La crisis económica, las sanciones al país y la hiperinflación atacan de manera constante a las mujeres venezolanas. Se trata de acciones ejercidas por factores tanto internos como externos que pretenden la destrucción de nuestros derechos sociales, económicos y culturales conquistados con las políticas de la revolución bolivariana. Las mujeres veníamos ejerciendo un papel protagónico en las diferentes instancias de organización: comunas, ubch, frentes de mujeres, sindicatos, organizaciones de estudiantes, entre otras, que nos mantenían activas en el debate, en la formación y en el acompañamiento a las diferentes políticas del gobierno. Hoy en día esto ha venido cambiando debido a la situación política que atraviesa Venezuela, un país en crisis, una crisis que podría decirse tiene dos aristas: una externa provocada y otra interna producto de nuestras propias contradicciones.
La externa busca entre tantas cosas la desmovilización total del movimiento popular con múltiples acciones internacionales y políticas que nos discriminan y atacan persistentemente. Una de ellas son las sanciones del gobierno de Trump que amenaza a los países con bloquearlos económicamente si realizan algún acuerdo comercial con Venezuela. Esto en gran medida ha llevado a la crisis en que hoy nos encontramos y que se refleja con fuerza en el sector de la salud, tanto pública como privada, y en la adquisición de los productos de la cesta básica, aun cuando el gobierno suministra alimentos subsidiados a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cuando dentro de sus políticas impulsa el Plan de Parto Humanizado con un presupuesto por encima de los 10mil millones de bolívares para el acompañamiento y apoyo económico a las embarazadas durante la gestación, el parto y los primeros tres meses del nacimiento de sus hijos. Todos estos programas sociales también se ven afectados por la segunda arista interna que tiene que ver con ciertas desviaciones en la ejecución de estas políticas, pues tenemos a la promotora de parto humanizado, tenemos el apoyo económico a través del sistema del carnet de la patria, pero cuando llegamos a los centros de salud pública para dar a luz nos encontramos con una serie de factores como falta de electricidad en la salas de parto, quirófanos fuera de servicio, la falta de insumos médicos en el caso de partos de emergencia y cesáreas. A todo esto le sumamos el descontento de los médicos y medicas por que el salario no les alcanza y no tienen los insumos necesarios para atender a los pacientes y todo esto se empeora con la falta de interés de algunas instituciones del Estado venezolano por defender las políticas públicas como la SUNDDE que es una institución que solo se activa cuando desde la presidencia se anuncia defensa de los precios justos pero que no se logran controlar. Sólo en el año 2016 hubo 756 muertes maternas derivadas de esta situación, lo cual implica una cifra alarmante.
Otro aspecto clave en la derrota de la violencia contra la mujer es la aplicación contundente de la ley por parte de los órganos de justicia, así como la ejecución concreta de políticas públicas dirigidas a la prevención y a la transformación estructural de la sociedad patriarcal. Existe un elevado índice de impunidad en los casos denunciados y este es una de las razones fundamentales para que este flagelo persista.
La atención prioritaria a estas situaciones es una exigencia común de todas las organizaciones de mujeres y a esa exigencia sumamos nuestra voz desde Junt@s-CRBZ.
También está en marcha un movimiento de las mujeres campesinas sin tierras, ocupando tierras ociosas. Se han organizado en consejos campesinos y asentamientos pero injustamente han arremetido algunos sectores del Estado contra ellas, hasta llegar al punto de violación de los derechos humanos de la mujer, pues han sido injustamente encarceladas aun teniendo bebes en edad de lactancia materna, privándolos de su único medio de alimentación. Repudiamos estas acciones y exigimos sean respetados nuestros derechos. ¡No más violencia contra la mujer en el campo!

Las mujeres luchamos contra la violencia intrafamiliar, sexual, laboral, cultural, institucional, inflacionaria, que pone en peligro la vida. La lucha contra la violencia es también la lucha por nuestro derecho a la plena participación, a la elaboración y construcción política, a la autonomía y a la toma de decisión en las instancias del Estado, como lo establece la constitución vigente y el plan de la patria, pero también esta lucha es en los espacios de militancia.
