Categoría: Comunicado

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC La Vía Campesina Suramérica denuncia ante los pueblos de Nuestra América y la comunidad internacional la grave situación de conflictividad social, represión y vulneración de derechos que vive actualmente el pueblo boliviano en el marco de las movilizaciones populares desarrolladas en distintas regiones del país.

Las organizaciones campesinas, indígenas, obreras, populares y urbanas movilizadas han levantado legítimas demandas relacionadas con la defensa de la tierra, la soberanía de los pueblos, el acceso a condiciones dignas de vida, la estabilidad económica y la participación popular en las decisiones del Estado. Estas expresiones de movilización social son resultado de profundas tensiones acumuladas frente a políticas que amenazan los derechos históricos conquistados por los sectores populares bolivianos.

Desde la CLOC-LVC Suramérica expresamos nuestra profunda preocupación frente a la escalada de violencia, militarización y criminalización de la protesta social. Rechazamos los asesinatos, detenciones arbitrarias, la represión contra las organizaciones sociales y toda forma de persecución política hacia dirigentes populares, campesinos, indígenas y sindicales que hoy ejercen su legítimo derecho a la movilización y la protesta.

Asimismo, manifestamos nuestro rechazo a las políticas que buscan mercantilizar la tierra, debilitar la propiedad comunitaria y favorecer intereses empresariales y transnacionales sobre los derechos de los pueblos campesinos e indígenas. La tierra, el territorio y los bienes comunes no pueden ser tratados como mercancías al servicio del capital.

Rechazamos toda acción que por vía de la fuerza pretenda desconocer el mandato popular del pueblo boliviano. La salida a las tensiones políticas y sociales debe construirse mediante el diálogo democrático, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la garantía plena de los derechos humanos y colectivos.

Denunciamos también las constantes injerencias externas y los intentos de desestabilización que históricamente han buscado debilitar los procesos populares y soberanos en Nuestra América. Frente al avance del neoliberalismo, del autoritarismo y de los intereses imperialistas, reafirmamos la necesidad de fortalecer la unidad de los pueblos, la solidaridad internacionalista y la articulación de las luchas campesinas, indígenas y populares del continente.

Desde la CLOC – La Vía Campesina Suramérica denunciamos y hacemos un llamado a las organizaciones sociales, movimientos populares, sindicatos, juventudes y fuerzas democráticas de latinoamérica y el mundo a mantenerse vigilantes, denunciar la represión y acompañar solidariamente las luchas del pueblo boliviano.

¡Construir Solidaridad, Resistencia y Esperanza entre los pueblos!

La Región Mesoamérica de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – LVC) expresa su más profunda indignación, dolor y solidaridad con la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Movimiento Campesino de Rigores, las familias de las víctimas y el pueblo hondureño, ante la masacre ocurrida este 21 de mayo de 2026 en la Comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, Honduras.

Este brutal hecho, que hasta el momento ha dejado al menos 20 personas asesinadas — 17 hombres y 3 mujeres —, representa una grave violación a los derechos humanos y evidencia nuevamente la situación de vulnerabilidad, violencia e impunidad que enfrentan las comunidades campesinas en Honduras y en toda nuestra región.

Denunciamos con profunda preocupación que, entre las víctimas, se encuentran 8 compañeros y compañeras afiliadas a tres empresas campesinas pertenecientes a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). Asimismo, el Movimiento Campesino de Rigores forma parte de la CNTC, organización histórica de lucha campesina y defensa de los derechos de las familias rurales hondureñas.

Como movimientos campesinos articulados en la CLOC – LVC, reafirmamos toda nuestra solidaridad con la CNTC y con las comunidades organizadas que hoy enfrentan el dolor, la violencia y la pérdida de sus compañeras y compañeros. Esta tragedia enluta no solo a Honduras, sino también a todo el movimiento campesino mesoamericano y latinoamericano.

