Autor: clocvc

Viernes 3 de Agosto de 2012

Víctor M. Quintana S.

La alimentación es uno de los ejes críticos del milenio. Tan es así que, sin ser el tema oficial, se ha convertido en el centro de la agenda del 13 congreso de la Asociación Internacional de Sociología Rural que se celebra estos días en Lisboa. No es porque la comida de pronto haya adquirido relevancia teórica, sino porque el acceso o no acceso a ella es el centro de una de las disputas más fuertes del siglo XXI, en el contexto del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la lucha por ellos, y el control por parte del sistema de negocios agroalimentario.

Por esto en buena parte de los casi 70 grupos de trabajo de este congreso se plantean toda una serie de interrogantes como: ¿por qué es posible que se avance en la producción de alimentos y en números absolutos y relativos aumente el número de personas con desnutrición y malnutrición en el planeta? ¿Hasta qué punto debe evitarse que los países más ricos o poderosos adquieran tierras en África –continente donde hay más hambre en el mundo– para asegurar su suministro alimentario? ¿Es posible que el planeta alimente adecuadamente a toda la población con el actual paradigma alimentario de sobreconsumo de productos animales, que, a su vez, demandan grandes volúmenes de agua? ¿Ante la crisis alimentaria y la crisis energética es ético optar por los biocombustibles? ¿Por qué los campesinos, los productores de los alimentos, no resultan beneficiados ni con las políticas de precios altos ni con las de precios bajos?

 

Se observa también que ante el gran poder del sistema agroalimentario hay múltiples intentos de producir de manera alternativa más alimentos, más sanos, más accesibles. En los países del norte hay toda una tendencia a la ruralización, a la producción urbana de alimentos, a la autosuficiencia. Sin embargo, ¿qué decir cuando a grandes mayorías de los países del sur, que viven no en las ciudades sino en el campo les está vedado producir siquiera lo mínimo para su subsistencia por la carencia de tierras, el no acceso al agua o por las vicisitudes del cambio climático? Puede ser que resulte muy satisfactorio que los estudiantes de una universidad californiana produzcan sus propias hortalizas, pero eso no resuelve para nada el problema de la hambruna en zonas como la tarahumara o la mixteca mexicanas.

Se presentan, asimismo, investigaciones que demuestran que hay una recuperación desde arriba, desde el poder del sistema de los agronegocios de conceptos y de prácticas tales como agricultura verde, producción orgánica, sustentabilidad e incluso comercio justo. El marco de referencia en que se originaron como crítica práctica a la utilización intensiva de agroquímicos, a la sobrexplotación de recursos naturales, a la sobrexplotación del trabajo y de las comunidades campesinas e indígenas ha sido cooptado, se ha “wallmartizado” o “starbuckizado”, por lo que se hace necesaria una continua lucha de significados, una reflexión y trabajo de concientización con productores y consumidores, por eso se van generando conceptos y prácticas como comida local o comercio local, como alternativas desde abajo. Sin embargo, hay ciertas tentaciones de academicismo, de teoricismo, de predominancia de una forma de construir conocimiento desde la universidad, desde el norte, explícita en el hecho de que el único lenguaje del congreso es el inglés.

Por todo esto resulta sumamente aleccionadora la intervención en el congreso, de Paul Nicholson, dirigente de Vía Campesina: ante el problema del hambre, del desplazamiento, de la precarización, hay que enfocarse bien: no se trata de una crisis de la alimentación, sino de una crisis del sistema. Dicha crisis tiene tres principales causas: la imposición de la agenda del libre comercio a nivel planetario, que establece precios agrícolas bajo los costos de producción y delocaliza la producción de alimentos, poniendo en peligro la viabilidad de las comunidades. Segundo, la privatización de la tierra, de los recursos naturales, de las semillas, y tercero, la imposición de un modelo de producción con el uso intensivo de agroquímicos que pone en las trasnacionales el control de la cadena alimentaria.

