20 de marzo de 2014
En esta edición del boletín, la juventud de La Vía Campesina hace un llamamiento a los jóvenes y las jóvenes del mundo para educar, movilizarse y organizarse a favor de la Soberanía Alimentaria, ¡ya!
Lee acerca de las luchas y visiones de los jóvenes para la construcción de una sociedad radicalmente nueva.
El Boletín se publica cada tres meses en www.nyeleni.org
Para más información, póngase en contacto con info@nyeleni.org
19 de marzo de 2014
El vienes 14 de marzo hombres armados asesinaron al abogado Lenin Adolfo Castañeda de 32 años Juez de Paz en el municipio de Iriona, departamento de Colon e hijo de Adolfo Castañeda uno de los fundadores del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA).
El hecho ocurrió a eso de las 9:30 del mañana cuando Lenin Castañeda regresaba de su trabajo a su casa de habitación en la colonia las Flores ubicada en el centro de Tocoa, cuando hombres a bordo de un carro paila le dispararon frente al portón de su casa, infiriéndole al menos seis impactos de bala.
Por su parte Adolfo Castañeda uno de los fundadores del MUCA y padre del ahora occiso dijo que hace más de un año recibió una llamada telefónica donde le amenazaban de hacerle daño, quitándole a lo que más amaba.
Asimismo Adolfo Castañeda responsabilizo a los terratenientes de la zona, de haber provocado el deceso de su hijo el pasado 14 de marzo, cabe resaltar que pese al Decreto de desarme selectivo en el departamento de Colon, las permanentes remilitarizaciones y los equipos de unidad de investigación de los crímenes los asesinatos continúan en ejecución e impunidad.
Por lo que las organizaciones campesinas del Bajo Aguan responsabilizamos al Gobierno de Honduras por el desinterés y apatía en buscar un mecanismo para solucionar el conflicto agraria en la región.
Llamamos a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos a permanecer vigilantes del respeto a los derechos humanos y al derecho inherente a la vida de los y las campesinas.
No somos pájaros para vivir del aire, No somos peces para vivir en el agua, Somos hombres y mujeres que necesitamos vivir en la tierra y la tierra.
Para mayor información
Adolfo Castañeda padre del hoy acciso
Cel: 9590-9190
18 de marzo de 2014
Las organizaciones de la CLOC-Vía Campesina-Chile celebramos la decisión del gobierno de la Presidenta Bachelet de retirar del proceso legislativo el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Obtentores Vegetales, proyecto que buscaba implementar en Chile UPOV 91 y que se hizo conocido como Ley Monsanto.
Este es un gran triunfo, obtenido a través de las muchas acciones, reuniones, foros, entrevistas e iniciativas amplias y movilizadoras de las organizaciones de la CLOC-VC-Chile y los movimientos sociales, que permitieron una amplia comprensión de parte de la ciudadanía, mediante el desarrollo de argumentos sólidos y un trabajo de difusión masivo que incluyó a cientos de comunidades campesinas e indígenas, así como una discusión seria y metódica con una importante cantidad de Senadores.
Desde la CLOC-VC-Chile nos enorgullecemos de haber participado de manera permanente y sin vacilación en este proceso de resistencia social, de haber impulsado procesos de convergencia y movilización a pesar de las incomprensiones y los apoyos prestados al proyecto de ley por otras organizaciones campesinas con las cuales nos vimos confrontadas y confrontados. Nos place haber contribuido a desarmar el conjunto de mitos que se difundían desde los aparatos de lobbystas de las empresas y haber sido capaces de romper el cerco comunicacional y hacernos escuchar, aún cuando nuestra voz inicialmente fue bloqueada o saboteada en los debates parlamentarios y en el Tribunal Constitucional mientras el empresariado era escuchado ampliamente. Nos sentimos estimuladas y estimulados de que nuestros análisis y propuesta hayan contribuido a las luchas contra a UPOV 91 y contra las leyes de semillas de nuestros hermanos de la CLOC y La Vía Campesina en los países enfrentados a esta ofensiva del capital
Como lo hemos afirmado: de haber sido aprobada, la ley habría convertido en delito prácticas campesinas e indígenas milenarias -como es el seleccionar, cuidar, guardar e intercambiar las semillas-, habría permitido que las empresas se apropiaran de las semillas campesinas, y habría permitido castigos como la destrucción de cultivos y confiscación de cosechas.
