Lunes 15 de Agosto de 2011
Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades
Con la presencia 422 delegados de 101 organizaciones de 16 estados del país, las y los participantes de la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales expresaron su sentir y pensar frente a la actual situación de catástrofe que ocurre en todo el mundo y de forma muy especial en México.
1. La Crisis mundial
La crisis económica mundial iniciada entre 2007 y 2008 sigue su curso de autodestrucción implacable en 2011. En la medida en que los principales Estados del mundo, liderados por el Estado norteamericano y las naciones europeas, se empeñan en no reconocer todo lo que está mal y retroceder, transformando las industrias, técnicas y objetos materiales que cada vez son más peligrosamente tóxicos y destructivos, se dedican más a rescatar gigantescas empresas financieras e industriales socialmente innecesarias.
Como parte de ese rescate se impide que ocurra la desvalorización de los capitales y riquezas nocivos, y se transfiriere violentamente una parte sustantiva de las pérdidas empresariales al sector laboral y social en todo el mundo, o bien se intenta compensar los déficits realizando violentos despojos de tierras, aguas y otros recursos naturales estratégicos entre las naciones y grupos sociales más débiles.
La reciente asignación de rescates financieros de las grandes empresas aplaza artificialmente la vigencia de los principales sectores de la vieja división del trabajo, no sólo a la industria productora de vehículos automotores y aviones, sino a la industria de la vivienda y la construcción asociada a la forzada urbanización salvaje en todo el mundo, a la minería y el petróleo asociado a ellos, a la industria química y farmacéutica, a la agroquímica, las actividades pecuarias y las cadenas distribuidoras de bienes asociados al consumismo urbano.
Adicionalmente, los Estados de los países más ricos proceden a imponer especulativa y violentamente nuevos sectores económicos ligados a la llamada “economía verde” (bonos que cuantifican, homogenizan y trafican con el CO2, las especies en extinción, las aguas en crisis, los Mecanismos de Desarrollo Limpio, las tecnologías de adaptación o mitigación al cambio climático, etc.), a las más recientes y especulativas tecnologías de punta (genómica, biología sintética, geoingeniería, nanotecnología, biomasa y otras formas de energía, etc.), así como a la cada vez más automatizada industria militar, o bien a la diversificada economía criminal en todo el mundo.
Como expresión superficial de este importante trasfondo oculto, los principales Estados del mundo también protegen los intereses de las instituciones financieras mas poderosas, promotoras no sólo de esta pervertida nueva figura de la división internacional del trabajo, sino también de todo tipo de chanchullos financieros (hedge funds) que desde hace varios años han sido ampliamente denunciados.
De ahí que cada día que pasa se agrave extraordinariamente en cada vez más regiones del mundo el endeudamiento de los principales Estados hegemónicos, la imposibilidad de poder pagar las deudas de los grandes Estados, el recorte de todo tipo de servicios estatales dirigidos a atender las necesidades de la población, la caída de los salarios, el empleo y la destrucción de los derechos colectivos de los trabajadores, la defensa alevosa de los privilegios de los grupos dominantes y hambrunas extraordinarias, el empobrecimiento de masas crecientes de población (incluso en las metrópolis más ricas), la depredación de todo tipo de recursos naturales, así como el estallido del descontento social en todas las regiones del mundo.
Como parte esta de situación económicamente catastrófica, no sólo se observa una recesión creciente en regiones metropolitanas como Europa y Estados Unidos, sino también el creciente reflejo de “rescatar” la desorganización económica y ambiental del capital. Instinto de salvación que se ve compelido a realizar rescates mediante la aplicación de cada vez más guerras entre naciones o bien mediante la creación artificial de conflictos entre la propia población, enmascaradas de conflictos intercomunitarios o bien como guerras en contra de la degeneración criminal de una población mundial cada vez más marginada y por lo mismo más criminalizada.
