29 de Julio de 2014
Todavía no terminan los foros convocados por el gobierno federal para legitimar la reforma rural anunciada por el presidente Peña, cuando ya fue asestado un terrible golpe a la clase campesina a través de las leyes secundarias de la reforma energética recién impuestas. La llamada «ocupación temporal» de predios pone en riesgo la posesión de tierras en los ejidos y comunidades del país.
Se estima que más de 15 mil ejidos podrían enfrentar procesos legales para evitar el saqueo de sus tierras por empresas trasnacionales petroleras, gaseras y eléctricas. Esta reforma ha abierto la puerta al capital extranjero al entregar nuestros recursos naturales y territorios sin ningún beneficio para la mayoría de los mexicanos.
Además, las leyes energéticas dan importancia al uso de la tierra para la explotación de petróleo, gas y electricidad por encima de la producción de alimentos, en una situación de dependencia ya desastrosa para nuestra autosuficiencia alimentaria y la soberanía nacional: actualmente, por efecto de las políticas impuestas de «libre» comercio, casi la mitad de lo que comemos se tiene que comprar fuera del país porque no se invierte suficiente para producir alimentos en México. El monto de lo que se gasta anualmente en importar alimentos, unos 30 mil millones de dólares, es similar a todo el presupuesto aplicado en el campo.
El despojo de nuestros territorios más la contaminación de tierras y aguas que provocará la explotación del llamado gas shale, mediante la técnica del fracking o fractura hidráulica —el método más caro y contaminante para la extracción de hidrocarburos— serán el tiro de gracia para el campo y la producción agroalimentaria. Esto provocará un alza generalizada en los precios de los alimentos al consumidor, aumentando el hambre que ya afecta a más de 28 millones de compatriotas. Por nuestro propio interés y por el interés de la nación, las campesinas y los campesinos nos resistimos a entregar el patrimonio de nuestras familias y del pueblo de México, el cual heredamos de una revolución campesina que le costó al país un millón de muertos.
Por eso rechazamos el contenido de las reformas autoritarias y privatizadoras en curso, como las leyes secundarias de la reforma energética que dan carta de naturalización al despojo de los territorios ejidales y comunales.
Ya no sabemos qué es peor, si la expropiación de nuestros predios planteada inicialmente para darle prioridad a la extracción de hidrocarburos por las empresas trasnacionales, o las servidumbres y ocupaciones temporales que han sido aprobadas en las nuevas leyes.
Pero la agresión contra la gente del campo no es de ahora. Los resultados de la contrarreforma rural de principios de los 90, específicamente los cambios al Artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fueron desastrosos para la mayoría de los productores rurales mexicanos.
La apertura comercial unilateral y abrupta más la eliminación del sistema de precios de garantía crearon una situación en la que los costos de producción superaron a los precios de los productos, causando la caída en la rentabilidad de las actividades agropecuarias.
Los censos del campo entre 1990 y 2007 mostraron una caída de más de 20 millones de hectáreas de cultivo de alimentos, lo cual muestra que la agricultura nacional, debido a esas reformas regresivas, perdió su capacidad de impulsar las actividades productivas.
El campo y sus hombres y mujeres, no pueden ni merecen soportar una mayor profundización del modelo neoliberal que refuerzan las reformas en curso, ya que hasta hoy éste no ha aportado ningún cambio positivo para el campo en beneficio de los pequeños y medianos productores, que somos mayoría.
Por ello, es necesario que la reforma rural se fundamente en las propuestas de las organizaciones campesinas, en un esfuerzo incluyente, democrático, donde el centro de los acuerdos sea darle un profundo vuelco a las políticas públicas y al modelo dominante.
La reforma democrática del campo debe tener como propósito fundamental la defensa y consolidación de la propiedad social porque es la única forma justa de superar las grandes desigualdades, el hambre y la pobreza rural.
El objetivo debe ser la reducción de la alarmante dependencia alimentaria, la protección y la preservación de los recursos naturales y la transformación de las pequeñas unidades productivas en entidades que garanticen la soberanía alimentaria de México.
Debido a su desviación, los recursos que se aplican al campo no están generando resultados significativos en el combate a la pobreza y en el mejoramiento del nivel de vida de las familias rurales, por el diseño amañado de los programas y las complejas reglas de operación, verdaderos obstáculos para el acceso, aplicación y operación de los recursos.