Debemos tener presente que el peligro de UPOV 91 no ha terminado. El gobierno se ha comprometido a desarrollar un nuevo proyecto de ley escuchando a los distintos sectores involucrados y afectados. No nos cabe duda de que las empresas harán millonarias campañas de lobby y de desinformación, incluso de cooptación de organizaciones, a través de las cuales esperan seguir difundiendo sus mitos, amenazas y mentiras.
Tenemos que mantenernos alertas y mantener con aún más fuerza nuestra campaña de información, continuar con las conversaciones serias y fundamentadas con las organizaciones, los parlamentarios y la ciudadanía, desarrollando nuestros argumentos de manera aun más clara. Sabemos que la verdad y la justicia están de nuestra parte. Asimismo, esperamos y lucharemos porque la participación de las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas en la discusión de una nueva ley sea efectiva y suficientemente amplia y representativa, y que cuente con las necesarias garantías de que seremos escuchados.
Son varios las y los Senadores a los cuales agradecemos su disposición a escuchar y a estudiar nuestros argumentos, así como su honradez al expresar sus ideas y establecer compromisos. Agradecemos especialmente a la ex-Senadora Ximena Rincón, por escucharnos y apoyarnos desde el principio.
Triunfamos porque hicimos un enorme trabajo colectivo y socializamos masivamente la nuestra posición. En este proceso, agradecemos y valorizamos el compromiso, los aportes y esfuerzos de GRAIN por poner a disposición su elaboración y análisis participando de manera activa y permanente en la discusión, los debates y elaboración colectiva de posiciones.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y especialmente a las organizaciones del campo a informarse e involucrarse en los procesos que se desarrollarán a partir de ahora. El derecho campesino e indígena milenario a cuidar, conservar e intercambiar semillas es base de la soberanía alimentaria de los pueblos y debe ser defendido por todos.
¡LAS SEMILLAS SON UN PATRIMONIO DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS, DE SUS MUJERES -PRINCIPALES GUARDADORAS- Y SON NUESTROS PUEBLOS QUIENES GENEROSA Y COMPROMETIDAMENTE LAS HEMOS PUESTO AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD!
¡POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y POPULAR, NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS, NO A UPOV 91!
¡LAS SEMILLAS CAMPESINAS E INDÍGENAS SON GARANTÍA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA LOS PUEBLOS!
ANAMURI CONAPROCH CONFEDERACION RANQUIL ANMI
(CLOC-VC-Chile)
Santiago 18 de Marzo 2014
17 de marzo de 2014
«Sembrando dignidad, labrando esperanza y cosechando país»
Por convocatoria de la Mesa de Interlocución Agraria – MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario – CNA, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras – PCN, la Mesa de Unidad Agraria – MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular – MCP, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular- se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17 de marzo, la Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular. La Cumbre reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del país.
La Cumbre es un proceso que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y negociación. La Cumbre nace porque después de esta «rebelión de las ruanas, los ponchos y bastones» que suscitó el más amplio respaldo nacional e internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria nacional.
La Cumbre realizó un balance del incumplimiento del gobierno nacional ante los compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos firmados; avanzó en el proceso de unidad del movimiento agrario en Colombia y desde éste; definió una ruta unificada de la movilización y mecanismos para una negociación articulada y unitaria. La Cumbre definió los caminos para enfrentar conjuntamente las nefastas políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia.
Nuestras propuestas territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
La reforma agraria integral sigue siendo para nosotros la solución estructural para los problemas de acceso a la tierra, formalización de la propiedad y desarrollo rural, con inversión social y políticas públicas.
En este propósito es preciso detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida.
La Cumbre propone un modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una política económica y de producción de alimentos soberana. Para tal fin se debe derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza minero-energética conlleva al respeto por los bienes de la madre tierra, su explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y desarrollada como ejercicio de soberanía nacional.
El plantearnos una alternativa a los cultivos de coca, amapola y marihuana, nos llama a rechazar el prohibicionismo que admite tratamientos represivos, las fumigaciones indiscriminadas, la erradicación forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como solución. Entendemos el reconocimiento de su uso tradicional, ancestral y los usos alternativos. Proponemos programas de sustitución autónoma, gradual y concertada, el impulso a los cultivos alternativos con garantías de comercialización.
