2000-10-10
Carta Publica del Grito de los Excluidos/as a las Naciones Unidas
Nos dirigimos a Naciones Unidas a nombre del Grito de los Excluidos/as, que es una gran manifestación popular que el 7 de septiembre en Brasil y el 12 de Octubre en toda América moviliza a millones de personas bajo el lema «Por pan, trabajo y vida». Pertenecemos a diferentes países, sectores sociales de base y formas de pensamiento, pero nos hemos unido para hacer escuchar nuestras voces de indignación y esperanza en el ámbito internacional.
Acudimos a decir a las Naciones Unidas y a los gobiernos del mundo que es hora de tomar acciones enérgicas para revertir la situación vergonzosa de miseria y exclusión en la cual se le ha sumido a la mayoría de la humanidad.
Venimos a exponer sobre la situación que vivimos los hombres y mujeres pobres del campo y de la ciudad, campesinos sin tierra, indígenas sin derechos, desempleados y subempleados, migrantes, la niñez y la juventud, los adultos mayores, en suma, los excluidos y excluidas del proceso de mundialización liberal. Queremos, a la vez, acompañar nuestras denuncias con alternativas que permitan superar tal situación.
Globalización.- Nunca como ahora la humanidad ha dispuesto de tantos recursos económicos, tecnológicos y científicos para desterrar el azote del hambre, las enfermedades y el analfabetismo, sin embargo la globalización neoliberal ha puesto en el centro de sus preocupaciones los afanes de lucro en lugar de las necesidades humanas y ha colocado el mercado por encima del bienestar social, alejando la posibilidad de alcanzar el desarrollo social y humano que todos anhelamos.
A la hora de evaluar la globalización en curso, uno es el criterio que tienen los ejecutivos en sus lujosas oficinas en Nueva York, Washington, Bruselas, Tokio y otras ciudades donde residen los poderes mundiales, las transnacionales y las bolsas de valores, y otro, muy diferente, el de los/as excluidos/as de las favelas de Río de Janeiro, los «pueblos jóvenes» de Lima, los indígenas del altiplano boliviano o los campesinos sin tierra de Honduras.
Los resultados de los procesos de liberalización, desregulación y privatización que se aplican en todo el mundo, desde hace más de dos décadas, están a la vista y sus efectos perversos han sido demostrados con estadísticas por diversos organismos de Naciones Unidas y de la sociedad civil: se han incremento las desigualdades; hay mayor pobreza y desempleo; se ha degradado la calidad de los servicios públicos; nuestras sociedades son cada vez más violentas e inseguras; las guerras civiles, religiosas y étnicas cobran nuevas y mayores víctimas; se extiende el tráfico de seres humanos, las campañas de «limpieza social»; persiste la inequidad entre los géneros, la violencia y la discriminación hacia las mujeres; en fin, el medio ambiente está siendo gravemente afectado por un modelo basado en el consumismo, la contaminación y el despilfarro, poniendo en serio peligro el futuro de la propia vida en el planeta.
Las causas del deterioro económico, social y ambiental están directamente relacionadas con los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial, los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, la concentración monopólica de las transnacionales, la deuda externa, las privatizaciones y la crisis financiera provocadas por los capitales volátiles ávidos de altas rentabilidades a corto plazo.
La tríada Estados Unidos-Unión Europea-Japón concentra el poder financiero, los conglomerados industriales, la tecnología, el conocimiento y la información. El Norte domina las estructuras económicas, militares y políticas claves como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, el Grupo de los 7, la Organización Mundial de Comercio y la OTAN, y de hecho decide de facto la política mundial en tanto que los países del Sur, que concentran el 80% de la humanidad, tienen escaso poder de influencia y pierden progresivamente su soberanía y su capacidad de decidir sobre sus propios asuntos.
Las transnacionales.- Un puñado de corporaciones transnacionales ha adquirido tal poder que controla ya una cuarta parte de la economía mundial y aspira a más con los procesos de concentración y fusiones. Son más ricas que muchos Estados, sin que sus actos sean sometidos a control democrático alguno. Para alcanzar altos e inmediatos niveles de rentabilidad, estas corporaciones a menudo superexplotan la fuerza de trabajo, especialmente femenina y de la niñez, violan los derechos humanos y sindicales e ignoran normas de seguridad elementales. Cuando explotan los recursos naturales, turísticos, minerales, energéticos, agrícolas y genéticos ignoran las normas medioambientales y atropellan los derechos colectivos de las comunidades indígenas, negras, campesinas y urbanas.
