Autor: clocvc

Comunicado Internacional

3 de octubre de 2012

Las organizaciones internacionales firmantes condenamos el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos de campesinos y campesinas, Antonio Trejo; y del fiscal especial para los derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos.

En la noche del sábado 22 de septiembre del 2012, el representante legal del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán -MARCA, Antonio Trejo (41 años) fue asesinado a balazos cuando se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.

El abogado Trejo representó legalmente a las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán integrantes del MARCA, en su lucha por el acceso a la tierra para realizar su derecho humano a la alimentación y vivienda, entre otros. Tras 18 años de litigio, el abogado Trejo logró que el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán y el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo dictaran sentencias confirmando que la adquisición de las fincas San Isidro, La

Trinidad y El Despertar, con una extensión total de 1.776 hectáreas, por parte de los empresarios Miguel Facussé y René Morales era ilegal y restituyen el derecho a la tierra de los campesinos y campesinas.

El pasado 29 de junio, fuerzas de seguridad pública de Honduras entregaron las tres fincas a los campesinos del MARCA, en ejecución de las sentencias firmes dictadas a su favor. No obstante, abusando de los recursos legales que el sistema hondureño ofrece para tornar ineficaz la protección judicial de los campesinos y campesinas, los empresarios interpusieron demandas de amparo para revertir la restitución de tierras. Más grave aún, dichos amparos fueron arbitrariamente concedidos, en contra de lo que establece el ordenamiento legal hondureño, revirtiendo así la restitución de las tierras y ordenando el desalojo contra los campesinos y campesinas del MARCA (1).

El Informe de la Misión de Verificación Internacional dio cuenta de las amenazas que el abogado Trejo recibió contra él y su familia (2). Esto también fue denunciado por el mismo abogado Trejo ante autoridades estatales como la Dirección General de la Investigación Criminal; y ante la Señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la ONU, ante quien denunció la situación de los defensores de derechos humanos en el Bajo Aguán. Desde la emisión de las sentencias favorables a los campesinos y campesinas del Bajo Aguán, las amenazas contra el abogado Trejo y su familia se intensificaron.

El 24 de septiembre de 2012, el fiscal especial para los derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos, fue asesinado a balazos por desconocidos, en las inmediaciones del Ministerio Público en la ciudad de Choluteca, Honduras. Las organizaciones internacionales hemos realizado un monitoreo constante de la situación

en el Bajo Aguán, inter alia, mediante la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, realizada en marzo de 2011 (3), y la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán (4) , realizada el 28 de mayo del año en curso en Tocoa, Colón (5).

Según nuestra documentación, 54 personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un periodista y su pareja, han sido asesinados desde septiembre de 2009 hasta la fecha en el marco del conflicto agrario que aqueja a la región. Además, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011.

Observamos con preocupación que según datos proporcionados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, no se ha realizado ninguna investigación imparcial ni seria de estos crímenes.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a las instituciones estatales para investigar de manera imparcial y expedita el asesinato del abogado Antonio Trejo y del fiscal Eduardo Díaz Mazariegos, sancionar a los responsables mediatos e inmediatos de estos crímenes, así como proporcionar las medidas de reparación integral para sus familias.

Asimismo, reiteramos las recomendaciones incluidas en la Declaración de la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo de 2012 en Tocoa, Honduras:

Al Estado hondureño:

a. Investigar y sancionar de forma seria y expedita todos los crímenes y demás violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la condena de los autores materiales e intelectuales de estos hechos.

b. Cesar de inmediato la represión, hostigamiento y la violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas.

c. Adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.

d. No emprender más desalojos forzosos.

e. Buscar una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas.

f. Regular debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

h. Invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice una visita in loco.

A la Comunidad Internacional:

• Procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral que se brinda al Estado hondureño y a las compañías privadas, no contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté condicionada al respeto irrestricto de los mismos.

• Revisar por parte de la cooperación internacional y bancos multilaterales, todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.

• Promover, en el marco de la cooperación, en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos, un concepto de seguridad basada en la promoción de justica y del pleno respeto de los derechos humanos.

• Suspender la cooperación internacional que promueve la militarización y que agrava la situación de derechos humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.

Las organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que el conflicto agrario del Bajo Aguán es el más grave, en términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años.

(1) Ver Comunicado Internacional anterior del 17 de julio de 2012:http://www.fian.org/noticias/noticias/organizaciones-

internacionales-advierten-el-estado-de-honduras-debe-garantizar-la-independencia-e-imparcialidad-de-la-

justicia/?searchterm=Bajo Aguan

(2) Ver Informe de la Misión: “Honduras: violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán”, julio de 2011, Pág. 23. Disponible

en: http://www.fian.org/recursos/publicaciones/documentos/honduras-violaciones-de-derechos-humanos-en-el-bajo-aguan-

1?set_language=es

3Ver Informe de la Misión: “Honduras: violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán”, julio de 2011, disponible en:

http://www.fian.org/recursos/publicaciones/documentos/honduras-violaciones-de-derechos-humanos-en-el-bajo-aguan-

1?set_language=es.

(4) El video de los testimonios brindados durante la audiencia pública internacional, con subtítulos en inglés se encuentra disponible en http://youtu.be/Cv5oboAwXJw

(5) Ver Declaración de la Audiencia Pública Internacional enhttp://www.cifca.org/spip.php?article161

 

 

Miércoles 3 de Octubre de 2012

Primos de Cristian Ferreyra, del Mocase, asesinado en noviembre pasado por defender sus tierras, fueron agredidos y amenazados por una patota. Aseguran que están vinculadas al comienzo del juicio por el crimen de Cristian Ferreyra.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC) denunció amenazas y persecución a familiares de Cristian Ferreyra –asesinado en noviembre pasado– por parte de grupos armados que según los denunciantes responden a los empresarios sojeros Jorge Ciccioli y Francisco Javier Juárez, procesados por el crimen. Según el Mocase, Sergio Arnaldo Ferreyra –primo del joven asesinado el año pasado y querellante en la causa por el homicidio– fue golpeado y perseguido en el pueblo Monte Quemado por “sicarios a sueldo”, encabezados por Alberto Gutiérrez. En tanto, Maximiliano Ferreyra fue abordado por cuatro sujetos encapuchados que lo amenazaron, lo golpearon y le quitaron objetos personales.

