Autor: clocvc

1 de marzo de 2016

Se encuentra en etapa de Información el proceso de Consulta Previa del reglamento de la Ley de Lenguas Indígenas u Originarias, ley N°29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento, y difusión de las lenguas originarias del Perú.

El Estado, a través del Ministerio de Cultura, ha iniciado este proceso para recoger las observaciones y aportes de los pueblos indígenas sobre el reglamento que ha propuesto para esta Ley. Por ser representantiva de pueblos indígenas y originarios asentados en el país, la Confederación Nacional Agraria – CNA es una de las siete organizaciones nacionales que están siendo consultadas.

Entrevista a Gerardo García, funcionario de la Dirección de Lenguas del Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura. (con traducción al Quechua y al Aymara).

Es así que por estos días se está realizando los talleres informativos macroregionales en las ciudades de Cusco (25 y 26 de febrero) e Iquitos (01 y 02 de marzo). En el primero participó el dirigente nacional David Ureta, así como líderes y lideresas de las bases de Puno, Arequipa, Madre de Dios, Cusco y Moquegua; y en el segundo está presente Antolín Huáscar, presidente de CNA, junto a los representantes de bases de Amazonas, San Martín, Ucayali, Lambayeque y Loreto.

Reivindicar los derechos lingüísticos

Según cifras oficiales, 55 pueblos indígenas viven en territorio nacional y son ellos los que mantienen vivas a 47 lenguas originarias (4 andinas y 43 amazónicas). Sin embargo, según los mismos reportes, muchas de ellas corren peligro de extinguirse y hasta el momento otras 37 ya desaparecieron.

En entrevista colectiva realizada en Cusco por comunicadores radiales de CNA, Gerardo García, miembro de la Dirección de Lenguas del Ministerio de Cultura, precisó lo valioso que es para el Estado que a través de la Consulta Previa se establezca la ruta de cómo se deben ejercer los derechos lingüísticos de la población peruana.

El funcionario expresa que la propuesta de reglamento del Ministerio considera aspectos claves para la implementación de los derechos lingüísticos como brindar servicios públicos en lenguas originarias o la creación del programa Lenguas Vivas para la recuperación de lenguas en riesgo de desaparecer.

Otro punto a desatacar dentro de la propuesta es la inclusión de la enseñanza de lenguas originarias en los niveles de educación básica regular y educación superior. Así como acreditar el dominio de las mismas a las personas que deseen obtener certificación para su desempeño académico o profesional.

La CNA, a través del dirigente nacional, David Ureta, expresó la importancia de que el reglamento sea puesto a Consulta Previa pues se trata de reivindicar la lengua y su cultura a través de derechos como la participación y la consulta. Detalla que este proceso de formalización impulsado por el Estado, ya encuentra a los pueblos indígenas orgullosos y predispuestos a defender y prevalecer su riqueza cultural a través del uso de sus propias lenguas.

Después de la jornada en Iquitos viene la etapa de Evaluación Interna, donde las organizaciones autónomamente ordenarán sus observaciones y aportes para luego entrar a la etapa de Diálogo.

29 de febrero de 2016

Cerca de 100 comunicadoras y comunicadores populares de 24 países del continente nos encontramos del 24 al 28 de febrero en las instalaciones del centro Simón Rodríguez en Venezuela. Resulta un hecho trascendental y estratégico que podamos reunirnos más de 80 organizaciones sociales y populares con el objetivo de reflexionar y proyectar las acciones comunicativas en la actual coyuntura continental.

Esta iniciativa forma parte de la agenda política de la Articulación de ALBA Movimientos que es la expresión del compromiso de los pueblos de seguir empujando el legado del Comandante Hugo Chávez en la senda de una nueva geopolítica mundial que favorezca la construcción de un modelo de sociedad alternativo al orden hegemónico del capital.

Realizamos un análisis de coyuntura continental en el que reflexionamos respecto a la ofensiva imperial que se inscribe en una crisis civilizatoria del capitalismo, asentada en una profundización de las políticas extractivistas y que favorecen lógicas depredadoras. Los poderosos han tomado una iniciativa nucleada para lograr que los pueblos paguemos la crisis. Frente a esa avanzada nos paramos firmes y decimos que vamos por más, que llegó la hora de reactivar la llama que se avivó en nuestras tierras en las últimas décadas y que se tradujo en cambios políticos que venimos analizando con rigor militante.

Entendemos que los proyectos neodesarrollistas y reformistas han mostrado sus limites y han dejado al desnudo su inviabilidad. Por otro lado, creemos que las propuestas que vienen apostando por una transformación de fondo deben radicalizar su talante democrático, trascendiendo incluso el enorme avance de los procesos constituyentes y profundizando el protagonismo popular.

En esta coyuntura, desde el punto de vista comunicacional las grandes transnacionales de la información vienen imponiendo el terrorismo mediático, el discurso único y la construcción del miedo. Frente a esto, debemos integrarnos más, fomentar la unidad del campo popular, formarnos, multiplicar las capacidades, pensar y gestionar una comunicación articulada para disputar espacios, discursos, generar matrices de opinión que contrarresten los embates de la derecha.