Disparidades.- Las desigualdades entre el Norte y el Sur, y en el interior de nuestros países, en lugar de disminuir, se van agigantando. En 1997, el 20% de la población más rica del planeta se repartía el 86% de la riqueza, en tanto que el 20% de la población más pobre recibía el 1%.
El patrimonio de los tres hombres más ricos del mundo representa un valor superior al Producto Nacional Bruto de los 48 países más pobres con 600 millones de habitantes. En el mundo existen 1300 millones de personas bajo el umbral de la pobreza absoluta, 70% son mujeres. Es más, las mujeres ganan sólo la décima parte del ingreso mundial y poseen menos de la centésima parte de la riqueza.
La diferencia entre los países más ricos y los países más pobres era de alrededor de 3 a 1 en 1820, de 35 a 1 en 1950, de 44 a 1 en 1973 y de 72 a 1 en 1992, señala el PNUD. En este contexto, constatamos con preocupación cómo se deterioran los términos de intercambio y caen los precios de las materias primas. La ayuda al desarrollo disminuye y los países desarrollados están muy lejos de cumplir su compromiso de destinar a este objetivo el 0,7% de su Producto Interno Bruto.
La pobreza y el desempleo no solo afectan al Sur sino también al Norte. En los países industrializados, más de 100 millones de personas viven algún grado de pobreza, cinco millones no tienen vivienda y 37 millones están en el desempleo.
En América Latina nunca han existido tantos pobres como ahora. Al iniciar el año 2000, 224 millones de latinoamericanos / as se encuentran atrapados en la pesadilla de la pobreza, según reconoce la CEPAL. El número de personas viviendo con un dólar al día se elevó de 63,7 millones en 1987 a 78,2 millones en 1998. En el otro lado de la pirámide social, sin embargo, nunca había existido tanta riqueza en tan pocas manos. Nuestra región lleva el triste record de ser una de las más injustas del mundo. La liberalización y las privatizaciones de empresas y servicios públicos han reforzado la tendencia a la concentración de la riqueza, aunque la mayor parte del pastel ha sido entregado al capital transnacional europeo y norteamericano.
Deuda externa.- Durante el período extraordinario de sesiones de Naciones Unidas, reunido en Ginebra con motivo de los cinco años de la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague, se reafirmó el compromiso de buscar soluciones al problema de la deuda externa que «constituye uno de los principales obstáculos que impide lograr tanto el desarrollo sostenible centrado en el ser humano como la erradicación de la pobreza». No obstante, unas semanas después el Grupo de los 7 (países más ricos) reunido en Okinawa, Japón, enterró en la práctica, por las condiciones inaceptables impuestas, las promesas que hizo un año atrás en Colonia de perdonar las deudas de los países pobres muy endeudados. La deuda externa se ha convertido en un moderno mecanismo de piratería, expoliación y sometimiento. Solo en 1999, los países «en vías de desarrollo» realizaron una transferencia neta de 114.600 millones de dólares en beneficio de los acreedores del Norte. La deuda es un pesado fardo que aplasta a nuestros pueblos. Algunos países destinan más de la mitad del presupuesto público para servir la deuda. Los planes de ajuste y austeridad que impone el FMI representan cierre de escuelas públicas, desabastecimiento de hospitales, paralización de obras públicas, despido de empleados públicos, en suma, imposibilidad de salir del atraso y la pobreza.
Exclusión del trabajo decente.- La crisis financiera y el estancamiento de la economía han determinado que el desempleo en América Latina suba de un 6% en 1990 a un 9,5% en 1999, según informes de la Organización Internacional del Trabajo. Junto al desempleo abierto, encontramos el llamado sector informal o no estructurado que absorbe, en algunos países como Bolivia, Colombia y Perú, más de la mitad de la fuerza de trabajo en las zonas urbanas. Millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños/as pobres que se dedican a los pequeños negocios, ventas ambulantes, trabajo a domicilio, servicios domésticos, actividades agrícolas y otras ramas obtienen ingresos muy bajos e irregulares, viven en una situación de inestabilidad permanente y están excluidos/as de la protección social y de la legislación laboral. A medida que se deteriora la situación económica, la niñez se incorpora cada vez más al mercado de trabajo (15 millones al finalizar la década de los 90), quedando, de hecho, marginada de la educación, la alimentación y una vida digna.