Para el pueblo colombiano es imperativo conocer la verdad, complementarla con mecanismos de justicia y reparación; la memoria histórica es un aporte importante para avanzar hacia la no repetición.
Las garantías políticas incluyen la no criminalización y judicialización de la protesta social, el desmonte del fuero penal militar. Se debe permitir la participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la políticas de producción agropecuaria y de desarrollo rural, teniendo en cuenta las propuestas construidas por las comunidades de manera autónoma.
Los pueblos tenemos derecho a la vida digna y a que se nos garanticen las condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar un presupuesto especial para garantizar la financiación de las iniciativas territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.
El Estado debe reconocer que muchas de las problemáticas que viven las ciudades son una consecuencia de la aplicación de modelos económicos y de despojo en el sector rural.
El impulso a las economías agrarias y populares tiene un soporte importante en el apoyo que reciba de los grandes centros poblados, es necesario adelantar pactos entre las grandes capitales y los municipios que le aportan los alimentos de la canasta familiar.
La solución política al conflicto social y armado sigue siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz con justicia social, por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un proceso de diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos el papel que debemos jugar las organizaciones y procesos como movimiento social con voz propia. Los diálogos regionales son una herramienta importante para avanzar en la construcción de la agenda social y política por la paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un gran movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y exija garantías para la participación de la sociedad.
La Cumbre Agraria logró, por primera vez en la historia de los movimientos sociales del país, construir un pliego unitario de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. El pliego unitario representa las exigencias políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y territoriales de comunidades históricamente marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de derechos. La Cumbre propone también una mesa única de negociación, un escenario que permita cualificar el nivel de interlocución, evitar la dilación y dispersión gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción, contamos ahora con una ruta de movilización social que haga exigibles y alcanzables los derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una apuesta definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser estable y duradera requiere de ser construida desde abajo, con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la verdad, la justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena de los derechos humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte transitoria de un proceso constituyente caminado de la mano de la Minga indígena, los congresos de los pueblos, consejos territoriales del pueblo, los procesos constituyentes por la paz con justicia social, los mecanismos de participación directa y la autonomía que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad que reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social que edifique la paz deberá ser la parte culminante de este proceso constituyente. La posibilidad de un proceso de asamblea nacional constituyente está en el horizonte de reflexión de la sociedad colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta propia desde el movimiento popular para llegar a este momento. El camino hacia la paz, requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento social por la paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos y sociales del país. La paz incluyente no se construye con «acuerdos de élites y corbatas» que desconocen a los de poncho, a los de ruana, a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y sociales del campo y sus propuestas.
Ante el reiterado incumplimiento del gobierno nacional frente a la palabra y los compromisos adquiridos para levantar el paro agrario del año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora cero dependerá de la respuesta gubernamental. La Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo. A partir de este momento la Cumbre bajará a los resguardos indígenas y a las veredas de los territorios afros y campesinos, a las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades, a los sindicatos, a organizar los comités de paro y a convocar a todos los sectores sociales y populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de bloque popular.
Las propuestas del gobierno no son soluciones. El Pacto Agrario es una repartija más de recursos públicos con fines clientelares y electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo social como la ruta para alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable y duradera para Colombia. Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la responsabilidad histórica al gobierno de atenderlas.
16 de marzo de 2014
Histórico fallo de la justicia brasileña anula el permiso de comercialización del maíz transgénico de Bayer
El día 13/3/2014, los jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 4 º Circuito – TRF4 del Brasil decidieron por unanimidad anular la decisión de la Comisión Técnica para la Seguridad Nacional – CTNBio que autorizo la comercialización del maíz transgénico Liberty Link, de la multinacional Bayer.
La decisión fue tomada sobre la base de la falta de estudios de evaluación de riesgos derivados de GM. La Acción Civil había sido interpuesta en el año 2007 por Tierra de Derechos, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor – IDEC y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y AS-PTA, impugnando la legalidad de la liberación comercial del Maíz GM Liberty Link.