El asesinato contra Ferreyra, de 23 años, ocurrió el 17 de noviembre de 2011 en la comunidad San Antonio, a 60 kilómetros de Monte Quemado, en el norte de Santiago del Estero, cuando intentaba resistir un desalojo en el campo donde pasó toda su vida. El crimen tuvo lugar en la casa donde Ferreyra vivía con sus padres y cinco hermanos. Hasta allí, según el Mocase, “llegaron los hermanos Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario Ciccioli, armados con escopetas, y le dispararon a Ferreyra a sangre fría”, quien murió en el acto, e hirieron a Darío Godoy –otro integrante de la comunidad–.

En diálogo con Página/12, Cariló Olaiz, miembro del Mocase, dijo que “hace tres años que la comunidad denuncia la persecución de empresarios que pretenden quedarse con tierras comunitarias. Existe una banda de entre siete y diez personas que responden a Ciccioli y Juárez y amenazan de forma continua a integrantes de la comunidad”.

“Estas últimas amenazas contra familiares de Ferreyra aparecen justamente en un momento clave, ya que en agosto pasado empezaron las primeras testimoniales en el juicio que se les sigue a Ciccioli y Juárez, a quienes se los acusa de ser los autores intelectuales y materiales del crimen, respectivamente”, comentó Olaiz. “A Sergio Ferreyra, querellante en la causa, lo fueron a apretar cuando estaba tomando una gaseosa en un bar de Monte Quemado, el último 10 de septiembre. Pudimos identificar que Alberto Gutiérrez y otros siete hombres más de la banda de Juárez lo amenazaron diciéndole frases como ‘por qué criticás a la gente de San Bernardo’, ‘vos no te metás, dejate de joder’, y luego lo golpearon. Los de San Bernardo son un grupo que responde a ‘Fabucho’ Palomo, dueño de un local donde guardan topadoras, casillas y armas de los terratenientes”, añadió.

“Tras la golpiza, Sergio fue al hospital y luego a la comisaría Nº 22 de Monte Quemado, para hacer la denuncia, y allí le negaron la posibilidad debido a su participación en el Mocase, según palabras del comisario Juan Argañaraz”, sostuvo Olaiz.

Asimismo, comentó que “el 22 de septiembre por la noche Maximiliano Ferreyra, otro primo de Cristian, estaba en la plaza del pueblo de Monte Quemado, donde cuatro personas se acercaron a él y con la excusa de pedirle fuego lo agarraron, le sacaron las llaves de su casa y el celular, donde tenía fotos de Darío Godoy, el otro campesino herido de bala en noviembre pasado”, cuando asesinaron al joven del Mocase.

Además, Noelia –hermana de Cristian Ferreyra– contó que las hijas de Pirinchicho, tal como se conoce a uno de los hermanos de Juárez, llevaron balas a la escuela en Nueva Esperanza y amenazaron a las hermanas menores de Cristian. “Les mostraron las balas y les decían que cuando den la sentencia del juicio, con eso iban a seguir matando, y que ellas también andan aprendiendo a usar las armas”, relató la mujer. Además, el Mocase denunció que “Hugo Juárez, uno de los prófugos de la causa por el asesinato de Ferreyra, sigue trabajando para el intendente Carlos Hazan”.

“Esta semana, miembros del Mocase se reunirán con legisladores del Frente para la Victoria en Buenos Aires y realizarán una audiencia pública en el Congreso de la Nación con el objetivo de dar a conocer la problemática por la que atraviesa el movimiento campesino”, dijo Olaiz.

Informe: Sabrina Améndola.

 

Lunes, 18 Octubre 2010

Quito, Ecuador, 8 al 16 de octubre del 2010

Pronunciamientos

Repudiamos la concentración y el acaparamiento de tierras en todas sus formas. Continuaremos luchando por una Reforma Agraria integral y por una agricultura campesina y de los pueblos originarios y afrodescendientes que alimente a la humanidad y proteja a la Madre Tierra.

Denunciamos y rechazamos al agronegocio y a las grandes corporaciones que ocupan, destruyen y amenazan en forma permanente a nuestros pueblos y comunidades, nuestros territorios, nuestras formas de vida y culturas. Reiteramos que las transnacionales son nuestro principal enemigo.

Continuaremos denunciando las prácticas criminales que hoy se despliegan contra los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes, y contra los movimientos sociales, como la criminalización de la movilización, la guerra abierta y encubierta, el paramilitarismo, la falsa lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, las fumigaciones, los deplazamientos forzados, etc. Rechazamos con fuerza los procesos de militarización y la instalación de bases militares estadounidenses. Queremos un continente libre de todas estas lacras.

El Congreso recoge la Declaración de la IV Asamblea de Mujeres del Campo y enfatiza que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia institucional, laboral y doméstica. Los feminicidios son la forma más profunda y grave de la violación a los derechos humanos en Latinoamérica, con sistemáticos secuestros, violaciones y asesinatos. Lucharemos contra todo tipo de violencia hacia las mujeres.

Nos comprometemos a construir organizaciones y un continente en que mujeres y hombres disfruten relaciones de equidad, respeto y mutuo apoyo. Declaramos que sin feminismo no hay socialismo.

Exigimos el respeto al ejercicio pleno de todos los derechos humanos de las y los migrantes, con especial énfasis en los derechos laborales, sindicales y de seguridad social.

Ratificamos los planteamientos del documento de la mesa número 17 sobre Agricultura y Soberanía Alimentaria de la Conferencia de Cochabamba sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Asumimos y apoyamos la propuesta de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra para que esta sea adoptada por las Naciones Unidas.

Continuaremos luchando contra las tecnologías que ponen en riesgo la vida en el planeta, tales como los transgénicos, la geoingeniería, las tecnologías Terminator y el biochar. Reafirmamos lo dicho por la Vía Campesina en cuanto a que la agricultura campesina y de los pueblos originarios y afrodescendientes puede alimentar a la humanidad, enfríar al planeta y cuidar la Madre Tierra.

Rechazamos el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), el comercio de bonos de carbono o pago por servicios ambientales, que significan el despojo de los bosques y territorios de los pueblos. Nuestros territorios no son privatizables.

Reiteramos nuestro rechazo a los tratados de libre comercio y otras formas de protección a los grandes capitales que violan nuestra soberanía y la autonomía de los pueblos.

Denunciamos a los medios masivos de comunicación como herramientas al servicio del capitalismo que a través de una guerra ideológica buscan controlar a nuestros pueblos constituyéndose en una verdadera dictadura mediática.

Rechazamos el bloqueo impuesto a Cuba por más de 50 años por el gobierno de Estados Unidos exigiendo su inmediato levantamiento.

Reafirmamos nuestro compromiso con el ALBA de los Pueblos y nuestra participación en esta alianza.

Reconocemos al Sumak Kawsay como un principio de convivencia, lucha y organización.