Las reformas laborales y la «flexibilización», adoptadas para atraer las inversiones extranjeras, solo han servido para degradar aún más las condiciones de vida del trabajador que ha visto borradas de un plumazo conquistas laborales duramente logradas como la estabilidad, remuneraciones dignas, seguridad social, el derecho de organización y huelga. Las condiciones de esclavitud impuestas, principalmente a las mujeres, en las zonas francas y en las industrias maquiladoras de México, Centroamérica y El Caribe son un claro ejemplo del tipo de integración que los empresarios norteamericanos quieren imponer a toda la América Latina a través del Tratado de Libre Comercio de las Américas, ALCA, previsto para el 2005.
En tanto que un número muy reducido de la población se ha beneficiado de la modernización de la economía, de los avances tecnológicos y del consumo selectivo la gran mayoría de trabajadores ha visto descender en picada sus ingresos, a tal punto que, en la década de los 90, el poder adquisitivo de los salarios disminuyó en una tercera parte.
Autoritarismo y militarismo.- Los Estados se desentienden de sus responsabilidades fundamentales de asegurar servicios básicos sociales para todos, incluyendo la salud y la educación, sin embargo destinan grandes sumas a la compra de armas, pese a que la guerra fría es cosa del pasado, y los conflictos armados de Centroamérica han sido superados (Los gastos militares de América Latina y el Caribe aumentaron de 16.508.5 millones de dólares en 1990 a 26.503,2 en 1998, según la CEPAL).
Inseguridades.- La violencia común y la violencia sexista, la inseguridad y la delincuencia en las urbes latinoamericanas alcanzan niveles alarmantes. América Latina está considerada como una de las regiones más violentas del mundo, con tasas promedio cercanas a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las cárceles están llenas de pobres, porque los «delincuentes de cuello y corbata» rara vez van a prisión. La pobreza no puede considerarse como la única causa de la desintegración social. Son las desigualdades, la corrupción, la impunidad y la inoperancia de los sistemas judiciales los factores que contribuyen a generarla y agudizarla.
Pese a que en América Latina y el Caribe rigen los sistemas democráticos -más formales que reales- en varios países se criminalizan las luchas y movimientos sociales, se persigue, encarcela, asesina y amenaza a dirigentes campesinos y sindicales, a indígenas que luchan por la tierra, a defensores de derechos humanos y periodistas. Grupos paramilitares financiados por latifundistas cometen crímenes y masacres que quedan en la impunidad, actuando, muchas veces, con la complicidad de las autoridades estatales. En las ciudades, los grupos de «limpieza social» se encargan de eliminar a los que el sistema considera «desechables», esto es: niños de la calle, mendigos, homosexuales, trabajadoras sexuales.
Mujeres.- En este mundo donde se ahondan las desigualdades, las mujeres asumen cada día más responsabilidades vinculadas a la supervivencia colectiva y con menos recursos. Adicionalmente, las hambrunas, las catástrofes naturales, las epidemias, las violencias que se generan en ese contexto -además de la violencia de género-, proyectan al infinito los círculos de exclusión de las mujeres. De igual manera, bajo un modelo donde las mayores posibilidades de éxito están basadas en el acceso a la tecnología y al conocimiento, las posibilidades de salir de la exclusión se restringen cada día más.
Pongamos lo dicho en un ejemplo: en el campo, donde predominan las políticas agrícolas orientadas a la exportación, el incremento de tecnologías elimina las posibilidades «competitivas» de la producción tradicional de las mujeres, basada principalmente en la energía humana. Ellas, afectadas, además, por el éxodo de los hombres a las ciudades, se ven obligadas a resolver solas su situación y la de los niños, niñas y ancianos que quedan bajo sus cuidados.
Racismo y xenofobia.- Las diferencias ocasionadas por el color de la piel, el origen étnico, el género, la lengua o la nacionalidad están a al orden del día. Ningún país puede decir que se encuentra libre del azote del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Si en Estados Unidos persiste la opresión y la exclusión de los afroamericanos, los latinos y los indígenas, en América Latina y el Caribe están al orden del día los ataques xenófobos contra los bolivianos en Argentina y contra los haitianos en República Dominicana.
