Autor: clocvc

25 de agosto de 2014

A fin de informar la agenda de trabajo de las organizaciones indígenas nacionales articuladas en el Pacto de Unidad el martes 26 de agosto a las 4 pm se realizará una reunión de coordinación y trabajo en la sede de la Confederación Nacional Agraria (CNA) situada en el Jr. Miró Quesada 385, en el Cercado de Lima.

El cónclave permitirá conocer las acciones que desarrolla el Pacto de Unidad hacia la Cumbre Alternativa de los Pueblos frente al cambio climático, entre éstas garantizar la participación de las bases comunales y asegurar una efectiva movilización ciudadana que haga sentir la presencia y propuestas de la diversidad de los pueblos originarios del país.

Al evento vienen siendo convocadas diversas instituciones y organizaciones sociales, sindicales, federaciones, gremios, asociaciones civiles, juveniles, estudiantiles en general que deseen sumarse al proceso de movilización ciudadana frente al cambio climático.

El encuentro permitirá concertar esfuerzos, iniciativas y voluntades para la Cumbre Alternativa de los Pueblos que desde la perspectiva indígena debe hacer visible a los pueblos originarios del Perú y el mundo, como uno de los sectores más vulnerables al cambio climático y con mayores propuestas para acciones de adaptación.

De esta manera para el Pacto de Unidad la movilización ciudadana debe alcanzar una gran repercusión nacional e internacional a diferencia de otros sectores de la sociedad civil que desde una mirada más estrecha menoscaban el protagonismo indígena y la presencia del pueblo en los espacios alternativos.

Foros y debates públicos todos los martes… hasta diciembre

Cabe destacar que el mismo martes 26 a partir de las 7 p.m. se realizarán eventos públicos y abiertos de información y debate sobre diversos aspectos concernientes al cambio climático con la proyección de vídeos y la participación de especialistas invitados.

Este espacio se desarrollará de manera continua en el mismo auditorio de la CNA hasta el mes de diciembre de 2014, fecha en que se realizará la Cumbre Alternativa de los Pueblos y la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático o COP20.

Pacto de Unidad con propuestas

El 21 de julio el Pacto de Unidad presentó sus propuestas frente al cambio climático en las que propone aplicar algunos enfoques transversales frente al cambio climático que responden a la visión holística que poseen los pueblos indígenas.

Ello en consideración además de que el cambio climático en particular no es un problema solo de ambiente, recursos o gases de efecto invernadero, sino de relaciones sociales, económicas y de poder que dañan a la Madre Tierra.

En aquella ocasión el Pacto de Unidad propuso siete enfoques y que son: de derechos, eco-sistémico, territorial, diferenciado e intercultural, de género, generacional y multisectorial e integral.

En lo que respecta a los ejes temáticos propone cinco: a) Proteger la diversidad de ecosistemas con gobernanza territorial; b) Reducir la vulnerabilidad climática y controlar sus riesgos protegiendo la vida y la salud y c) priorizar la adaptación comunitaria como base de la resiliencia territorial.

Asimismo, d) proteger el agua, el agro y la alimentación para una vida sana, y e) construir políticas públicas para una sociedad del Buen Vivir con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

El Pacto de Unidad ha venido difundiendo sus propuestas y convocatoria en foros públicos y encuentros talleres descentralizados realizados de marzo a junio en Cusco, Chiclayo, Huancayo y Pucallpa.

Asimismo participó de un panel en las II Jornadas de Comunicación y Democracia que se realizaron del 14 al 16 de agosto en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) con comunicadores indígenas procedentes de diversas regiones del país.

¿Quienes integran el Pacto de Unidad?

El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, conformado por las organizaciones nacionales: Confederación Nacional Agraria (CNA), Confederación Campesina del Perú (CCP), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

Asimismo, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARCP), Unión Nacional de Comunidades Aimaras (UNCA) y Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).