2. La crisis de México
De ahí la forma en que dentro de nuestro país —además del intento por perpetrar una reforma laboral que legitime nuevas marcas record de superexplotación y desempleo, el violento retorno de los que han huido a Estados Unidos, o la aplicación de masacres selectivas a los flujos de transmigrantes centro y sudamericanos— presenciamos no sólo el apuntalamiento institucional y descarado de todo tipo de despojos. De ahí la reforma jurídica promovida en el Congreso de la Unión en vistas a crear las Asociaciones Publico Privadas (APP) y también el incremento de todos los tipos de violencia económica, política, social y cultural.
Los niveles insólitos con que en nuestro país opera la economía criminal (40% del PIB), la economía informal (15% del PIB), el desplazamiento y la trasmutación de un desempleo extraordinario en la afluencia de dos decenas de miles de millones de dólares en remesas, así como el saqueo imparable (criminal y empresarial) de la industria minera y petrolera, se manifiestan curiosamente como una economía que goza de una misteriosa “salud”, ello a pesar de haber destruido la mayor parte del mercado interno, todas las cadenas industriales internas, la soberanía ambiental, la soberanía demográfica, la salud de la población, así como cada vez más condiciones naturales ambientales de la producción y la reproducción. En correspondencia con el agigantamiento de la economía criminal y la violencia estructural en todos los niveles y regiones del país, el Estado mexicano saca adelante una antidemocrática reforma a la ley de seguridad nacional, que le garantiza la implementación de un estado de sitio estructural.
Paralelamente con lo anterior se observa una completa descomposición institucional del Estado mexicano, no sólo por los niveles sin precedente de corrupción gubernamental, sino por el modo en que se aplican todo tipo de procesos de desregulación que garantizan a las empresas la superexplotación laboral, el despido de trabajadores, el despojo de los recursos naturales a las comunidades rurales y urbanas, el uso depredador de los recursos o su contaminación, el abuso sobre los derechos de los consumidores, etc. Pues además de esto, también crece el uso sistemático de las leyes, los dictados y las resoluciones judiciales, así como la aplicación de las políticas publicas y la fuerza del Estado en contra de la población. De modo que la violencia propia que implica el cumplimiento de la ley, con todos sus dictados legislativos, vigilancia y resoluciones judiciales, actualmente es dirigida en contra de los derechos de los pueblos y la justicia misma.
Como el aumento del sufrimiento cotidiano del pueblo, así como el agotamiento de la ingenuidad y la paciencia ciudadana es patente en todos lados, la proximidad de las elecciones federales en un contexto de franca desconfianza y abierta manipulación mediática de las preferencias vuleven electoralmente funcional la descomposición criminal de la sociedad, el caos aterrorizante de innúmeras masacres cotidianas cada vez más espantosas y la ultra militarización de la vida cotidiana. El clima de terror perversamente alentado tiene así la capacidad de frenar la presente necesidad de un cambio en ese modelo económico y político que hoy permite depredar y exterminar a los más pobres.
La crisis se impone en todo el mundo ha impuesto una dinámica salvaje de ”sálvese quien pueda” y México no es la excepción. De ahí la cada vez más frecuente ruptura de los equilibrios políticos tradicionales entre los diversos grupos de poder. La perdida de legitimidad del régimen del presidente Felipe Calderón expresa el modo en que este político y su grupo de interes ha necesitado aliarse con los más oscuros grupos de poder en México, desgastando como nunca antes las funciones del Ejercito y la Marina, desestabilizando las alianzas estratégicas con los diversos grupos de poder de Estados Unidos, o incluso con los principales grupos del PRI (asociados a otros intereses criminales). El inminente colapso del sistema electoral se convierte así en un indicador más del momento de peligro extraordinario en que vive el país.