Tenemos que fomentar la movilización popular para la lucha continental, fundamentada en el acumulado histórico desde nuestros pueblos originarios. Es preciso superar este escenario a partir de un proyecto anclado en la participación popular, la unidad, la integración, la solidaridad, la esperanza y la construcción desde abajo y a la izquierda. Es hora de apostar por una alternativa que garantice la reproducción de la vida de las mayorias trabajadoras del continente, que camine hacia un horizonte socialista.

Reafirmamos nuestra apuesta por una comunicación contra-hegemónica, comprometida con las luchas populares y la integración de nuestros pueblos. Reflexionamos, además, sobre la necesidad de pensar estrategias comunicativas que logren un mayor impacto y eficacia ante el complejo escenario que atraviesa la región.

En el 2016 una de las máximas expresiones de esta lucha es la que libra el pueblo y gobierno venezolano, al cual queremos expresar nuestra más clara y profunda solidaridad frente a los ataques de la derecha continental. Para los movimientos sociales y populares, la revolución bolivariana significa una gran referencia de democracia no solo electoral sino participativa y de garantía de derechos humanos e inclusión de las mayorías. Nos parece clave que se profundicen y visibilicen los procesos comunales y de auto-gobierno, que son la base fundamental de la construcción del socialismo bolivariano.

Expresamos nuestra solidaridad con las luchas del pueblo de Argentina ante la ofensiva neoliberal, así como sumamos nuestras voces a la exigencia de soberanía de las islas Malvinas. Reconocemos el traspié electoral que sufrió el proceso de cambio en Bolivia pero estamos convencidas y convencidos de que no es una derrota definitiva sino parte de las complejidades en la construcción democrática de un proceso que escucha al pueblo. Reafirmamos, además, nuestro apoyo al reclamo de la salida soberana al mar del pueblo boliviano. En tanto, demandamos en el marco de la revolución ciudadana del Ecuador que se amplíe el diálogo con las organizaciones sociales; y suscribimos la demanda hacia la transnacional Chevron frente a su contaminación en la Amazonía.

Exigimos la salida de las tropas de la ONU de Haití y que se respete la autodeterminación de su pueblo.

Denunciamos la criminalización de la protesta y la persecución a las comunicadoras y comunicadores en América Latina y exigimos la democratización de la comunicación como un derecho humano.

Nos comprometemos a seguir visibilizando y siendo parte de las luchas anti-patriarcales, por la igualdad de genero, el respeto a la sexodiversidad y contra toda forma de violencia y dominación hacia las mujeres.

Rechazamos el avance del agronegocio en nuestros territorios a través de sus modos de producción explotadores y los desalojos a familias campesinas, y ratificamos nuestra apuesta a seguir desarrollando la soberanía alimentaria y la agroecología como alternativa viable para la alimentación de nuestros pueblos y el respeto a la Madre Tierra.

Decimos que no puede existir paz en Colombia sin justicia social y sin la participación de los movimientos sociales y populares.

Consideramos que es un contrasentido la visita de Barack Obama a Cuba sin que se hayan eliminado el bloqueo económico y la base naval de Guantánamo y se mantenga el objetivo de aniquilar a la revolución cubana, que sigue siendo para nosotras y nosotros un referente del socialismo en el continente. De igual manera consideramos como una provocación su presencia en Argentina apoyando al gobierno de Mauricio Macri justo en la fecha que se conmemoran 40 años del inicio de la ultima dictadura civico-militar.

No olvidamos los golpes en Honduras y Paraguay, que ensayaron formas antidemocráticas de restauración conservadora que podrían replicarse en otros países latinoamericanos.

Proponemos a los presidentes del ALBA-TCP potenciar el diálogo, la integración y la solidaridad con los movimientos sociales y populares del ALBA Movimientos, que pudiera materializarse en un encuentro que nos articule para enfrentar de conjunto esta compleja coyuntura. Instamos a que en la agenda política de estos gobiernos se incorpore el tema de la comunicación para avanzar en los procesos de integración y construcción popular.

Desde el ALBA Movimientos seguiremos en lucha por una comunicación popular, participativa, democratica y emancipadora.

Unidad, lucha, batalla y victoria
¡Chávez vive¡ !La lucha sigue!

Venezuela, 28 de febrero de 2016

27 de febrero de 2016

El Movimiento de los Pequeños Agricultores, MPA, manifiesta repudio total a la aprobación del Proyecto de Ley 2016/15, Ley Antiterrorismo, de autoría del Ejecutivo y votada por la Cámara de Diputados el pasado miércoles 24, que tipifica el crimen de terrorismo. Ley aprobada en régimen de urgencia, sin ninguna discusión con la sociedad, y que funcionará más como un instrumento de criminalización de los movimientos populares

El PL 2016/15 prevé la prevención y castigo de crímenes de terror, sólo que de forma más rígida – recuerda mucho las acciones militares del 1964 a 1985, las alteraciones afectarán las manifestaciones políticas, culturales, sociales y populares.

