2 de marzo de 2016
En el paraje Sarandí 2 de Febrero, del municipio de Esperanza, Misiones, 37 familias campesinas del MNCI sufren el atropello de la «Justicia» que por tercera vez intenta desalojarlos de sus posesiones, tratando de obligarles a abandonar la tierra que habitan hace más de 10 años, donde viven y trabajan para producir sus alimentos y criar algunos animales para su subsistencia.
Un desmesurado operativo policial se impuso nuevamente ante esta humilde comunidad, más de 50 efectivos de la policía hacían desalojar vivienda por vivienda, ante la pacífica resistencia de las familias a este brutal atropello de la justicia.
En el operativo ordenado por el juez Lunge de Iguazú, y en presencia del encargado de la firma Robicué S.A., el sr. Ribeiro, se los obligaba a salir de sus casas y abandonar sus corrales con animales, sembrados, y los productos de su cosecha almacenados para su subsistencia.
Se les secuestraron herramientas de trabajo y cualquier otra pertenencia que no alcanzaran a sacar inmediatamente de su casa, incluso efectos personales como documentos, celulares y dinero. Como si fuera poco se desarmaban completamente las viviendas de madera, y lo que no se rompía, se cargaba en camión para llevar como material secuestrado a la comisaría.
La angustia, el miedo y la impotencia no fueron suficientes para que aceptaran lo que desde 2011 intentan imponerles: que no tienen derecho a la tierra en la viven y trabajan pacíficamente.
Con su humildad, y un enorme sacrificio fueron construyendo esta comunidad, distante 25 km de una ruta asfaltada y muchos más de un pueblo, sin energía eléctrica, sin sala de salud o escuela cercana. Y mientras deben enviar a muchos de sus hijos con familiares al pueblo para que no pierdan las clases (ya que intentaron enviar a los niños a la escuela mas cercana a 6 km pero fueron amenazados por el supuesto encargado Ribeiro, quien en una oportunidad hizo lastimar a algunos de ellos obligándoles a hacer cuerpo tierra sobre troncos), vienen haciendo las gestiones para que se instale una escuelita para los hijos, que les permita mantener a toda su familia bajo el mismo techo.
Esta vez no hubo golpes a los pobladores, hombres y mujeres, como sí había ocurrido el 23 de diciembre de 2014, cuando con golpes y amenazas los expulsaron y quemaron una por una todas sus casas hasta convertirlas en cenizas, además de quitarles todas sus herramientas y pertenencias, llevarse o largar al monte los animales, y hasta les perforaron con machetes las ollas para que si insistían en quedarse, no tuvieran ni en qué cocinar. Aquella vez consiguieron un plástico para pasar la noche, las madres debían sacarse la ropa que tenían puesta para abrigar a sus hijos pequeños y cocinando todo el día en una pequeña olla que quedo sin perforar, se alimentaron 37 familias, que a pesar de todo se quedaron a reconstruir sus vidas allí.
Y esta vez como en el desalojo anterior se juntaron todas las familias para protegerse y compartir el dolor frente a la brutal injusticia que estaban viviendo una vez más, con sus hijos en brazos, sin comida, con ancianos enfermos, con sus rostros de tristeza infinita.
La presidenta de la comisión vecinal y delegada de la comunidad, Sirila Aguilera (foto abajo), quien incansablemente ha buscado una solución para su comunidad, cuando volvió a su casa, luego de discutir con las autoridades del operativo exigiéndoles que detengan esta brutal agresión, pudo ver como quedaban sólo cenizas, no solo de su casa, su gallinero, y hasta la producción que tenía almacenada de zapallo, ardiendo aún… como sino fuera suficiente ensañamiento, además arrancaron mandioca de su plantación para comer asado en medio del operativo.
Esta comunidad campesina viene trabajando junto al MNCI y el Partido Agrario y Social para tratar de encontrar el camino de solución que les permita vivir de su trabajo con dignidad. En ese camino, se había logrado un gran paso: el sábado 27 de febrero, aún en medio de la lluvia, la Subsecretaria de Tierras de la Provincia, Sonia Melo pudo visitar el paraje, constatar la situación de la comunidad, escuchar los testimonios de las familias y asumió el compromiso del gobierno provincial de trabajar para alcanzar una solución definitiva.
En medio del operativo de desalojo, y ante las gestiones urgentes llevadas adelante por el dip. Martín Sereno del PAyS, con la Subsecretaria Melo, y ante el Vicegobernador, la ministra de Derechos Humanos, y el ministro de Gobierno, finalmente el juez de la causa resolvió suspender el desalojo, otorgando un plazo de 30 días para encaminar una solución negociada con el supuesto titular de dominio de esa parcela. Vale aclarar que el titular de Robicué S.A., el Ing. Colcombet que trabaja en el INTA, desde que comenzó a denunciarlos, nunca se hizo presente ante esta comunidad para dialogar.
Agravando el atropello, dos empleados de Ecología de la Provincia aparecieron ilegalmente en el operativo, con una camioneta oficial de la repartición cargada de choclo, zapallo, mandioca, carbón y motosierra robados a las familias indefensas, denuncia que fue constatada in situ por los oficiales de policía presentes.
Desde el MNCI denunciamos este atropello a la dignidad humana, ningún conflicto de tierra puede dirimirse desde esta violencia institucionalizada, con consecuencias físicas, morales y sociales irreparables para los más débiles.
Por ello demandamos al gobierno provincial que provea una solución que respete los legítimos derechos de los pobladores, campesinos que cultivan y crían en parcelas de entre 10 y 15 hectáreas por familia, y que sólo buscan una vida digna.
También exigimos al juez Lunge que amplíe los plazos que sean necesarios hasta encontrar una solución justa para este conflicto.