Mes: marzo 2016

3 de marzo de 2016

La Coordinadora General del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras COPINH, Berta Cáceres fue asesinada esta madrugada en La Esperanza, Intibucá. Los asesinos entraron a su casa para matarla y en el hecho, su hermano también resultó herido.

Berta, además líder indígena del pueblo lenca de Honduras y defensora de los derechos humanos, había recibido reiteradas amenazas a muerte por acompañar las luchas de defensa de su pueblo y además de sufrir persecusión política y ordenes de detención.

Las comunidades indígenas lencas, quienes habitan el occidente hondureño, luchan en defensa de su territorio ancestral que se ve amenazado por proyectos hidroeléctricos y mineros aprobados por el gobierno sin previa consulta.

En varias oportunidades, Cáceres denunció la expropiación de sus territorios y las carencias en los sistema de salud y agrícola. A su vez, rechazó la creación de bases militares estadounidenses en el territorio Lenca.

La semana pasada ofreció una rueda de prensa en la que denunciaba que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y algunos recibieron amenazas.

Su lucha, junto con la del COPINH y su pueblo, fue reconocida con varios premios internacionales.

Desde la CLOC La Via Campesina, repudiamos este vil y cobarde acto. Repudiamos y condenamos energicamente lo sucedido. Exigimos justicia para el pueblo Lenca. Nos solidarizamos especialmente ante este arrebato a la vida de la compañera Berta.

Somos conscientes de que el caso de Berta se suma a una larga lista de compañeras y compañeros que murieron por tener el coraje de denunciar las injusticias cotidianas y luchar contra el agronegocio.

Ni una menos en América Latina
Basta de criminalización de la lucha campesina

2 de marzo de 2016

En el paraje Sarandí 2 de Febrero, del municipio de Esperanza, Misiones, 37 familias campesinas  del MNCI sufren el atropello de la «Justicia» que por tercera vez intenta desalojarlos de sus posesiones, tratando de obligarles a abandonar la tierra que habitan hace más de 10 años, donde viven y trabajan para producir sus alimentos y criar algunos animales para su subsistencia.

Un desmesurado operativo policial se impuso nuevamente ante esta humilde comunidad, más de 50 efectivos de la policía hacían desalojar vivienda por vivienda, ante la pacífica resistencia de las familias a este brutal atropello de la justicia.

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En el operativo ordenado por el juez Lunge de Iguazú, y en presencia del encargado de la firma Robicué S.A., el sr. Ribeiro, se los obligaba a salir de sus casas y abandonar sus corrales con animales, sembrados, y los productos de su cosecha almacenados para su subsistencia.

Se les secuestraron herramientas de trabajo y cualquier otra pertenencia que no alcanzaran a sacar inmediatamente de su casa, incluso efectos personales como documentos, celulares y dinero. Como si fuera poco se desarmaban completamente las viviendas de madera, y lo que no se rompía, se cargaba en camión para llevar como material secuestrado a la comisaría.

La angustia, el miedo y la impotencia no fueron suficientes para que aceptaran lo que desde 2011 intentan imponerles: que no tienen derecho a la tierra en la viven y trabajan pacíficamente.

Con su humildad, y un enorme sacrificio fueron construyendo esta comunidad, distante 25 km de una ruta asfaltada y muchos más de un pueblo, sin energía eléctrica, sin sala de salud o escuela cercana. Y mientras deben enviar a muchos de sus hijos con familiares al pueblo para que no pierdan las clases (ya que intentaron enviar a los niños a la escuela mas cercana a 6 km pero fueron amenazados por el supuesto encargado Ribeiro, quien en una oportunidad hizo lastimar a algunos de ellos obligándoles a hacer cuerpo tierra sobre troncos), vienen haciendo las gestiones para que se instale una escuelita para los hijos, que les permita mantener a toda su familia bajo el mismo techo.

Esta vez no hubo golpes a los pobladores, hombres y mujeres, como sí había ocurrido el 23 de diciembre de 2014, cuando con golpes y amenazas los expulsaron y quemaron una por una todas sus casas hasta convertirlas en cenizas, además de quitarles todas sus herramientas y pertenencias, llevarse o largar al monte los animales, y hasta les perforaron con machetes las ollas para que si insistían en quedarse, no tuvieran ni en qué cocinar. Aquella vez consiguieron un plástico para pasar la noche, las madres debían sacarse la ropa que tenían puesta para abrigar a sus hijos pequeños y cocinando todo el día en una pequeña olla que quedo sin perforar, se alimentaron 37 familias, que a pesar de todo se quedaron a reconstruir sus vidas allí.