Lineas de acción y campañas

Volvemos a nuestros países y organizaciones con los siguientes compromisos y acuerdos:

Ratificamos en todos sus contenidos el Plan de Acción elaborado por la V Conferencia de la Vía Campesina en Maputo, Mozambique en el año 2009.

Reiteramos que la lucha por la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria son parte fundamental de nuestro accionar. La lucha por la tierra la entendemos articulada a la defensa de territorios autónomos, campesinos y de pueblos originarios y afrodescendientes. Celebraremos el día 17 de abril de 2011, día internacional de la lucha campesina, con el rechazo al acaparamiento y por la recuperación de la tierra y los territorios.

Continuaremos impulsando y profundizando la Campaña Mundial por una Reforma Agraria Integral fortaleciendo nuestras alianzas y acompañamiento las luchas locales. Rechazamos los Principios para la Inversión Responsable en Agricultura (IRA), promovidos por el Banco Mundial con el fin de contener la crítica amplia a la nueva ola de acaparamiento de tierras.

Seguiremos trabajando por el reconocimiento dentro de las Naciones Unidas de la Carta de los Derechos Campesinos propuesta por la Vía Campesina, así como también por su amplia difusión y conocimiento por la sociedad.

Ratificamos el día 16 de octubre como día internacional de lucha contra las transnacionales proponiendo una lucha común, masiva y permanente, en lo posible contra las mismas empresas. Nos proponemos realizar tribunales éticos y políticos a las empresas transnacionales que operan en diversos países del continente.

Haremos realidad la campaña contra la violencia hacia las mujeres con la participación de mujeres y hombres.

Pondremos en marcha una campaña continental contra los agrotóxicos que enfatice la contaminación de los alimentros y las amenazas a la salud de toda la población, teniendo el día 3 de diciembre como eje para la realización de acciones.

Organizaremos una campaña continental de dignificación del campesinado, reconociendo sus múltiples aportes, revalorando y recuperando las culturas de los pueblos campesinos.

Continuaremos con nuevas energías la Campaña Mundial de la Semilla apoyando su reactivación con los siguientes ejes:

Recuperar las semillas ancestrales, multiplicarlas y protegerlas comunitariamente, con el control en manos campesinas.

Luchar por el libre tránsito de las semillas.

Combatir las leyes que privatizan las semillas.

Nos comprometemos a fortalecer el espacio en construcción de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, que en lo inmediato tiene previsto su primera Asamblea en Foz de Iguaçu, Brasil, en marzo de 2011, con una fase preparatoria de convergencias nacionales.

Convocaremos en el marco del VI Congreso de la CLOC a la primera Asamblea Continental de Organizaciones de Pueblos Originarios y Afrodescendientes.

Nos sumaremos a la realización del Referéndum Global sobre Justicia Climática según lo acordado en la Cumbre de los Pueblos de Cochabamba, Bolivia.

Hacemos un llamado a una amplia movilización en torno a Cancún ya sea sumándose a las actividades que la Vía Campesina organizará allí u organizando uno de los miles de Cancún que se están preparando para el 7 de diciembre de 2010.

Organizaremos un Encuentro Latinoamericano de Organizaciones de la CLOC Vía Campesina en torno a la problemática de los y las asalariadas agrícolas, para fortalecer este eje de trabajo en la organización.

Concretaremos alianzas con otras organizaciones tales como sindicatos, grupos de consumidores, trabajadores urbanos, centros de apoyo a refugiados y migrantes, medios de comunicación alternativos y todas aquellas organizaciones con las que podamos fortalecer nuestras luchas.

Asumimos a la formación política y la educación como uno de los ejes centrales de nuestro accionar proponiéndonos una formación integral desde todas las necesidades humanas: políticas, afectivas, sexuales, espirituales, culturales, místicas, etc. Nos proponemos empoderar a las comunidades para exigir una educación de calidad como un derechos humano para todas las personas.

Entendemos la tarea de comunicación como un componente fundamental en la construcción y desarrollo de nuestras organizaciones. Impulsaremos la creación de nuestros propios medios de coomunicación, los que compartirán los lineamientos políticos, principios, definiciones y objetivos adoptados por la CLOC en éste, nuestro V Congreso. Reconocemos y agradecemos los valiosos aportes de la Minga Informativa de Movimientos Sociales que nos ha acompañado desde la formación de la CLOC.

Fortaleceremos la Comisión de Derechos Humanos de la CLOC, para recoger los casos de violaciones de derechos humanos en nuestros países y luego difundirlos, denunciarlos ante los organismos internacionales de derechos humanos, incluida la Organización de las Naciones Unidas.

Exigimos la derogación de todas las leyes antiterroristas y el fin de la criminalización de los movimientos sociales.

Impulsaremos una Campaña Internacional por la Liberación de los presos políticos en todo el continente hasta lograr su liberación.

Continuaremos avanzando en la organización del Seminario Internacional sobre políticas públicas para la Soberanía Alimentaria emanadas desde las necesidades y las miradas campesinas.

¡Contra el saqueo del capital y del imperio, América lucha!

¡Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos, América lucha!

 

Miércoles 3 de Octubre de 2012

Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, asi como el Ministro de agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de semillas. Segun los borradores que se conocen y por las declaraciones publicas, el mismo busca subordinar la politica nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.

Las consecuencias las sufriran los campesinos y agricutores familiares, pero tambien el pueblo argentino, ya que golperá sobre el mercado interno de alimentos.

Podemos afrimar que:

La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.

Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.

Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genética utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.

De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.

Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.

Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.

Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.

Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.

Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.

El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.

El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 20 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos transgénicos.

Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA

FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA

POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS

Organizaciones firmantes:

Movimiento Nacional Campesino Indígena

CLOC – Vía Campesina Argentina

GRAIN

Amigos de la Tierra

Acción por la Biodiversidad

CLOC- VIA CAMPESINA

México, 30 de septiembre del 2012.

Estimado compañero presidente,

Con fraternos saludos, nos dirigimos a usted, como representantes de organizaciones campesinas del mundo entero, conociendo las dificultades que nuestros compañeros y compañeras enfrentan cada día y habiendo experimentando en carne propia las agresiones del agronegocio y los transgénicos, estamos hondamente preocupados por sus recientes declaraciones públicas en torno a la necesidad de abrir en el Ecuador el cultivo y semillas transgénicas. La Vía Campesina Internacional ha permanentemente mencionado en nuestros espacios, la conquista del pueblo Ecuatoriano y su gobierno de incluir como manifiesta su nueva Constitución de la República del Ecuador establecer que “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.” Además, el Artículo 401, donde se indica que “Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.” Por todas las razones recién expuestas y por antecedentes que se van sumando de forma permanente, los cultivos transgénicos son incompatibles con este mandato constitucional y finalmente del derecho que se otorga a la naturaleza.