Dentro de esta coyuntura electoral no sólo se impone una degradación creciente en los tres poderes de la Unión así como de las políticas públicas en los tres niveles de gobierno. A ello se suma la competencia de los políticos de todos los partidos políticos por ofertar a los grandes poderes económicos del libre comercio, una privatización cada vez más audaz de los bienes públicos y los bienes comunes, y la consiguiente entrega cada vez más profunda de la soberanía del país a los intereses del capital transnacional. De ahí la emergencia de una miríada de codiciosos políticos profesionales independientes que bajo las circunstancias actuales ya no tienen la necesidad de responderle a nadie (ni siquiera a los grupos de interés amafiados dentro de sus respectivos partidos políticos).
3. Panorama de la crisis ambiental de México y sus luchas
El ejemplo mas representativo de la profundidad que ha adquirido la crisis ambiental de México es, sin duda alguna, la crisis de nuestros recursos hídricos, por la profundidad catastrófica y la amplitud nacional que ya ha adquirido el tema. Pues actualmente predomina una muy alta y lesiva contaminación de los principales ríos de México, ocasionada simultáneamente por las industrias, la agricultura, ganadería, forestería y pesca altamente quimicalizadas, así como por las actuales dinámicas de urbanización salvaje, por la sobreexplotación y consiguiente contaminación subterránea de una parte muy importante de los acuíferos de la parte central del país, por la perdida irreversible en la capacidades de captación que originalmente tenían nuestras montañas boscosas, por el dislocamiento de los procesos de recarga de importantes acuíferos, o bien por el caótico cambio en el régimen de lluvias que ha impuesto el calentamiento global.
Aunque la extrema degradación del agua de México responde a múltiples factores vigentes desde hace muchas décadas, podemos afirmar sin errar que desde hace más de 20 años el eje principal de la devastación descansa en las políticas públicas y las prácticas gubernamentales y empresariales derivadas del libre comercio. De ahí emerge una sistemática desregulación ambiental (que esta integrada por una serie de nueva leyes y normas ad hoc, por la inobservancia de leyes y normas previamente existentes, por el mantenimiento artificial de sabidos “vacíos legales”, por la creación de candados que autoanulan las leyes benéficas, por la corrupción de funcionarios en los tres tipos y tres niveles de gobierno, etc.), que se enfoca en erosionar el carácter estratégico de nuestros recursos, así como en favorecer procesos de acumulación “rápidos y furiosos” de las más grandes empresas transnacionales. Después de veinte años de progresiva deformación del ámbito jurídico, México se ha convertido en uno de los principales paraísos internacionales de desregulación ambiental.
Gracias a ello, la actual depredación del agua, como condición general de la producción y la reproducción de toda la v ida, se ha convertido en el eje del actual proceso de devastación socio-ambiental de México. De modo que la pérdida irreversible del recurso o su conversión en vector de intoxicación general de la sociedad, expresa el modo en que el sistema económico nacional se ha acostumbrado ya a externalizar todas sus fuerzas destructivas dentro del ciclo y el flujo de este estratégico componente metabólico de la vida natural y social.
Pero en estos sucios reflejos de agua encharcada también se puede observar muy claramente la imagen de la actual degradación de la economía mundial. Pues en el mal manejo gubernamental del agua se observa cómo esa extrema contaminación tolerada y solapada en nuestros ríos y acuíferos, hoy se convierte en el punto de partida de numerosos negocios de una “nueva” economía: la construcción de costosísimas plantas de tratamiento de agua potable, que al no poder ser financiadas por los organismos operadores municipales abren las puertas de la participación de poderosas empresas privadas en la construcción de infraestructuras y venta de servicios hídricos. De modo que la producción artificial de escasez creciente de agua se ha convertido actualmente en la base de un impúdico negocio particular de empresas y autoridades federales, estatales o en ocasiones municipales.
Pero si el tema de la pérdida del agua muestra el eje general de la actual destrucción ambiental de México, el caso de la nueva minería a cielo abierto muestra a su vez la punta de lanza más agresiva que ha adquirido este proceso durante los últimos 10 años. No sólo por la forma tradicional en que la minería envenena y agota las aguas de las regiones de explotación, sino sobre todo por la forma en que el agotamiento de las reservas mundiales más ricas (el “peak” minero) ha generalizado en todo el mundo a las nuevas tecnologías extractivas de cielo abierto.