La finalidad del Pacto es fortalecer el movimiento indígena nacional y construir propuestas unitarias en camino hacia el ejercicio de la libre determinación, el Buen Vivir y la Vida Plena de los pueblos y las comunidades originarias del Perú.

Bajo la denominación genérica de pueblos indígenas u originarios se comprende a diversas formas o modalidades cómo éstos se organizan y que se expresan en: comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas, organizaciones y federaciones agrarias, entre otras, que se reconozcan y auto-identifiquen como originarias.

Conozca las propuestas generales del Pacto de Unidad frente al cambio climático con un clic a los siguientes enlaces:

https://ia902304.us.archive.org/19/items/PUPropuestaCC21jul2014/PU_PropuestaCC_21jul2014.pdf (PDF, español, cuatro páginas).
https://ia902301.us.archive.org/15/items/TheUnityPact/IndigenousPeoplesProposalsonClimateChange.pdf (PDF, inglés, cuatro páginas)

22 de agosto de 2014

Una delegación internacional de once personas, incluyendo observadores de derechos humanos de Estados Unidos y Canadá y un periodista de The Nation, visitaron varias regiones de Honduras entre el 11 y 20 de agosto del 2014, tomando testimonios de violaciones de derechos humanos y realizando entrevistas. Miembros de la Red de Solidaridad con Honduras, lo cual consiste de más de treinta organizaciones de Estados Unidos, formaron parte de la delegación.

Del 13 al 15 de agosto, nuestra delegación visitó varias comunidades campesinas en el Bajo Aguán y documentó violaciones a derechos humanos atribuidas a las fuerzas estatales hondureñas y la corporación Dinant.

Estas violaciones, basadas en testimonios personales de las víctimas, incluyeron un desalojo violento de la comunidad de La Panamá por las fuerzas armadas hondureñas el 3 de julio de 2014, con gases lacrimógenos, balas, y agresión física en espacios públicos cerca de casas y escuelas. Un hombre murió, dos fueron gravemente heridos, varios fueron golpeados, y siete fueron detenidos dentro de sus casas, acusados, y luego fueron puestos en libertad. Varios testimonios hicieron hincapié al rol directo de las fuerzas militares hondureñas en propiedad privada de Dinant, borrando las líneas entre el papel del estado hondureño y guardias privadas de seguridad.

Al día siguiente de nuestra visita al Bajo Aguán, nuestra delegación fue acusada por el Coronel Germán Alfaro de FUSINA de «alientan a los campesinos lanzar ataques» y «causar dispensión» en la región. También dijo que nuestra delegación estaba siendo investigada por estar en «un área prácticamente restrictiva del país.» Estas acusaciones son similares a las que se hicieron en contra la defensora de derechos humanos Annie Bird de Rights Action en diciembre de 2013 y julio de 2014 cuando Roger Pineda de Dinant y el Coronel Alfaro acusaron a Bird de «causar caos,» intentar «desestablizar» la región del Aguán, y la acusaron de estar involucrada en «actividades ilícitas» en un canal local de televisión en Tocoa, Colón. Denunciamos estas acusaciones y difamación en la prensa como parte de un plan estratégico sistemático para amenazar, criminalizar, y silenciar la documentación de violaciones de derechos humanos de observadores nacionales e internacionales y periodistas.

La necesidad de exponer las violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán es urgente y las violaciones que nosotros escuchamos en La Panamá y en el Aguán son similares a otros que han sido ampliamente documentados por organizaciones de derechos humanos como Rights Action, Human Rights Watch, y el Grupo de Trabajo sobre el uso de Mercenarios de las Naciones Unidas. Mas de cien campesinos han sido asesinados en el Bajo Aguán desde el 2009 y muy pocos casos han sido investigados o juzgados. Acusaciones sobre abusos y violaciones cometidas por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant contra comunidades campesinas en el Aguán motivaron a la IFC, el brazo privado del Banco Mundial, a iniciar una auditoría interna de su préstamo de 30 millones de dólares a Dinant.