Vía Campesina Internacional ha venido denunciando los efectos negativos del uso de transgénicos y el atentado a la soberanía alimentaria que esto implica, nos preocupa entonces que califique de error y llame a eliminar un acuerdo refrendado por el pueblo ecuatoriano de manera democrática y por casi dos tercios de la población. Las organizaciones campesinas no evadimos el debate, más bien manifestamos nuestra voluntad de dialogo con usted Presidente, pero creemos importante para asegurar la convivencia digna, pacífica y democrática respetar los acuerdos tomados por la voluntad del pueblo Ecuatoriano.

Apelamos a los compromisos por Ud. asumidos al momento de inaugurar el V Congreso de la CLOC, en la ciudad de Quito, Ecuador, el 12 de octubre de 2010, cuando aseveró que en Ecuador no se necesita una reforma agraria sino una revolución agraria, con una radicalización en función de los más pobres.

Por esto quisiéramos hacer presente lo siguiente:

• Nuestras organizaciones han debatido en base a la experiencia en diversos lugares del mundo y hemos concluido de manera fehaciente que los cultivos transgénicos sólo provocan destrucción y despojo, llevan a la concentración de la tierra y la riqueza, envenenan nuestras familias, nuestros animales, nuestros cultivos y la vida en torno nuestro, destruyen las fuentes de trabajo y nos expulsan de la tierra;

• Los cultivos transgénicos no alimentan a los pueblos. Gran parte de ellos está destinado a la producción de combustibles, piensos animales para la producción industrial, y otras materias primas industriales. Y son estos cultivos uno de los factores que la FAO identificó como importantes en la anterior crisis alimentaria y en la actual elevación del precio de los alimentos;

• Nos sorprende que Ud. asevere que los cultivos transgénicos pueden cuadruplicar la producción. Los antecedentes por nosotros conocidos, incluidos estudios científicos universitarios, indican que las variedades transgénicas son de hecho menos productivas que las mismas variedades sin la transgenie, y que ello se explica por mecanismos fisiológicos bien conocidos. Sería de gran utilidad, para informar mejor el debate, si Ud. pudiera informarnos de las fuentes que aseveran que los cultivos transgénicos podrían cuadruplicar la producción;

• Más del 80% de los cultivos transgénicos son resistentes a herbicidas. No hay un solo caso de un cultivo transgénico desarrollado resistente al frío, a la sequía o a otras condiciones muchas veces enfrentadas por las agriculturas campesinas. La realidad de los cultivos transgénicos es que han provocado el incremento del uso masivo e intensivo de herbicidas y de otros pesticidas. Por ejemplo, Argentina consume hoy más de 200 millones de litros de glifosato, la mayor parte de las veces mediante aplicaciones aéreas que afectan indiscriminadamente a cultivos, animales, personas y plantas silvestres. Brasil, por su parte, se ha convertido en el país con el mayor uso de Agrotóxicos por persona a nivel mundial. El resultado, como bien se ha documentado en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay, ha sido el aumento alarmante de los casos de cáncer, de enfermedades graves a la piel, malformaciones al nacer, aumento de la tasa de abortos, y casos de intoxicación aguda que han llevado a la muerte, especialmente de niños pequeños.

• Si alguna duda podía quedar acerca de los efectos de los cultivos transgénicos, un estudio científico de investigadores franceses y recién publicado en Estados Unidos demuestra sin lugar a dudas que la exposición al glifosato -obligatoriamente asociado a la mayoría de los cultivos transgénicos- y el consumo de transgénicos, provoca cáncer, alteraciones hormonales y glandulares, lesiones graves al hígado y los riñones y finalmente tasas de mortalidad 2 a 3 veces mayores que las normales, especialmente en mujeres.

• A pesar de la agresividad de las empresas que producen semillas transgénicas y los agroquímicos asociados al cultivo -quienes incluso han hecho uso del contrabando masivo para introducir sus productos- los cultivos transgénicos son muy pocos (fundamentalmente soja, maíz, canola, algodón), poseen sólo dos modificaciones (resistencia a glifosato y producción de la toxina B.t.) y se cultivan masivamente en unos pocos países (Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil e India). Más aún, producto del estudio recién mencionado, Rusia acaba de prohibir la importación de maíz transgénico y hay diversas iniciativas legales en Europa para prohibir de plano tales cultivos.

• Los cultivos transgénicos no son respuesta alguna a los problemas de pobreza que enfrentan millones de familias y comunidades campesinas en Ecuador y el resto del mundo. Todo lo contrario: aumentan la dependencia, nos expulsan de la tierra, nos dejan sin trabajo, deprecian el valor de la producción y destruyen las economías locales. Un estudio de la Universidad de Sao Paulo sobre la expansión del agronegocio en el Estado de Sao Paulo, indica que esta expansión llevó a una prosperidad concentrada en manos de unos pocos, generando un número cada vez mayor de excluidos y el aumento de la violencia y la marginalización económica.

• Si Ecuador desea solucionar el problema de la alimentación, la solución está en proteger, fortalecer y expandir la agricultura campesina y hacer efectivo el mandato constitucional de la Soberanía Alimentaria. Un estudio de la FAO publicado hace sólo unos días indica que el 60% de los alimentos en América Latina es producido por familias campesinas. Por otro lado, cifras oficiales y de la investigación de las más diversas regiones del mundo confirman una y otra vez que la agricultura campesina es más eficiente y productiva que la industrial.

Con estas consideraciones, tenemos la seguridad de que su gobierno soberano será más sensible al pedido de millones de campesinos y campesinas del mundo y no sedera a las intenciones de transnacionales como Monsanto de convertir la alimentación en una mercancía más, esperamos que este pedido y recomendación sean positivamente atendidos por su gobierno que tiene el mandato del pueblo Ecuatoriano de gobernar en defensa de los intereses soberanos del pueblo.

En nombre de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina Internacional,

Saluda fraternalmente

Henry Saragih

Coordinador Internacional de La Vía Campesina

International Operational Secretariat:

Jln. Mampang Prapatan XIV no 5 Jakarta Selatan, Jakarta 12790 Indonesia

Tel/fax: +62-21-7991890 / +62-21-7993426

Email: viacampesina@viacampesina.org

 

Miércoles 26 de Septiembre de 2012

35 comunicadoras e comunicadores de diversas organizações de 13 países da América Latina completam o 10º dia de estudos e trocas de experiências na II Escola de Comunicação Popular da CLOC- VC, que está sendo realizada no Centro de Formação e Produção São Francisco de Assis, espaço do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), localizado no município de Santa cruz do Sul-RS.