La Vía Campesina propone globalizar la lucha, para poder globalizar la esperanza, basándose en una triple estrategia: la soberanía alimentaria que pone el derecho de los pueblos a alimentarse y a producir sus alimentos en el centro; consolidar redes locales que se conviertan en un poder internacional y la interacción dinámica entre los diversos actores rurales y académicos, investigadores. La necesidad de esta interacción es precisamente enfatizada por uno de los líderes intelectuales del congreso y fundador de la sociología de la alimentación, William Friedland.

Desde otro nivel convergen con estas propuestas las sugerentes ideas del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, uno de los expositores magistrales del congreso: la sociología rural debe luchar contra el colonialismo cultural y por una justicia cognitiva global, construir una epistemología desde el sur que valore, certifique y explore la diversidad, aprovechando la gran experiencia práctica y de conocimiento de los pueblos del sur, de las comunidades indígenas todo esto para desarrollar la auto determinación desde abajo hacia arriba, concepto y práctica clave para superar la gran crisis que vivimos ahora, crisis que no es sólo alimentaria, sino del sistema globalizado.

 

Miércoles 1 de Agosto de 2012

COMUNICADO DEL FRENTE NACIONAL CAMPESINO EZEQUIEL ZAMORA:

Desde hace aproximadamente año y medio, vienen organizándose 85 familias de la parroquia Carayaca para el rescate de los predios: -Hacienda Las Minas, sector el arbolito.-Hacienda la Miramar, sector Ojo de Agua, asentamiento el Paulino.-Finca Tarma Abajo, Sector Tarma, asentamiento campesino Manzanillo Arriba. Que se encuentran en total improductividad desde hace aproximadamente 40 años. En repetidas ocasiones solicitaron intervención de la ORT del INTI, sin recibir repuesta, hasta que, a partir del 30 de mayo de 2012 en reunión efectuada en Caracas, entre voceros y voceras el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y el Gral. Mota Domínguez Presidente del INTI, se dio inicio a los procedimientos requeridos, para el rescate de las tierras.

De inmediato se iniciaron medidas de hostigamiento y amedrentamiento por parte de distintos cuerpos de seguridad, desde la policía regional, acompañando a la jefa Civil de la Parroquia, llegando hasta tumbar ranchos de familias, amenazando con quemarlos con ellos dentro, irrupción violenta a las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, de funcionarios fuertemente armados (fusiles de largo alcance, granadas, chalecos antibalas), sin ningún tipo de identificación, ni siquiera placas en los vehículos que portaban, y finalmente ataques de personas de civil (acompañadas de un uniformado)portando armas largas, exigiendo cedulas, tomando nota de todas las identificaciones, amenazando con “acabar con los hombres de la comunidad”.

Varias acciones han sido dirigidas específicamente contra el dirigente regional del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora en el estado Vargas Joaquín Álvarez, a quien han llegado preguntando de manera violenta a las reuniones, han merodeado su casa, atacando y amenazando a vecinos del sector, informándoles que lo buscan para matarlo. Así mismo, en programas de radio se ha manifestando que este es invasor de tierra, corrupto, que trae paramilitares colombianos para ser entrenados.

Es importante manifestar, que el supuesto dueño de la Hacienda Miramar, Antonio Gaspar, es cuñado del supuesto dueño de la Hacienda Las Minas, John Rodríguez y este a su vez tiene nexos cercanos, con Miguel Ángel Alonso, hermano de Robert Alonso, dueño de la Finca Dactary donde fueron encontrados 130 paramilitares, acción que correspondio a la estrategia de agresión al Comandante Chávez y la revolución Bolivariana mencionadas por Salvatore Mancuso en declaraciones recientes. Estas tierras ociosas, fueron utilizadas como espacio de recreación, con la presencia en varias ocasiones, de María Conchita Alonso. La comunidad manifiesta haber denunciado detonaciones de cartuchos, resguardo de armamento, desvalijamiento de carros, cuando los supuestos dueños de estos predios hacían presencia en las fincas, todo esto hacia los años 2000 a 2004.