Según lo señala Tierra de Derechos, el ponente de la sentencia, el juez federal Cándido Silva Alfredo Leal Junior, leyó extractos de su votación por alrededor de una hora y media, señalando la necesidad de estudios sobre los impactos negativos de los OGM en todos los biomas. Para Leal Junior, no hay suficientes estudios realizados en otros países, porque la ley exige que la decisión de la CTNBio es apoyada por estudios que evalúen el impacto de los OMG en cada uno de los principales biomas. Además, el juez ordenó la elaboración de normas de la CTNBio para que la sociedad tenga acceso a los documentos en el expediente tramitado por la Comisión, lo que permite una participación cualificada de la población en el proceso de liberalización del comercio.
Los integrantes del Tribunal Federal Marga Inge Barth Tessler Vivian y Josete Pantaleon Paseos, así como el juez Carlos Eduardo Flores Thompson Lenz, siguieron plenamente la posición del magistrado ponente, destacándose la excelencia de los votos. Flores Lenz, que había votado en el juicio anterior por la liberación de maíz transgénico, cambió su posición, haciendo hincapié en que el análisis del ponente hará historia y crea un nuevo paradigma para la interpretación de la cuestión.
Con esta decisión del maíz GM Bayer no puede ser comercializado en las regiones Norte y Nordeste de Brasil, que no poseían estudios técnicos sobre los riesgos ambientales para la salud humana derivados del GM. La decisión crea nuevos paradigmas en materia legal y también puede servir para hacer reconsiderar todos los otros lanzamientos comerciales de los OGM en Brasil, ya que en ningún caso las empresas han realizado las evaluaciones de riesgos en todos los biomas del territorio nacional.
Fernando Prioste, abogado de Tierra de Derechos que acompañan el caso, señalo que: la decisión tendrá un impacto importante en el tema porque obliga a la realización de estudios para evaluar los riesgos en todos los biomas y exorta a la CTNBio a dar amplia transparencia a los procesos de liberación transgénicos. «El voto de hoy merece un estudio detallado, ya que cubre el tema en profundidad, el análisis de los aspectos legales que combinan las consecuencias sociales y económicas de la liberación de OMG en Brasil para las generaciones futuras.»
Prioste señala que a pesar de que la TRF4 tienen una posición firme al respecto, las empresas pueden apelar ante el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo, lo que permite ampliar aún más el debate.
«Después de diez años de la liberación comercial de los cultivos transgénicos en Brasil, el debate sobre el tema se intensificó en formas más complejas, dejando al descubierto la debilidad de los plaguicidas y la agricultura a base de OMG. La decisión judicial de hoy es un elemento importante que se añadirá a la lucha popular por un modelo de agricultura basado en la agroecología, que garantiza los derechos de los agricultores y la comida sana sin pesticidas y para la población» afirmo el abogado de Tierra de Derechos.
14 de marzo de 2014
Así informó Kiko Díaz, cuñado de Eusebio Torres, asesinado el miércoles pasado en Ytakyry, Alto Paraná. Dijo que Torres recibía amenazas de muerte desde hace tiempo.
En conversación telefónica con el periódico paraguayo E’a desde la colonia Santa Lucia, distrito de Ytakyry, con el periodista Carlos Goncalvez del Centro de Producción Radiofónica «Ñane ñe’ê», Kiko Díaz relató que su cuñado andada en intensos trabajos de trámites para la recuperación de miles de hectáreas de tierra de la colonia. la mayoría de ellas ocupadas hoy por colonos brasileños.
«Ha’e oreko peteî amenaza are’ima voi. Ha’engo peteî dirigente campesinokoápegua (…) Ha pe agilizasión de trámite rovake amalicia ojejapo hese ko oikóva koága(…) Ha’e opresioná hína kuri pe recuperación de tierrarâ; umía gestiónpengo ha’e oî hína kuri hina ojejukáramo guare», comentó Díaz durante la entrevista de ayer.
Díaz calificó las tierras ocupadas por los colonos brasileños como «malhabidas», refiriéndose a que las mismas fueron adquiridas irregularmente por los ocupantes, habida cuenta que los brasileños no pueden ser sujetos de la reforma agraria.
La Colonia Santa Lucia, como todas las demás colonias, fue colonizada años atrás por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con tierras fiscales otorgadas por el Estado para los campesinos sin tierra. La colonia se asienta sobre 6800 hectáreas de ricas tierras, según Díaz, de las cuales, hoy, gran parte esta en manos de brasileños o hijos de brasileños.