En nuestras sociedades continúa vigente el apartheid social heredado de la Colonia contra los pueblos indígenas y negros. Se manifiesta en forma de discriminación racial en la vida cotidiana y en el momento en que se les niega el acceso (o el acceso en igualdad de condiciones) a la tierra, a la educación, a la justicia, a los servicios de salud, a la vivienda, a los medios de comunicación, los bienes culturales e incluso a los establecimientos públicos y privados.
Migrantes sin derechos.- Mientras los países del Norte exigen libertades absolutas para la circulación de los capitales y de las mercancías, ponen mayores restricciones al libre desplazamiento de la fuerza de trabajo y levantan nuevos muros para impedir que los excluidos/as lleguen a sus fortalezas de bienestar y progreso. Las prohibiciones, sin embargo, no logran detener la ola de migrantes que escapan del hambre, las catástrofes naturales, las guerras, el desempleo y los planes de ajuste diseñados en el Norte. Solo buscan trabajo y mejores días para sus familias. Impedidos de emigrar legalmente, muchos caen en las redes de traficantes inescrupulosos y se exponen a crecientes peligros. Desde 1993 han muerto por lo menos 1.574 personas que trataban de llegar a Europa, e igual suerte corrieron 536 personas en la frontera de México y Estados Unidos, según fuentes periodísticas. Sin papeles, y por lo tanto sin derecho a reclamo, los y las emigrantes son explotados en el trabajo, reciben salarios más bajos que los nacionales, se les niega el disfrute de los derechos humanos, y enfrentan a menudo, la violencia de los grupos neonazis y la persecución policial.
Por esos mismos mecanismos, las mujeres son relegadas en el contexto de la inmigración sobre todo al trabajo doméstico o sexual, ambos sin posibilidades mayores de promoción social.
Además, aunque, según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, las poblaciones migrantes apenas representan el 2% de la población mundial y la masa monetaria que transfieren a sus países de origen es tan sólo de 70 mil millones de dólares, las legislaciones se han endurecido en la mayoría de países, en algunos casos tanto para quienes tienen estatus legal como ilegal.
Campesinos sin tierra.- Las políticas de liberalización, y el modelo agroexportador controlado por latifundistas y transnacionales, arruinan la mediana y pequeña producción agrícola que históricamente ha abastecido los mercados internos. La apertura de las fronteras provoca la importación masiva de alimentos y una mayor inseguridad alimentaria interna. En el campo social estas políticas llevan a la reducción del empleo agrícola, al empobrecimiento y exclusión de los campesinos / as del acceso a la tierra y del desarrollo sustentable, y al incremento de las migraciones campo-ciudad.
El principio social de la Reforma Agraria, «la tierra para el que la trabaja», pretende ser sustituido por el principio neoliberal «la tierra para el que tiene el capital para comprarla». Como consecuencia de ello se ha generado una mayor polarización socio-económica en el campo. En 1988, el 69% de los hogares agrícolas en América Latina tenía muy escasa o nula participación en la tenencia de la tierra: nueve años después, este porcentaje había aumentado al 71%. En contraste con ello, los latifundistas han reconcentrado la tierra, como en el caso del Brasil, en donde el 1% de los terratenientes controla el 44% de la tierra productiva.
Exclusión de los pueblos originarios.- Las transnacionales y grupos de poder locales ambicionan las riquezas naturales que guardan los territorios indígenas, y pretenden apropiarse de sus conocimientos ancestrales. Las plantas que los indígenas han descubierto, cultivado y utilizado desde tiempos remotos, con fines alimenticios, medicinales y rituales han sido patentados en Estados Unidos, Japón y Europa, contribuyendo para ello los Acuerdos TRIPs (Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual vinculados al Comercio) de la Organización Mundial de Comercio.
La supervivencia misma de los pueblos indígenas se ve amenazada por el despojo de sus tierras, la reubicación de las poblaciones, la pobreza extrema, la contaminación ambiental y explotación forestal, minera, petrolera y comercial, las presas y las plantas hidroeléctricas que se desarrollan sin su consentimiento.
Los pueblos indígenas, sin embargo, viven un momento de reivindicación de sus derechos colectivos e identidades, de revalorización de su cultura, sus lenguas, usos y costumbres, y plantean a los Estados el respeto de su derecho a la autoderminación y a desarrollarse de acuerdos a sus propias modo de vida y visión del mundo.