Además, durante nuestra visita a La Panamá el 15 de Agosto de 2014, escuchamos tiros de bala cerca del area donde tomábamos los testimonios, y después descubrimos que cuatro miembros de la comunidad habían sido detenidos por las fuerzas militares hondureñas. En ese momento, notificamos a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa sobre nuestra localización y preocupación por la población de La Panamá. También estábamos muy preocupados por nuestra seguridad dado que otras delegaciones internacionales habían sufrido intimidación por parte de las guardias privadas de Dinant quienes dispararon cerca de los delegados y comunidad campesina.

La difamación y los ataques contra observadores internacionales, defensores de derechos humanos y periodistas que investigan abusos de derechos humanos en el Bajo Aguán es un intento de encubrir las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant en el Bajo Aguán. Exigimos:

1. El cese inmediato de la campaña de criminalización y difamación contra defensores de derechos humanos tanto nacionales como internacionales y periodistas en el Aguán y otras regiones de Honduras.
2. El cese a toda ayuda económica de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad hondureñas, especialmente antes la documentación de abusos por parte de las fuerzas militares en La Panamá y en el valle Aguán.

3. Que la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán sea acompañada por una comisión independiente, imparcial, e internacional con expertos forenses para investigar asesinatos y abusos de derechos humanos.

Movimiento Unificado Campesino del Aguan
www.movimientomuca.blogspot.com
Facebook: Movimiento unificado Aguán
Skipe: movimiento.unificado

22 de agosto de 2014

El pasado miércoles por la tarde, un grupo de 50 trabajadores y trabajadoras del MST de los tres estados del Sur del país participó del lanzamiento de la Campaña de Ayuda Humanitaria a la Franja de Gaza, en el Palacio Piratini, en Porto Alegre (RS).

La campaña, promovida por el gobierno del Estado, tuvo como finalidad auxiliar financieramente la reconstrucción del territorio palestino, que quedó con su infraestrutura dañada tras los recientes ataques de Israel a la Franja de Gaza.

Durante el lanzamiento de la campaña, el embajador de Palestina, Ibrahim Alzeben, agradeció la solidaridad del gobierno y del pueblo «gaúcho» con la población y la reconstrucción de su país.

Ibrahim también enfatizó la necesidad de apoyo de Brasil en la ONU para la creación de un Estado Palestino. «Esta situación ya se convirtió en una cuestión humanitaria. No va a existir paz en la región si el pueblo Palestino no tiene su propio territorio», denunció el embajador.

El gobernador Tarso Genro resaltó la importancia de las entidades civiles en apoyar la campaña. «Esta es una campaña con una dimensión humanitaria y política que debe trascender en las relaciones entre los pueblos y señalizar la búsqueda de una paz justa y respetuosa entre Palestina e Israel», dijo el gobernador.

Desde 1948, Israel utiliza la fuerza militar para impedir la creación del estado palestino. Según informaciones del Ministerio de Salud de Palestina, el número de muertos en el último conflicto ya sobrepasó las 2 mil personas, la mayoría civiles.

Las donaciones se harían llegar a través de una cuenta de Banrisul, agencia nº 0100, cuenta corriente nº 03.358022.0-6. Los recursos obtenidos serán enviados a las instituciones de la ONU que trabajan en Gaza.

En solidaridad al pueblo palestino, Tarso Genro izó la bandera del Estado Palestino en el Palacio Piratini.

Según la Federación Árabe-Palestina de Brasil (Fepal), cerca de 30 mil inmigrantes, refugiados o descendientes de esta comunidad viven en Rio Grande do Sul, distribuidos por varias ciudades, especialmente en la frontera, como Uruguaiana, Santana do Livramento, São Borja, Itaqui, Rosário do Sul, Bagé, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Santa Maria, además de en la capital y la Región Metropolitana.

22 de agosto de 2014

Un tribunal del estado de Yucatán revocó el permiso otorgado al gigante de la biotecnología por parte de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en junio de 2012, que le permitió la siembra comercial de soja con la pesticida Roundup.