El MPA entiende que este es un ataque a la democracia, pues restringe el derecho del pueblo brasilero a manifestarse, usando de argumento el terrorismo como excusa para restringir el espacio democrático para realizar manifestaciones.

El MPA comprende que además de un retroceso el proyecto de ley, criminaliza de forma irrestricta a los movimientos populares que luchan de forma legítima por derechos sociales, con la justificación de defender al Brasil, ya que encuadra las movilizaciones como acciones de grupos terroristas, dejando en las manos de delegados y promotores la decisión de decidir si tal conducta es o no es una acción terrorista o de un movimiento social

El concepto de terrorismo sirve a los intereses de diferentes grupos de poder, variando conforme a los cambios políticos y económicos. Es sabido que las luchas y manifestaciones de diversos movimientos sociales son causadas por motivos ideológicos y políticos, lo que, ciertamente, es ampliamente resguardado por nuestra Constitución.

El MPA entiende que el combate al terrorismo propiamente dicho no es una necesidad brasilera, ya que, destrucciones, homicidio, el uso de explosivos, etc., ya son crímenes en Brasil, y por eso reafirmamos la necesidad de continuar en las trincheras de lucha y continuamos defendiendo el derecho a las manifestaciones populares y sociales, y, Exigimos que la Presidenta Dilma vete la Ley 2016/2015 que nada le agrega al pueblo brasilero.

Movimiento de los Pequeños Agricultores – MPA, 26 de febrero de 2016.

27 de fevereiro de 2016

O Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, vem a público manifestar total repúdio à aprovação do Projeto de Lei 2016/15, Lei Antiterrorismo, de autoria do Executivo e votada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (24), que tipifica o crime de terrorismo. Lei essa aprovada em regime de urgência, sem qualquer discussão com a sociedade, e que a irá funcionar como mais um instrumento de criminalização dos movimentos populares.

O PL 2016/15 prevê a prevenção e punição de crimes de terror, só que de forma mais rígida – lembra em muito as ações militares de 1964 a 1985, as alterações atingirá as manifestações políticas, culturais, sociais e populares.

O MPA compreende ser este um ataque à democracia, pois restringe o direito do povo brasileiro a manifestar-se, usando do argumento de terrorismo como desculpa para restringir o espaço democrático de realizar manifestações.

O MPA compreende que além de um retrocesso o projeto de lei, criminaliza de forma irrestrita aos movimentos populares que lutam de forma legitima por direitos sociais, sob a justificativa de defender o Brasil. Pois, enquadra as mobilizações como ações de grupos terroristas, deixando nas mãos de delegados e promotores essa decisão de dizer se tal conduta é ou não ação terrorista ou de um movimento social.

O conceito de terrorismo serve aos interesses de diferentes grupos de poder, variando conforme as mudanças políticas e econômicas. É sabido que as lutas e manifestações de diversos movimentos sociais são causadas por motivos ideológicos e políticos, o que, certamente, é amplamente resguardado pela nossa Constituição.

O MPA compreende que o combate ao terrorismo propriamente dito não é uma necessidade brasileira, já que, depredações, homicídio, o uso de explosivos, etc., já são crimes no Brasil, e por isso reafirmamos a necessidade de continuar nas trincheiras de lutas e continuamos defendendo o direito de manifestações populares e sociais, e, Exigimos que a Presidenta Dilma Vete essa Lei 2016/2015 que nada agrega para o povo brasileiro.

Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, 26 de fevereiro de 2016.

27 de febrero de 2016

Ante las declaraciones del ministro del Interior De Vargas y representantes de la ARP, en la fecha de ayer, sobre el desalojo del Asentamiento 1ro. De Marzo – Joaju, desde la organización de Lucha por la Tierra-OLT nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:

Primeramente llamamos la atención sobre la independencia de las instituciones del Estado y representates gubernamentales, de las Empresas privadas con intereses particulares, teniendo en cuenta que la ARP llamó a una «cumbre de seguridad» para dar directrices al Ministerio del Interior, una institución que debe velar por los intereses de toda la ciudadanía, no solo de esos pocos asociados de la ARP.

Desde la organización denunciamos la mala intención y desinformación por parte del Ministro al tratar de delincuentes a 320 familias sin tierras del Asentamiento 1ro. De marzo-Joaju, cuando que estas familias sin tierras vienen gestionando ante el INDERT y el Parlamento desde finales del 2011 para el acceso a un pedazo de tierra y existe un expediente de más de 400 fojas que respaldan esa gestión.

Asimismo, quieren acusar de deforestadores a estas familias campesinas, que actualmente cuentan con más de 1000 has. de producción de autoconsumo, que sumando 330 familias con 4 has. de producción de alimentos y renta, llegan a más de 1300 has., por lo que la acusación es infundada y de mala intención. Sobre todo cuando al día se ven informaciones en los medios de comunicación, sobre la cantidad de miles de has. que se deforesta en el Chaco para instalar ganadería y otros agronegocios, o si se llevara en cuenta los 3. 500.000 has. de cultivos de soja, donde no se logran ver ni un arbolito en el medio; sin embargo no se llama a cumbre a seguridad o el Ministro no interviene de oficio para preservar la salud y los derechos de toda la ciudadanía.