Juventud sin futuro.- La importancia cuantitativa de los jóvenes es innegable: al finalizar el milenio uno de cada 6 habitantes es joven. Este sector, sin embargo es insuficientemente atendido de manera específica. Los jóvenes se encuentran inmersos en una globalización conflictiva que, por un lado, potencia las expectativas de consumo pero por otro disminuye la oferta de medios (empleo, ingresos) para alcanzarlas. Los jóvenes se encuentran afectados, principalmente, por la privatización y la mercantilización de la educación, las dificultades en conseguir empleo, la violencia, las drogas, el SIDA y una desvalorización constante que tiende a verlos como «problema» y no como sujetos activos, autónomos y capaces.
Orientación sexual.- La exclusión no se circunscribe a la cuestión económica, ella se nutre de todas las formas y modalidades de discriminación pre- existentes. Tal es el caso de las restricciones impuestas a la libertad de orientación sexual, cuya intersección con otras formas de exclusión no sólo incrementa los niveles de relegamiento sino que, en casos, ahonda la noción de desechables. La impunidad que reina ante las campañas de limpieza social dicen mucho al respecto.
Comunicación.- Asistimos al desarrollo de una infraestructura comunicacional mundial sin precedentes, que abre posibilidades inéditas de intercomunicar entre regiones y culturas y promover la democracia y la paz mundial. Pero impera una lógica donde los mismos grupos que controlan el poder económico y político hegemonizan los medios de comunicación y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Esta tendencia coarta el carácter social de la comunicación y pone en entredicho el derecho fundamental a la información y a la libertad de expresión, cuyo ejercicio pleno requiere una pluralidad de fuentes y medios de información.
Asimismo, la participación en los procesos comunicacionales está marcada por disparidades, que hacen que los sectores sociales excluidos son justamente los que menos acceso tienen a los medios de expresión pública, lo cual reduce aún más su posibilidad de incidir en las políticas públicas para que éstas tomen en cuenta sus intereses y propuestas. El Grito de los Excluidos/as pretende, justamente, reivindicar esta voz y el derecho a tener espacios de expresión en los medios de comunicación social.
Las resistencias.- La oposición al neoliberalismo se ha expresado de manera masiva y contundente tanto en el Norte como en el Sur del planeta. Desde que los indígenas de Chiapas dieron el campanazo de alerta el 1 de enero de 1994, el mismo día en que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, las luchas se han multiplicado y extendido por todo el mundo. Y junto a estas acciones, se han desarrollado varias campañas internacionales como la del Grito de los Excluidos/as, la Marcha Mundial de las Mujeres, la de los campesinos por la reforma agraria, las movilizaciones contra la deuda externa, las privatizaciones, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, la de los migrantes sin papeles, para citar algunas.
Vemos con preocupación como estas críticas no han servido para que los gobiernos den un vuelco radical, reconociendo que el sistema neoliberal es simplemente incompatible con el desarrollo social. Causa así mismo inquietud que el Secretario de las Naciones Unidas junto con los gobiernos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial, FMI) y la Organización Mundial de Comercio sostengan la opinión de que «la mundialización es la única manera de organizar la economía mundial y de que una mayor mundialización reducirá la pobreza».
La mundialización neoliberal es obra humana, y como obra humana puede y deber ser modificada. No es con más mercado y menos Estado, ni con más apertura y garantías a los capitales, cómo se van a resolver los graves problemas que aquejan a la mayor parte de la humanidad al comenzar el nuevo milenio. Los organismos causantes de la pobreza (FMI, Banco Mundial) no pueden ser parte de la solución. Por eso, carecen de credibilidad sus propuestas de darle «rostro humano» a la mundialización.
Propuestas.- Frente a la situación descrita:
Llamamos a adoptar un nuevo marco de referencia con respecto a la mundialización en el que prime el respeto de la diversidad y la vigencia de los derechos humanos, la solidaridad, la paz, la democracia y los objetivos del desarrollo social y humano.
Demandados de los Estados poner fin a las privatizaciones y asumir su responsabilidad de asegurar los servicios sociales básicos para todos/as, incluyendo la salud y la educación.
