En el marco de la campaña global de Vía Campesina “Fin a la violencia hacia las mujeres del campo” y del Día Internacional No Más Violencia Contra las Mujeres (25 de noviembre), ANAMURI convoca cada año a un tribunal que intenta visibilizar todo tipo de violencia que sufren las mujeres del campo y de las comunidades de los pueblos originarios, mediante juicios públicos y éticos a quienes vulneran los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.
A este llamado el 18 de noviembre de 2016, en el campo abierto del museo RukaKimunTaiñVolil, en la Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, se ha constituido un Tribunal Ético convocado por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), las Asociaciones de Mujeres Indígenas Rayen Voygue de Cañete, y Weichafe Domo de Temuco, con el objeto de escuchar y conocer denuncias a través de testimonios sobre la violencia que se ejerce contra las comunidades y especialmente en las mujeres del territorio ancestral del pueblo mapuche.
Luego de escuchar los testimonios, el jurado firmante concluye que los testimonios presentados han evidenciado:
1. Una política institucionalizada de violencia contra la mujer mapuche, niños y niñas, fomentada y exigida por el capital nacional y transnacional, y que proviene de un continuo histórico de dominación, que tiene que ver con una primera etapa que termina con la mal llamada pacificación de la Araucanía y una segunda etapa que engarza con un sistema político, ideológico, cultural y económico capitalista neoliberal que prolifera a través de la instalación de empresas forestales, hidroeléctricas y proyectos mineros.
2. El retraso del Estado chileno en el respeto a los derechos del pueblo mapuche, y su reconocimiento como tal.
3. La estigmatización del pueblo mapuche potenciada por los medios de comunicación masivos, incluyendo esta misma actividad, que fue demonizada por éstos y parte de la sociedad cañetina haciendo creer que se trataba de una manifestación violenta. Esto ha sido una constante en el último tiempo, haciendo aparecer ante la sociedad de Cañete las manifestaciones mapuche como actividades delictuales. Con ello siembran un temor infundado en la población, especialmente en colegios y comercio establecido. A pesar de ello, este Tribunal sesionó con la participación de más de 200 personas provenientes de distintas comunidades y organizaciones.
4. La violencia estatal y empresarial se manifiesta:
a) En la criminalización de toda manifestación de ejercicio legítimo de derechos catalogándolo como actos terroristas o a lo menos subversivos.
b) En golpes, insultos racistas, disparos a quemarropa, secuestros, durante manifestaciones y allanamientos, generando dolor adicional a las madres cuando ven a sus hijos caer detenidos.
c) En actos de tortura contra mujeres, niños y niñas.
d) En el respaldo del Estado a la invasión forestal e hidroeléctrica a manos del capital nacional y transnacional
e) En la militarización del territorio
f) En la falta de acceso a la justicia para personas mapuche víctimas de violencia, y un trato discriminatorio en relación al ejercicio de este mismo derecho por parte de personas no mapuche. Cuando se comete un delito en el que la víctima es no mapuche y el supuesto autor un mapuche, los casos siempre se investigan con acuciosidad. No ocurre lo mismo cuando la víctima es mapuche.
5. La criminalización del territorio que afecta no solo a las comunidades sino a todos a quienes les rodean. El Estado y el empresariado nacional y transnacional ejercen y naturalizan la violencia contra legítimas demandas territoriales, generando aislamiento, divisiones inter comunidades y fomentando una visión negativa acerca del ejercicio legítimo de derechos por parte del pueblo mapuche en relación a su territorio.
6. El incumplimiento de estándares internacionales por parte del Estado de Chile hacia mujeres indígenas. Los testimonios han dado cuenta de situaciones gravísimas de violencia contra las mujeres ejercida por agentes estatales y no estatales que vulneran las obligaciones que el Estado chileno ha asumido en materia de prevención, investigación y sanción, así como de protección y reparación. Tales situaciones evidencian infracciones a la Convención de Belem do Pará, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que significa que el Estado chileno ha renunciado a ejercer sus obligaciones de respeto y garantía respecto del pueblo mapuche y de las mujeres mapuche.
La violencia contra las mujeres, transversal en las sociedades patriarcales, se acrecienta en tiempos de conflicto y en el contexto de la creciente militarización del territorio ancestral. De ello dan cuenta los testimonios presentados.
7. La criminalización sostenida, la militarización de los territorios, el trato degradante y muchas veces inhumano que han sufrido miembros del pueblo mapuche, incluyendo secuestro durante allanamiento, apremios y tortura, en años anteriores la desaparición de un comunero y la muerte de varios de ellos en el marco de la protesta por el territorio, unido a la indolencia del Estado en investigar aquellas causas en las que ellos son víctimas, dan cuenta de un abuso de poder propio de las prácticas de terrorismo de Estado. En éste se busca dar continuidad a un proyecto político por medios extralegales.
Considerando lo anterior, este Tribunal exige al Estado de Chile que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos en relación a nuestros pueblos originarios, lo que supone:
a) Reconocer la autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche
b) Poner fin a la depredación capitalista del territorio mapuche
c) Poner fin a la militarización del territorio mapuche
d) Investigar las causas en las que personas mapuche son víctimas de acuerdo a los estrictos estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, sin discriminación, con acuciosidad y objetividad, estableciendo responsabilidades y sanciones adecuadas. Hacemos un especial llamado a investigar con objetividad y sin dilaciones la extraña muerte de la comuneraMacarena Valdés de la comunidad Newen-Tranguil, ocurrida en el marco de un conflicto ambiental con una empresa hidroeléctrica transnacional.
e) Respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, niños, y niñas mapuche y actuar con la debida diligencia con la violencia estatal que contra ellas se ejerce.
Frente a los impactantes testimonios y el indignante actuar de las fuerzas represivas, tanto públicas como aparatos privados, este tribunal en pleno exige al gobierno de Chile y a las autoridades de turno, respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, niños, y niñas mapuche y actuar con la debida diligencia ante la violencia estatal que contra ellas se ejerce.
Firma el jurado en pleno
Camila Maturana Kesten. Corporación Humanas
Cristian Cuevas Zambrano. Coordinador del Frente de Trabajadores de la Minería NelsónQuichillao.
Domínica Quilapi.
Francisca Rodríguez Huerta. Vicepresidenta Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)
Juana PaillalefCarinao. Directora Museo Mapuche de Cañete.
Karina Riquelme Viveros. Abogada. Centro de Investigación y Defensa Sur
Myrna Villegas Díaz. Abogada. Universidad de Chile.
Natividad LlanquileoPilquimán. Abogada
Tito Tricot Novoa. Sociólogo. Universidad Alberto Hurtado