Ante las expresiones del ministro de Vargas, «..se debe trabajar de forma previa, .. sobre los autores intelectuales, recabando la actividad ilícita que sustenta económicamente a estos delincuentes, para luego hacer un operativo sin violencia»; SOSTENEMOS que los únicos delincuentes y autores intelectuales de hechos delictivos en Paraguay, son los empresarios que se apropiaron de manera ilegal de las tierras del Estado, y que fuera denunciado a partir del Informe de la Comisión de Verdad y Justicia, entidad gubernamental, quienes documentaron más de 7.500.000 has. de casos de tierras mal adjudicados o malhabidos.

Asimismo, el representante de la ARP que expresa «…que en circunstancias en las que el país se encuentra en una situación privilegiada en el desarrollo de los agronegocios, sería una mala política no cuidar la coyuntura que traerá beneficios para toda la población»; desde la organización denunciamos que, este argumento es engañoso teniendo en cuenta que con el avance del agronegocio ha crecido la pobreza en el campo y en la ciudad, teniendo en cuenta el aumento de los cinturones de pobreza a la par del avance de la soja, por la expulsión permanente de familias campesinas e indígenas. La desigualdad que trae el agronegocio no es solamente en cuanto a la tenencia de tierra (85,6 % de tierras en manos del 2 % de propietarios), sino además ha aumentado el desempleo rural y urbano, la mal nutrición, el hambre, etc. mientras que el 10 % de la población ostenta el 90 % de la riqueza.

Recordamos al Ministerio Público y al Ministerio del Interior como organismos estatales de sus compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos, específicamente lo establecido en el Art. 11, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que reza: «Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento».

Además resaltamos sobre las Observaciones Generales del Comité Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales del 16º período de sesiones (1997). Observación general Nº 7

El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos

En su Observación general Nº 4 (1991) el Comité señaló que todas las personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. Llegó a la conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto. Habiendo examinado un número considerable de informes sobre desalojos forzosos en los últimos años, incluso de casos en que se ha comprobado que los Estados Partes no cumplían sus obligaciones, el Comité está en condiciones de ofrecer nuevas aclaraciones sobre las consecuencias de esas prácticas para las obligaciones enunciadas en el Pacto.

La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la cuestión de los desalojos forzosos es grave. En 1976, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos señaló que debería prestarse especial atención a «iniciar operaciones importantes de evacuación sólo cuando las medidas de conservación y de rehabilitación no sean viables y se adopten medidas de reubicación». En 1988, en la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su resolución 43/181, se reconoció la «obligación fundamental [de los gobiernos] de proteger y mejorar las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos».

Responsabilizamos al Gobierno de Horacio Cartes, a través de su Ministro del Interior de difundir mentiras, con sus declaraciones públicas realizadas, donde sugiere que organizaciones promueven la violencia y manipulan a campesinos, campesinas, o que existen sectores políticos detrás.

La OLT no manipula ni deja ser manipulada por nadie, y desde hace 23 años lucha por la Reforma Agraria Integral, la democratización de la tierra, el fortalecimiento de la agricultura campesina, la transformación de la materia prima desde una industria nacional, como única vía para dignificar al campesinado paraguayo y con ello aportar al desarrollo nacional.

Nos ratificamos en nuestro método de lucha pacífica por la Reforma Agraria, desde la gestión y la movilización. La ocupación es y ha sido siempre la última vía, una vez agotadas todas las instancias administrativas legales ante las instituciones del Estado encargados de la Reforma Agraria.

Exigimos el cese de la violencia, y, la expropiación de las tierras para las más de 330 familias sin tierras de la comisión vecinal Joaju, del Asentamiento 1ro. de marzo, que actualmente se encuentra en el Parlamento en la Comisión de Reforma Agraria, desde el mes de diciembre del 2014 con el expediente Nº 6658.

Llamamos a la solidaridad de los movimientos sociales, populares y organizaciones campesinas, frente a esta persecución y llamado al desalojo, que no hace otra cosa más que profundizar la criminalización de la lucha por el derecho al acceso a la tierra, del campesinado que resiste ante el modelo agroexportador, expulsivo y extractivo.

«Por la recuperación y defensa del territorio campesino, para la Soberanía Alimentaria»

Asunción, 26 de febrero de 2016

Dirección Nacional de la OLT

Contacto: Diosnel Sachelaridi 0982-273.032

Jorge Mercado: 0975-327.479

26 de febrero de 2016

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Descargar MP3 – Radio Mundo Real

Los únicos «compromisos» cumplidos por parte de las industrias extractivas mineras que explotan el yacimiento carbonífero de El Cerrejón, en la Guajira Colombiana, han sido los de aplicar la fuerza pública para destruir fincas, cultivos, plantaciones y herir a las comunidades mediante el método del terror.