Con lo cual se han desatado en múltiples países procesos inauditos de devastación de la biodiversidad, la orografía y la hidrogeología que generan descomunales cráteres abiertos por las actuales empresas mineras (de hasta 4 o 6 kilómetros de diámetro o bien de tres o cuatro kilómetros de profundidad). A los cuales se suman los consumos extraordinarios de energía que genera la cotidiana explosión y pulverización de las rocas, o bien el acumulado de innúmeros lodos tóxicos que produce el lavado de las harinas de roca en diversos caldos químicos encaminados a extraer los ahora escasos minerales presentes en las rocas.
Aún así, las reservas mineras de México no se encuentran entre las principales diez reservas del mundo y ni siquiera resultan físicamente primordiales para la industria y la economía estadounidenses. No obstante el grado de extraordinaria desregulación ambiental que ofrece el México panista del libre comercio, combinado con la proximidad territorial que tienen nuestras riquezas con los vecinos del Norte, según la Rand Corporation han hecho del México actual la región de saqueo minero más segura para el imperio estadounidense y canadiense en todo el planeta.
Caso emblemático del estratégico manganeso, uno de los cuatro metales más importantes para toda la industria estadounidense. De ahí que México sin ser una zona de reservas de gran importancia, no obstante se haya convertido en el principal proveedor estratégico de este metal para Estados Unidos.
Lo cual se complica durante los años más recientes de la crisis económica por el encarecimiento exponencial que han sufrido el oro y la plata, como los tradicionales valores refugio durante los tiempos de turbulencia económica. Elevación de precios que vuelve cada vez más costeables a los yacimientos de mediana o baja intensidad. De ahí la presencia de unas 80 empresas canadienses en México que actualmente se dedican a prospectar, adquirir y explotar las principales regiones auríferas de México, en más de 26 mil concesiones y más de 800 proyectos mineros que gozarán de vigencia en periodos de cincuenta a cien años.
Sólo un entreveramiento de intereses coyuturales y estratégicos tan enrevesados puede explicar el modo en que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) se ha obstinado en autorizar y defender públicamente a las empresas mineras canadienses en contra de las parcas leyes ambientales mexicanas y en contra de varios fallos judiciales emitidos por las cortes nacionales, permitiendo que las destructivas actividades extractivas de la firma canadiense Minera San Xavier se mantengan en pie, saqueando las reservas de oro en el simbólico cerro de San Pedro en San Luis Potosí.
Siguiendo idénticas pautas, el Gobierno Federal no sólo se ha esforzado en transformar la ley petrolera, para así consumar el largo proceso de privatización y desnacionalización del petróleo de México, de suerte que resulte posible a las firmas estadounidenses, en esta nueva era de perdida de control sobre las principales reservas del mundo (Medio Oriente, Norte de África, Rusia, Afganistán, Venezuela y Brasil) puedan ampliar su frontera petrolera en México y adicionalmente controlarla militar y paramilitarmente. De modo que ello es lo que actualmente rige la apertura a la inversión extranjera de las inmensas reservas de hidrocarburos de aguas profundas y someras, así como las reservas terrestres de zonas como Chicontepec, el sur de Veracruz o la región selvática de Chiapas. Lo cual amplifica cuantitativa y cualitativamente todos los riesgos ambientales ya experimentados durante muchas décadas en México, incluso con afectaciones y externalidades del tipo del desastre ocasionado por la empresa BP en las aguas profundas de Nueva Orleans.
Como es ampliamente sabido Pemex fue, durante sus mejores años, la principal y peor fuente de contaminación y destrucción ambiental de México, ocasionando inmensos daños incuantificados principalmente en la riquísimas zonas de selva tropical, humedales, manglares y aguas someras en el Sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. Ligado a ello la región vio crecer las actividades de transporte, almacenamiento, refinación y petroquímica, lo que convirtió a este complejo petrolero en una de las peores zona en el mundo por intoxicación y difusión de enfermedades degenerativas derivadas del petróleo.