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14 de março de 2014
Governo autorizou nesta quinta-feira (13) o pagamento de um golpe bilionário das empresas de energia elétrica.
Os R$ 21 bilhões que a população terá que pagar, referente ao ano de 2014, vai beneficiar as empresas estatais dos governos estaduais do PSDB de São Paulo (CESP), Minas Gerais (CEMIG e LIGHT) e do Paraná (COPEL) e empresas transnacionais como Duke (EUA), Suez Tractebel (FRA) e AES (EUA). O valor pode ser ainda maior.
O valor é referente a cerca de 3.500 MW médios de energia que as empresas de distribuição de energia estão comprando das empresas de geração no chamado Mercado de Curto Prazo (energia a ser entregue em menos de 6 meses) a um preço de R$ 822,83/1.000 kW.
O povo brasileiro vai pagar a conta. Cerca de R$ 13 bilhões sairão do tesouro nacional e outros R$ 8 bilhões serão repassados nas contas de luz da população, em futuros aumentos após as eleições de outubro. Até lá, as empresas farão empréstimo a juros altíssimos junto ao capital financeiro internacional.
O MAB vinha denunciando constantemente que no interior do setor elétrico nacional, um conjunto de empresas privadas e outras tucanas estavam operando um grande golpe nas contas de luz, e que os futuros aumentos nas contas de luz poderiam ficar entre 18 e 31%. Estes aumentos seriam autorizados pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nas vésperas das eleições presidenciais – das 64 distribuidoras, 50 teriam o aumento autorizado entre abril e outubro.
Desde 2012, quando o governo anunciou uma redução nas tarifas, estas empresas não aceitaram a intervenção do governo para controlar os preços da energia elétrica e passaram a fazer uma grande disputa, chantageando o governo e a população com as chamadas «crises» no setor elétrico, com ameaças de apagões, etc.
Na renovação das concessões no final de 2012, os cerca de 7.700 MW médios das hidrelétricas da estatal Eletrobrás, controladas pelo Governo Federal, passaram a vender sua energia a R$ 33,00/1.000 kW e isso permitiu uma redução da conta de luz da população.
No entanto as empresas Cesp, Cemig e Copel, que possuíam cerca de 5.500 MW médios, negaram-se a renovar as concessões e não aceitaram abaixar o preço. Além disso, a Light (de propriedade da Cemig) e a Duke possuem outros 800 MW médios que também ficaram livres para serem vendidos a R$ 822, já que seus contratos de venda se enceraram em 2013.
É a energia destas empresas que está faltando para as distribuidoras e que ao mesmo tempo está disponível para as geradoras especular e cobrar R$ 822. É energia de hidrelétricas construídas há mais de 30 anos, todas já amortizadas, que poderia ser comercializada a R$ 33.
Para justificar e esconder o golpe, a propaganda ideológica, através dos grandes meios de comunicação e dos «especialistas em manipulação», alega que o custo é alto por culpa da falta de chuva e do acionamento de térmicas. Uma grande mentira!
Como pode a hidrelétrica Luiz Carlos Barreto, de Furnas, localizada no rio Grande, divisa entre MG e SP, vender energia a R$ 33,00/MWh e, 30 Km abaixo, uma hidrelétrica (Jaguara) da CEMIG cobrar R$ 822,83/MWh por uma energia gerada pela mesma água? Que aumento de custo tão grande teria ali? Térmica elas não são! E se fosse falta de chuva afetaria as duas usinas de forma igual. Não seria melhor chamarmos de golpe especulativo?
O Governo cedeu à chantagem dos especuladores e certamente este enorme volume de dinheiro será utilizado na luta política contra os trabalhadores e contra o próprio governo em ano eleitoral.
As empresas privadas e as tucanas, além de colocar R$ 21 bi no bolso, estão esvaziando os lagos para forçar aumentos nas contas de luz e, de quebra, gerar um grande desgaste político eleitoral ao governo de plantão.
O que realmente esta em jogo é a busca para manter a alta taxa de exploração sobre os trabalhadores e sobre a população, através da manutenção das tarifas de energia elétrica em patamares internacionais. E, com isso, garantir aos acionistas e especuladores taxas de lucro extraordinárias.