Y esta vez como en el desalojo anterior se juntaron todas las familias para protegerse y compartir el dolor frente a la brutal injusticia que estaban viviendo una vez más, con sus hijos en brazos, sin comida, con ancianos enfermos, con sus rostros de tristeza infinita.

La presidenta de la comisión vecinal y delegada de la comunidad, Sirila Aguilera (foto abajo), quien incansablemente ha buscado una solución para su comunidad, cuando volvió a su casa, luego de discutir con las autoridades del operativo exigiéndoles que detengan esta brutal agresión, pudo ver como quedaban sólo cenizas, no solo de su casa, su gallinero, y hasta la producción que tenía almacenada de zapallo, ardiendo aún… como sino fuera suficiente ensañamiento, además arrancaron mandioca de su plantación para comer asado en medio del operativo.

Esta comunidad campesina viene trabajando junto al MNCI y el Partido Agrario y Social para tratar de encontrar el camino de solución que les permita vivir de su trabajo con dignidad. En ese camino, se había logrado un gran paso: el sábado 27 de febrero, aún en medio de la lluvia, la Subsecretaria de Tierras de la Provincia, Sonia Melo pudo visitar el paraje, constatar la situación de la comunidad, escuchar los testimonios de las familias y asumió el compromiso del gobierno provincial de trabajar para alcanzar una solución definitiva.

En medio del operativo de desalojo, y ante las gestiones urgentes llevadas adelante por el dip. Martín Sereno del PAyS, con la Subsecretaria Melo, y ante el Vicegobernador, la ministra de Derechos Humanos, y el ministro de Gobierno, finalmente el juez de la causa resolvió suspender el desalojo, otorgando un plazo de 30 días para encaminar una solución negociada con el supuesto titular de dominio de esa parcela. Vale aclarar que el titular de Robicué S.A., el Ing. Colcombet que trabaja en el INTA, desde que comenzó a denunciarlos, nunca se hizo presente ante esta comunidad para dialogar.

Agravando el atropello, dos empleados de Ecología de la Provincia aparecieron ilegalmente en el operativo, con una camioneta oficial de la repartición cargada de choclo, zapallo, mandioca, carbón y motosierra robados a las familias indefensas, denuncia que fue constatada in situ por los oficiales de policía presentes.

Desde el MNCI denunciamos este atropello a la dignidad humana, ningún conflicto de tierra puede dirimirse desde esta violencia institucionalizada, con consecuencias físicas, morales y sociales irreparables para los más débiles.

Por ello demandamos al gobierno provincial que provea una solución que respete los legítimos derechos de los pobladores, campesinos que cultivan y crían en parcelas de entre 10 y 15 hectáreas por familia, y que sólo buscan una vida digna.

También exigimos al juez Lunge que amplíe los plazos que sean necesarios hasta encontrar una solución justa para este conflicto.

2 de marzo de 2016

El tribunal de Mayor Riesgo A dictó 120 años de prisión inconmutables para el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y 240 años de prisión para el comisionado militar Heriberto Valdéz Asig, acusados de delitos de deberes contra la humanidad, violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de 11 mujeres q´eqchis, asesinato de tres mujeres madres y sus dos hijas y de la desaparición forzada de siete hombres (esposos de las mujeres sobrevivientes).

Los juzgadores establecieron que Heriberto Valdez Asig es responsable del delito de desaparición forzada de los señores Antonio Sub Coc, Manuel Cac, Santiago Cac Bá, Pedro Cac Bá, Abelardo Coc, Heriberto Choc y Juan Choc pues participó en su detención en forma violenta y dichas personas nunca volvieron a aparecer encuadrando su conducta en el delito de desaparición forzada, por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada una de las desapariciones forzadas haciendo un total de 210 años de prisión inconmutables.

Esteelmer Francisco Reyes Girón es responsable como autoridad del delito de asesinato cometido en contra de Dominga Coc y sus dos hijas, las niñas Anita y Hermelinda Coc Set, por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada asesinato es decir 90 años de prisión inconmutables.