No obstante, como el actual desmantelamiento de PEMEX ocurre en el contexto de una franca destrucción de la industria mexicana por cuenta del Libre Comercio, la deliberada falta de mantenimiento de la empresa coincide con el desbocamiento de una economía criminal que fomenta no sólo la ordeña de las inmensas redes de ductos de crudo, gas, gasolinas y petroquímicos, sino incluso el inaudito y descarado robo de plataformas off shore. No casualmente los accidentes petroleros de instalaciones se han disparado, ocasionando continuas fugas, derrames y explosiones fuera de control, contaminación persistente, gravísimas enfermedades de las poblaciones afectadas o incluso accidentes catastróficos como los recientemente vividos en la ciudad de Tula o en San Martín Texmelucan, Puebla.
Bajo estas circunstancias Pemex —junto a las nuevas empresas petroleras estadounidenses y españolas que ya participan activamente en el desarrollo de las nuevas actividades petroleras— hoy encabeza la lista de todas las empresas que en México destruyen el medio ambiente y la salud de la población campesina, pesquera y urbana que tiene la desgracia de vivir en las inmediaciones de todo este tipo de infraestructuras.
Otro caso mundialmente ejemplar en materia de destrucción ambiental, social y cultural es del maíz mexicano, planta sagrada por el modo en que conforma el eje civilizatorio de todas las culturas mesoamericanas, de nuestra estratégica biodiversidad agrícola, de las presentes actividades básicas de los pueblos indios, así como de toda nuestro acervo culinario y medicinal tradicional.
El maíz de México no sólo ha sido sistemáticamente atacado por el libre comercio, que se ha dedicado durante los últimos veinte años a destruir la soberanía alimentaria del país. Pues adicionalmente se ataca en un plano biológico las más de tres mil variedades de maíz, por el modo en que se ha permitido la introducción de semillas transgénicas estadounidenses en los campos mexicanos propiciando que ocurra la contaminación de nuestras semillas originales en todas las grandes regiones de México.
Contaminación que ha dejado de ser algo accidental. Pues los actuales cambios en las leyes de bioseguridad y semillas no sólo permiten la creación de inmensos centros experimentales de cultivo de maíz transgénico en campo abierto, sino que además se dedican a proteger en estados como Tlaxacala, Michoacán y próximamente en Oaxaca, los derechos de las empresas transnacionales productoras y comercializadoras de semillas transgénicas.
Como ha venido ocurriendo en otras regiones del mundo como Brasil o Argentina, ello anticipa la operación completamente libre de estas empresas en todo el territorio nacional, escalando de forma incontrolada el empleo de pesticidas, lo que ya ha llevado en esas regiones rurales hasta la afectación genética de las poblaciones que viven en las inmediaciones de estas nuevas plantaciones transgénicas.
La presente degradación de las leyes mexicanas de semillas y bioseguridad resulta adicionalmente alarmante por el modo en que avanzan dentro de nuestro país el cultivo de muchas variedades de plantas y árboles transgénicos, muy especialmente el retorno de la amenaza del llamado «maíz terminator», pero sobre todo el avance del llamado maíz bioreactor, que no es más que el moderno uso de esta planta como una sofisticada fábrica química de productos farmacéuticos, energéticos, plásticos y bélicos. Lo cual ya no implicará el uso del maíz para producir alimentos deformes y contaminantes, sino el uso completamente industrial de nuestras variedades de maíz y con ello el exterminio integral de todas las milpas y la cultura general del país
El salvaje crecimiento urbano de México, actualmente encabezado por los 22 millones de habitantes de la Ciudad de México y los ocho millones adicionales de la corona de ciudades que la rodean, se ha convertido en otro complejo frente de guerra en contra de la vida campesina y de los pueblos y barrios que ven perder sus tierras, aguas, bosques, manglares, playas y aires en manos de las empresas urbanizadoras.