Os primeiros dias da escola foram dedicados para análise de conjuntura e debates sobre a popularização dos meios de comunicação historicamente dominados pela classe dominante capitalista. Para Valter Israel da direção nacional do MPA, a sociedade vem atravessando uma crise civilizatória que se manifesta nas bases econômica, alimentar, energética, ambiental e de valores, “a crise é estrutural, o que comprova que o capital é um sistema insustentável, passamos por uma crise prolongada, que tenta se reestruturar buscando saídas na ampliação da exploração, criação de ferramentas como credito de carbono e outros mecanismos da economia verde, precarização do trabalho, e outras… Nesse cenário, nosso continente é uma das bases de sustentação desse gigante em queda e encontramos como nossa tarefa enquanto campesinato, fortalecer os povos, nos aspectos produtivos, culturais e de defesa do território. Por isso a comunicação tem um espaço fundamental, nossa tarefa estratégica tem que ir além dos veículos de comunicação, temos que lutar pelo direito dos povos de se comunicar” afirma Valter.

Manoel Rozetal, da Colômbia, aponta o espaço de disputa em torno da comunicação hoje, segundo Manoel a informação tem uma condição revolucionaria , porque revela as coisas para as pessoas , a tarefa da comunicação nos movimentos camponeses é mostrar o concreto a informação que é negada e transmutada pelos meios de massa dominados pelo capital, “ temos que dominar as ferramentas de comunicação mas sobretudo entender a comunicação como uma base fundamental para dentro e para fora do movimento “ diz Manoel.

Tato, integrante do coletivo de comunicação da Union dos Trabajadores Rurales Sin Tierra -UST- da Argentina, aponta os desafios da comunicação para os movimentos sociais. “Comunicação tem haver com nossas histórias, com os povos camponeses e originários… Essa classe social vem sendo calada há mais de 500 anos, o direito de se comunicar com a sociedade é negado, esse período tão longo de silencio criou um fator limitante para fazer comunicação, o processo de repressão de nossas culturas nos intimidou tanto ao ponto de acharmos que não podemos nos expressar, trabalhar com elementos de comunicação…». Para ele é importante superar esse processo de distanciamento do povo das ferramentas da comunicação e possibilitar a apropriação desses instrumentos para o fortalecimento da prática comuniticativa dentro dos próprios movimentos. «Participar desse espaço continental é muito importante, aqui estamos trocando experiências, aprendendo muito, nos qualificando na luta … Na UST trabalhamos com ferramentas de comunicação já faz um tempo, produzimos um jornal informativo mensal, uma revista trimestral e temos programas de rádios diários, tudo isso construído pelos camponeses e camponesas, a escola nos possibilita afirmar esses compromisso da construção de uma grande rede de comunicação popular para a classe”, afirma o camponês.

Os últimos três dias foram marcados por oficinas de produção de programas para rádio, filmagem e edição. Uma das tarefas do curso ée produzir materiais sobre as famílias camponesas da região.

A II escola de comunicação popular da ClOC- VC teve inicio no dia 15 de setembro e se encerrará no dia 29 desse mês .

Comunicação MPA

 

Miércoles 26 de Septiembre de 2012

Por Silvia Ribeiro

Nuevas evidencias científicas de investigadores en Francia muestran que el maíz transgénico produce cáncer en ratas, mientras que el glifosato, el herbicida más usado en los transgénicos, es causante de deformaciones en fetos humanos, según estudios realizados por el doctor Andrés Carrasco y científicos en Argentina.

Aunque informes sobre el glifosato y estudios anteriores sobre transgénicos mostraban evidencias de problemas serios a la salud y al ambiente, el gobierno mexicano autorizó en 2012 más de mil 800 hectáreas de plantaciones a campo abierto de maíz manipulado genéticamente, la mayoría con el mismo gen de Monsanto (603) que provocó cáncer en ratas en los experimentos franceses.

En el estudio realizado por CRIIGEN (Comité de investigación y de información independiente sobre genética, por sus siglas en francés), Universidad de Caen, Francia, se alimentaron durante dos años a 200 ratas, dividas en 10 grupos, con diferentes raciones. Unas con maíz transgénico NK603, resistente a glifosato pero sin aplicarlo, otras con el mismo maíz transgénico con glifosato, y otras con glifosato disuelto en el agua que bebieron, además de un grupo de control que no recibió ninguno de los elementos anteriores. Las ratas alimentadas con maíz transgénico murieron prematuramente y tuvieron una frecuencia de tumores de 60-70 por ciento contra 20-30 por ciento en el grupo de control.

Gilles Eric Seralini, director de CRIIGEN, señaló que es un estudio único en el mundo, porque todas las pruebas que han conducido las empresas no superan los tres meses, mientras que este experimento abarcó todo el periodo de vida esperado de las ratas. Justamente, un elemento significativo es que la mayoría de los problemas aparecieron a partir del cuarto mes, por lo que Seralini afirmó que el tiempo elegido para otros experimentos fue intencionalmente corto para evitar la mayoría de los síntomas.

Varios científicos que funcionan como cobertura de la industria de los transgénicos –vinculados o financiados directa o indirectamente por ésta– atacan los estudios del CRIIGEN, señalando supuestas inconsistencias, como que también el grupo de control desarrolló tumores. Pero esto es lógico, porque se usaron ratas que tienen tendencia a expresar tumores y nunca se permite que vivan tanto tiempo. El dato significativo es la enorme diferencia de porcentajes. Además de tumores, los grupos de ratas expuestas a transgénicos y glifosato presentaron problemas serios renales y en el hígado.

El gobierno francés, frente a los resultados de los experimentos, decidió abrir un periodo de verificación de los estudios. De confirmarse su toxicidad podrían definir que se prohibiera cualquier importación y su uso incluso como forraje. Plantar maíz transgénico no está permitido en ese país, justamente por estudios anteriores sobre la posible toxicidad e impactos ambientales del maíz NK603 y Mon810 de Monsanto. En lugar del apuro con que algunos biotecnólogos –incluso en México– tratan de defenestrar los experimentos, la actitud coherente y responsable sería verificar este estudio y realizar otros, ya que los transgénicos que están en el mercado se aprobaron basados casi al 100 por ciento en datos entregados por las propias empresas que los venden.

Siendo México centro de origen del maíz y además el país con mayor consumo humano de maíz en el mundo, lo lógico sería que primara el principio de precaución estrictamente, tanto por los riesgos a la salud humana como por los impactos sobre la biodiversidad y los múltiples significados que el maíz tiene en México para sus culturas y su población.