Así ha sido y así fue el pasado 24 de febrero cuando se vivieron nuevos atropellos para el desplazamiento de la familia de Tomás Ustate e Idila Nira Fuentes del municipio de Roche, en el departamento de la Guajira.

Según hicieron público las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales que actúan en la zona, la diligencia de desalojo estaba programada para las 10 de la mañana, hora en que la familia Ustate Fuentes estaba acompañada por aproximadamente 50 miembros de las comunidades de Roche, Chancleta, Patilla y por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo e Indepaz.

Sin embargo, desde mucho antes en las vías de acceso a la zona existía gran presencia de uniformados, tanto del Ejército Colombiano como del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) los cuales en ocasiones no dejaban pasar a otras personas de la comunidad que querían acompañar la diligencia.

Las comunidades habían planteado asimismo acciones de amparo para postergar el desalojo, argumentando que el mismo violaba sus derechos territoriales y humanos.

No obstante, una hora después de la hora miembros del ESMAD llegaron a la comunidad insultando y lanzando gases y proyectiles de goma y acero contra las personas que se encontraban presentes. Luego de 20 minutos de agresiones de parte de la fuerza policial hubo un saldo de dos heridos: Ronald Emilio Palmezano Carrillo (joven con discapacidad mental) con fractura de brazo izquierdo luego de un golpe con un proyectil lanzado por el ESMAD, y el señor Ángel Pereira sufrió heridas abiertas en el pecho sufridas por los golpes con proyectiles lanzados por el ESMAD; varias personas entre las que se encontraban mujeres y personas con discapacidad fueron golpeados y sufrieron asfixia por los gases.

El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza fue la constante en la expropiación y desde los afectados se denuncia la indiferencia de organismos judiciales y de defensa de los DDHH, dejando vía libre a la represión uniformada.

Incumplimiento sistemático

Un líder de la zona y testigo directo de los hechos, Samuel Arregocés, dialogó con Radio Mundo Real pasadas algunas horas de los hechos y señaló los constantes incumplimientos de parte de la empresa, la permisividad de las instancias estatales y la crítica situación de las familias afectadas, quienes además de vivienda han perdido cultivos, ganados y otros medios de vida.

Adicionalmente, el registro fotográfico de lo que allí acontecía y que fuera recabado por un reportero gráfico de origen guatemalteco fue confiscado y destruido a pedido de la propia empresa Cerrejón, agrega Samuel.

Cerrejón es una empresa perteneciente en tres partes iguales a BHP Billiton (Australia), Anglo American (Sudáfrica) y Glencore de Suiza. El carbón que extrae abastece el sector de generación de energía eléctrica, principalmente en el mercado del Océano Atlántico, en Norte América y Europa.

En la entrevista con Radio Mundo Real, Samuel indica que la población respondió a la fuerza aplicada en forma injustificada y desmedida por parte del ESMAD.
«La empresa Cerrejón ha firmado más de diez acuerdos con las comunidades y aún no ha cumplido ni el primero», dice Samuel en la entrevista que puede escucharse en audio adjunto.

Samuel también manifestó que el terreno que explotaba la familia desplazada llevaba más de 300 años en poder de la comunidad para la producción de ganados y en forma asociada permitía el trabajo y autoabastecimiento de unas 50 personas.

También explicó que hay presiones de los países de origen de los capitales de Cerrejón sobre las comunidades y las autoridades colombianas para permitir la expansión de la minera.

26 de febrero de 2016

La verdad de las valientes y dignas mujeres q’eqchís es nuestra verdad

En el Día Nacional de Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, la voz de doña Demecia Yat, sobreviviente y representante de la colectiva Jalok U, organización querellante en el caso Sepur Zarco, fue escuchada por el Tribunal de Mayor Riesgo A, ante una Sala de Vistas colmada de solidaridad.

Las voces de las 11 valientes y dignas mujeres qéqchís forman ya parte de la historia que no había sido contada en Guatemala, sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.

Este 25 de febrero, día en que se honra la memoria de todas las víctimas del conflicto armado interno, doña Demecia, sobreviviente de Sepur Zarco, alzó su voz para repetir con voz firme, al Tribunal, que ella y las otras sobrevivientes, estaban allí para decir todo lo que vivieron.

«Si nosotras no hubiéramos pasado todo eso en nuestra comunidad no hubiéramos venido, porque no podemos mentir ante esta autoridad», expresó doña Demecia. También dijo a las juezas Yassmin Barrios y Patricia Bustamante, así como al juez Gerbi Sical, que «el sufrimiento lo hemos llevado en nuestros cuerpos, por eso venimos a buscar la justicia y reparación de nuestras vidas».

Las representante de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), también querellante en el caso, Paula Barrios, señaló que han sido las mujeres de Sepur Zarco, «quienes nos han llevado a transitar este camino en la búsqueda de justicia», ante el señalamiento hecho por el abogado Moisés Galindo, durante sus alegatos finales, sobre que a las mujeres «se les ha llevado y se les ha traído durante un mes».