Tanto a Reyes Girón como a Valdez Asig, el tribunal los señaló de responsables como autoridades de delitos contra los deberes de la humanidad cometidos en contra de la vida y la integridad de la población de Sepur Zarco, especialmente de las señoras Rosa Tiul, Candelaria Maaz, María Bá Caal, Manuela Bá, Felisa Cuc, Vicenta Col Pop, Margarita Chub Choc, Cecilia Caal, Magdalena Pop, Carmen Xol Ical, Demesia Yat, Dominga Coc. Y sus hijas Anita Set Coc y Hermelinda Coc. Por tal delito se le impuso a cada acusado la pena de 30 años de prisión inconmutables.

Los juzgadores expresaron que creen firmemente que reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la aplicación de la justica es un derecho que asiste a las víctimas. Haciendo conciencia que el tipo de hechos no debe volver a repetirse.

Jassmin Barrios presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, al dar lectura a la sentencia, dijo que la desaparición forzada es un delito que se proyecta en el tiempo y en el espacio; se dice que es forzada porque precisamente no existe voluntad de parte de la víctima. Las víctimas eran campesinos que fueron separados de sus hogares teniendo en común estar gestionando la tierra de sus comunidades.

Al señalar los delitos de deberes contra la humanidad dijo que el daño ocasionado es de carácter irreparable, se dañó el tejido social de toda una población y sus efectos son perceptibles para toda la sociedad guatemalteca.

Asimismo, señaló que el profanar el cuerpo de las mujeres también constituyó una profanación para la comunidad y se convirtió a las mujeres en objetivo de guerra para lograr la aniquilación de quienes consideraban sus enemigos.

En cuanto al delito de desaparición forzada la juzgadora dijo que el dolor que experimentan los familiares trasciende el tiempo y el espacio, el dolor y la aflicción al no tener conocimiento del paradero de los seres queridos es fuerte porque no se logra cerrar las heridas existentes.

El Tribunal citó a los sujetos procesales para el 4 de marzo de 2016 a las 15:00 horas para la lectura íntegra de la sentencia y tomando en cuenta que es un fallo de carácter condenatorio y que existe el derecho de la reparación digna de las víctimas, el Tribunal citó a los sujetos procesales para el 2 de marzo de 2016 a las 8:30 en el nivel 15 de la Torre de Tribunales a la audiencia de reparación de las víctimas.

En declaraciones a diferentes medios de comunicación, la representante de Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios, expresó que el Caso Sepur Zarco, representa un hecho trascendental e histórico, no solo para el país centroamericano, sino a nivel mundial, porque es el primer juicio contra personas vinculadas con las fuerzas armadas delimitando las modalidades de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, que se cometieron delitos contra los deberes de humanidad establecidos en el artículo 378 del Código Procesal Penal.

20 días de audiencias

Día a día, durante los 20 días que duró la audiencia, las 11 mujeres q´eqchi´ víctimas de violencia sexual esclavitud sexual y doméstica por parte del ejército de Guatemala en tiempo del conflicto armado interno, se presentaban a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, quienes se hacían acompañar del equipo legal de Mujeres Transformando el Mundo MTM (quienes por varios años tuvieron a su cargo toda la estrategia legal). También eran acompañadas por representantes del Ministerio Público y representantes legales de MTM, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemalteca UNAMG y de la representante de la Colectiva Jalok U, querellantes en el caso.

Todo el tiempo sus rostros permanecieron cubiertos mientras transcurrían los días y veían pasar a testigos, quienes narraron ante el tribunal lo que vivieron ellos y sus familias. Permanecieron todo el tiempo en sus lugares (al lado derecho de la Sala de Vistas) muy raras veces tomaban agua, y en más de una ocasión se observó que sus manos las llevaban a sus rostros para secarse las lágrimas que brotaban al escuchar y ver lo que se desarrollaba ante el Tribunal.

El día 20, la Sala de Vistas fue abarrotada por hombres y mujeres que se solidarizaron con las mujeres valientes, al escuchar la sentencia condenatoria la sala vibro de aplausos y de alegría al ver que se hacía justicia para las mujeres históricas de Sepur Zarco.