El permiso había autorizado a Monsanto para que cultivara soja genéticamente modificada en siete estados del país, a pesar de las protestas de agricultores y apicultores, así como de los activistas de Greenpeace y de varias organizaciones ecologistas.

Las evidencias científicas sobre las amenazas que plantean los cultivos de soja transgénica para la producción de miel en la península de Yucatán –que incluye los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán– convencieron al juez sobre la necesidad de la retirada del permiso. En consecuencia, este dictaminó que la coexistencia de la producción de miel y soja con el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) no es posible, según publicó el diario ‘The Guardian’.

México es el sexto mayor productor y el tercer mayor exportador mundial de miel. Unas 25.000 familias de Yucatán, región que produce alrededor del 40% de la miel del país, dependen de su producción.

Cultivos de soja, maíz, canola, remolacha azucarera, algodón y alfalfa han sido modificados para ser resistentes al glifosato, el ingrediente activo de la pesticida Roundup. Algunos expertos sostienen que el glifosato representa un riesgo para la salud humana y animal, afirmación que Monsanto rechaza. Además de riesgos para la salud, este elemento causa daños al medio ambiente, al agua y a las colonias de abejas, que actualmente están disminuyendo con rapidez.

Con esta decisión Yucatán se suma a Campeche, donde en marzo se adoptó una resolución casi idéntica. Las dos sentencias han establecido un precedente que ayudará a agricultores, activistas y ambientalistas a emprender acciones legales locales contra la implantación de la soja y el maíz genéticamente modificados.

22 de agosto de 2014

Na tarde desta quarta-feira (20), um grupo de 50 trabalhadores e trabalhadoras do MST dos três estados do Sul do país participou do lançamento da Campanha de Ajuda Humanitária à Faixa de Gaza, no Palácio Piratini, em Porto Alegre (RS).

A campanha, promovida pelo governo do Estado, teve como finalidade auxiliar financeiramente a reconstrução do território palestino, que teve sua infraestrutura abalada nos recentes ataques de Israel à Faixa de Gaza.

Durante o lançamento da campanha, o embaixador da Palestina, Ibrahim Alzeben, agradeceu a solidariedade do governo e do povo gaúcho no socorro à população e na reconstrução de seu país.

Ibrahim também enfatizou a necessidade de apoio do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) para a criação de um Estado Palestino. «Essa situação já se converteu em uma questão humanitária. Não vai existir paz na região enquanto o povo Palestino não tiver seu próprio território», denunciou o embaixador.

O governador Tarso Genro ressaltou a importância das entidades civis em apoiar a campanha. «Essa é uma campanha com uma dimensão humanitária e política que deve transcender nas relações entre os povos e sinalizar para a busca de uma paz justa e respeitosa entre a Palestina e Israel», disse o governador.

Desde 1948, Israel utiliza a força militar na tentativa de impedir a criação do Estado palestino. Segundo informações do Ministério da Saúde da Palestina, o número de mortos no último conflito já ultrapassou 2 mil pessoas, a maioria civis.

As doações serão arrecadas através de uma conta do Banrisul, agência nº 0100, conta corrente nº 03.358022.0-6. O recurso obtido será repassado para as instituições da ONU que trabalham em Gaza.

Em solidariedade ao povo Palestino, Tarso Genro hasteou a bandeira do Estado Palestino no Palácio Piratini.

Segundo a Federação Árabe-Palestina do Brasil (Fepal), cerca de 30 mil imigrantes, refugiados ou descendentes desta comunidade vivem no Rio Grande do Sul, distribuídos por várias cidades, especialmente na fronteira, como Uruguaiana, Santana do Livramento, São Borja, Itaqui, Rosário do Sul, Bagé, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Santa Maria, além da capital e Região Metropolitana.