Denunciamos que estos hechos no son aislados. La violencia contra las comunidades rurales está profundamente vinculada al modelo de concentración de tierras, al avance del agronegocio y a la criminalización de quienes defienden la tierra, el territorio, las semillas y la vida campesina.

Nos duele profundamente que sean nuevamente las juventudes campesinas, hijos e hijas de familias organizadas, quienes pierdan la vida en medio de conflictos agrarios y de un contexto donde el Estado continúa sin garantizar condiciones mínimas de seguridad, justicia y respeto a los derechos de los pueblos rurales.

Desde la Región Mesoamérica de la CLOC – La Vía Campesina exigimos al Estado hondureño:

1. Una investigación inmediata, independiente, transparente e imparcial sobre esta masacre, con resultados públicos y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. 
2. La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes. 
3. Garantías de seguridad y protección para las familias sobrevivientes, las organizaciones campesinas y las comunidades del municipio de Trujillo, departamento de Colón.
4. El cese de toda forma de criminalización, persecución y violencia contra las organizaciones campesinas e indígenas que luchan por la tierra y el territorio. 
5. Acciones estructurales que atiendan las causas de la violencia agraria y frenen el despojo impulsado por intereses económicos y agroindustriales. 

Reafirmamos nuestra solidaridad internacionalista con la CNTC, con las organizaciones hermanas de Honduras y con todas las comunidades que resisten en defensa de la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral y la dignidad de los pueblos del campo.

¡La lucha campesina es legítima! ¡Defender la tierra y la vida no es un crimen!

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

La Región Mesoamérica de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina) expresa su profunda indignación y firme solidaridad con las familias campesinas organizadas en el Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala, ante el desalojo y la represión que se está ejecutando este 11 de marzo en la Finca Hacienda La Asunción, en el municipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango.

Denunciamos ante los pueblos de nuestra región y la comunidad internacional la grave violación a los derechos humanos que significa el desalojo de aproximadamente 30 personas, entre ellas mujeres adultas mayores, niños y niñas, quienes durante más de tres décadas han trabajado en estas tierras. La presencia de numerosas patrullas policiales ingresando a las viviendas sin diálogo previo constituye un acto de intimidación y criminalización contra las comunidades campesinas organizadas. Asimismo, recordamos con profunda preocupación que este conflicto tiene antecedentes de violencia, incluyendo el asesinato en 2017 del compañero Eugenio López, quien exigía pacíficamente su jubilación y el respeto a sus derechos laborales.

Alertamos que este no es un hecho aislado. En los últimos meses se ha configurado un patrón preocupante de represión contra comunidades campesinas en Guatemala. Diversas organizaciones han denunciado entre 20 y 30 desalojos que han sido temporalmente detenidos gracias a la movilización social y a la denuncia pública, muchos de ellos acompañados de órdenes de captura contra líderes y lideresas campesinas. Estos procedimientos, además, se han realizado sin cumplir con los protocolos y estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas para los desalojos, los cuales obligan a garantizar condiciones adecuadas para las personas afectadas, así como procesos de diálogo y notificación previa.

Las familias que hoy enfrentan el desalojo han sido históricamente trabajadoras de estas fincas y denuncian que durante décadas se les descontaron cuotas laborales que nunca fueron reconocidas en su beneficio. La ausencia de notificación previa, la falta de debido proceso y la inexistencia de medidas para proteger a las personas adultas mayores, mujeres, niñas y niños constituyen violaciones flagrantes a los estándares internacionales de derechos humanos.

A esta situación se suma la criminalización de las comunidades campesinas. Actualmente cinco personas vinculadas a este caso se encuentran detenidas, cuatro capturadas la semana pasada y una más detenida el día de ayer, sin que se hayan garantizado plenamente las medidas cautelares ni el debido proceso. Según las denuncias recibidas, las personas afectadas no fueron debidamente notificadas de los procesos judiciales. Durante la audiencia realizada este día, no se otorgaron medidas sustitutivas, manteniéndoles en prisión.