La presente fase final del neoliberalismo ha sido particularmente enfática en el fomento de la producción especulativa de vivienda, que no responde a planes públicos de verdadero interés social, sino sólo a iniciativas particulares de acaparamiento de tierra y construcción caótica de viviendas e infraestructuras urbanas (carreteras, libramientos, distribuidores viales, basureros, organismos operadores de agua potable, plantas de tratamiento de agua residuales, malls, gasolineras, hoteles, universidades privadas, casinos, antros, etc).
De ahí que esta agresiva dinámica de urbanización se haya convertido en una verdadera pesadilla de privatización de múltiples servicios públicos, despojos de tierras, aguas y bosques, demolición de barrios urbanos, sobreexplotación y bloqueo de la recarga de los acuíferos, contaminación inefable de ríos, canales y otros cuerpos de agua, tierras y aires, ocasionada por el despilfarro de sustancias tóxicas, metales pesados, pinturas, basuras, plásticos y energías. Lo cual se ha salido de control por la actual política imperante de desregulación ambiental de dejar hacer y dejar pasar cualquier cosa que tenga que ver con los intereses particulares, sobre todo cuando se trata de los de las empresas transnacionales.
Así, aunque el país en realidad ha sufrido de la destrucción neta de todas sus principales industrias y centros de producción agropecuaria (provocando un enorme desempleo y el principal flujo de emigración del mundo) la calidad de las nuevas industrias y técnicas agropecuarias implantadas por el libre comercio ha ocasionado una regresión ambiental sin precedentes. Pues se le abrieron las puertas de la desregulación a las industrias maquiladoras más tóxicas del mundo (de las industrias textiles, químicas, plásticas, microelectrónicas, automotriz, etc.), a las empresas de la minería a cielo abierto, a la superexplotación petrolera, a la industria automotriz y de aviación, etc., ocasionando la putrefacción de los principales ríos del país.
Procesos que ocurren en paralelo con el desarrollo de los nuevos procesos de agroexportación de papas, algodón, hortalizas, aguacates, flores, plantaciones de biocombustibles, y nuevos organismos transgénicos, o bien con el emplazamiento de megagranjas de cerdos, pollos, camarones, etc., que no sólo agotan el agua de las inmediaciones, sino que igualmente las envenenan por el uso completamente desregulado de pesticidas y fármacos o bien con la emisión de cantidades descomunales de basuras y excrementas.
Bajo las nuevas circunstancias productivas impuestas por el libre comercio, con la promesa de la desregulación laboral y ambiental, se atrae sobre todo una inversión de capital de la peor ralea, propiciando la sobreexplotación de los recursos, así como una increíble putrefacción e intoxicación de las principales aguas y tierras de México.
Por ello, el desorden de las nuevas ciudades e industrias y de las zonas campesinas de agroeexportación del libre comercio les roban a todas las comunidades y pueblos rurales el agua de los ríos, lagos y el subsuelo, para tan sólo retornar completamente envenenadas, provocando insólitas formas de enfermedad y muerte entre las comunidades empobrecidas. Dinámica que se repite con el metabolismo campo-ciudad de las basuras sólidas municipales, hospitalarias e industriales, propiciando una pandemia cada vez más ubicua de enfermedades degenerativas como el cáncer, las enfermedades inmunológicas, las malformaciones genéticas o incluso las llamadas enfermedades raras. Si bien, las desgracias se concentran entre toda la población que tiene la desgracia de vivir en las inmediaciones de las grandes ciudades e industrias, o incluso sobre depósitos tóxicos enterrados clandestinamente.
