La seguridad de los territorios comunales es una de las mayores aspiraciones históricas que tienen nuestros pueblos indígenas y originarios, organizados en comunidades campesinas y nativas; pero también representa uno de los mayores problemas que han enfrentado desde hace varios años, y ello debido a la inacción y la poca voluntad política del Estado peruano, que hasta la actualidad no atienden las demandas territoriales que tanto requieren nuestros pueblos indígenas.
Para nuestras comunidades su territorio constituye un medio vital y espacio de relación con la Pachamama, ya que es el lugar en donde se desarrolla la agricultura familiar y se preserva los conocimientos, cultura, costumbres y sabiduría ancestrales.
En nuestro país, se estima que alrededor de 3226 comunidades campesinas y nativas carecen de un título de propiedad que les permita acreditar fehacientemente su derecho de propiedad sobre sus territorios que ocupan ancestralmente, y ello debido a múltiples factores como: la falta de información adecuada por parte los pueblos indígenas y de los propios funcionarios regionales a cargo de estos procedimientos, la carencia de recursos por parte de las comunidades para cubrir los costos de saneamiento, así como la falta de recursos económicos por parte de los gobiernos regionales para invertir en el proceso de formalización y titulación de los territorios comunales, etc.
Pero eso no es todo, aquellas comunidades que si cuentan con un título de propiedad, también enfrentan dificultades para acceder al uso y aprovechamiento de sus territorios, ello a causa de la falta de demarcación y/o georreferenciación de las tierras y territorios comunales y/o los conflictos de colindancia entre comunidades y con otros propietarios particulares, entre otros.
En este contexto, podemos afirmar que prácticamente las más de 10000 comunidades campesinas y nativas existentes en nuestro país, presentan uno o más de los referidos problemas señalados, siendo la más recurrente la ausencia de una adecuada georreferenciación.
Lo cierto es que no existe una política del Estado central, ni de los gobiernos regionales ni locales que impulse y garanticen la seguridad integral de los territorios comunales, atendiendo las demandas de titulación pendientes y planteando soluciones a los diversos problemas territoriales señalados anteriormente. Al contrario aunado a ello, se aprueban proyectos de leyes “paquetazos” normativos que afectan directamente los derechos de propiedad y posesión de nuestros pueblos indígenas u originarios. Ejemplo de estos “paquetazos” son la Ley 30230, la Ley 30327, los Decretos Legislativos, 1192,1210, 1333, 1718, entre otros.
Y es que si bien existe un proyecto en marcha, que prevé la formalización de la propiedad comunal, como es el Proyecto de Titulación de tierras (PTRT3) se sabe que éste no brindará la cobertura de titulación que las comunidades requieren y apenas sentará las bases para un catastro nacional de territorios comunales. Respecto a ello, un aspecto importante a considerar es que hasta la fecha no existe un catastro nacional de comunidades a partir del cual se extraiga información oficial, actualizada y corroborada. Situación que ha llevado a que las organizaciones indígenas desarrollen sus bases de datos propias, como es el caso de AIDESEP, así como organizaciones civiles que trabajan con comunidades rurales como el Instituto del Bien Común.
Ante este difícil panorama, es que las organizaciones indígenas nacionales articuladas en el Pacto de Unidad (CCP, CNA, CUNARCP, FENMUCARINAP, ONAMIAP y UNCA), AIDESEP y CONAP, en alianza con la coalición Iniciativa Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés);han desarrollado una serie de propuestas e iniciativas que tienen como finalidad contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas.
Con el interés y la motivación de que sus demandas territoriales sean atendidas de manera urgente por el Estado, impulsamos la campaña: TITULACIÓN COMUNAL Y SEGURIDAD JURÍDICA TERRITORIAL, con el objetivo de hacer llegar nuestras propuestas a las instituciones públicas y autoridades responsables de brindar la seguridad jurídica territorial que tanto necesitan nuestros pueblos.
Respetar y asegurar la titulación comunal y la seguridad jurídica de los territorios indígenas significa conservar y proteger nuestros ecosistemas, los que a su vez permitirá combatir los efectos del cambio climático. Por ello es importante promover la seguridad jurídica de nuestros territorios, defendiéndolos y protegiendo su integralidad.
¡Te invitamos a conocer nuestras propuestas!