El abogado Galindo, defensor del militar acusado Francisco Esteelmer Reyes Girón, durante la exposición de sus conclusiones finales desacreditó las pruebas materiales, las testimoniales y documentales ofrecidas por el Ministerio Público y las organizaciones querellantes. También llamó «mentirosas» y «prostitutas» a las mujeres q’eqchís, al afirmar que ellas «de común acuerdo», estuvieron con los soldados, ante la ausencia de sus maridos. Barrios enfatizó que «en un sistema patriarcal y machista, la palabra de las mujeres no es creíble».

Barrios también dijo que el caso de Sepur Zarco, es el primero de muchos que vendrán, debido a que «hay más de mil relatos sobre violencia sexual durante la guerra que ya fueron documentados».

El único peritaje con valor probatorio, según Galindo, fue el que ofreció la Dra. Irma Alicia Velásquez Nimatuj. El argumento de Galindo se fundamenta en que la Dra. Velásquez no mencionó el nombre de su defendido, en su dictamen pericial.

Los peritajes fueron tachados de imparciales, por la defensa del excomisionado militar, Heriberto Valdez Asig, particularmente el del perito Prudencia García, un exmilitar español que ofreció un análisis sobre la cadena de mando dentro de Ejército.

Fidencia García Orozco, abogada de la Defensa Pública Penal que representa a Valdez Asig, pidió al Tribunal que emitiera una sentencia absolutoria, debido que, a su criterio, no se comprobó la participación de Valdez Asig en los hechos que se le imputan.

A manera de amenaza, Galindo dijo al tribunal que si quería emitir una sentencia condenatoria contra su patrocinado, esta «duraría lo que les dure la felicidad, pero esto se va a caer, porque se cae».

Por Equipo de Comunicación de MTM

25 de febrero de 2016

Colectivo de Comunicación CLOC LVC

«La comunicación que necesitamos hacer hacia la construcción del socialismo y ALBA TV surgen con tres componentes de trabajo:articular, formar y producir contenidos desde el proceso de articulación y formación, repensando un nuevo modelo de gestión desde lo comunal, de lo popular, de lo comunitario donde tenemos que dinamizar procesos de protagonismo popular»

En el marco del Encuentro Continental de Comunicación de ALBA de los Movimientos entrevistamos a una de las pioneras de la televisora comunitaria venezolana de cara al cambio coyuntural en América Latina y Caribe

25 de febrero de 2016

Hacia la 34° Conferencia Regional de la FAO, para América latina y el Caribe

«La unidad y la organización en torno al principio político de la Soberanía Alimentaria son hoy más necesarias que nunca en el contexto continental y mundial»  ingles  frances

Nosotras y nosotros, mujeres y hombres, representantes de 20 países y 14 redes articuladas en plataformas sociales, regionales y sub-regionales integradas por productoras y productores de alimentos, habitantes de campos, costas, sierras, islas, estepas, pastizales y montañas de América Latina y Caribe, reunidos en esta consulta, camino hacia la 34ava Conferencia Regional de FAO, que se realizara en la ciudad de México los días 29 de febrero al 03 de marzo del corriente año.

Nos solidarizamos con el pueblo de México y las luchas de los movimientos campesinos, también con las familias de los estudiantes normalistas rurales desaparecidos de Ayotzinapa. Con las personas privadas de su libertad por las luchas del territorio, bienes naturales y por la Soberanía Alimentaria. Nos oponemos a las prácticas de erradicación de las familias campesinas e indígenas en la región como ha sucedido recientemente en la provincia de Mendoza, Argentina, con el desalojo de los pequeños agricultores.

Celebramos los avances de algunos gobiernos en acciones positivas hacia la Soberanía Alimentaria integrándolas en las políticas públicas en sus respectivos países y agradecemos el espacio que nos han brindado, esperando que los Estados Miembros presentes consideren esta declaración para definición de la agenda FAO para el próximo bienio.

Siguiendo el proceso iniciado en las anteriores consultas a las plataformas y movimientos sociales previas a las conferencias regionales de la FAO, reafirmamos nuestros compromisos en la lucha para continuar desarrollando la producción a pequeña escala de alimentos saludables y culturalmente apropiados, contribuyendo a erradicar el hambre y la pobreza en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la agenda de desarrollo 2030, considerando los Tratados y Acuerdos Regionales e Internacionales . Este es un punto de encuentro y acción para los Pueblos Indígenas, Agricultura Campesina, Trabajadoras y Trabajadores Rurales, Pastoriles, Defensores Ambientales, Pescadores Artesanales al tiempo que se abre un campo de diálogo y encuentro con poblaciones urbanas, trabajadores y pueblo en general.