Como consumación todas estas perversidades, y la correspondiente destrucción ambiental y de salud, así como el sufrimiento de la naturaleza y la sociedad, es vista por el libre comercio como la oportunidad de realizar todo tipo de negocios relacionados con la remediación ambiental y la mitigación de los dislocamientos climáticos, pues permite la venta de supuestos bienes desintoxicados, o bien la venta de servicios ambientales, o la prospera venta e intercambio de los derechos a contaminar entre los que supuestamente conservan, mitigan o remedian y los agentes económicos criminales que francamente destruyen el medio ambiente y lo contaminan. Dentro del nuevo contexto de esta economía de capitalismo “verde” descuellan los promotores de las nuevas tecnologías milagrosas de punta que pretenden enriquecerse especulativamente con la venta de supuestas soluciones a las desgracias contemporáneas.
Es el caso de los vendedores de medicina génica, biología sintética, organismos transgénicos, nanotecnologías, geoingenierías y todas las nuevas y sofisticadas iniciativas que en realidad lo que hacen es introducir sin ningún principio de precaución nuevos riesgos que escalan las incertidumbres globales y las externalidades. Todo lo cual es comenzado a ver de forma completamente enloquecida como la mejor oportunidad para volver a impulsar a la estancada economía mundial.
Dentro de este panorama general de devastación estallan continuamente focos rojos de castigo y sufrimiento social, así como estratégicos frentes de dignidad social, resistencia, organización y lucha popular contra la corrupción de los gobiernos y la prepotencia de las empresas que destruyen nuestras condiciones de vida o que simple y llanamente pro ceden a realizar despojos.
4. Acuerdos de la ANAA
* a. el TPP
Frente a este panorama de emergencia y ante la perspectiva de que el gobierno mexicano responda a esta crisis ampliando el desvío de poder, su entrega irrestricta a intereses ajenos consolidando los proyectos nocivos que no ha logrado imponer hasta ahora, profundizando la polarización política del país y recurriendo a la intensificación de la violencia contra las comunidades, nosotros, como Asamblea, hemos decidido incorporarnos a los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que comenzarán en Octubre de 2011 y que, durante los próximos dos años, entablará un proceso para enjuiciar el Libre Comercio, la guerra sucia, la impunidad y reivindicar los derechos de los pueblos en siete audiencias:
1) Violencia, impunidad y acceso a la justicia;
2) Feminicidios y violencia contra las mujeres;
3) Violencia contra los trabajadores;
4) Violencia contra los migrantes;
5) Destrucción ambiental;
6) Maíz y soberanía alimentaria; y
7) Medios de comunicación.
Siendo la defensa de nuestros territorios y bienes naturales el eje de nuestra lucha, continuaremos formando parte del Comité Promotor de la Audiencia Ambiental y trabajaremos para la presentación de los casos que nos corresponden. Asimismo, llamamos a todas las comunidades y organizaciones sociales del país, que están luchando por defender la vida de los pueblos y sus posibilidades de futuro a través de la defensa ambiental a que se sumen a este proceso para evidenciar la responsabilidad del Estado mexicano en la destrucción actual del país, lo mismo que a organizarnos con otros movimientos sociales del campo y la ciudad para detener todos la barbarie a que nos han orillado.
* b. el TLA
Respaldamos a la delegación que asistirá para presentar nuestra demanda colectiva al gobierno mexicano por la destrucción del sistema hídrico nacional en la sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua, que ocurrirá en septiembre de 2011 en Buenos Aires, Argentina.
* c. Demandas
La 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
• Exige, junto con las comunidades que conforman el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), la cancelación definitiva del proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, así como de las presas de El Zapotillo, en Jalisco, Paso de la Reina, en Oaxaca y de las 112 mini-hidroeléctricas en el estado de Veracruz. Todos estos proyectos se han impulsado mediante la violación de los derechos de los pueblos y de las leyes y sin respetar la voluntad de las comunidades.
• Demandamos que se detenga el proyecto de expansión de las criminales Granjas Carroll de México en el Valle de Perote, en los estados de Puebla y Veracruz, y el cese de las amenazas del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle a las comunidades afectadas, así como el respeto a la autonomía municipal en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla. Reiteramos nuestra exigencia para que la empresa Granjas Carroll de México (Smithfield) salga del territorio del país.