Recordamos que el Estado de Guatemala debe actuar conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), que afirma el derecho de los pueblos campesinos a la tierra, a condiciones de vida dignas y a la protección frente a desalojos forzados.

Resulta particularmente preocupante que estas acciones ocurran mientras en el país se desarrolla el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que pone en evidencia la persistencia de prácticas de criminalización y represión contra las luchas campesinas.

Asimismo, recordamos que el movimiento campesino guatemalteco ha impulsado un proceso de diálogo con el actual gobierno que derivó en la firma de un Acuerdo Agrario que contempla cinco ejes fundamentales, siendo estos, el acceso a la tierra, programas de apoyo al campesinado, el fortalecimiento de la Dirección de Resolución de Conflictos Agrarios, la creación de un Ministerio de Economía Popular y el fortalecimiento de la institucionalidad pública vinculada al desarrollo rural. Sin embargo, este acuerdo permanece prácticamente detenido.

Desde la Región Mesoamérica de la CLOC – Vía Campesina reafirmamos que la tierra es un derecho y no una mercancía. Los desalojos violentos contra comunidades campesinas son una expresión del modelo de concentración de la tierra que históricamente ha negado justicia a quienes la trabajan.

Por ello:
– Expresamos nuestra plena solidaridad con el Comité de Unidad Campesina (CUC) y con las familias afectadas.
– Exigimos la suspensión inmediata del desalojo y el cese de la criminalización contra las comunidades campesinas.
– Demandamos al Estado de Guatemala garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas.
– Llamamos al Gobierno de Guatemala a reactivar de manera urgente el Acuerdo Agrario y los mecanismos institucionales para la resolución de los conflictos agrarios.
– Solicitamos a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantenerse vigilantes frente a esta situación y acompañar la garantía de los derechos humanos de las comunidades campesinas.
– Llamamos a las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos de la región y del mundo a mantenerse vigilantes y solidarias frente a esta situación. La lucha por la tierra, la dignidad y la justicia para los pueblos campesinos es una lucha de toda la humanidad.  

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!  

Región Mesoamérica
CLOC – Vía Campesina 11 de marzo de 2026    

DECLARACIÓN POLÍTICA: SESIÓN DE CLAUSURA CIRADR+20
28.02.2026, Cartagena De Indias, Colombia

Los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales nos presentamos hoy ante ustedes para expresar nuestra unidad inquebrantable. Durante siglos, los opresores han utilizado contra nosotrxs la estrategia de divide y vencerás. Esto se ha acabado. Si se atacan los derechos de unx de nosotrxs,, todxs nos uniremos para defenderlos.

Hemos trabajado para esta Conferencia junto con el Gobierno de Colombia y nuestro agradecimiento por el compromiso de Colombia con la justicia agraria y social y el bien de la humanidad, así como su apertura para incluir nuestras voces en este proceso, es incuestionable. Colombia se ha pronunciado en contra del imperialismo y sus agresiones contra pueblos hermanos. En este mismo momento, Irán es objeto de otro ataque imperialista. Reconocemos que todos los pueblos del mundo, junto con los gobiernos del Sur Global, deben permanecer unidos en defensa del derecho internacional y los derechos humanos.

Ha sido necesaria una larga lucha para lograr el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. No aceptaremos ninguna decisión que represente un retroceso en los derechos reconocidos.

El concepto de comunidades locales y su confusión con los Pueblos Indígenas es un ataque inaceptable contra los derechos de los Pueblos Indígenas. En este contexto, hacemos hincapié en que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el presidente del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas han aclarado que las características, la naturaleza y los orígenes de los derechos de los Pueblos Indígenas son muy diferentes de los de otros grupos. Por lo tanto, los Pueblos Indígenas no deben agruparse con un conjunto indefinido de comunidades que pueden tener derechos e intereses muy diferentes.

