20 de junio de 2014
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), se dirige a la opinión pública nacional e internacional, en relación a las denuncias publicadas por el diario ABC Color y presentadas por el Indert –Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra– ante la Fiscalía, en lo que afectan el nombre de nuestra organización, para manifestar cuanto sigue:
Conamuri desarrolló a fines de 2011 y principios de 2012 un proyecto de soberanía alimentaria aprobado por el Fides –Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible–, dependencia del Indert. El monto total fue entregado en dos etapas: la primera de 108.150.600 Gs y la segunda de 72.100.400 Gs, totalizando 180.251.000 G. El objetivo de este convenio firmado por Conamuri y el Indert consistía en la implementación de huertas agroecológicas comunitarias, potenciar la asistencia técnica, beneficiar a todas las socias y los socios de los comités seleccionados y encarar un compromiso colectivo de promoción de la agroecología en las fincas campesinas e indígenas.
Todas las entregas de herramientas, semillas y equipamiento básico fueron acompañadas por charlas informativas y capacitación técnica, coordinadas por nuestro técnico agroecólogo, la Dirección Nacional y estudiantes de agroecología de nuestra organización.
El proyecto original planteaba alcanzar a 2.000 familias asociadas, tanto de comunidades campesinas como indígenas, pero nos habían concedido un convenio que contemplaba solamente a 242 mujeres. Nosotras hemos alcanzado a más de 450 familias, multiplicando los recursos recibidos, rendidos hasta el día de hoy, gracias al tesonero trabajo que realizamos entre todas. Fueron beneficiados 25 comités de 11 departamentos en ambas regiones, más Semilla Róga, que es un proyecto de carácter nacional. Al día de hoy, todos los comités cuentan con su huerta comunitaria en funcionamiento.
Por otra parte, el monto asignado a Conamuri por el Fides demuestra un alto grado de discriminación estatal hacia las mujeres, si se compara con lo otorgado a otras organizaciones campesinas. El Estado no reconoce nuestra identidad como agricultoras más allá de lo que aguantan los papeles y el discurso.
Todos los documentos probatorios se hallan en Contraloría y con copia en la Gerencia de Administración y Finanzas del Indert. Así también, contamos con una nota N° 88/12 firmada el 1 de octubre de 2012 por el entonces encargado de la Gerencia de Administración y Finanzas del Indert, Lic. Arturo Iván Bogado Miranda, y solicitada por nuestra organización, que es una constancia institucional de cumplimiento de rendición de cuentas, según la cual: “El Departamento de Control y Seguimiento informa que dicha entidad ha dado cumplimiento a la rendición de cuentas, no presentando ninguna observación”.
Es bueno señalar también que el proyecto era a nivel nacional y no estaba dirigido solamente al distrito de Jasy Kañy –Canindeyú–, donde sí hubo una comunidad beneficiada, pero a la que no llegaron los interventores. Evidentemente, la tergiversación de la información pretende afectar nuestra reputación y crédito ante las bases, pasando informaciones falsas.
Hemos presentado un informe respecto de los cambios realizados en el proyecto original y la ejecución final del mismo. Si hubiera faltado algún documento, si hubiera dudas respecto al proceder nos lo hubieran consultado o hubieran tomado las medidas pertinentes a través de Contraloría General de la República y la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde se encuentran nuestros informes desde un principio.
Consideramos que este agravio al buen nombre de nuestra organización forma parte de un nuevo frente de ataque para criminalizar a los movimientos campesinos e indígenas que venimos luchando por el derecho a la tierra y el territorio y el derecho a una alimentación adecuada, en el marco de la soberanía alimentaria.
Nos parece una actitud irresponsable y malintencionada por parte del Indert permitir que nos enteráramos de esta grave denuncia a través de la prensa, sin brindar oportunidad de aclaraciones previas. Consideramos que lo que corresponde ante una situación similar es correr traslado a la parte afectada, cosa que no ocurrió tras finalizar la supuesta investigación interna. Nuestras bases han sido interpeladas bajo tres gestiones administrativas diferentes, no siendo suficientes hasta el día de hoy.
Denunciamos que una campaña de persecución a los movimientos campesinos e indígenas se puso en marcha desde los primeros días del régimen de Horacio Cartes, con un discurso engañoso de lucha contra la pobreza y la exaltación de la APP (ley de alianza público-privada) desde la que aborda su programa de “inclusión social”. Efectivamente, ambas están moldeadas para no dar soluciones definitivas a la gran mayoría de paraguayas y paraguayos, sino que, antes bien, se pretende abrir nuevos rumbos comerciales y “cartas de oferta” a las corporaciones transnacionales y empresas privadas nacionales para lucrar a costa de las necesidades sociales.
En ese sentido, el gobierno está apuntando sus dardos contra las organizaciones sociales para desprestigiarlas ante la sociedad, porque la imagen también es poder. Durante toda la transición democrática, organizaciones campesinas e indígenas han sabido dar satisfacción a duras penas a las demandas de miles de familias paraguayas que no han encontrado en el Estado respuesta a sus reclamos.
El Indert, en vez de ocuparse de la recuperación de tierras malhabidas –que son alrededor de 7 millones de hectáreas–; en vez de cumplir sus funciones en lo que respecta al Caso Curuguaty o Caso Barbero, por citar solo algunos de los más emblemáticos; en vez de respaldar la legalización masiva de asentamientos campesinos para el fomento del arraigo rural, desalentando así la extensión del agronegocio, se pone a calumniar a las organizaciones sociales, lo que constituye otra forma de perseguirlas, actitud “en tono” con las políticas del gobierno empresarial de Cartes.
Exigimos a las autoridades del Indert que se retracten de las acusaciones contra nuestra organización, ya que contamos con todos los elementos probatorios que demuestran nuestra honestidad en las acciones. Conamuri es una organización que lleva casi 15 años de trayectoria, referente del movimiento de mujeres campesinas e indígenas a nivel nacional e internacional, y fortalecida por bases que avalan nuestra lucha por un mundo más justo y humanitario.
¡Basta de criminalizar la lucha social!