la juventud que ha dicho ¡Basta!, en Libia luchando por su patria ante la infame invasión y bombardeo de la nazi OTAN, la juventud de España en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, etc. Los dueños de la celestina universal, la minoría de ricos parásitos sibaritas, les declara la guerra con sus aparataros militares represivos, porque ponen en peligro sus intereses y perturban “sus mentiras vitales”, que a diario machacan sus medios mediáticos de comunicación globalizados. La juventud trae un nuevo mensaje revolucionario. Los ricos y su testaferra clase política se olvidan que, de tiempo en tiempo, los grandes espíritus desafían a la Vulgata capitalista globalizada, con sus desafíos y utopías enmarcadas en verdades vitales, a las cuales, ninguna persona honesta se puede restar.

Si los ricos, opresores atiborrados, creen que pueden detener la marcha de la Humanidad descalificando al movimiento social que encabeza la juventud con motes de “delincuentes, inútiles, subversivos” se equivocan. Atención, ya la cuerda no se puede estirar más, es la hora de poner fin a las injusticias económicas, a los privilegios políticos, a la falta de justicia, a la supersticiones fundamentalistas religiosas, etc.

La rebeldía es la más alta disciplina del carácter de la persona, templa al joven en la lucha, poniendo en un mundo ideal la recompensa, que es el común destino de los grandes perseguidos: la Humanidad venera sus nombres y no recuerda el de sus perseguidores. La rebeldía, afirmaba el Prof. Viterbo Osorio Santelices, uno de los grandes ideólogos de la reforma universitaria chilena de fines de la década de los sesenta, “es eterna y creadora y una juventud sin espíritu de rebeldía es servidumbre precoz…”

Con esperanza y memoria,