En los primeros años lo que permitió el triunfo contundente a la revolución ciudadana, fue su discurso cercano a los principales postulados de los movimientos sociales y que se materializo en la Constitución de Montecristi, aprobada por más del 80% de la población ecuatoriana, y que es un paradigma que cuestiona “modelos de desarrollo depredatorios”, que hoy son hegemónicos, que van en contra de la posibilidad de la sobrevivencia de la humanidad. En estos casi 10 años el Buen Vivir como proyecto político alternativo es paulatinamente abandonado como política de estado, y a pretexto de un pragmatismo económico hoy se abre una brecha profunda entre nuestra constitución y el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea (TLC), recientemente ratificado por la Asamblea Nacional.
En lo fundamental el TLC-UE, profundizará el actual modelo desarrollo capitalista extractivista, incluso vuelve a foja cero la tesis de “cambio de la matriz productiva”, nuevamente seremos los provedores de materias primas (petróleo, banano, flores, camarón, minería, etc); modelo extractivista que hoy esta generando una ola de conflitividad social y que claramente se opone al modelo del Buen Vivir que propone nuestra Constituciòn. La leyes aprobadas como la de Tierras, Aguas, Código del Ambiente, Código orgánico integral penal, y las que están por aprobarse como las de semillas, sanidad animal entre otras, tienen la intención de allanar el camino de la aprobación y su posterior implementación.
El secretismo con el que se negoció, la ausencia de representación de los sectores más vulnerables, así como el poco tiempo con el que contamos una vez hecho público, nos impide que hagamos un análisis de las posibles afectaciones e inconstitucionalidades del Acuerdo Comercial, pero al menos es evidente que este acuerdo va en contra de los principales mandatos constitucionales: Alcanzar la Soberanía Alimentaria, fortalecer el régimen económico social y solidario, promover la economía solidaria, y la defensa de los derechos de la naturaleza, son a nuestro criterio las inconstitucionalidades del tratado comercial con la UE.
Sobre las afectaciones, las referencias más cercanas por la implementación del acuerdo comercial, las vemos en Colombia, según estudio de Oxfam la balanza comercial del sector agrícola colombiano (excluido comodities) presento un déficit de 300 por ciento durante los dos primeros años de implementación del TLC. El acuerdo comercial con la UE, en el caso de Perú fue promocionado con la oferta de que dicho acuerdo produciría un efecto positivo sobre el empleo, y significaría en los primeros años un aumento del empleo en alrededor de 106 mil empleos, pero la realidad es que apenas genero 18,148 nuevos empleos netos. (Cifras obtenida de Bruno Seminario y Oswaldo Molina, en un estudio realizado para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo).
Frente a este escenario, que marcara la vida de cientos de miles de ecuatorianos y ecuatorianas, las organizaciones de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro Manifestamos:
Nos reservamos el derecho de hacer uso de nuestros derechos constitucionales y de ser el caso demandar la inconstitucionalidad del Acuerdo Comercial con la UE.
Proponemos que las organizaciones vinculadas a la Agricultura Campesina, la Pesca Artesanal, de la Economía Solidaria, seamos parte del comité de vigilancia creado para el efecto de la implementación.
Demandamos al gobierno nacional tome medidas tendientes a minimizar las posibles afectaciones en la implementación del acuerdo comercial con la UE para los sectores más vulnerables. (Agricultura Familiar Campesina, la Economía Popular y Solidaria, de la Pesca Artesanal).
Que se abra un espacio amplio de participación para que las organizaciones sociales planteemos y propongamos políticas públicas, medidas de protección y compensatorias para estos sectores.
De igual forma demandamos de la Asamblea Nacional la aprobación de las reformas que están en trámite de la Ley de Economía Popular y Solidaria, que ha sido trabajada de manera participativa y que posibilita un tratamiento diferenciado a la EPS.
Proponemos se avance en la implementación de lo que se denomina “sello de la Agricultura Familiar Campesina y comunitaria” como parte de la política pública en defensa de la soberanía alimentaria, con incentivos alrededor de la promoción de la agroecología, el riego y su tecnificación, precios de sustentación, acceso a los mercados y la reserva de mercado en las compras publicas
CNC-EA
Diciembre de 2016