El concepto de comunidades locales también supone un ataque a los derechos de los pueblos pesqueros, lxs pastores nómadas, lxs campesinos y lxs trabajadores rurales. En particular, los pueblos del mar, las comunidades pesqueras artesanales y los Pueblos Indígenas y pastores móviles deben ser reconocidos explícitamente como titulares de derechos, y la reforma agraria debe integrar los territorios acuáticos y de pastoreo, así como los territorios de movilidad indígena y pastoral. Las rutas migratorias del ganado y los pastos son espacios de vida, gobernanza colectiva y derechos.

La reforma agraria del siglo 21 debe ser inclusiva para todos los pueblos: Pueblos Indígenas, campesinxs, pastores móviles y nómadas, pescadores, mujeres, jóvenes, personas de género diverso, trabajadores, comunidades afrodescendientes y agricultores familiares. La reforma agraria no se refiere solo a la tierra, sino también a los bosques, los océanos, los ríos, las zonas costeras – nuestros territorios, maritorios y acuatorios. La soberanía alimentaria y la agroecología deben estar en el centro de la reforma agraria. No se trata de enfoques técnicos, sino de formas integrales en las que nosotrxs, como pueblos y sociedades, nos relacionamos entre nosotros y con la Madre Tierra.

Expresamos nuestro profundo reconocimiento por la importancia de esta Conferencia. Ha permitido volver a situar la reforma agraria en el centro de la agenda multilateral y reconocer que no puede haber solución a las múltiples crisis interconectadas actuales sin una reforma agraria genuina, integral y popular. Esta Conferencia necesita un seguimiento sólido y nos comprometemos a participar en este proceso, garantizando que nuestros derechos sean respetados, protegidos y garantizados en todo momento.

No podemos aceptar la declaración de esta Conferencia. En los próximos meses y años, sentiremos sus efectos en nuestras comunidades y territorios. Sin embargo, continuaremos nuestra lucha y nuestro trabajo para que los conceptos que socavan los derechos de los Pueblos Indígenas y los de otras comunidades rurales sean eliminados de las convenciones internacionales. Estamos dispuestos a trabajar con todos los gobiernos para lograr la plena realización de los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas. Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que mantengan con nosotrxs un diálogo de buena fe sobre las cuestiones de los Pueblos Indígenas, los derechos de los pueblos de la pesca y los pastores nómadas, los derechos de las mujeres y la agroecología. La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y medioambiental solo se lograrán mediante la lucha. Ahora regresamos a nuestros hogares para organizar a nuestros pueblos y organizaciones con el fin de librar esta lucha por el futuro de los pueblos y la Madre Tierra.

¡Globalicemos la esperanza! ¡Globalicemos la lucha! ¡Reforma agraria ya!

Este fin de semana, el fuego volvió a mostrar el rostro brutal de un modelo que sacrifica territorios y vidas: en las regiones de Biobío y Ñuble en Chile, las llamas avanzaron sobre alrededor de 30 mil hectáreas con una velocidad criminal, empujadas por calor extremo y vientos intensos, conectando grandes focos simultaneos que se expandieron desde la zona de Hualqui–hacia Penco, Lirquén, Tomé y otros sectores del Gran Concepción. Se quemaron poblaciones enteras —como el sector El Pino, donde 120 casas resultaron en cenizas— más de 20 mil evacuadxs , mientras la gente escapaba con lo puesto, organizando refugios, ollas comunes y brigadas con sus propias manos. Hoy denunciamos con rabia y dolor el saldo de esta catástrofe: al menos 19 personas fallecidas- que puede aumentar al doble en los próximos días– cientos de viviendas destruidas y miles de familias golpeadas, en una tragedia que no es “natural” cuando se repite sobre los mismos territorios empobrecidos y expuestos.