21 de agosto de 2014

El ataque lanzado por parte del Estado a través de las fuerzas de seguridad en contra del pueblo Q´eqchi´ se ha pretendido disfrazar con el desalojo a la comunidad 9 de febrero ocurrido el viernes 15 de agosto, señalaron familiares de víctimas y representantes de organizaciones indígenas y campesinas de Alta Verapaz que viajaron a la ciudad capital donde brindaron una conferencia de prensa en conjunto con representantes del IV Congreso de Pueblos Comunidades y Organizaciones.

Asimismo indicaron que la movilización desde diferentes departamentos del país de más de mil quinientos efectivos de la Policía Nacional Civil -PNC-, incluyendo quienes se ubicaban en departamentos fronterizos con México es para garantizar y defender los intereses de las empresas Hidro Santa Rita y Energuate.

Representantes del pueblo Q´eqchi´ y representantes de diferentes organizaciones en solidaridad con hombres y mujeres de las comunidades en Alta Verapaz denunciaron que el resultado de las acciones represivas realizadas por la PNC en contra del pueblo Q´eqchi´ es de 3 ejecuciones extrajudiciales, 47 capturados, número similar de hombres y mujeres que presentan diferentes golpes, así como cientos de campesinos y campesinas que se desplazaron forzosamente y obligados a refugiarse en la montaña.

Denunciaron que las familias experimentaron las mismas políticas represivas que se vivieron en el tiempo de la guerra, como detenciones ilegales, allanamientos ilegales de viviendas, uso excesivo y desmedido de la fuerza, violando así los derechos humanos y protocolos establecidos a nivel nacional e internacional.

Asimismo rechazaron toda la manipulación mediática que ha llevado a cabo el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla al tergiversar todos los hechos sucedidos en Alta Verapaz; Indicaron que con esa política lo que se pretende es sembrar terror, manipular a la opinión pública y esconder la verdad de los hechos.

El objetivo de implementar la política de militarización y represión en Alta Verapaz es neutralizar la resistencia de hombres y mujeres por la defensa de la tierra y territorio y la lucha por la nacionalización de la energía eléctrica, señalaron los representantes. Asimismo enfatizaron que las agresiones fueron dirigidas a puntos claves de resistencia.

Hombres y mujeres demandaron a la Procuraduría de Derechos Humanos PDH que cumpla su papel ya que en todas las violaciones a los derechos que vivió el pueblo Q´eqchi´ estuvo ausente. Asimismo solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos OACNUDH en Guatemala que se investigue los hechos represivos y la militarización que se está realizando en esta región de Alta Verapaz.

Antecedentes de los hechos:

14 de agosto: intento de desalojo en la comunidad 9 de febrero.

La PNC, antes de llegar a la Comunidad 9 de febrero se encuentra con una protesta realizada en la carretera, por pobladores de la Comunidad Monte Olivo, comunidad organizada en el CUC. Monte Olivo se opone a la construcción de la Hidroeléctrica Santa Rita y por solidaridad realiza la manifestación en la carretera.

La PNC arremete contra quienes manifestaban y ejecutan cinco capturas Tomás Chen (52 años), Isabel Choc (28 años), Carmen Hun (51 años), Obdulia Regina Ical Hun (28 años), y Magdiel Ical Hun (23 años).

15 de agosto: desde horas de la madrugada inicia movilización de la PNC dirigiéndose de Cobán hacia la Comunidad 9 de Febrero y para el municipio de Raxruha.

Mientras que la comunidad Monte Olivo se mantenía ocupada por la Policía.

En la Comunidad 9 de Febrero se llegó a efectuar el desalojo pero las familias ya se habían retirado de la comunidad, elementos de la Policía Nacional Civil utilizó maquinaria para demoler las casas y luego procede a quemarlas.

Ese mismo día en el Municipio de Raxruha se realizó la captura de dos líderes del Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-.

En Samococh comunidad que se ubica en la carretera que dirige a Chisec, la población bloqueó paso para exigir la liberación de los líderes retenidos, elementos de la policía que se ubicaban en Monte Olivo se movilizaron a Samococh y se enfrentan con pobladores; en dicho enfrentamiento la PNC asesinó a Luciano Can, Oscar Chen Quej y Sebastian Rax Ical.