Antecedentes:

11 mujeres q´eqchis tuvieron que esperar por más de 30 años para ver sentenciados a quienes son los responsables de violación sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de las sobrevivientes, así como los responsables de desaparición forzada en contra de siete hombres esposos de las sobrevivientes y del asesinato de una madre y sus dos pequeñas hijas.

Para que las mujeres sobrevivientes de violencia y esclavitud sexual durante el Conflicto Armado Interno (CAI) accedieran a la justicia, por muchos años fueron acompañadas de manera psicosocial por organizaciones que integran la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Y por más de seis años el equipo legal de Mujeres Transformando el Mundo las acompañó para que el sueño de estar ante un tribunal fuera una realidad.

En el mes de septiembre del año 2011 se presentó la primera querella penal por los delitos «Contra los deberes de Humanidad y Genocidio» del «Caso Sepur Zarco» nombre que lleva el proceso penal, de la cual Mujeres Transformando el Mundo y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas son querellantes adhesivos. El caso es colectivo y fue impulsado por 15 mujeres sobrevivientes de violencia sexual, esclavitud doméstica y esclavitud sexual en el destacamento militar y 5 Hombres sobrevivientes de Tortura, hechos ocurridos en 1982 en el marco del Conflicto Armado Interno guatemalteco.

– Equipo de Comunicación MTM

2 de marzo de 2016

Juicio suspendido sin fecha de reinicio

La defensa recusó al tribunal por parcialidad manifiesta. Amelio Sisco denunció que desde la semana pasada el tribunal le impide hacer preguntas, esto ocurre desde que el juez Samuel Silvero, uno de los miembros del tribunal, ese día de la declaración del perito Pablo Lemir, se reunió con los fiscales de la causa y desde entonces se le impide a él ejercer el derecho a la defensa.

La jueza suplente Arminda Alfonso ocupó el lugar del juez Samuel Silvero en vista a la recusación. A éste se le concedió un plazo de 24 horas para informar si se inhibe o no a la recusación de la defensa técnica.

A todas las partes se les convocó a partir de las 10 am del día miércoles 2 de marzo a efecto de dictar las resoluciones que correspondan.

La sanción contra el fiscal Nelson Ruíz quedó pendiente dado el recurso planteado.

Quedó supeditada la audiencia para el abogado Víctor Azuaga para su defensa ante una posible sanción planteada por el Ministerio Público.
Fiscal Ruíz pidió que se acuerden también del pedido de sanción contra el abogado Amelio Sisco por haber interrumpido la deposición del testigo Luis Zucchini.

La fiscala Liliana Alcaraz acusó al abogado Víctor Azuaga de haberla agredido verbalmente en pasillo y pidió que se remitieran los antecedentes de Azuaga y sobre este incidente.Amelio Sisco, en tanto, dijo haber sido testigo de lo ocurrido y que en ningún momento su colega Azuaga agredió a la fiscala, lo que se constituye en una grosera mentira y una calumnia.

Azuaga solicitó que se remitieran así también los antecedentes de la fiscala Alcaraz y del fiscal Nelson Ruíz porque está declarada una enemistad manifiesta contra su persona y por mal desempeño de sus funciones.
El tribunal se encuentra sin potestad para resolver ningún incidente en estos momentos.

Los presentes en la sala abandonaron el recinto gritando: «¡Fiscalía ijapu!»

Informe: Articulación por Curuguaty

1 de marzo de 2016

Se encuentra en etapa de Información el proceso de Consulta Previa del reglamento de la Ley de Lenguas Indígenas u Originarias, ley N°29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento, y difusión de las lenguas originarias del Perú.

El Estado, a través del Ministerio de Cultura, ha iniciado este proceso para recoger las observaciones y aportes de los pueblos indígenas sobre el reglamento que ha propuesto para esta Ley. Por ser representantiva de pueblos indígenas y originarios asentados en el país, la Confederación Nacional Agraria – CNA es una de las siete organizaciones nacionales que están siendo consultadas.

Entrevista a Gerardo García, funcionario de la Dirección de Lenguas del Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura. (con traducción al Quechua y al Aymara).