No aceptamos el relato oficial. El Biobío es un territorio históricamente convertido en zona de sacrificio y modelo de saqueo que viene operando hace décadas, con monocultivos industriales, desregulación, abandono estatal y la instalación de megaproyectos que chocan con la vida comunitaria.  No es casual que en medio del humo reaparezcan, una y otra vez, los intereses que buscan lucrar con la tierra y con su “reconstrucción”. En los mismos lugares donde hoy arden comunidades, se empujan proyectos extractivos como el proyecto minero de tierras raras en Penco (ACLARA), y se celebra desde el empresariado la idea de un nuevo ciclo de “permisos más rápidos” y de flexibilización regulatoria. Denunciamos también las señales peligrosas del próximo gobierno, que abren la puerta al cambio de uso de suelo y a la especulación: Cuando se quema el territorio, aparecen los buitres a ofrecer “reactivación”, “inversión” y “desarrollo”, intentando borrar con decretos y negocios lo que el pueblo construyó y defendió con años de vida y trabajo.

En paralelo, en la Patagonia argentina se repite el mismo patrón de violencia territorial: los fuegos que se iniciaron en la zona de Puerto Patriada, en la Comarca Andina de Chubut (cerca de Epuyén y El Hoyo) ya han arrasado al menos 25 mil hectáreas, dejando a su paso decenas de familias golpeadas: se reportaron 47 viviendas destruidas y evacuaciones masivas en el territorio. Pero mientras el fuego avanzaba, el poder avanzó también con su libreto: el gobierno y vocerías mediáticas criminalizaron al pueblo mapuche, llegando a hablar de supuestos “grupos terroristas” sin que existiera una conclusión judicial que lo sostuviera, en una maniobra vieja y peligrosa de fabricar enemigos internos y encubrir responsabilidades. A la par, entre los habitantes de la zona se confirman los rumores sobre “intereses extranjeros” detrás de los incendios —teorías que llevan tiempo y circulan cuando la gente sabe que hay disputa de poder por tierra, agua y negocio.

Frente a esto denunciamos con fuerza que los intereses empresariales y extractivistas se expanden sobre Sudamérica; arrasando bosques, apropiándose de aguas y montañas, y que esta expansión coincide con una escalada de incendios que favorece el despojo, la especulación inmobiliaria y la recolonización, tanto en Chile como en Argentina. Llamamos a unir fuerzas desde los territorios: organizaciones campesinas, comunidades indígenas, sindicatos, brigadistas populares, asambleas socioambientales y movimientos urbanos para enfrentar el insaciable avance del saqueo empresarial bajo el amparo de gobiernos de extrema derecha. Hoy más que nunca, la solidaridad debe ser acción concreta: brigadas, acopios, fondos comunitarios, presión política y denuncia internacional. No aceptaremos que el fuego sea la coartada para el despojo y estamos consientes que las comunidades se organizan frente a Estados que llegan tarde, recortan capacidades de prevención e incentivan descaradamente la usurpación y la explotación de los territorios.

La tierra no se vende: se defiende. Y los pueblos que luchan contra el poder —en Biobío, Ñuble y la Patagonia— no están solos.

Comunicado de prensa | Octubre 2025

En un manifiesto contundente publicado a las puertas de la COP30, 55 movimientos y organizaciones de 14 países latinoamericanos y del Caribe, se han unido para rechazar los mercados de carbono y defender sus territorios contra una avalancha de proyectos de compensación de carbono que está causando daños en toda la región.

Los grupos – que representan principalmente pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y pescadoras – afirman que los mercados de carbono son una falsa solución al cambio climático que permiten a las corporaciones evitar los recortes obligatorios de emisiones utilizando los territorios del Sur Global para generar créditos de carbono. Señalan más de 80 ejemplos de negocios con tierras para la captura de carbono por plantaciones industriales de árboles, ganadería extensiva y monocultivos de granos, que cubren más de dos millones de hectáreas en América Latina y Caribe y que ya están alimentando el acaparamiento de tierras y la destrucción de los sistemas alimentarios locales.

El manifiesto destaca cómo la promesa de elevados pagos por estos proyectos de carbono está dividiendo a las comunidades que están cada vez más vulnerables por la falta de apoyo gubernamental y el acaparamiento de sus tierras por parte de empresas mineras, madereras y agroindustriales.