Denunciamos que las acciones anteriormente descritas, corresponden a una estrategia de amedrentamiento y hostigamiento contra las familias campesinas, organizadas en pro de la soberanía alimentaria del país, y contra el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora. Todo esto dirigido desde la más rancia derecha del centro del país, representada en terratenientes y sectores corruptos de los cuerpos de seguridad. Pues llama poderosamente la atención, semejante despliegue de cuerpos de seguridad para amedrentar a familias campesinas.

Todo esto corresponde a la ya denunciada criminalización de la organización popular y expresa la vitalidad del viejo estado burgués., por tanto, exigimos:

-Al Ministerio Publico, celeridad en las denuncias e investigación inmediata de todos los funcionarios involucrados en tan deplorables hechos.

-A la defensoría del pueblo, protección inmediata a las familias en riesgo

-Al INTI celeridad a los procesos de rescate.

-Depuración de los cuerpos de seguridad, que asuman el rol de proteger el pueblo, respeto a las leyes conquistadas en revolución y a la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que declaran el latifundio como contrario a los intereses del pueblo.

– Al Ministerio del Interior y justicia, pronta implementación de la Policía Nacional en todos los estados del país.

Alertamos al pueblo revolucionario, al PSUV, al GPP, al movimiento popular, al poder popular todo, que en esta coyuntura en que la burguesía se sabe perdida, y comprende que recuperaremos todo cuanto ellos nos arrebataron, acciones como están serán dirigidas al pueblo combativo, que emprenda acciones contra el latifundio sea urbano o rural o amenace sus intereses. Seguimos alertando como lo hemos hecho en otras oportunidades, como en el caso del compañero Nelson González, militante del Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, parte de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, desaparecido en el estado Táchira el 16 de mayo del presente año, en hechos vinculados a la guerra contra el latifundio. No queremos que ningún compañero o compañera del Estado Vargas, se sume a la lista de más de 270 campesinos asesinados en esta justa lucha.

No detendrán nuestra marcha para conquistar la definitiva independencia!

Guerra total al Latifundio! Tierra Ocupada, Tierra Trabajada!

Independencia y Patria Socialista! Viviremos y Venceremos!

Tierra, Mujeres y Hombres Libres.

30 de Julio de 2012

COORDINACION NACIONAL FRENTE NACIONAL CAMPESINO EZEQUIEL ZAMORA Y CORRIENTE REVOLUCIONARIA BOLIVAR Y ZAMORA

 

 

 

Miércoles 1 de Agosto de 2012

Boaventura de Sousa Santos

Carta Maior

Traducido por Antoni Jesús Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

La “maldición de la abundancia” es una expresión utilizada para caracterizar los riesgos que corren los países pobres donde se descubren recursos naturales objeto de la codicia internacional. La promesa de la abundancia, derivada del inmenso valor comercial de los recursos y las inversiones necesarias a realizar, resulta tan convincente que pasa a condicionar el patrón de desarrollo económico, social, político y cultural.

Los riesgos de este condicionamiento son, entre otros: crecimiento del PIB en lugar de desarrollo social; corrupción generalizada de la clase política que, para defender sus intereses privados, se vuelve cada vez más autoritaria con el fin de mantenerse en el poder, visto como una fuente de acumulación primitiva de capital; aumento en vez de reducción de la pobreza; polarización social creciente entre una pequeña minoría superrica y una inmensa mayoría de indigentes; destrucción ambiental e imposición de innumerables sacrificios a las poblaciones donde se encuentran los recursos en nombre de un “progreso” que nunca conocerán; creación de una cultura consumista practicada por una pequeña minoría urbana pero impuesta como ideología a toda la sociedad; supresión del pensamiento y las prácticas disidentes de la sociedad civil bajo el pretexto de ser obstáculos al desarrollo y profetas de la desgracia. En resumen, el riesgo es que, al final del ciclo de la orgía de los recursos, el país esté más empobrecido económica, social, política y culturalmente que al principio. En esto consiste la maldición de la abundancia.

