Los pobladores del Sur de Bolívar estamos siendo víctimas de una de las más feroces arremetidas, nosotros y nosotras, que vivimos de nuestro trabajo, que trabajamos a diario para darle el sustento a nuestras familias estamos siendo exterminados.
Nos atacan porque vivimos en un territorio rico en oro, nos atacan porque nuestra tierra sirve para producir palma de aceite, nos atacan porque en nuestro territorio estamos construyendo vida y autonomía. Y este territorio es ambicionado desde hace mucho por empresas transnacionales del oro y de la agroindustria.
Durante lo Que va corrido de 2011 en nuestra región se han cometido más de 30 asesinatos, casi todos ellos por parte de los paramilitares que nos están cercando; algunos de esos asesinatos han sido responsabilidad de los grupos guerrilleros que tienen presencia en la región y todos, absolutamente todos esos crímenes, han sido cometidos con la complicidad de la Fuerza Pública que está asentada en los diferentes sectores y cuya presencia es cada vez más numerosa.
También estamos siendo amenazados, hostigados, señalados y aterrorizados. Mientras los paramilitares en macabra alianza con la fuerza pública e incluso con algunas organizaciones insurgentes, Según se comenta en la región; hacen y deshacen en nuestro territorio, las autoridades civiles se hacen los que no saben, no ven y no oyen nada..
Nos están rodeando los grupos de criminales, nuestra región está cercada, la ubicación de las bases de paramilitares es conocida públicamente, las “oficinas” desde donde atienden en los cascos urbanos también, pero ni la mayoría de alcaldes, ni la gobernación, ni el gobierno nacional atienden nuestro llamado para que actúen en defensa de nuestra vida y nuestra integridad.
Pero no solo nos presionan por la vía de las armas. Históricamente nos han negado el acceso a servicios básicos como energía, agua, alcantarillados, educación y vivienda dignas; también han intentado despojarnos a través de normas tremendamente dañinas para nosotros como el Código de Minas que cada vez que lo reforman es más agresivo con los pequeños mineros; la absoluta indiferencia de las autoridades ante el gravísimo e irreparable daño ambiental que están causando las máquinas retroexcavadoras a nuestras fuentes de agua, humedales y ciénagas es otra forma de agredirnos y expulsarnos; así mismo hoy quieren imponer a la fuerza la declaratoria de Parque Natural Nacional como una manera de sacarnos por la vía legal de nuestra tierra destruyendo la economía que nos permite el sustento diario.
Hemos insistido ante el gobierno nacional para que retomemos la Mesa de Interlocución que es un espacio de discusión entre el gobierno y comunidades, desde el año 2005. Donde nosotros como comunidades hemos venido planteando nuestros proyectos de vida y nuestras propuestas de permanencia en el territorio. Sin embargo aun que desde hace más de dos años venimos insistiendo en retomar este espacio que fue suspendido unilateralmente por el gobierno anterior, solo recibimos respuestas evasivas y dilaciones que parecen convertirse en actitudes cómplices con los criminales que nos atacan.
Hoy estamos aquí reunidos pacíficamente 400 campesinos y mineros, hombres, mujeres y niños que exigimos el respeto a la vida y que luchamos por no ser despojados de nuestro territorio. Además le estamos exigiendo al gobierno, una vez más, que se convoque de manera urgente la Mesa de Interlocución. Si no somos atendidos, tendremos que recurrir a acciones más concurridas y más contundentes.