Sin embargo, pese a que la comisión de bioseguridad en México (CIBIOGEM) ha recibido numerosos, extensos y sólidos argumentos científicos y técnicos para no permitir la siembra –ni experimental, ni piloto y mucho menos comercial– de maíz transgénico, los ha ignorado todos intencionalmente, colocando en riesgo los intereses de la población para favorecer exclusivamente los de Monsanto, la trasnacional que controla más de 85 por ciento de las semillas transgénicas en el mundo.

El acuerdo para asegurarle a Monsanto sus intereses contra la población de México y contra su principal patrimonio genético alimentario, lo aseguró Bruno Ferrari, actualmente secretario de Economía, pero antes funcionario de Monsanto. En 2009, Ferrari, entonces director de ProMéxico, concertó una reunión entre Felipe Calderón y el director ejecutivo de Monsanto, en el Foro Económico Mundial de Davos. Volviendo de esa reunión, el gobierno anunció que rompería la moratoria que existía desde 1999 contra la plantación de maíz transgénico, aunque ninguna de las razones que los expertos expusieron para fundamentar y decretar la moratoria hubiesen cambiado. Al contrario, con el paso de los años, empeoraron las condicionantes de riesgo que fundamentaron la moratoria contra la siembra de maíz transgénico en 1999.

Los transgénicos usan muchos más tóxicos y producen menos que las semillas híbridas, además de la multitud de riesgos e impactos a la salud y al ambiente que crecen todo el tiempo, ya que las plantas se vuelven resistentes y hay que usar compuestos cada vez más tóxicos.

Hay 10 mil años de trabajo campesino y décadas de investigación agrícola pública en semillas no transgénicas que enorgullecen y sobradamente bastan para cubrir las necesidades de toda la población en México. Permitir la liberación de transgénicos en el país es un acto de extrema irresponsabilidad y un crimen histórico.

Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Fuente: La Jornada

 

Miércoles 26 de Septiembre de 2012

El campesinado hondureño está de luto por tan irreparable pérdida, ya que el abogado Trejo como cariñosamente le llamaban era un hombre que siempre estuvo al frente de la lucha del campesinado a tal grado que el pasado 21 de agosto fue arrestado junto a 24 campesinos más acusados de manifestación ilícita y pese a que él era abogado de profesión sus derechos le fueron violentados y estuvo preso durante dos días consecutivos junto es este grupo de campesinos del aguan .

Trejo ya había denunciado públicamente en varias ocasiones las permanentes amenazas que recibía hacia él y hacia su familia y expresaba que si algo le pasaba a él los responsables eran el señor Miguel Facussé y René Morales , ya que de una forma muy diligente por la vía judicial había ganado uno de los tantos juicios a estos dos terratenientes y había logrado que posesionaran a cientos de familias campesinas pertenecientes al MARCA en más de 2 mil hectáreas de tierra propiedad de 4 cooperativas campesinas llamadas: la Trinidad, La San Isidro , La Despertar y La San Esteban.

Antonio Trejo era un hombre muy solidario y reconocido en el país, había solicitado medidas cautelares ante la comisión interamericana de Derechos Humanos debido al riesgo que corría su vida por el trabajo que realizaba en beneficio del campesinado hondureño y los más pobres ; Trejo junto a otros abogados también había interpuesto una denuncia criminal en contra de los diputados que aprobaron la llamadas ciudades modelo en Honduras, era candidato a diputado por el departamento de Colón por el nuevo partido Frente Amplio del Pueblo en Resistencia que dirige Andrés Pavón procurador de Derechos Humanos en Honduras .

Hoy 24 de septiembre en horas del medio día, el gobierno hondureño a través del ministro de seguridad Pompeyo Bonilla en un comunicado leído desde casa de gobierno, simplemente dijo que lamentaban la muerte del abogado Antonio Trejo y que ya estaban en proceso de investigación para dar con los responsables del crimen, pero sabemos que es puro discurso siempre dicen lo mismo y nunca se aclaran los crímenes, todo queda en la impunidad.

Pero esto no es toda la tragedia del campesinado y especialmente de la zona del aguan continua ya que ayer domingo 23 de septiembre del 2012 , miembros de la finca marañones fueron atacados a balazos por guardias de terratenientes de la zona resultando tres campesinos heridos de gravedad quienes fueron trasladados a un hospital público de esa región del país.

Por su parte el movimiento campesino hondureño articulado La vía Campesina Honduras exige que se investigue la muerte del abogado Antonio Trejo y que los responsables intelectuales y materiales sean llevados ante la justicia, además que se investigue a quienes fueron señalados por la misma victima (Antonio Trejo) de ser los responsables de cualquier atentado contra su vida, demandan además el cese a la represión y persecución contra el campesinado hondureño.

 

 

Miércoles 26 de Septiembre de 2012

Por Darío Aranda

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuestionó la instalación de Monsanto en la provincia, explicitó su apoyo a los vecinos que rechazan la llegada de la multinacional, recordó que la “responsabilidad (de Monsanto) en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero” y llamó a respetar el principio precautorio. La semana pasada, una multitudinaria marcha en la capital cordobesa también había cuestionado a Monsanto y a los funcionarios que apoyan la llegada de la empresa estadounidense.

La agrupación estudiantil Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada había presentado en agosto al Consejo Superior de la UNC un proyecto de resolución para tomar postura frente a Monsanto y al modelo de agronegocios.

“El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba advierte la necesidad de respetar los dictados de la Constitución Nacional y de la legislación vigente que ordena la aplicación del principio de precaución: ‘Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente’”, solicita la resolución de la UNC, y “exhorta a efectivizar una consulta a la población para que ejerza su derecho a decidir sobre la no radicación de la empresa”.

En junio pasado, la presidenta Cristina Kirchner anunció la instalación de una planta de semillas de maíz transgénicas de Monsanto en Malvinas Argentinas y una estación experimental en Río Cuarto. El emprendimiento cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y del intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.

Los vecinos del barrio, que conformaron la Asamblea Malvinas lucha por la vida, denunciaron la falta de estudios de impacto ambiental y, sobre todo, la falta de consulta a la población. El lunes de la semana pasada hubo movilizaciones en todo el mundo contra Monsanto, líder en semillas transgénicas y agrotóxicos. En Argentina hubo actividades en Santa Fe, Capital Federal, Bahía Blanca, Rosario, Río Cuarto y, la más convocante, en la capital de Córdoba. Al menos diez mil personas rechazaron que la empresa se instale en Malvinas Argentinas.