Al mismo tiempo nuestra experiencia como organizaciones y redes continentales, articuladas en la Alianza para la Soberanía Alimentaria junto a otras plataformas, ratifican que no hay políticas públicas inclusivas ni acciones efectivas hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no se jerarquiza el principio de Soberanía Alimentaria a través de la Agroecología en su construcción. Y esta nueva consulta previa a la 34 Conferencia Regional de FAO es una ratificación de ello. No renunciaremos a nuestros principios y derechos, en los cuales confluimos desde nuestras identidades, y desde este mismo principio denunciamos las falsas soluciones al hambre y la pobreza rural: los mercados de carbono, la economía verde, la biotecnología y la «agricultura climáticamente inteligente».

Por lo tanto cuestionamos las propuestas que incrementan la dependencia de la producción de alimentos del capitalismo, explotando a poblaciones, trabajadores/as y ecosistemas bajo la política y estrategias de mercantilización y lucro en contraposición al derecho a la alimentación y la Soberanía Alimentaria como un derecho humano fundamental, contribuyendo a la autonomía, a la paz, a la nutrición apropiada libre de transgénicos para la vida digna de poblaciones rurales y urbanas.

El Acuerdo de Paris no representa para nosotros un hito para combatir el cambio climático. Este acuerdo no tiene carácter obligatorio, plantea solo una adaptación y no combate las causas reales que agudizan el cambio climático. Se presenta como un éxito pero, en realidad, fue un retroceso, ya que se quitó el carácter vinculante emanado del Protocolo de Kioto que llamaba a los países más contaminantes a reducir sus emisiones; y se sustituyó por un sistema de compensación basado en el mercado de carbono vinculado a los monocultivos y plantaciones forestales.

Estos mecanismos son Falsas Soluciones al Cambio Climático. Por esta razón, rechazamos la introducción del concepto de agricultura climáticamente inteligente y la definición de bosques de la FAO y su programa ONU REDD como la solución al problema de cambio climático. Hoy, el sistema agroalimentario a gran escala es el responsable de entre el 41 y el 54% de los gases de efecto invernadero.

Por eso proponemos que:

Se reconozca el papel de la Pesca Artesanal y la acuicultura en el consumo de los productos hidrobiológicos para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en las comunidades del mundo. Los Estados deben promover políticas públicas para la preservación y el ordenamiento de una pesca responsable y sostenible incluyendo el consumo de nuestros recursos para la nutrición; aportando con financiamiento e infraestructura, con acceso a los mercados, seguridad social e incentivos para mejorar un desarrollo productivo, con la participación del sector pesquero mundial ya que somos un complemento importante en la cultura familiar

Pedimos el reconocimiento, fortalecimiento y acompañamiento de los gobiernos y organismos internacionales de la FAO y el FIDA a los Comités Nacionales que participaron en las acciones al calor del Año Internacional de la Agricultura Familiar AIAF 2014, como espacios nacionales de diálogo e interlocución entre los agricultores familiares, campesinos e indígenas, pesca artesanal y pastoralistas con los gobiernos, más aun por el compromiso global de la década de la agricultura familiar AIAF+10.

Sobre los desafíos para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible declaramos que los impactos de las industrias extractivas vienen siendo negativos para los pueblos indígenas, situación que se ha agudizado en las últimas décadas. Las empresas tienen las mismas obligaciones y responsabilidades en la protección de los derechos de los pueblos y de respetar nuestros derechos fundamentales como el Consentimiento Libre, Previo e Informado, como un marco sin precedente, a favor de las mujeres, la juventud y la adultez de estos Impactos negativos que sufren más las mujeres producto del extractivismo y la depredación de los recursos naturales en los territorios ancestrales afectados, es necesario también erradicar la militarización y el desplazamiento forzado

Sobre la educación, proponemos y exigimos que la inversión y el acceso a la tierra de atención específica a la inserción de los jóvenes para que puedan quedarse en los pueblos rurales y territorios indígenas, promoviendo los incentivos de tecnologías apropiadas con investigación, acción participativa y respeto de los saberes de las distintas generaciones en los territorios para las nuevas generaciones en el campo, a través de la producción agroecológica de alimentos.

Las comunidades pastoriles pedimos la inclusión de medios de consulta participativos de acuerdo a la realidad de aislamiento de nuestras comunidades y de los ambientes donde viven nuestras familias. Asegurando la presencia de políticas diferenciadas para la tenencia de la tierra, programas de desarrollo y acceso a servicios.

Entendemos y defendemos la agroecología como una forma clave de resistencia a un sistema económico que antepone la ganancia a la vida. Nuestras diversas formas de producción de alimentos a pequeña escala basados en la agroecología generan conocimientos locales, promueven la justicia social; alimentan la identidad, la cultura y refuerzan la viabilidad económica de las zonas rurales. Declaración de Nyeleny en 2015, Mali.

Proponemos evaluar el impacto que tendrá el Acuerdo de París en la agricultura de pequeña escala por el énfasis que tiene este en la mercantilización del clima. Se debe reconocer el rol de los productores de alimento a pequeña escala y la agricultura familiar no como poblaciones vulnerables ni una parte interesada más, sino como los titulares de derechos y actores fundamentales para enfriar el planeta. Si los Estados proponen mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático, estos se deben construir sobre la base de conocimiento tradicional y ancestral.