“Los mercados de carbono están más sofisticados, y siendo regulados en las Leyes nacionales. Las corporaciones arrojan algunas migajas de sus enormes ganancias a los Estados del Sur Global, cuyos presupuestos son cada vez más limitados, y estos Estados ofrecen tierras —principalmente de pueblos y comunidades locales— para integrarlas en los sistemas mundiales de comercio de emisiones. Los Estados lo presentan como una política pública, pero en realidad se trata de una financiarización de la política social que da acceso a la tierra a las empresas extranjeras”, afirma Larissa Packer, de la organización internacional GRAIN.

“Hay supuestas consultas a las comunidades -incluso en sus lenguas – y salvaguardas socioambientales para que se inscriban en estos proyectos. Pero muchos contratos tienen confidencialidad y las comunidades no pueden informarse sobre las responsabilidades y multas que asumen en caso de incendios o deforestación, los riesgos sobre los derechos colectivos sobre los territorios, ni que sus tierras están siendo usadas para lavar la imagen de los contaminadores o para seguir con la destrucción de territorios y comunidades en otras partes”, comenta Ivonne Yánez de Acción Ecológica.

Los grupos afirman que la presión sobre las comunidades puede empeorar, ya que grandes inversores como el fondo soberano de Arabia Saudita PIF, el banco brasileño BTG, las compañías tecnológicas como Microsoft y Amazon, así como mecanismos cómo el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), están invirtiendo enormes sumas de dinero en proyectos de carbono en la región, en asociación con los Estados o directamente.

“Los mercados de carbono son una nueva forma que tienen los multimillonarios y las empresas de extraer más riqueza de nuestros territorios. Ganan dos veces, con permiso para ampliar las actividades relacionadas con los combustibles fósiles y con las ganancias de los mercados de compensación de carbono, agua y biodiversidad, afirma Anderson Amaro, miembro del Movimiento de los pequeños Agricultores de Brasil (MPA) y de la Coordinadora Latino Americana de Organizaciones Campesinas (CLOC-Via Campesina). “Rechazamos esta captura de tierras por el mercado de carbono y trabajaremos juntos para impedir que las empresas utilicen nuestras tierras, aguas y bosques para maquillar de verde su contaminación”.

Las organizaciones afirman que los mercados de carbono forman parte de un colonialismo del carbono más amplio, en el que la guerra es uno de los principales factores contemporáneos que agravan las crisis climática, ecológica y social. Señalan que, mientras los gobiernos del Norte Global gastan cada vez más en sus ejércitos, se niegan a pagar por sus responsabilidades históricas, en el agravamiento de la crisis climática y, en cambio, proponen planes de financiación climática cada vez más basados en la deuda, que solo benefician a las élites financieras.

Los firmantes convocan las organizaciones de todo el mundo a apoyar al Manifiesto en defensa de los territorios, de la naturaleza y de la soberanía alimentaria, en contra de la mercantilización y financiarización de la naturaleza y de la vida.

Pueden acceder al Manifiesto haciendo click aqui

Pueden apoyar al Manifiesto haciendo click aquí

Para más informaciones:

• Tabla de los proyectos de negocios de tierras para secuestro de carbono en América Latina – En ingles.
• Documentos de debate preparado por GRAIN, WRM y ETC Group. Aqui y en anexo.

Contactos para los medios:

Larissa Packer – GRAIN (Brasil- Portugués, Español, Inglés): larissa@grain.org. Teléfono: +55 (21) 983992260

Anderson Amaro – MPA -CLOC (Brasil- Portugués e Español): amarompabrasil@gmail.com . Teléfono: + 55 7788244006

Ivonne Yánez – Acción Ecológica (Ecuador- Español, Francés) : ivonney@accionecologica.org Teléfono: +593 995919470

Foto: Protesta en el territorio Tauá -PA 483, en contra de la instalación del complejo industrial del agronegocio en Barcarena Belém, Brasil, Octubre 2025. Credito: Raoni Figueiredo.