Es así que por estos días se está realizando los talleres informativos macroregionales en las ciudades de Cusco (25 y 26 de febrero) e Iquitos (01 y 02 de marzo). En el primero participó el dirigente nacional David Ureta, así como líderes y lideresas de las bases de Puno, Arequipa, Madre de Dios, Cusco y Moquegua; y en el segundo está presente Antolín Huáscar, presidente de CNA, junto a los representantes de bases de Amazonas, San Martín, Ucayali, Lambayeque y Loreto.

Reivindicar los derechos lingüísticos

Según cifras oficiales, 55 pueblos indígenas viven en territorio nacional y son ellos los que mantienen vivas a 47 lenguas originarias (4 andinas y 43 amazónicas). Sin embargo, según los mismos reportes, muchas de ellas corren peligro de extinguirse y hasta el momento otras 37 ya desaparecieron.

En entrevista colectiva realizada en Cusco por comunicadores radiales de CNA, Gerardo García, miembro de la Dirección de Lenguas del Ministerio de Cultura, precisó lo valioso que es para el Estado que a través de la Consulta Previa se establezca la ruta de cómo se deben ejercer los derechos lingüísticos de la población peruana.

El funcionario expresa que la propuesta de reglamento del Ministerio considera aspectos claves para la implementación de los derechos lingüísticos como brindar servicios públicos en lenguas originarias o la creación del programa Lenguas Vivas para la recuperación de lenguas en riesgo de desaparecer.

Otro punto a desatacar dentro de la propuesta es la inclusión de la enseñanza de lenguas originarias en los niveles de educación básica regular y educación superior. Así como acreditar el dominio de las mismas a las personas que deseen obtener certificación para su desempeño académico o profesional.

La CNA, a través del dirigente nacional, David Ureta, expresó la importancia de que el reglamento sea puesto a Consulta Previa pues se trata de reivindicar la lengua y su cultura a través de derechos como la participación y la consulta. Detalla que este proceso de formalización impulsado por el Estado, ya encuentra a los pueblos indígenas orgullosos y predispuestos a defender y prevalecer su riqueza cultural a través del uso de sus propias lenguas.

Después de la jornada en Iquitos viene la etapa de Evaluación Interna, donde las organizaciones autónomamente ordenarán sus observaciones y aportes para luego entrar a la etapa de Diálogo.

29 de febrero de 2016

Cerca de 100 comunicadoras y comunicadores populares de 24 países del continente nos encontramos del 24 al 28 de febrero en las instalaciones del centro Simón Rodríguez en Venezuela. Resulta un hecho trascendental y estratégico que podamos reunirnos más de 80 organizaciones sociales y populares con el objetivo de reflexionar y proyectar las acciones comunicativas en la actual coyuntura continental.

Esta iniciativa forma parte de la agenda política de la Articulación de ALBA Movimientos que es la expresión del compromiso de los pueblos de seguir empujando el legado del Comandante Hugo Chávez en la senda de una nueva geopolítica mundial que favorezca la construcción de un modelo de sociedad alternativo al orden hegemónico del capital.

Realizamos un análisis de coyuntura continental en el que reflexionamos respecto a la ofensiva imperial que se inscribe en una crisis civilizatoria del capitalismo, asentada en una profundización de las políticas extractivistas y que favorecen lógicas depredadoras. Los poderosos han tomado una iniciativa nucleada para lograr que los pueblos paguemos la crisis. Frente a esa avanzada nos paramos firmes y decimos que vamos por más, que llegó la hora de reactivar la llama que se avivó en nuestras tierras en las últimas décadas y que se tradujo en cambios políticos que venimos analizando con rigor militante.

Entendemos que los proyectos neodesarrollistas y reformistas han mostrado sus limites y han dejado al desnudo su inviabilidad. Por otro lado, creemos que las propuestas que vienen apostando por una transformación de fondo deben radicalizar su talante democrático, trascendiendo incluso el enorme avance de los procesos constituyentes y profundizando el protagonismo popular.

En esta coyuntura, desde el punto de vista comunicacional las grandes transnacionales de la información vienen imponiendo el terrorismo mediático, el discurso único y la construcción del miedo. Frente a esto, debemos integrarnos más, fomentar la unidad del campo popular, formarnos, multiplicar las capacidades, pensar y gestionar una comunicación articulada para disputar espacios, discursos, generar matrices de opinión que contrarresten los embates de la derecha.