Instamos a los Estados y a la FAO a seguir avanzando en la construcción de diálogos con la participación de movimientos y plataformas sociales. La agroecología es un derecho de los pueblos, por la Soberanía Alimentaria YA.

Ciudad de Panamá,
19, 20 de febrero de 2016.

24 de febrero de 2015

Colectivo Comunicación CLOC LVC

Con la presencia de más de 90 comunicadoras y comunicadores representando organizaciones, coordinadoras continentales y movimientos del campo popular de 25 países de América latina y el Caribe dio inicio el Encuentro Continental de Comunicación de ALBA de los Movimientos en el Centro Nacional de Formación Simón Rodriguez en San Antonio de los Altos, en la provincia de Miranda.

La jornada inició con una ofrenda al país anfitrión de parte de los países presentes ene le evento, haciendo incapié en la necesidad de la unidad y la integración latinoamericana, de acompañar y solidarizarse con el momento complicado que nos toca vivir con el avance a paso firme de la derecha en nuestro continente.

Ya entrados en calor se dio paso al panel de apertura denominado: La Nueva geopolítica mundial y ALBA como proyecto de Integración en el continente.Abrió el panel Rubén Pereyra de ALBA TCP- Alternativa Bolivariana de las Américas Tratado Comercio de los Pueblos quien colocó la importancia de ALBA TCP, como propuesta clara económica para el continente, sin dejar de resaltar lo fundamental del trabajo que se da en ALBA de los Movimientos y el Consejo de los Movimientos Sociales hacia el ALBA.

Posteriormente hizo un relato desde 1999, cuando Chavez asumió como presidente, y compartió un audiovisual de los claros avances en la democratización de los bienes, en la participación popular, en lograr un estado presente, en las salud, en la educación, étc, que han habido en Venezuela desde entonces.

Después tomó la palabra Osvaldo Leon, de ALAI- Agencia Latinomericana de Información, quien hizo un repaso histórico de cómo ha venido creciendo la solidaridad y la integración en Nuestra América desde la articulación de la campaña 500 años de resistencia y como se han multiplicado coordinadoras y redes destacando el proceso de la CLOC- Via Campesina y el camino claro que entiende debemos seguir hacia la democratización de la comunicación disputando el sentido de la integración. Como ejemplo menciono el proceso que se viene dando en el Foro de comunicación para la Integración de Nuestra América, espacio que apunta a tener una fuerte incidencia política en los espacios de decisión estratégica como UNASUR y CELAC. Resaltó además que urge repensar una clara estrategia de comunicación desde lo político, superar la mera solidaridad y el intercambio e ir hacia propuestas y proyectos de integración que disputen sentidos.

Posteriormente Luciana Lavila de Barricada Tv de Argentina, Vivian das Neves de CP Mídia – Brasil de Fato de Brasil y Ámbar García de ALBA Tv de Venezuela contaron experiencias desde lo vivencial de trabajar en medios comunitarios, populares y alternativos fuertemente vinculados a la lucha, remarcando la necesidad de trascender de difundir y dar debate, posicionar nuestras formas y repensar los diferentes públicos a los que debemos apuntar.

Finalizando el panel, Carlos Barrientos de la CUC Guatemala, coordinador político de ALBA de los Movimientos repasó el proceso de construcción colectiva que desde 2008 se viene dando ALBA de los Movimientos y resaltó la importancia de articular más alla de si la forma es a través de capítulos o no y encomió a los presentes a aprender a trabajar con la derrota también y no olvidar que la comunicación avanza pero con la organización popular.

Por la tarde se trabajó en grupos con el objeto de analizar la coyuntura americana desde la óptica social, política y económica de cada país y región que la componen puntualizando luego en lo referido a lo comunicacional y medios de difusión.

Como cierre del día, un panel compuesto por Judith Valencia de la Universidad Central de Venezuela, Andrés Antillano de Pobladores, organización venezolana de trabajadores urbanos y Antonio Gómez de ANMCLA – Asociación Nacional de Medios Comunitarios Latinoamericanos profundizó en el análisis coyuntural de Venezuela, repasando primero la historia de lucha y organización del pueblo bolivariano y colocando finalmente sugerencias a tener en cuenta para los tiempos que se nos vienen encima con el avance de este nuevo neoliberalismo en Nuestra América.

Las recomendaciones iban en la sintonía de pensar en ocupar el territorio y producir antes que en exportar, seguir multiplicando la organización comunal, señalar la dimensión del enemigo que enfrentamos, tener en cuenta que estamos en un muy buen momento para los movimientos populares por lo tanto toca encaminar la relación más de pueblo a pueblo y pensar la solidaridad no sólo con el gobierno bolivariano de Venezuela, colocar el socialismo desde el pueblo, y sobre todo no olvidar nunca que el liderazgo de Chávez nació y se forjó con la gente en la calle, que le encaminó desde el principio por la senda del pueblo

Chavez vive, la lucha sigue

Globalicemos la lucha, Globalicemos la esperanza