Tras los trabajos de investigación que llevé a cabo en Mozambique entre 1997 y 2003 visité el país en varias ocasiones. De la visita que acabo de hacer me llevo una doble impresión que mi solidaridad con el pueblo mozambiqueño transforma en una doble inquietud. La primera tiene que ver precisamente con la orgía de los recursos naturales. Los sucesivos descubrimientos (algunos antiguos) de carbón (Mozambique es ya el sexto mayor productor de carbón a escala mundial), gas natural, hierro, níquel, tal vez petróleo, anuncian un El Dorado [1] de rentas procedentes del extractivismo que pueden tener un impacto en el país semejante al que tuvo la independencia. Se habla de una segunda independencia. ¿Estarán preparados los mozambiqueños para escapar a la maldición de la abundancia? Lo dudo.

Las grandes multinacionales, algunas de sobra conocidas por los latinoamericanos, como Rio Tinto y la brasileña Vale do Rio Doce (Vale Mozambique), ejercen sus actividades con muy poca regulación estatal, celebran contratos que les permiten apoderarse de las riquezas de Mozambique con contribuciones mínimas al presupuesto estatal (en 2010 la aportación fue del 0,04%), violan impunemente los derechos humanos de las poblaciones donde hay recursos, procediendo a su reasentamiento (a veces más de uno en pocos años) en condiciones indignas, con falta de respeto por los lugares sagrados, los cementerios y los ecosistemas que desde hace decenas o centenares de años han organizado sus vidas.

Siempre que la población protesta es brutalmente reprimida por las fuerzas policiales y militares. Vale es hoy uno de los principales blancos de las organizaciones ecológicas y de derechos humanos por su arrogancia neocolonial y sus complicidades con el Gobierno. Tales complicidades tienen que ver en algunos casos con peligrosos conflictos de intereses: entre los intereses del país, gobernado por el presidente Guebuza, y los intereses de las empresas propiedad de Guebuza. De ello pueden resultar graves violaciones de los derechos humanos, como cuando al activista ambiental Jeremias Vunjane, que llevaba a la Conferencia de la ONU, Río+20, denuncias sobre los atropellos de Vale, le fue arbitrariamente negada la entrada a Brasil y fue deportado (regresando después de mucha presión internacional); o cuando a las organizaciones sociales se les pide autorización del Gobierno para visitar a las poblaciones reasentadas, como si vivieran bajo la jurisdicción de un agente soberano extranjero.

Hay muchos indicios de que las promesas de los recursos empiezan a corromper a la clase política de arriba abajo y que los conflictos en su seno son entre los que “ya comieron” y los que “también quieren comer”. No es de esperar que en estas condiciones los mozambiqueños en su conjunto se beneficien de los recursos. Al contrario, puede estar en curso la angolanización de Mozambique. No será un proceso lineal, ciertamente, porque Mozambique es muy diferente de Angola: la libertad de prensa es incomparablemente superior; la sociedad civil está más organizada; los nuevos ricos tienen miedo de la ostentación, atacada semanalmente en la prensa y también por miedo a los secuestros; el sistema judicial, pese a todo, es más independiente para actuar; y hay una masa crítica de académicos mozambiqueños con credibilidad internacional capaces de hacer análisis serios que muestran que “el rey va desnudo”.