E não há dúvidas sobre a origem desse golpe que se gestou no interior do setor elétrico nacional: a privatização do modelo energético nacional, hoje, controlado por empresas privadas.
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, São Paulo
Água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle nacional!
14 de marzo de 2014
Los cinco campesinos que todavía permanecen en prisión por la causa de Curuguaty en Paraguay llevan casi 30 días de huelga de hambre. Están en estado delicado, y lo que resulta más preocupante para decenas de organizaciones y movimientos sociales paraguayos, es que los huelguistas están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias si no se atienden sus demandas.
«Libertad o muerte» le dijeron este jueves en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, departamento central de Paraguay, al integrante de la organización Base Investigaciones Sociales (Base IS) y de la Articulación Curuguaty, Abel Areco. Durante la visita de Areco uno de los campesinos detenidos se desmayó.
Desde que Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Felipe Benítez empezaron la huelga, prácticamente no han recibido atención médica, contó Areco a Radio Mundo Real. No se avizora además ningún intento de solución de parte del gobierno.
Con la huelga los campesinos reclaman su libertad, porque consideran ilegal la medida de prisión que se les impuso hace cerca de dos años. Los otros nueve procesados por la causa Curuguaty cumplen ahora prisión domiciliaria.
Una de las principales demandas de los campesinos detenidos en la cárcel de Tacumbú tiene que ver con la titularidad de las tierras del predio de Marina Cué, en el departamento de Canindeyú y donde ocurrió la masacre del 15 de junio de 2012, en la zona conocida como Curuguaty. El predio está en medio de una disputa legal entre el Estado paraguayo y la empresa agrícola ganadera Campos Morombí, de la familia del empresario fallecido Blas Riquelme. Los campesinso de Marina Cué siempre argumentaron que esas tierras son del Estado y para la reforma agraria.
Los sin tierra detenidos explican que al no haber una resolución judicial aún sobre la propiedad del predio de Marina Cué ellos no pueden ser procesados, y mucho menos estar presos. No obstante, si se los mantiene detenidos, demandan que sea con prisión domiciliaria.
En ese fatídico 15 de junio de 2012 un gran operativo policial entró al predio para desalojar a unos 50 campesinos sin tierra (entre los que había mujeres y niños) que reclamaban el terreno. Once campesinos y seis policías terminaron muertos. Varios de los policías fallecieron por el impacto de balas de grueso calibre. Una de las fuertes versiones es que hubo francotiradores infiltrados en el lugar de los hechos.
Luego, en diciembre de ese año, el dirigente campesino Vidal Vega fue asesinado en la comunidad de Yvy Pytã, a unos cinco kilómetros de Marina Cué, con la Ruta 10 «Las Residentas» de por medio. Vidal Vega era integrante de la Comisión Sin Tierra de los campesinos que luchan por el predio de Marina Cué.
Semanas después de la masacre varios de los campesinos detenidos en Marina Cué y presos en la cárcel de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, realizaron una huelga de hambre que superó los 50 días. Se exigió en ese entonces que las detenidas embarazadas pasaran a prisión domiciliaria, lo que se logró, y que se se apartaran del caso al juez José Dolores Benítez y al fiscal Jalil Rachid por «prevaricato y parcialidad manifiesta».
Imagen: www.nanduti.com.py
(CC) 2014 Radio Mundo Real 10 años
14 de março de 2014
Para fortalecer o debate sobre a violência contra a mulher e a construção de mecanismos que garantem a autonomia no campo é que trabalhadoras rurais Sem Terras, Agricultoras, Quilombolas, Indígenas e Desempregadas se organizam para realizar o 12º Acampamento de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Bahia.
Com um público estimado de 700 camponesas, o Acampamento acontecerá no Parque de Exposição em Salvador entre os dias 17 e 19 de março. A principal perspectiva dada se atribui nas discussões em torno do protagonismo feminino no processo organizacional no campo.
Na organização do Encontro está a frente o MST, Movimento Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas (CETA), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD) e os Povos Indígenas das tribos Pataxós Hã Hã Hãe e Tupinambás, contando com o apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM/BA).