También el lunes, cuando ya había trascendido que el Consejo Superior de la UNC votaría un cuestionamiento a Monsanto, el ministro de Agricultura de Córdoba, Néstor Scalerandi, apuntó a la UNC. “Me hace pensar que está en el ostracismo, en la Edad Media. Monsanto en el mundo les dio de comer a miles de millones de personas. La sociedad quiere respuestas concretas, no fundamentalistas.” Y también cargó sobre quienes marcharon: “¿Cómo saben que (Monsanto) va a ser contaminante? Estudios concretos no hay nada”.

La rectora, Carolina Scotto, le respondió: “Los comentarios generalizadores me parecen agraviantes. Me parecen irrespetuosos respecto de la calidad que tienen las producciones de nuestros investigadores”.

El martes a la tarde, el Consejo Superior de la UNC aprobó la resolución con 25 votos a favor y 12 en contra. “La universidad declara su solidaridad con las comunidades cordobesas de Malvinas Argentinas y Río Cuarto que se movilizan contra la radicación de la empresa Monsanto, cuya responsabilidad en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero, y se compromete a seguir trabajando para que se desarrollen sistemas de producción agropecuaria diversificados, que satisfagan las necesidades de la comunidad, garanticen la soberanía alimentaria, conserven los suelos, la biodiversidad nativa y preserven las cuencas hídricas.”

La consiliaria estudiantil por el Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada y estudiante de Agronomía, Fabiana Flores Villagra, valoró que la universidad cuestione a la multinacional y afirmó que “en ámbitos científicos y en los mismos territorios hay sobradas pruebas de las consecuencias de la agricultura manejada por el sector privado”. Evaluó la posición de la UNC como “un respaldo para quienes luchan por otro modelo agropecuario y otro modelo universitario, al servicio del pueblo y no de las empresas”.

La resolución también se hizo eco de la preocupación de organizaciones campesinas ante la inminencia de una nueva ley de semillas, impulsada por las empresas, y solicitó la “reglamentación de la Ley Nacional de Semillas 20247/1973, que garantice la protección de los recursos genéticos, la soberanía alimentaria y la biodiversidad productiva en la Argentina”.

Miércoles 26 de Septiembre de 2012

El juicio por las fumigaciones en Ituzaingó corrió el velo que ocultaba en nuestro país la realidad y las consecuencias de un modelo productivo. Modelo que, basado en los cultivos transgénicos y su ineludible combinación con los agrotóxicos, repite en Latinoamérica el mismo patrón de desplazamientos, violencia, enfermedad y muerte; pero que también en todos los rincones encuentra el freno de la resistencia de los pueblos.

CONAMURI es la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay. Desde hace años, denuncia los efectos devastadores de los agrotóxicos y transgénicos, como así también a las empresas trasnacionales como Monsanto y los gobiernos locales cómplices.

En la siguiente entrevista, conversamos con Alicia Amarilla, Secretaria de Relaciones de CONAMURI. La representante de dicha organización presenta un posicionamiento en relación al reciente golpe institucional contra el presidente Lugo, las medidas dictadas por el gobierno del golpe a cargo de Federico Franco y la experiencia del juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó en Argentina.

La sombra de las trasnacionales sobre América Latina

“En América Latina nos están amenazando las empresas multinacionales a través de sus semillas transgénicas, a través de todo lo que significa el acaparamiento de nuestra biodiversidad, de nuestra naturaleza, de nuestra tierra, de nuestras semillas, y la fumigación masiva en el campo. Estas políticas, acá en Paraguay, se visibilizan demasiado grandes….”, explicó la integrante del CONAMURI.

¿Cómo empezó CONAMURI a involucrarse en la cuestión de los agrotóxicos?

Nosotras, desde Conamuri, trabajamos el tema de las campañas, contra las empresas multinacionales y los agrotóxicos, desde el caso de Silvino Talavera. Este fue un caso emblemático acá en Paraguay.

La muerte del niño, fallecido por causas de agrotóxicos, que denunciamos también, como están haciendo ustedes allí, a nivel penal internacional y lo hemos llevado a juicio oral en dos ocasiones. Se logró ganar el juicio oral, pero desde una cuestión política, no ganamos que el sojero, el empresario se vaya a la cárcel, por ejemplo. Pero fue emblemático que sí se fuera a juicio y hubiera condena. Eso fue en el 2004, y desde entonces estamos con una campaña nacional de rescate de la semilla nativa y criolla.

En ese momento desde CONAMURI empezamos a hacer nuestros análisis, y veíamos venir una amenaza demasiado grande contra toda la vida misma, contra el futuro de nuestros hijos: la patentización de nuestra semilla nativa, la transgenización de nuestra semilla, el acaparamiento de nuestras tierras.

La única forma de resistir en nuestros territorios, en los pueblos indígenas, en nuestras comunidades campesinas, es rescatar nuestras semillas y consumir nuestro propio alimento, porque esta ofensiva de la empresa multinacional, viene con todo.

Medidas del gobierno golpista

¿Cómo ha sido el proceso de lucha contra las fumigaciones durante el gobierno de Lugo, y qué cambió a partir del golpe parlamentario?

Durante estos años, trabajamos con esa campaña con varias actividades, presentamos proyectos de leyes en defensa de la semilla nativa y criolla que se quedaron en los cajones del parlamento. Ahora con este gobierno golpista hay un retroceso demasiado grande.

Nosotras creemos profundamente que detrás de este golpe parlamentario están las grandes empresas multinacionales como, por ejemplo, Monsanto. En tres días de mandato de Federico Franco, ya aprobó y fue liberada la semilla transgénica de algodón que durante el gobierno de Lugo, a pesar de las fuertes presiones, se estaba atajando. Ya anunciaron que se van a liberar cuatro variedades de maíz transgénico también acá en Paraguay. O sea, estamos ante un gravísimo retroceso para nosotras y para todo el campesinado, el pueblo en general.

Estábamos luchando contra los transgénicos, desde algunos instituciones mismas del estado que estaban atajando, como el SENAVE (Servicio Nacional de calidad y sanidad vegetal y de semillas), que estaba más al servicio del pueblo, hasta ahora que el presidente del SENAVE es un gran empresario que trabaja en la empresa de agrotóxicos, y que él mismo está pidiendo ahora la inscripción de semillas de maíz transgénico y el algodón transgénico.

Este proceso creemos que comenzó mucho antes, cuando aprobaron un proyecto de ley fitosanitario, que es el proyecto de agrotóxicos. Todas las organizaciones campesinas e indígenas trabajamos durante dos años sobre un proyecto de ley de regularización de agrotóxicos.

Al menos hablábamos de regularización para no ser tan radicales y que nos lo aceptaran los parlamentarios. Pero lo rechazaron y presentaron los grandes sojeros este proyecto de ley fitosanitario, el cual fue aprobado.