La segunda impresión/inquietud, relacionada con la anterior, consiste en verificar que el impulso hacia la transición democrática que observé en anteriores visitas parece interrumpido o estancado. La legitimidad revolucionaria del Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) se sobrepone cada vez más a su legitimidad democrática (que viene disminuyendo en recientes actos electorales), con el agravante de que hoy está siendo usada para fines poco revolucionarios; la partidización del aparato de Estado aumenta en lugar de disminuir; la vigilancia sobre la sociedad civil se intensifica si hay sospecha de disidencia; la célula del partido continúa interfiriendo en la libertad académica de la enseñanza y la investigación universitarias; incluso dentro del Frelimo y, por tanto, en un ambiente controlado, la discusión política es vista como distracción u obstáculo ante los beneficios no discutidos e indiscutibles del “desarrollo”. Un autoritarismo insidioso disfrazado de iniciativa privada y de aversión a la política (“no te metas en problemas”) germina en la sociedad como yerba dañina.

Al partir de Mozambique, una frase del gran escritor mozambiqueño Eduardo White vino a mi memoria y quedó allí grabada: “Nosotros que no cambiamos de miedo por tener miedo a cambiar” (Savana, 20-7-2012). Una frase quizás tan válida para la sociedad mozambiqueña como para la portuguesa y para tantas otras sometidas a las reglas de un capitalismo global sin reglas.

Notas

[1] En el imaginario de la conquista de América, lugar mítico poblado de fabulosas riquezas, grandes recursos minerales y cuantiosos tesoros que había que descubrir y poseer. (N. T.)

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra (Portugal).

Fuente: http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5699

 

Miércoles 1 de Agosto de 2012

Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz)

Las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad.

El caso de barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba, o juicio a las fumigaciones, posee la enorme virtud no sólo de haber puesto en el banquillo de los acusados a dos productores sojeros y un empresario de la aeroaplicación sindicados de ser supuestamente responsables del delito de contaminación ambiental en los términos de la ley 24.051. Además, ha permitido vislumbrar en toda su magnitud la discusión sobre el actual modelo de producción agropecuaria basado sobre la utilización del paquete tecnológico compuesto por soja transgénica más productos agrotóxicos.

PAREN DE FUMIGAR. Una de las pancartas de las movilizaciones en Córdoba por Ituzaingó Anexo (La Voz/S. Cejas).

Este “modelo de producción” es cuestionado de manera profunda y fundada por la sociedad civil, principalmente por vecinos que habitan cerca de los predios rurales explotados con cultivos de soja, organizaciones ambientales, movimientos campesinos y pueblos originarios.

Ellos advierten y denuncian en forma enfática la aparición inusitada de enfermedades graves –como malformaciones, cánceres, leucemia, lupus, abortos espontáneos, fisura palatina, etcétera– asociadas con el uso creciente e intensivo de estos productos agrotóxicos.

Las favorables condiciones externas y los precios internacionales dieron lugar al pujante negocio de la “sojización”, es decir, el proceso de pasar de cero a 18 millones de hectáreas cultivadas, de cero a 50 millones de toneladas, de cero a 20 mil millones de dólares de exportación, y de un consumo de cero a 200 millones de litros anuales de glifosato.

Pero lo que resulta alarmante es la contracara de este proceso, representada por la aparición y el incremento de enfermedades graves asociadas con el uso intensivo y creciente de los productos agrotóxicos, el desmonte y la desaparición de los bosques nativos, el despojo de campesinos y pueblos originarios. Todo lo cual viola derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida, a vivir en un ambiente sano y a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupa esa gente.

Víctimas. La Red Agroforestal precisa que en el Chaco argentino se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa, y en todo el país existen víctimas de la violación a los derechos territoriales, como los siguientes casos:

Sandra Juárez murió frente a una topadora el 13 de marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero); tenía 33 años y dos hijos.

Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán), fue asesinado el 12 de octubre de 2009 por ex policías y un empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro del territorio comunitario.

Roberto López, miembro de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa), fue asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010.

Cristian Ferreyra, 23 años, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, en el norte de esa provincia.