• Exigimos la cancelación de las operaciones mineras en todo el país y el respeto a las demandas de las comunidades afectadas por empresas mineras trasnacionales, especialmente en Cerro de San Pedro, SLP, Alto Lucero, Veracruz, San José del Progreso, Santa María Zaniza y Calpulalpam, Oaxaca, Chicomuselo, Chiapas, Santa Gertrudis, Jalisco y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
• Demandamos la reubicación de la presa de Jales, propiedad de la empresa Arcelor Mittal que afecta la vida y las propiedades de los habitantes de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán.
• Exigimos el cierre inmediato y permanente de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde y la cancelación del programa nucleoeléctrico del país. Denunciamos el riesgo de un accidente nuclear por la cercanía del proyecto minero Caballo Blanco a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, que está ubicada a sólo 3 kilómetros del proyecto minero.
• Exigimos el respeto a la autodeterminación de la comunidad de Cherán, Michoacán y porque el gobierno mexicano cumpla con su deber de brindarles la seguridad de que no serán atacados por la delincuencia organizada.
• Demandamos al gobierno mexicano la derogación de las leyes federales de bioseguridad, de semillas y de las leyes estatales de fomento y protección al maíz de Tlaxcala, Michoacán y en Oaxaca, que al igual que el proyecto de ley de consulta de los pueblos indígenas, simulan ser leyes de protección de derechos, cuando en realidad son nuevos instrumentos para minimizar la resistencia ante el despojo y no prohíben la introducción de semillas transgénicas en los estados pero sí definen el procedimiento de autorización para introducirlas, almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su territorio, dando certeza jurídica y económica a la inversión de empresas semilleras y agroindustriales, transnacionales y nacionales. Rechazamos la siembra experimental, piloto, o comercial de cualquier tipo de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México.
* d. Plan de acciones urgentes y fortalecimiento de la Asamblea
En este momento, varias luchas comunitarias requieren de nuestro apoyo y solidaridad urgentes: Temacapulín, Jalisco, Cherán, Michoacán, La Nueva Palma, San Luis Potosí e Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. Hacemos con ellos el compromiso de apoyarlos en su lucha y de difundirla en todos los espacios en que intervenga nuestra Asamblea.
En virtud de que las comunidades y organizaciones sociales que participamos en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales estamos comprometidos, no sólo con la defensa de nuestros derechos y de la madre tierra, sino también con la construcción de alternativas ambientales autogestionadas y comunitarias, empezaremos un proceso amplio de discusión, a lo largo de los próximos meses, para determinar una adición al nombre que nos da identidad y así definir, en la 8ª Asamblea Nacional si cambiamos nuestra denominación a Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales
Todo este trabajo organizativo, de acción y formación lo realizaremos en los próximos meses, hasta volver a reunirnos en el estado de Michoacán a mediados de 2012 para la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
* e. Saludos
Saludamos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en su lucha por visibilizar a todas las víctimas de la guerra sucia del Estado Mexicano en contra del pueblo de México.
Compartimos el dolor de la familia Reyes Salazar y le ofrecemos nuestro apoyo en su búsqueda de justicia, en su lucha contra la impunidad y exigimos la protección de los derechos y la vida de los familiares.
Saludamos a todas las organizaciones e individuos que han respondido a nuestros llamados de apoyo para la realización de esta 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Gracias a su respaldo, hemos podido llevar a cabo con éxito nuestros trabajos y fortalecer nuestra organización.
Comunidad Diaguita Calchaquí de Animaná denuncia usurpación de su territorio por parte de empresarios en complicidad con el estado provincial de Salta.A pesar de la existencia de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, empresarios siguen usurpando territorios y destrozando nuestra biodiversidad con desmontes, plantaciones de viñedos y perforaciones, amparados por la policía y la Justicia provincial que archiva las denuncias de los miembros de la Comunidad y no hacen lugar a los amparos de nuestra comunidad.