Desde la CLOC-Vía Campesina Paraguay denunciamos una vez más el atropello perpetrado por el gobierno de Horacio Cartes contra familias campesinas empobrecidas y desamparadas de Guahory –distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú–, quienes en la madrugada de hoy, 27 de diciembre, fueron víctimas de otro desalojo violento a cargo de las fuerzas del orden y de civiles al servicio de los ciudadanos extranjeros que están cultivando soja transgénica en el lugar.
Con esta acción se comprueban las intenciones del gobierno de turno, en la medida en que se responde a los reclamos sociales con represión y aún más violencia, incurriendo en violaciones de derechos humanos que tienen como punto de partida el derecho del acceso a la tierra y la alimentación.
Tanta injusticia y abandono por parte del Estado paraguayo a las comunidades campesinas e indígenas se reflejan en Guahory como resultado de la falta de voluntad política para solucionar los conflictos de tierra. La reubicación planteada por el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) no tiene en cuenta elementos imprescindibles para el bienestar de las familias afectadas, como lo son el arraigo y el respeto a las formas de vida establecidas por el colectivo social.
Además, si la reubicación es tomada en cuenta como una salida institucional para resolver el conflicto pacíficamente, ¿por qué no son reubicados los empresarios del agronegocio que disputan las tierras campesinas? Los sojeros, que no son sujetos de la Reforma Agraria, se apropian de tierras estatales porque las autoridades otorgan prioridad a sus intereses.
Hay que resaltar que el Estado paraguayo ya tiene dos observaciones de la ONU en cuanto a la desigualdad generada por la mala distribución de la tierra y la poca atención al derecho a la alimentación. La relatora especial de este organismo internacional, quien visitó nuestro país en noviembre pasado, denunció que solo el 6% de la tierra agrícola está disponible para la producción nacional de alimentos, mientras que el 94% se utiliza para cultivos de exportación.
Las comunidades campesinas e indígenas queremos seguir produciendo alimentación sana para la subsistencia y para el mercado local, en tanto que el agronegocio globalizado pretende el saqueo de los bienes públicos, el acaparamiento de las tierras, la expulsión de los asentamientos humanos y la destrucción de la biodiversidad con tal de seguir acumulando capitales.
El gobierno paraguayo encabezado por el tabacalero Horacio Cartes ignora que la lucha por la tierra emprendida por la clase trabajadora del campo tiene un largo camino recorrido y que la instalación de la Reforma Agraria sigue siendo nuestra brújula orientadora.
Nos indigna la actitud prepotente de este régimen que se da el lujo de vetar el presupuesto general de gastos y recortar varios beneficios sociales que hablan de las conquistas del pueblo trabajador. Sumado a los innumerables desalojos, las presas y presos políticos y persecución a luchadores sociales que se han dado en los últimos tiempos, el gobierno actual acentúa su carácter autoritario de una forma que debe llevarnos a la reflexión y a la acción concreta.
Hacemos un llamado a las articulaciones y organizaciones internacionales solidarias para informarse acerca de la situación de los derechos humanos en el Paraguay, particularmente sobre el caso Guahory, en el que se conjugan la violencia institucional, la impunidad que genera el dinero y el desprecio de las autoridades hacia las comunidades vulnerables cuando debería ser todo lo contrario.
¡Reforma Agraria urgente y necesaria!
Guahory, pueblo paraguayo mba’e!
Asunción, 27 de diciembre de 2016