Barrio Ituzaingó Anexo: más de 100 vecinos muertos por cáncer (tasa de muerte por cáncer, 33 por ciento; en Argentina, 18 por ciento); el 80 por ciento de niños del barrio tienen agrotóxicos en la sangre.

Por su parte, la subsecretaría de Agricultura Familiar, en un relevamiento de apenas tres meses, constató la existencia de “857 conflictos de tierra en todo el país, que afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de hectáreas”. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria en la Argentina.

Objetivo ilógico. La superficie en disputa alcanza los 11,4 millones de hectáreas y son afectados 1,6 millón de personas. Sumado a ello, el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado recientemente por el Gobierno nacional, entre otros objetivos, se plantea aumentar la producción granaria un 60 por ciento. Esto es, pasar de los 100 millones de toneladas actuales a 160 millones para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios. Desmontes, uso de agrotóxicos, conflictos territoriales y desalojos son las consecuencias más predecibles.

Por eso nos preguntamos: ¿cuántos hermanos más deben morir para acabar con este modelo de producción que cada día enferma y mata a más gente? Más específicamente, en materia de fumigaciones se estima que son 12 millones de personas las que se encuentran expuestas de modo directo, sistemático, repetitivo y generalizado a los agrotóxicos, cuyas consecuencias en la salud y el ambiente se están discutiendo por estos días en sede judicial en la ciudad de Córdoba, en el marco de la denominada “Causa de barrio Ituzaingó Anexo”.

Crímenes. Por todo ello, decimos que las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad. Ello por cuanto se trata de actos serios de violencia que dañan a los seres humanos privándolos de lo más esencial: su vida, su libertad, su bienestar psíquico, su salud y/o dignidad. Son actos que, por su extensión y gravedad, van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional.

En tal sentido, podemos afirmar con claridad que los elementos comunes a todos los crímenes de lesa humanidad están igualmente presentes en el caso de las fumigaciones.

Ataque repetitivo, sistemático y generalizado: las fumigaciones implican, entonces, una serie de actos, sostenidos en el tiempo, no menos de tres por cosecha, realizados en contra de la voluntad de ciudadanos que viven cerca de los campos sembrados con soja. Dicha línea de conducta afecta anualmente a miles de víctimas en el mundo, sin distinguir raza, sexo y edad, y se lleva a cabo conforme con la logística diseñada por organizaciones transnacionales dedicadas al comercio de estos paquetes tecnológicos (soja transgénica y glifosato).

Contra una población civil: las fumigaciones afectan a un extenso grupo humano, sin distinción de credo, raza y edad.

Importa el traslado forzoso de la población civil rural, campesina y pueblos originarios hacia centros urbanos o más alejados de su hábitat natural, con el propósito de escapar a estas agresiones, abandonando su centro de vida, su cultura, etcétera, condenándolos al desarraigo más encarnizado.

En definitiva, es imprescindible abandonar el actual modelo de producción que sólo persigue la maximización de las ganancias por parte de las empresas multinacionales, empresarios sojeros y pools de siembra, en detrimento de la salud pública de todos los habitantes y del medio ambiente en general.

Fuente: La Voz

 

Miércoles 1 de Agosto de 2012

Atilio A. Boron

ALAI AMLATINA, 01/08/2012.- En el día de ayer se ratificó en Brasilia el ingreso de Venezuela al Mercosur. De este modo el bloque comercial sudamericano se refuerza tanto cuantitativa como cualitativamente. Lo primero, porque agrega a un nuevo socio con un producto bruto estimado -por el World Economic Outlook del FMI en paridad de poder adquisitivo- en 397.000 millones de dólares. Es decir, se agrega una economía de un tamaño ligeramente superior a la de Suecia. El Mercosur agrandado cuenta ahora con un producto interno bruto total de 3.635.000 millones de dólares, lo que lo convierte en la quinta economía del mundo, sólo superado por Estados Unidos, China, India y Japón, y claramente por encima de la locomotora europea, Alemania.(1) Cualitativamente hablando la incorporación de Venezuela significa integrar a un país que, según el último anuario de la OPEP, dispone de las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo, habiendo desplazado de ese sitial a quien lo ocupara por varias décadas: Arabia Saudita.(2)

