Martes 17 de Enero de 2012
Fátima Portorreal
En la República Dominicana peligra la bioseguridad. La producción de semillas con sus variedades adaptadas a los ecosistemas locales desaparecería de producirse la introducción de transgénicos. Para nadie es un secreto el panorama que se vislumbra en el país si la empresa Monsanto monopoliza el mercado de semillas e introduce sus paquetes tecnológicos de organismos vivos modificados a nuestro medio ambiente.
Tenemos claro el desamparo del país en términos de bioseguridad por no tener aprobado la ley sobre bioseguridad. Hoy el desarrollo sustentable está en peligro con la presencia de Monsanto. Las generaciones futuras y la presente están condenadas a ser patentizadas por multinacionales que controlan el mercado mundial de semillas y diseñan paquetes tecnológicos que comprometen la seguridad de los ecosistemas y la salud humana.
Los impactos sociales, económicos y ambientales son de tal gravedad que impide que continuemos manejando un discurso y acciones con ambigüedad ética. Hoy invocamos el principio de precaución, porque es una responsabilidad asumir la defensa de nuestras semillas locales y Soberanía Alimentaria.
Sabemos que Monsanto es una empresa multinacional que ha sido sometida a la justicia y tiene múltiples demandas por los daños que ha provocado a personas, animales, ecosistemas y en especial a los pequeños productores de alimentos. No obstante la empresa goza de muchos privilegios entre especialistas y empresarios del país. Es un peligro aceptar patentes de semillas que comprometen la salud, los sistemas agrarios y la biodiversidad en general.
Sin embargo, a pesar de que existen pruebas que confirman los temores de la gente acerca de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), encontramos en estos días ambigüedades sobre los debates que se han promovido por la sociedad civil, alegando que estamos causando problemas al mercado de productos orgánicos. Quiero recordar a la Junta Agroempresarial Dominicana que dichas discusiones son pertinentes, ya que es una situación compleja a la que nos exponemos. Liberar al medio ambiente organismos vivos modificados produce impactos sociales y ecológicos que a la larga producirán costes imprevistos que son imposibles de predecir. La Articulación Nacional Campesina no se opone a la biotecnología, ni a los estudios de ingeniería genética en laboratorios cerrados, pero si nos oponemos a su liberación en campo abierto.
El desarrollo tecnológico no se puede utilizar como argumento determinante para hablarnos de seguridad, control y desarrollo. No nos oponemos a la ciencia. Los híbridos patentizados han sido eficientes en términos de productividad, pero es claro que para los pequeños/as productores/as de alimentos estos paquetes tecnológicos comprometieron los mercados de semillas en toda Latinoamérica, afectando la soberanía alimentaria. Pero jamás estas semillas hibridas generaron peligro e incertidumbre para la vida en general.
Ahora bien, la modelo de ciencia que fomenta lo transgénico está basado en el utilitarismo y una racionalidad moral que sólo juzga “lo útil” como bueno, ese principio de utilidad, es peligroso, porque está definido en términos de las personas respeto de los cuales se dice ser útil aquello y la circunstancias en la que se lleva a cabo la valoración de esa utilidades. Cabe preguntarse ¿qué es lo útil?, ¿para quién es lo útil? Preguntas que todos/as tenemos que hacernos, porque no podemos aceptar estos principios éticos que ya desde el siglo XX fueron criticados por considerarse un “egoísmo ilustrado”.
Los/as epistemólogos /as saben que los viejos liberales (A. Smith, R. Malthus y D. Ricardo,J. Bentham, James Mill y J. Stuart Mill) o los nuevos liberales opuestos en algunos puntos como (J. Rawls y J. C. Harsanyi) no son inocentes en sus conceptualizaciones sobre lo útil. Por lo cual sorprende que todavía haya instituciones y particulares de nuestro entorno local que piensen que podemos aceptar que “la bondad y la utilidad” coinciden y que por tal razón debemos aceptar su propuesta de introducir semillas transgénicas, porque son “inocuas, productivas y buenas”.
Estas narraciones, que fomentan los cálculos de utilidad y los datos empíricos a partir de sus diseños estrictamente controlados pretenden que aceptemos los OGM sin rechistar. Dichas narraciones nos recuerdan que los modernos apuntan siempre a “las decisiones correctas”, pues construyen su ciencia basada en la eficiencia y verdades legitimadas por un grupo que se considera infalible. Lamentablemente no creemos en el viejo cuento de “la imparcialidad” o de la “prudencia racional” como una concepción colectiva del bien grupal, tal como plantea un liberal como Rawls.
Toda acción implica un compromiso político. Los neoliberales están muy claros con su ciencia, y en aceptar como bueno y valido que el bien de todos debe ser sacrificado por la elección racional de unos pocos y en este caso es apoyar al capitalismo globalizado. En lenguaje sencillo: aceptar a la multimillonaria Monsanto en República Dominicana.
Desde la Ecología Política, es claro que todas las acciones que en el ámbito de lo público se asumen, responden a un eco/espacio-tiempo escénico y por ende responden a una racionalidad que se fundamenta en una praxis social que producirá placer o sufrimiento a los individuos o el colectivo en general y a las otras especies que conforman el hábitat. Está muy claro que quieren comprometer nuestro presente y el futuro remoto. Esto sin ambages, nos arroja al mundo de la responsabilidad ética, la cual se puede negar, por el no reconocimiento del otro o simplemente se puede aceptar subdividiéndola en grados por considerase no prioritarias como variable temporal.
La Articulación Nacional Campesina no es irresponsable cuando dice que hay que debatir sobre los transgénicos y que tenemos demasiadas evidencias de la entrada de organismos vivos modificados genéticamente. Hace mucho tiempo que la organización viene denunciando que se han introducido OGM para la alimentación animal y que en los supermercados dominicanos se venden estos productos.
Hoy necesitamos que el Ministerio de Agricultura inicie una investigación exhaustiva, que exija los certificados a las compañías pertinentes, que compruebe por medio de análisis de laboratorio, que el material recogido no es transgénico. En República Dominicana hay un laboratorio que tiene capacidad para tales pruebas y es el Instituto de Innovación de Biotecnología e Industria. Una vez obtenida los resultados presentarlos y ponerlo a disposición pública.
Otras medidas políticas importantes incluyen abrir el debate, suspender el convenio realizado con las subsidiarias de Monsanto y poner como prioridad nacional, la aprobación de la ley de Bioseguridad. Estas medidas son sencillas, pero tomarlas requiere de responsabilidad ética.
No queremos que el problema de los transgénicos se aborde con una responsabilidad decreciente. Esto expone nuestros ecosistemas a daños severos y condena a nuestras semillas a la desaparición. Desde la ontología Aristotélica se sabe que solo podemos hacer ″responsable de algo a alguien si y sólo estamos seguro de que ese alguien ha causado ese algo″ (López Gordo y Delgado Ruiz, 2006). Con otras palabras, si ya hay transgénicos en los supermercados y se tiene un convenio firmado, hay suficientes pruebas para iniciar una investigación. Señor Ministro de Agricultura, a esto llamamos responsabilidad ética.