La versión que maneja la PNC y medios de comunicación corporativos es que la población se enfrentó entre ellos, sin embargo hay evidencias claras donde muestran que fue la policía quien disparó en contra de la población.

El 16 de agosto la comunidad Monte Olivo continuaba ocupada. Una Comisión de organizaciones llega a Monte Olivo y logró que la PNC se retirara de la comunidad en horas de la tarde. Las Familias de Monte Olivo retornaron de la montaña a su comunidad.

19 de agosto. El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla realizó declaraciones a la prensa, expresando que se mantendrá el despliegue de policía y ejército en las verapaces, utilizando el argumento realizado en muchas ocasiones de combate al narcotráfico

21 de Agosto de 2014

El 10 de julio, recién pasado, cuando el Mundial de Fut Bool, estaba en su máxima expresión, en el Congreso de la República de Guatemala, se aprobó el decreto 19-2014, «Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales», con el voto favorable de 82 diputados y diputadas, 17 en contra y 59 ausentes. Está previsto entrar en vigencia la primera semana de septiembre, del presente año.

Inicialmente esta ley se aplicará a 15 especies vegetales. 10 años después de entrada en vigencia la presente ley, o sea en septiembre del 2024, se aplicará a todas las especies vegetales. Los que produzcan materiales genéticos sin autorización, serán sancionados con prisión y multas de Q1,000.00 a Q10,000.00.

Cómo nos damos cuenta, el Mundial de Fut Bool, distrajo a todos los y las guatemalteca, para que los señores y señoras diputadas pasaran una vergonzosa y peligrosa ley de «Protección de Obtenciones de Vegetales», sin consultar, a los guatemaltecos, principalmente a los Pueblos Indígenas, que somos los más afectados por esta ley.
Nuestros abuelos y abuelas han protegido y desarrollado un sin número de semillas de maíz, frijol, ayotes, raíces, yerbas comestibles y medicinales, que han servido para producir los alimentos y cuidar la salud de generación en generación, ante el abandono del Estado. Ahora un grupo de diputados, sin conocer su historia, mucho menos tener un compromiso claro con el pueblo de Guatemala entrega en manos de las Transnacionales nuestras semillas, a través de la aprobación del decreto 19-2014 quiere decir entregaron nuestra vida y el futuro de las generaciones venideras.
Al entrar en vigencia esta ley quiere decir que tenemos que comprar todas las semillas que han sido nuestras en toda la historia. Quiere decir también que al no tener dinero para comparar estas semillas no podemos sembrar, lo que viene a repercutir en la producción de nuestros sagrados alimentos. Desde luego nos venden semillas genéticamente modificadas, en su gran mayoría no aptas para el consumo humano, además, estamos expuestos a la contaminación y pérdida total de nuestras semillas nativas.
Antes de aprobar esta ley, los señores diputados y diputadas, si tuvieran algo de nacionalismo, por lo menos hubieran protegido las semillas nativas de maíz y frijol, porque es la base de nuestra alimentación y significado profundo que tiene para nuestra Cultura Milenaria.
La aprobación de esta ley entra en total contradicción con el decreto 13-2014, que declara el Maíz como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Asimismo contradice totalmente el espíritu del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y el Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas.
SOLICITAMOS AL HONORABLE CONGRESO, que derogue esta ley, antes que entre en vigencia, porque pone en alto riesgo los intereses de la Nación, la alimentación, la cultura y la dignidad de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, principalmente la Cultura Milenaria Maya. Reconocer y enmendar un error, es de sabio.

EL MAIZ, ES NUESTRA RAIZ
SIN MAIZ, NO HAY VIDA NI FUTURO

Guatemala, 21 de Agosto, 2014.
COORDINADORA NACIONAL INDIGENA Y CAMPESINA –CONIC-

21 de Agosto de 2014

Dirigentes campesinos se pronunciaron ante la especulación del alimento básico de la población salvadoreña.