Tenemos que fomentar la movilización popular para la lucha continental, fundamentada en el acumulado histórico desde nuestros pueblos originarios. Es preciso superar este escenario a partir de un proyecto anclado en la participación popular, la unidad, la integración, la solidaridad, la esperanza y la construcción desde abajo y a la izquierda. Es hora de apostar por una alternativa que garantice la reproducción de la vida de las mayorias trabajadoras del continente, que camine hacia un horizonte socialista.

Reafirmamos nuestra apuesta por una comunicación contra-hegemónica, comprometida con las luchas populares y la integración de nuestros pueblos. Reflexionamos, además, sobre la necesidad de pensar estrategias comunicativas que logren un mayor impacto y eficacia ante el complejo escenario que atraviesa la región.

En el 2016 una de las máximas expresiones de esta lucha es la que libra el pueblo y gobierno venezolano, al cual queremos expresar nuestra más clara y profunda solidaridad frente a los ataques de la derecha continental. Para los movimientos sociales y populares, la revolución bolivariana significa una gran referencia de democracia no solo electoral sino participativa y de garantía de derechos humanos e inclusión de las mayorías. Nos parece clave que se profundicen y visibilicen los procesos comunales y de auto-gobierno, que son la base fundamental de la construcción del socialismo bolivariano.

Expresamos nuestra solidaridad con las luchas del pueblo de Argentina ante la ofensiva neoliberal, así como sumamos nuestras voces a la exigencia de soberanía de las islas Malvinas. Reconocemos el traspié electoral que sufrió el proceso de cambio en Bolivia pero estamos convencidas y convencidos de que no es una derrota definitiva sino parte de las complejidades en la construcción democrática de un proceso que escucha al pueblo. Reafirmamos, además, nuestro apoyo al reclamo de la salida soberana al mar del pueblo boliviano. En tanto, demandamos en el marco de la revolución ciudadana del Ecuador que se amplíe el diálogo con las organizaciones sociales; y suscribimos la demanda hacia la transnacional Chevron frente a su contaminación en la Amazonía.

Exigimos la salida de las tropas de la ONU de Haití y que se respete la autodeterminación de su pueblo.

Denunciamos la criminalización de la protesta y la persecución a las comunicadoras y comunicadores en América Latina y exigimos la democratización de la comunicación como un derecho humano.

Nos comprometemos a seguir visibilizando y siendo parte de las luchas anti-patriarcales, por la igualdad de genero, el respeto a la sexodiversidad y contra toda forma de violencia y dominación hacia las mujeres.

Rechazamos el avance del agronegocio en nuestros territorios a través de sus modos de producción explotadores y los desalojos a familias campesinas, y ratificamos nuestra apuesta a seguir desarrollando la soberanía alimentaria y la agroecología como alternativa viable para la alimentación de nuestros pueblos y el respeto a la Madre Tierra.

Decimos que no puede existir paz en Colombia sin justicia social y sin la participación de los movimientos sociales y populares.

Consideramos que es un contrasentido la visita de Barack Obama a Cuba sin que se hayan eliminado el bloqueo económico y la base naval de Guantánamo y se mantenga el objetivo de aniquilar a la revolución cubana, que sigue siendo para nosotras y nosotros un referente del socialismo en el continente. De igual manera consideramos como una provocación su presencia en Argentina apoyando al gobierno de Mauricio Macri justo en la fecha que se conmemoran 40 años del inicio de la ultima dictadura civico-militar.

No olvidamos los golpes en Honduras y Paraguay, que ensayaron formas antidemocráticas de restauración conservadora que podrían replicarse en otros países latinoamericanos.

Proponemos a los presidentes del ALBA-TCP potenciar el diálogo, la integración y la solidaridad con los movimientos sociales y populares del ALBA Movimientos, que pudiera materializarse en un encuentro que nos articule para enfrentar de conjunto esta compleja coyuntura. Instamos a que en la agenda política de estos gobiernos se incorpore el tema de la comunicación para avanzar en los procesos de integración y construcción popular.

Desde el ALBA Movimientos seguiremos en lucha por una comunicación popular, participativa, democratica y emancipadora.

Unidad, lucha, batalla y victoria
¡Chávez vive¡ !La lucha sigue!

Venezuela, 28 de febrero de 2016