Neste ano, cujo tema central é «A luta e Organização das Mulheres Trabalhadoras Contra a Violência e pela Autonomia e Construção de um Projeto Popular», pretende promover debates em torno da violência contra mulher, assim como, reivindicar acesso a projetos que gere autonomia econômica e na luta da construção de um modelo agrícola popular.
Estudos
Diante da riqueza de conteúdo proposto, os temas abordados serão divididos em três plenárias e algumas sub plenárias. Na primeira, o debate terá como norte uma análise de conjuntura contextualizando a participação da mulher no processo de luta nestes últimos anos.
Na segunda, as discussões serão instigadas a partir da autonomia da mulher do campo, tendo como base um olhar teórico e prático deste contexto.
A ultima plenária foca as falas na violência contra a mulher. Levando os debates para o campo informativo e nas diversas formas de denuncias e tratamentos oferecidos as vítimas.
As sub plenárias terão dois eixos centrais, sendo eles autonomia e violência contra as mulheres.
Nestes campos de estudos existem diversos itens a serem trabalhados, como: políticas públicas, agroecologia, questões fundiária e de gênero, saúde da mulher, direitos sociais e muitos outros.
Contribuindo nestes espaços de estudos, as trabalhadoras rurais estão contando com o apoio da SPM/BA, do Movimento de Organização Comunitária (MOC), Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Grupo de Geografia dos Assentamentos na Área Rural (Geografar/UFBA), Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), militantes dos movimentos populares, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres (NEIM/UFBA), entre outros parceiros.
Contexto Político
O Acampamento das Mulheres realizado todos os anos no estado da Bahia surge da necessidade de se construir um espaço capaz de trazer a tona uma reflexão sobre a participação feminina nas diversas frentes de atuação nas organizações sociais do campo.
A luta contra o machismo e as suas diversas formas de atuação sempre foi o ponto norteador que garantiu o fortalecimento da autonomia da mulher.
Diante desta organização e pontos de atuação, as trabalhadoras já conquistaram créditos para o melhoramento e o estímulo da produção rural, atendimento médico nas comunidades rurais, promoção no desenvolvimento solidário e sustentável e uma diminuição significativa na violência contra a mulher.
Neste 12º ano o foco do encontro é a formação e articulação entre as mulheres no acesso a políticas públicas em todo o território estadual.
14 de Marzo de 2014
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, organización que aglutina a los productores de la sagrada hoja de coca, el día 12 de marzo, celebró la jornada nacional del acullicu con marchas y concentraciones en los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, con consignas como: la coca no es blanca si no verde, la coca es medicina y alimento y rechazando que EE UU satanice el acullicu.
En Bolivia es el tercer año que se celebra la gran Jornada Nacional del Acullicu, luego de que el presidente Evo Morales planteara al mundo en la Asamblea de las Naciones Unidas que el consumo de la hoja de coca, que en Bolivia llamamos: acullico, sea legalmente reconocido y sea despenalizado’.
Si bien las Naciones Unidas reconocieron el consumo tradicional y ritual en Bolivia el 12 de marzo de 2013 pasado, los productores indicaron, que si celebran este reconocimiento que fue un avance bastante importante en la lucha por la despenalización, todavía la lucha todavía sigue, a la cabeza del presidente Morales, para que la hoja de coca sea completamente despenalizada.
En conferencia de prensa a los medios de comunicación, el Ejecutivo Nacional de la CSUTCB Damián Condori, saludó y celebró el día del acullicu además mencionó que los productores de la hoja de coca son afiliados a la organización matriz, al que él dirige como la COFECAY, ADEPCOCA de La Paz y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y que la celebración es en los nueve departamentos del país.
Por su parte Javier Lirico Strio. de organización del CEN de la CSUTCB, quien encabezó la movilización en la ciudad de La Paz acompañando a la COFECAY y ADEPCOCA juntamente con otras autoridades del departamento de La Paz y dirigentes de la organización matriz, afirmo que; “el objetivo de la movilización es para demostrar a los Estados Unidos que la coca no es nociva a la salud, ni mucho menos es cocaína o droga como lo satanizan, sino tiene bondades nutritivos, medicinales y alimenticios”.
En la ciudad de la Paz se realizó una marcha pacífica desde la plaza del maestro sede de las organizaciones cocaleras por el centro de la ciudad y descendiendo hasta las inmediaciones de la embajada de los Estados Unidos que queda en la av. Arce.