19 de Agosto de 2014

Las políticas de despojo, criminalización y persecución de parte de autoridades del gobierno dirigido por Otto Pérez Molina hacia familias Q´eqchi´s una vez más se hace evidente.

Foto: casas quemadas después del desalojo/cortesía de Oscar Gálvez

El jueves 14 de agosto, más de mil efectivos de la policía nacional civil y el ejército se dirigieron a la comunidad 9 de febrero comunidad que habita en una finca donde se pretende construir la hidroeléctrica Santa Rita, al ver la presencia policial y saber del desalojo que iban a realizar a las familias de la comunidad 9 de febrero, familias de la comunidad Monte Olivo una vez más mostraron su rechazo a la instalación de la hidroeléctrica y se solidarizaron con la comunidad 9 de febrero haciendo uso de su derecho a manifestarse.

En lugar de respetar el derecho a manifestarse la policía arremetió contra hombres y mujeres dejando el resultado de varios niños con síntomas de intoxicación por las bombas lacrimógenas, heridos, hospitalizados así como varias mujeres afectadas por el mismo gas lacrimógeno así como cinco pobladores hombres y mujeres capturados.

Es de recordar que en agosto del año 2013, en la Comunidad Monte Olivo los niños Hageo Isaac Güitz y David Estuardo Pacay fueron asesinados por un trabajador de la hidroeléctrica Santa Rita. El 8 de diciembre de 2013 varios miembros de la comunidad fueron atacados por personas afines a la empresa con el resultado de cuatro personas heridas a machetazos.

El Comité de Unidad Campesina -CUC- parte de la CLOC Vía Campesina denunció que el viernes 15 de agosto las familias de la comunidad Monte Olivo abandonaron sus casas y se refugiaron en la montaña esto porque un contingente de la policía ocupó la comunidad, señalaron que las acciones realizadas por la policía nacional civil son las mismas que las implementadas durante el conflicto armado interno que se vivió en Guatemala.

La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA-, parte de la CLOC Vía Campesina repudió la detención por parte de las fuerzas de seguridad de mujeres de la comunidad Monte Olivo entre ellas: Isabel Choc Beb, Obdulia Ical Hun y Carmen Hun. Que su único delito fue oponerse a la Hidroeléctrica y mostrar su solidaridad con las hermanas de la comunidad 9 de febrero.

El mismo 15 de agosto, en Raxruhá a pocos kilómetros de donde se produjeron los hechos anteriores la policía nacional civil captura a líderes de Comité de De Desarrollo Campesino -CODECA-. En reacción la población de la comunidad Samococh realiza una protesta para exigir la liberación de los líderes en donde la policía arremete contra quienes manifestaban asesinando a tres personas y realizando varias capturas.

En la actualidad la región de Alta Verapaz se encuentra militarizada con un Estado de Sitio no declarado.

15 de agosto de 2014

Carta abierta al pueblo paraguayo

¡Unidad y organización en defensa de la patria!

Con la alegría que la lucha patriótica y unitaria nos genera, saludamos a cada paraguaya trabajadora, a cada paraguayo trabajador, de manera fraternal y comprometida, reivindicando la justeza de nuestras movilizaciones y la necesidad de construir un Paraguay que incluya a las mayorías, garantizando tierra, vivienda, alimentación, trabajo, salud educación y jubilación.

Durante estos tres días, miles de compatriotas nos hemos movilizado en diferentes departamentos de nuestro país, levantando nuestro grito contra las privatizaciones y la violencia del Estado, por tierra y trabajo, encontrando la adhesión de la gran mayoría del pueblo honesto y trabajador que suda día a día para ganarse el pan y además tiene que aguantar a un gobierno como el de Cartes, que durante este primer año ha generado más perjuicios que beneficios para las mayorías.

Cartes empezó con un pacto en el Congreso Nacional. Convenció a las cúpulas del Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE, el Encuentro Nacional y la Concertación Avanza País para firmar un acuerdo que hoy permite el saqueo del patrimonio público con la ley de Alianza Público-Privada (APP) y la represión a quienes pretendan confrontar con su política antinacional y antipopular con la ley de militarización.