Además, desde el punto de vista de la complementación económica de sus partes el Mercosur luce como un espacio económico mucho más armónico y equilibrado que la Unión Europea, cuya fragilidad energética constituye su insanable talón de Aquiles y una fuente permanente de dependencia externa. Comienza, por lo tanto, una nueva y decisiva etapa, en donde a un conjunto de países sudamericanos grandes productores de alimentos -y, en los casos de Argentina y Brasil, poseedores de una importante base industrial y significativas riquezas mineras- se le agrega la mayor potencia petrolera del planeta. En un contexto de crisis mundial como el actual y ante las políticas proteccionistas que cada vez con más fuerza adoptan los gobiernos del centro capitalista, la integración de los países del Mercosur es la única salvaguarda que les permitirá resistir los embates de la crisis mundial del capitalismo o al menos amortiguar su impacto.

No hace falta demasiado esfuerzo para comprobar las proyecciones que puede llegar a tener este Mercosur “recargado.” Si los gobiernos de la región diseñan mecanismos flexibles y eficaces para sacar partido de esta enorme potencialidad económica y si, al mismo tiempo, se resuelven las asignaturas pendientes de los acuerdos que originaran al Mercosur –la Declaración de Foz de Iguazú firmada por Raúl Alfonsín y José Sarney en 1985 y, años después, el Tratado de Asunción, fechado en 1991- y que reflejaran la hegemonía ideológica del neoliberalismo en aquellos años, el futuro económico de nuestros países puede ser muy promisorio. Un componente fundamental de esta nueva etapa debe ser, sin duda, el fortalecimiento de los “otros mercosures”: el social, el laboral, el educativo, para no mencionar sino aquellos que han suscitado, precisamente por su ausencia, los mayores y más sostenidos reclamos. Esto le otorgará a los movimientos sociales y las fuerzas políticas populares una oportunidad inmejorable para hacer oír sus demandas y presionar efectivamente a los gobiernos para que adopten sin más dilaciones las políticas necesarias para que el Mercosur deje de ser un acuerdo pensado para ampliar los mercados y reducir los costos operativos de las grandes empresas y se convierta en un proyecto de integración al servicio de los pueblos.

Pese a la importancia de las anteriores consideraciones, la significación fundamental del ingreso de Venezuela al Mercosur radica en otra parte. El aislamiento de ese país y su conversión en un estado paria era el objetivo estratégico número uno de Estados Unidos luego de la derrota del ALCA en Mar del Plata. La campaña para asegurar el logro de esa meta no reparó en escrúpulo alguno, y toda la artillería mediática, política y económica del imperialismo se descargó sobre la república bolivariana con el propósito de construir la imagen de un Chávez dictatorial, pese a que como correctamente lo señala Ignacio Ramonet, se sometió trece veces al veredicto de las urnas, ganando en doce ocasiones por amplio margen y perdiendo tan sólo una vez, por menos del 0.5 % en el referéndum del 2 de Diciembre de 2007 sobre un complejo proyecto de reforma constitucional. Derrota que fue de inmediato reconocida por Chávez y que como en todas las demás elecciones contó con la presencia de “misiones de observadores enviadas por las instituciones internacionales más exigentes (ONU, Unión Europea, Centro Carter, etc.)” que avalaron con su presencia la legitimidad y legalidad del proceso electoral.(3) Como si lo anterior fuera poco hay que decir también que con Chávez se incorpora al núcleo de los gobernantes del Mercosur al principal estratega y “mariscal de campo” de la lucha antimperialista en Latinoamérica. El otro, que no puede hacerlo por razones obvias, es Fidel.