Apelamos a la ONU a evaluar seriamente las consecuencias de las políticas adoptadas por las IFI y poner fin a las políticas de ajuste estructural, cuya ineficiencia es patente en el mundo entero. Entre tanto, se debe suspenderlas por ser la principal causa de la inestabilidad económica, política y social de nuestros países, para dar paso a la puesta en marcha de propuestas alternativas, basadas en el respeto a la dignidad de las personas y la integridad del medio ambiente.
Proponemos que las decisiones políticas deben estar en manos de los gobiernos nacionales y no ser dictaminadas por organismos multilaterales como la OMC o instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
Planteamos que el poder y campo de acción de la Organización Mundial de Comercio deben ser reducidos. Temas como la agricultura, los servicios sociales y los derechos de propiedad intelectual deben ser retirados de la jurisdicción de la OMC.
Proponemos que se debe reforzar el mandato y las estructuras democráticas de las Naciones Unidas, y que se debe restablecer el Centro de las Naciones para las transnacionales a fin de que estas rindan cuentas sobre sus actividades y respeten los derechos humanos, la libertad sindical y las normas medioambientales
Exhortamos a los países desarrollados a cumplir su compromiso de destinar el 0,7 de su PIB a la ayuda para el desarrollo.
Demandamos la anulación de la deuda externa de los países del Sur puesto que esta ya ha sido pagada con creces. Los recursos que de esta operación se obtengan deben ser destinados al desarrollo sustentable, bajo supervisión democrática y ciudadana. Es la hora de rescatar las deudas ecológicas y sociales con la niñez, la juventud, las mujeres, los pueblos indígenas, los negros, los pobres del campo y la ciudad. Es el Norte el que debe pagar la enorme deuda histórica con el Sur acumulada a través de siglos de colonialismo y de relaciones internacionales desiguales.
Respaldamos la iniciativa de imponer una tasa a las transacciones de los capitales para ser destinado a combatir la pobreza.
Exhortamos a los gobiernos a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, aprobada en 1989, a la cual han adherido 12 Estados siendo que se requieren 20 para que puedan entrar en vigencia. Demandamos la revisión de las leyes y regulaciones migratorias discriminatorias de los países del Norte y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Nos unimos a la campaña por la legalización de los inmigrantes indocumentados que emprenden diversos organismos civiles en Estados Unidos.
Apoyamos y hacemos nuestra la Campaña Global por la Reforma Agraria de los campesinos y campesinas sin tierra. Demandamos de los gobiernos que adopten medidas para garantizar la seguridad alimentaria, y políticas de protección a los medianos y pequeños productores que abastecen los mercados internos. Nos oponemos a la producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y a la privatización y patentación de los recursos genéticamente modificados.
Proponemos que se cumpla la «Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo» adoptada en 1998 que estipula la libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Es hora de recobrar la dignidad y revalorizar el trabajo en los procesos de producción.
Apoyamos e impulsamos la Conferencia contra el racismo prevista para el año 2001 en Sudáfrica, llamamos a los gobiernos a que presten el sostén político y económico necesario para el éxito de la Conferencia, y planteamos que de ésta deben salir compromisos y un programa de acción concreto para poner fin al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia.
Exhortamos a las Naciones Unidas a incrementar sus esfuerzos para erradicar la discriminación de género, estableciendo metas precisas y comprometiendo presupuestos para que los diversos cuerpos e instrumentos internacionales ya adoptados, sean considerados prioridades de cumplimiento en el conjunto de países. Coincidimos con las propuestas encaminadas a la ONU por la Marcha Mundial de las Mujeres contra la violencia y la pobreza, e incitamos a la Comunidad de Naciones a adoptar planes precisos que conduzcan a la eliminación de la pobreza entre las mujeres y asegurar su autonomía económica, personal y social en todas las esferas.
Demandamos de los Estados el respeto del derecho a la autoderminación de los pueblos indígenas, el reforzamiento de la acción nacional e internacional para solucionar sus problemas en los campos de los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. Demandamos que el Proyecto de Declaración de los Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, que se analiza desde hace varios años, sea adoptado sin más dilaciones.
Incitamos a que la ONU asuma como prioridad en su agenda del Siglo XXI el derecho a la comunicación, como contribución a la construcción de democracias basadas en el pluralismo y en culturas de paz. Y en este sentido, incitamos a que convoque a una Conferencia Mundial sobre Comunicación, como espacio de diálogo entre los actores concernidos y con amplia participación de la sociedad civil.