Y entonces continuó con su proyecto militarizando el territorio, utilizando las Fuerzas Armadas contra nuestro pueblo, allanando violentamente y en horario nocturno humildes ranchos de familias campesinas, reprimiendo a las comunidades que salieron al paso de las fumigaciones, desalojando a comunidades con años de residencia en diferentes territorios del país, destruyendo templos sagrados de pueblos originarios junto con sus territorios ancestrales, persiguiendo a trabajadores y trabajadoras sindicalizados, especialmente docentes, reprimiendo a jóvenes que se manifestaron contra la suba del pasaje.

Al mismo tiempo que reprimió y reprime, Cartes y su mayoría parlamentaria aprobaron la ley de «responsabilidad fiscal» buscando que se gaste menos en el Estado y atacando a los pobres sobre todo en lo que se refiere a gastos para asistencia social y para mejoramiento de servicios básicos; luego aprobaron la ley de APP para privatizar todo lo que pueda, dando a Cartes súper-poderes para que él solo resuelva el remate del país y derive a tribunales internacionales la resolución de cualquier conflicto producto de la inversión. El gobierno despidió además a miles de trabajadoras y trabajadores violando sus derechos laborales; continuó con la aprobación de más especies de semillas transgénicas que requieren de mayor cantidad de agrotóxicos; multiplicó el endeudamiento del país con unos bonos cínicamente denominado «soberanos» a un porcentaje de interés altísimo y renunciando –escandalosamente– por escrito a la inmunidad de la soberanía de nuestro país ante cualquier conflicto que se genere con los tenedores de bonos, alineándose a los tribunales de Nueva York y de los EEUU.

Este larguísimo primer año de Cartes estuvo cargado de robo y de entreguismo vendepatria desde el gobierno.

Por otro lado, en este primer año se han desarrollado heroicas y dignas luchas del pueblo trabajador del campo y de la ciudad.

Hoy, 15 de agosto, las organizaciones que hemos trabajado durante estos meses en múltiples movilizaciones a lo largo y ancho de nuestro querido Paraguay, hemos resuelto el renacimiento de la última herramienta victoriosa del pueblo paraguayo en las luchas por los intereses nacionales: el Congreso Democrático del Pueblo.

A partir de hoy, haciéndonos eco de millones de compatriotas, llamamos a la constitución del Congreso Democrático del Pueblo, con el fin de derrotar la política antinacional y antipopular de Cartes y de su alquilada mayoría parlamentaria, ubicando la derogación de las leyes de APP y de militarización como nuestro principal desafío.

En las heroicas jornadas de junio del 2002, durante esos 17 días de lucha en todo el país, el Congreso Democrático del Pueblo logró derrotar la política privatista y de criminalización de la lucha social promovidas por el imperialismo norteamericano a través de su títere de turno González Macchi, haciendo retroceder la aprobación de las leyes de privatización y antiterrorista.

Las circunstancias históricas llaman a la unidad participativa y solidaria para avanzar hacia el Paraguay de las mayorías, el Paraguay para todas y todos.

Nuestro Paraguay cuenta con su Congreso Democrático del Pueblo, que es totalmente opuesto al cartismo autoritario y a ese Congreso antinacional y corrupto que con su mayoría se alía a Horacio Cartes en su intento de saquear al pueblo y al Estado paraguayo. ¡No pasarán!

¡Viva la unidad patriótica!

¡Viva el Congreso Democrático del Pueblo!

¡Contra las privatizaciones y la violencia del Estado!

¡Por tierra y trabajo!

15 de agosto de 2014.

Frente Guasu, Partido Paraguay Pyahurâ, Federación Nacional Campesina, CONAMURI, Movimiento Kuña Pyrenda, CONNATS, Frente Recoleta, Frente Patriótico Popular, Corriente Sindical Clasista, OTEP-SN