18 de julio de 2016
En la mañana de este lunes, el tribunal que entiende en el juicio oral por la masacre de Curuguaty dispuso el final del proceso judicial a través de la lectura íntegra de la sentencia.
Se consuma de esta manera el montaje que se originó con el desalojo de unos 60 ocupantes de tierras públicas en Curuguaty, departamento de Canindeyú, donde resultaron muertos 11 campesinos y 6 policías el 15 de junio de 2012, en una masacre sin precedentes en la historia paraguaya que dio lugar a la destitución de Fernando Lugo, presidente democráticamente electo, y el retorno al poder del Partido Colorado, de la mano del empresario Horacio Cartes, poco más de un año después.
Unas 500 personas, entre individualidades y colectivos solidarios, acompañaron a las víctimas y sus familiares, muchas de ellas apostadas bajo carpas en la explanada del Poder Judicial desde la semana pasada, días antes de que se concretara la lectura de la parte resolutiva de la sentencia, el pasado 11 de julio. A partir de ese entonces, algunos familiares de los acusados y actualmente condenados tomaron la decisión de encadenarse como medida de protesta.
Para el día de hoy, el Ministro del Interior ordenó la presencia de al menos 1.500 efectivos policiales y un gran despliegue de seguridad que incluía carros hidrantes y francotiradores, con el afán de amedrentar a los manifestantes y espantar cualquier adhesión de la ciudadanía que quisiera acercarse al lugar y solidarizarse con la causa. En el marco del operativo policial, fueron detenidos este mediodía 6 jóvenes por no portar documentos de identidad y a uno de ellos se le colocó un destornillador en la mochila para justificar la aprehensión; todos fueron derivados a una comisaría de Asunción con riesgo de ser imputados.
Se selló la farsa
La lectura completa de la sentencia se realizó frente al Poder Judicial en el barrio Sajonia, a campo abierto y con pantalla gigante, además de ser transmitida vía online por el canal de la Corte Suprema de Justicia. En medio de mucha indignación de las personas presentes en el lugar, se llevó a cabo dicho formalismo por parte de funcionarios judiciales, lo cual se extendió hasta por 4 horas, con escasos recesos.
A medida que los actuarios hojeaban el documento, la impotencia y la rabia se apoderaban de la gente, quienes en un momento abandonaron el escenario dirigiéndose en marcha para copar el micro-centro asunceno, incinerando neumáticos en la calle, para luego retornar a la plaza.
La sentencia judicial hace eco, incluso en algunas líneas con una precisión de ”copy-paste”, de los alegatos finales expuestos por los tres agentes del Ministerio Público, quienes desde un principio asumieron el papel de querellantes y se aferraron a las teorías maquinadas por el ahora Viceministro de Seguridad Interna, Jalil Rachid, fiscal del caso en la etapa investigativa.
Así, según se desprende de los argumentos para sustentar las resoluciones del dictamen, los campesinos tenían el ánimo de ocupar las tierras pertenecientes a la familia Riquelme y con violencia y clandestinidad se instalaron en el inmueble y urdieron un plan para matar a policías en caso de que se procediera a un intento de desalojo. Sin embargo, lo cierto y lo concreto es que durante todo el desarrollo del juicio, no se ha podido probar fehacientemente la responsabilidad de ninguno de los acusados en el proceso, ya que ni las evidencias ni otros medios probatorios han sido lo suficientemente indudables como para dictaminar la pena de privación de libertad de los 11 campesinos sin tierra acusados.
Los hechos punibles que se les atribuyen a los campesinos y campesinas, considerados presos políticos de la Reforma Agraria en el Paraguay, son: invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso. El pasado 11 de julio, el dirigente campesino, Rubén Villalba, fue condenado a 30 años de prisión más 5 de seguridad. Luis Olmedo recibió 20 años; Arnaldo Quintana y Néstor Castro, 18 años. Lucía Agüero, Fanny Olmedo y Dolores López, 6 años; en tanto que Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, Felipe Benítez y Adalberto Castro obtuvieron 4 años de pena carcelaria, que se equipara al tiempo de reclusión preventiva, por lo que actualmente se encuentran en libertad.
Los abogados de la defensa anunciaron que apelarán el fallo judicial y agotarán todas las instancias internas. En caso de necesidad, recurrirán a estadios internacionales.
Vea también: ”10 Argumentos que ponen en duda la sentencia del Caso Curuguaty” (en #Latitud25) https://www.youtube.com/watch?v=zx79-lqMLeI