Reconocemos y saludamos las luchas que en otras latitudes llevan nuestras compañeras y movimientos feministas. Estos han hecho aportes importantes a la lucha por la liberación y la dignidad de las mujeres, expresado esto en múltiples corrientes de miradas feministas. Desde la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora y desde los espacios de articulación nacional e internacional en que participamos, seguimos defendiendo la igualdad de género, luchamos por la feminización de los espacios políticos y reclamamos justicia de género. Todo ello es parte de nuestro horizonte estratégico de transformación para una sociedad mucho más justa, mucho más humana.
¡Basta de violencia contra las mujeres!
JUNT@S-CRBZ,
CLOC VC VENEZUELA.
(Negombo ,25 de noviembre de 2018) Nosotras, las campesinas, indígenas y trabajadoras de La Vía Campesina, provenientes de América, África, Europa y Asia, reunidas esta semana en Negombo, Srilanka, para la Reunión Global de Articulación de Mujeres, condenamos unánimemente todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas en todas partes del mundo.
(24 noviembre 2018) Como es de conocimiento, el gobierno de Juan Manuel Santos, en nombre del Estado Colombiano, por una parte, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC (hoy convertidas en partido político legal) firmaron el 24 de Noviembre de 2016, un Acuerdo de Paz para poner fin a un conflicto armado que por más de 50 años había desangrado al pueblo colombiano, dejando profundas secuelas económicas, sociales y políticas, y creando una dolorosa ruptura en el tejido social, en la convivencia y unidad de las familias y la sociedad colombiana.
sidente Iván Duque, quien ha tomado la determinación de imponer prioritariamente la erradicación forzada, y la fumigación por vía aérea con glifosato trayendo graves consecuencias para la salud humana, la flora y la fauna, dándole además, tratamiento militar, penal y judicial a un problema que es eminentemente de carácter social y económico.
Con relación a la Reincorporación de los Excombatientes de las FARC, el acuerdo de paz contempla el compromiso de financiar por cada excombatiente un monto de 12 millones de pesos para proyectos productivos, lo mismo la garantía de construcción y reparación de vías de transporte, y otros servicios básicos como vivienda, salud, formación y educación, obligación que tampoco está cumpliendo el estado colombiano.

El Tercer Comité (Social, Humanitario, y Cultural) de la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de la Declaración sobre los Derechos de lxs Campesinxs y otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales, a través de la
Bolivia, quien presidió este proceso, hizo hincapié sobre la importancia de esta declaración en la realización de sociedades más resistentes, sustentables, e inclusivas.
La aprobación de la declaración en el Tercer Comité fue marcada por algunos debates; pero aun así gozó del apoyo consistente de países de las regiones de África, Asia y América Latina. Algunas reacciones negativas vinieron desde Europa y otras regiones, seguido de la delegación de los Estados Unidos quienes rechazando este texto, el cual buscó expandir los derechos humanos existentes, según ellos la declaración enfocaría los derechos de los campesinos por cima de otros grupos y también porque incluye el concepto de derechos colectivos. Mientras tanto las Naciones Europeas estuvieron divididas en sus respuestas.
Por su lado, Zainal Arifin Fuat, de La Vía Campesina Asia añadió que esta declaración es un paraguas en la lucha de lxs campesinxs. “La declaración reconoce el rol prominente de lxs campesinxs en proveer soluciones a las múltiples crisis que enfrentamos hoy en día – alimentaria, ambiental, social y económica. Lxs campesinxs somos esenciales para la seguridad y la soberanía alimentaria, tanto como para el derecho a la alimentación. particularmente, en los países en desarrollo donde son lxs campesinxs quienes producen hasta el 80% de la comida consumida a nivel local. Esta declaración de la ONU también contribuirá a los esfuerzos de la humanidad a terminar con la pobreza, el hambre y a cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. En la Asia creemos que, si nuestros derechos son reconocidos y mejor protegidos, la gente tendrá mas probabilidad de desarrollo en las áreas rurales, para así evitar la migración rural – urbana que crea innumerables otros problemas.”







