31 de Enero de 2014
Ante las declaraciones del Ministro del Interior, Francisco de Vargas, relacionadas con el “conflicto campesino”, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:
El Ministro De Vargas dice que el conflicto campesino es una cuestión política y hasta ideológica con la que algunas personas pretenden obtener réditos políticos, que la Policía Nacional no es responsable del modelo de producción y que solo cumple órdenes; señaló además que en nuestro país se pretende “satanizar” la producción de soja transgénica.
Le respondemos al Ministro por este medio que:
1. El conflicto campesino es, efectivamente, una cuestión política desde el momento en que se ven afectadas poblaciones enteras debido al avasallamiento de sus derechos humanos y comunitarios mientras unos pocos empresarios se benefician cultivando transgénicos y fumigando con agrotóxicos; además, la defensa de la vida no se trata de una postura ideológica, sino de un derecho garantizado en la propia Constitución;
2. La Policía Nacional, en conjunto con el Poder Judicial, son responsables también de que este modelo de producción continúe vigente, ya que reclamar un ambiente sano para vivir es motivo suficiente para la criminalización, las imputaciones, la persecución y la represión con balines de goma y gases lacrimógenos, tal como ha sucedido en la Colonia Luz Bella, Maracaná, Brítez Cué y Capiibary, por citar solo los de mayor repercusión.
3. La oposición contra el cultivo de la producción transgénica es, hoy por hoy, universal. Instamos al Ministro a informarse acerca de las diversas luchas que se están llevando en numerosos países a medida que salen a la luz informes sobre las consecuencias producidas por los monocultivos OGM, como urgencias humanitarias, sanitarias y ambientales. Le otorgamos un plazo prudente para leer informes de organismos internacionales, navegar en internet, acudir a la biblioteca a educarse hasta formar un criterio objetivo acerca de lo que le obliga su investidura pública, en lo que concierne a la justicia y el orden; de lo contrario, solo podemos concluir que el mismo responde a intereses de la plutocracia y que, en consonancia con el Nuevo Rumbo, su lucha contra la pobreza se resume en la lucha contra los pobres.
Nos adherimos a la causa del campesinado que resiste a las fumigaciones con agrotóxicos y que son víctimas del agronegocio en conjunto con el aparato judicial que otorga las medidas y permite el “alquiler” de la fuerza pública para proteger a quienes pisotean la Constitución en abierta afectación de los derechos conquistados. Esas acciones de resistencia a las que son forzados los pobladores para proteger su salud y la de sus animales y por los bienes comunes, son absolutamente necesarias debido a la falta de control de los organismos del Estado: el Senave –cuyo titular confesó que la institución cuenta con 2 ingenieros agrónomos por departamento, para un cultivo nacional de soja que superó las 3 millones de hectáreas en 2013–, la Seam y las Secretarías del Ambiente municipales.
La CLOC-Vía Campesina, articulación a la que estamos afiliadas, lleva 20 años de lucha por los derechos de las comunidades del campo, denunciando en todo el mundo el modelo de muerte impuesto por los agronegocios, que impacta perversamente sobre la vida y la cultura de los pueblos y que permite el lucro a costa de los intereses comunitarios.
Gente del campo y de la ciudad:
¡luchando por la vida, por la tierra y por la justicia social!
¡Alimento sano, pueblo soberano!