Para aumentar la productividad de manera sustentable, los productores requerimos políticas que favorezcan el uso sostenible de la tierra, el agua y la biodiversidad, y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.
La producción de alimentos debe ser una de las prioridades de cualquier nación que desee fortalecer su desarrollo y apuntalar su soberanía. Ningún país puede garantizar una ruta de crecimiento si depende de otros para alimentar su población.
La política de importar alimentos, con la falsa idea de que serían más baratos afuera, ha sido perjudicial para el país. La producción de alimentos es una actividad estratégica y una fuente de creación de empleos y riqueza, siempre que se cuente con políticas públicas de visión nacionalista, lo que no hemos tenido en los últimos 30 años. En este lapso, el desmantelamiento de las políticas públicas de fomento a la producción campesina convirtió al país en importador neto de alimentos e incrementó la pobreza rural.
Debido al retraimiento y desaparición de instituciones como Conasupo, Diconsa y Almacenes Nacionales de Depósito, el mercado interno ha quedado en manos de las trasnacionales y la comercialización agroalimentaria fue monopolizada.
El resultado de la política agropecuaria durante la vigencia del modelo neoliberal ha sido la extensión y consolidación del control de Estados Unidos sobre el mercado agroalimentario mexicano.
El abasto de alimentos en las grandes ciudades está en manos de Walmart, en tanto Cargill y un puñado de empresas concentran más del 60 por ciento de la comercialización de los cultivos básicos. Monsanto, DuPont y un puñado de trasnacionales monopolizan el mercado de semillas y presionan fuertemente para introducir su maíz transgénico.
El aumento de conflictos sociales y violencia en el país está directamente relacionado con la puesta en marcha de las políticas de libre mercado pues la devastación económica y ambiental que han producido arrebata a la gente sus medios de subsistencia tradicional y la arroja a las actividades criminales y la economía informal.
El modelo neoliberal, además de agudizar la crisis del campo, provocó otra fase de concentración de tierras en manos de los antiguos latifundistas mediante el arrendamiento de parcelas ejidales.
En síntesis, tenemos un país dominado por el gran capital trasnacional, con pérdida de soberanía alimentaria, y con una sociedad rural desarticulada, diezmada por la migración y el crecimiento de la pobreza y el hambre.
Esta es la situación que el gobierno pretende enfrentar con la privatización de territorios ejidales y comunales, mediante una reforma autoritaria al campo y a través del despojo de territorios plasmados en la reforma energética.
POR ELLO, DESDE LA UNORCA SOSTENEMOS QUE UNA REFORMA AL CAMPO EN BENEFICIO DE LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTORES Y DE TODA LA POBLACIÓN DEBE INCLUIR, POR LO MENOS, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
1. Restituir a la propiedad ejidal el carácter de patrimonio familiar imprescriptible, inalienable e inembargable.
2. Eliminar la facultad de las sociedades mercantiles de poseer predios rústicos.
3. Dotar de fondos al Programa para Recuperación de Tierras Ejidales Rentadas.
4. Otorgar financiamiento accesible a los pequeños y medianos productores mediante una banca de desarrollo para el campo.
5. Elevar a rango constitucional la soberanía alimentaria.
6. Incentivar el establecimiento de prácticas agroecológicas.
7. Prohibir todo cultivo transgénico en territorio nacional.
8. Reglamentar los derechos constitucionales a la alimentación, al ambiente sano y al agua así como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
9. Crear un Programa Nacional Alimentario basado en la producción social de alimentos para acabar con el hambre y la dependencia alimentaria.
10. Crear una reserva estratégica de alimentos y un sistema de abasto, almacenaje y comercialización.
11. Erradicar los monopolios agroalimentarios nacionales y extranjeros y regular la exportación e importación de granos básicos.
12. Cambiar de fondo la orientación del gasto público rural.
13. Garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
14. Solucionar los conflictos mineros en favor de las comunidades.
15. Renegociar el TLCAN con el fin de cancelar su capítulo agropecuario.
¡Por la consulta popular para revertir la reforma energética!
¡Por alimentos sanos para todos y por dignidad para la gente del campo!
¡Por la defensa y fortalecimiento de la propiedad social!
Julio de 2014