Entonces, empezamos a trabajar desde las organizaciones en la reglamentación de este proyecto y en las leyes de regularización de agrotóxicos en zonas donde están las casas a 100 metros a la redonda, donde están las escuelas, colegios, y se sacó por decreto una reglamentación. Reglamentación que ahora también fue borrada por este presidente del SENAVE. Ahora hay vía libre para la fumigación en todas las comunidades campesinas indígenas, o sea que no tenemos ninguna protección en este momento.

¿Cuál es la población afectada por esta problemática?

Acá en Paraguay la región oriental, la mayoría de los departamentos están afectados. Los más expuestos son los departamentos Alto Paraná, Ciudad del Este, toda la zona de Caaguazú, que están allí los menonitas y los brasilguayos, la zona de Itapúa, prácticamente de los grandes sojeros, la zona de Canendiyú, donde fue la masacre, el 75% de las tierras están en manos de los grandes latifundistas sojeros. Estas son las zonas donde más afectadas están las poblaciones, más desprotegida está la gente.

Actualmente están entrando hacia la región occidental, hacia la región Chaco, están desmontando cantidades de monte, de los pueblos indígenas, porque Monsanto firmó un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con este gobierno para traer semillas transgénicas resistentes a la sequía.

¿Cuál es la postura de la Conamuri frente a las trasnacionales?

Las empresas multinacionales están viniendo a la ofensiva, están atropellando en todos los países, nos están afectando, y está quedando el campo sin campesinos. Ahora en el campo están quedando los grandes sojeros, las maquinarias, mientras que los campesinos indígenas estamos quedando alrededor de las grandes ciudades. En la ciudad de Asunción hay 17 comunidades indígenas con 3800 pobladores (datos del último censo hace tres años), y están viniendo más.

Yo creo que están avanzando, y deberíamos unirnos todo el pueblo, no debería haber territorios en esta lucha, porque por ejemplo, la empresa Monsanto a través de la UPOV[1], el convenio internacional de leyes de semillas, la unión de protección de obtentores vegetales, están patentando nuestras semillas en todos los países, en Paraguay, en Argentina. Entran por un convenio internacional en todos los países para patentar nuestras semillas nativas, acumular más ganancias y acaparar su alimentación.

Resistencia al golpe de Estado

Hay una tensión demasiado grande, la mayoría de la población indignadas e indignados están, la ciudadanía en general. Pero hay una campaña demasiado grande con complicidad con la prensa amarillista de aquí, que está sacando noticias que no son reales, está desinformando a la gente. Pero en todos los departamentos se están haciendo asambleas, se está repudiando, la gente va a haciendo cosas y se está rechazando.

Este gobierno, por ejemplo, ha lanzado la campaña “Paraguay Soberano” pero mientras habla de soberanía, vacía de contenido, está vendiendo nuestro país a Monsanto, nuestras semillas. Hoy se reúne con los sojeros poderosos de aquí del Paraguay, que están pidiendo a este gobierno golpista la derogación de la ley de seguridad fronteriza.

Ya firmaron un convenio con la fábrica de aluminio canadiense Río Tinto que ahora se va a instalar acá en Paraguay, con subsidios de electricidad, y no sé cuánto por ciento de ganancia tendrá, sin dejar nada acá, más que intoxicación para toda la población. Son empresas que se las estaba atajando, y ahora con este gobierno tienen vía libre de entrar.

Por otro lado, se conformó el Frente en Defensa de la Democracia. Allí están todas las organizaciones, movimientos sociales, partidos de izquierda, el Frente Guazú, y los partidos liberales que no están de acuerdo con el gobierno de Franco, como Laíno y su grupo. También están grupos de Colorados, están todos indignados, están todos en el Frente. Desde allí, realizan acciones, movilizaciones nacionales y contra campaña a la que ellos están haciendo.

Hace unos días se presentó ante la Corte Suprema un recurso de inconstitucionalidad del juicio político, y como van las cosas, creo que el juicio se podría ganar. Denuncian al Estado la inconstitucionalidad y la violación a los derechos humanos a todos los pobladores paraguayos. Pero de lo que estamos seguras es de que es muy difícil que Lugo vuelva al poder. Porque ya no puede borrar con el codo lo que están haciendo, todas las firmas, todas las metidas de estas empresas multinacionales ya no se pueden borrar, pero sí se puede ganar en cuestiones más políticas. Inclusive se habla de cuestiones económicas del estado, también, eso se está trabajando en el Frente.

Mensaje a las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo

Yo les quiero decir a las Madres que están llevando el juicio, que luchemos, que es el pueblo que lucha. No tenemos porqué agachar nuestra cabeza, nosotros y nosotras, que luchamos por nuestra soberanía, contra las invasiones, contra los agrotóxicos. Yo creo que el poder está en nuestras manos, en la conciencia política, van a crear mucha conciencia de la lucha contra los agrotóxicos.

Nosotras acá en CONAMURI, en Paraguay, empezamos un grupo de mujeres, y nadie creyó que íbamos a llegar tan lejos con esto, verdad. Al principio, las organizaciones no tenían en cuenta el tema de la soberanía, ni tampoco la lucha contra los agrotóxicos.

Después cuando nuestra organización comenzó la lucha frontal contra las fumigaciones, ahí empezaron las organizaciones a adherirse, ahora ya tenemos luchas a nivel nacional con todas las organizaciones, inclusive llevamos conjuntamente campañas, como la campaña nacional “Alimento sano, pueblo soberano”.

Creamos la Coordinadora Nacional de Víctimas de los Agrotóxicos, que siempre denunciamos, llevamos adelante. Somos muy reconocidas acá en Paraguay en la lucha contra el agrotóxico, siempre estamos en todas partes denunciando, y nunca nos vamos a cansar de denunciar, defendamos la vida, defendamos nuestra soberanía, defendamos nuestros países.

Necesitamos mucha solidaridad a nivel internacional, con el tema de derechos humanos, porque ahora se viene con todo la persecución del gobierno golpista a las organizaciones campesinas-indígenas, porque sabe bien que han sostenido durante el gobierno de Lugo movilizaciones permanentes, y representa una amenaza también para ellos.

Es inevitable, a partir del testimonio de Alicia Amarilla, pensar que cuando el próximo martes fiscalía, defensores y querellantes expongan sus alegatos en el juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó, estarán sustanciándose las últimas jornadas de un juicio que sienta precedentes históricos. En primer lugar, y en lo inmediato, para nuestro país. Pero también lxs integrantes de la Cámara en lo Criminal No. 1, tendrán sobre sus espaldas una decisión que proyectará sus alcances sobre toda Latinoamérica.

[1] La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991