Se calcula que existen alrededor de 300 mil familias campesinas sin tierras. A esto hay que sumar las que son víctimas de desalojos violentos y fumigaciones con agrotóxicos, que significan también una forma de expulsión. El campesinado sin tierra no puede producir alimentos para autoconsumo ni para renta; esta situación explica el alto costo de hortalizas y frutas que deben ser importadas a falta de políticas públicas que hagan posible la Reforma Agraria y el apoyo a la Agricultura Campesina.
Si bien es cierto que la soja es el principal producto de la exportación, con el 55 % de los ingresos por exportación, y representa el 12 % del PIB nacional, según datos de la Cámara Paraguaya de Comercializadores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), nada de lo que produce se ve reflejado en la distribución de riquezas en nuestro país. Pretenden sostenerse con discursos engañosos, mentirosos, en este contexto de no impuesto a la soja.
En los últimos 15 años (2000-2015) el cultivo de soja ascendió de 2,6 millones de hectáreas en 2008 a 3,3 millones en la actualidad, pasando a ocupar el 60 % de la superficie total destinada a la agricultura. Los cultivos de productos para exportación, como soja, maíz, trigo, arroz y caña de azúcar, ocuparon el 92 % de la superficie de tierras cultivables entre el 2012 y 2013, y solo el 8 % para producción de alimentos para consumo interno.
Entonces, ¿quiénes están matando al campo realmente? Es claro que el impuesto a la exportación de granos de soja sería una cuestión de justicia tributaria, esto si pensamos en términos de distribución equitativa de impuestos, pero considerando el modelo agroexportador y del agronegocio, vamos a seguir perdiendo territorio y soberanía porque se producen granos con el objetivo de exportarlos.
La realidad del campo es que todos los días las comunidades que aún resisten son fumigadas, asediadas por los agrotóxicos. Entre agosto de 2015 y julio de 2016 se utilizaron en el campo un total de 37.848.932 kilos de agrotóxicos; es decir: veneno, ya sea en su presentación herbicida, fungicida o insecticida. A esto se suman las deforestaciones masivas para el cultivo de soja.
Entonces, ¿de qué desarrollo nos hablan, de que pérdidas nos hablan los defensores del NO al impuesto a la soja? Sin dudas, defienden intereses de unos pocos exportadores de granos. En el 2015, se registraron unas 45 empresas, entre ellas las grandes exportadoras: Cargill (1.451millones), ADM (678 millones) y la firma francesa Merco SA (8295 millones). Datos de este tipo podemos encontrarlas en recientes investigaciones como el libro “Yvy jára: Los dueños de la tierra en Paraguay”, publicado por Oxfam, y “Campesino Rape”, de Luis Rojas (Base IS).
Hablamos sobre datos concretos de lo que campesinas y campesinos venimos denunciando históricamente, la situación del campo es grave por la aguda descampesinización generada por el acaparamiento de tierras para la producción de transgénicos, principalmente la soja, que ni siquiera paga impuesto como lo hacemos todas y todos al comprar nuestros alimentos o pagando el IVA. La desigualdad está a la vista.