El senado paraguayo se había prestado a ese juego, a cambio de una jugosa recompensa para sus tribunos, pero el golpe de estado perpetrado entre gallos y medianoche contra Fernando Lugo desbarató, para estupefacción de Washington, los planes del imperio. La Casa Blanca no tomó nota que las épocas en que sus deseos eran órdenes había sido definitivamente superada y jamás pensó que los gobernantes de Argentina, Brasil y Uruguay iban a tener la osadía de aprovechar la suspensión de Paraguay ocasionada por la violación de la cláusula democrática del Mercosur para poner fin a una absurda espera de seis años. Desde el punto de vista geopolítico la inclusión de Venezuela en el Mercosur es, y conviene reparar en esto, la mayor derrota sufrida por la diplomacia estadounidense desde el descalabro del ALCA.

Tal como lo recordara hace pocos días Samuel Pinheiro Guimaraes, quien hasta hace un mes se desempeñara como Alto Representante del Mercosur, las inesperadas consecuencias del golpe en Paraguay tendrán perdurables e importantes efectos.(4) En primer lugar, porque de aquí en más será mucho más difícil y costoso orquestar un golpe de estado contra un Chávez protegido institucionalmente por la normativa del Mercosur, entre ellas la cláusula democrática recientemente violada en Asunción. Será también mucho más complicado para un país como Estados Unidos, insaciable consumidor de petróleo, tratar de apropiarse de la riqueza hidrocarburífera venezolana a la vez que mucho más atractivo para los demás países sudamericanos integrarse cuanto antes a un rico espacio económico que se extiende sin discontinuidades desde Tierra del Fuego hasta el Mar Caribe. Por último, será mucho más difícil para Washington tratar de rearmar el esquema de “libre comercio” desechado con la derrota del ALCA. En suma, hay fundados motivos para el regocijo: ayer, en la futurista Brasilia, los sueños integracionistas de Bolívar, Artigas y San Martín dieron un gran paso hacia adelante.

Notas:

1) FMI , World Economic Outlook, Abril del 2012.

2) OPEP, Annual Statistical Bulletin 2010-2011 (Viena: OPEP), 2011, p. 22.

3) Ignacio Ramonet, “Chávez en Campaña”, Le Monde Diplomatique en Español, Agosto 2012, pg. 1.

4) Samuel Pinheiro Guimaraes, “Estados Unidos, Venezuela y Paraguay”, en América Latina en Movimiento, 17 de Julio de 2012. http://www.alainet.org/active/56566

– Dr. Atilio Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina www.centrocultural.coop/pled http://www.atilioboron.com

Miércoles 1 de  agosto de 2012

Las Organizaciones Campesinas, el Movimiento Popular de la Región del Aguán, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), La Asociación de Desarrollo Campesina de Progreso (ADCP) y el Movimiento Campesino de San Manuel Cortes (MOCSAM) del Valle de Sula comunican al pueblo Hondureño y la Comunidad nacional e Internacional lo siguiente:

1- Denunciamos las medidas represivas y de destrucción de las organizaciones campesinas del aguan por parte del actual régimen cumpliendo la voluntad de los terratenientes, que usurparon las tierras en el norte de honduras.

2- Condenamos el plan de contrainsurgencia del Estado y la campaña nacional e internacional de criminalización en contra el movimiento campesino hondureño.

 

3- Denunciamos que el movimiento campesino del Bajo del Aguan desde el 2009, ha permanecido en estado de sitio debido a las militarizaciones que el gobierno ha venido desarrollando en la zona la zona.

4- Condenamos el desalojo violento al Movimiento Campesino de San Manuel Cortes (MOCSAM), donde destruyeron 100 manzanas de maíz que estaban en periodo de cosecha.

5-Desautorizamos a disque representantes campesinos que se encuentran acompañando al ministro del INA, Cesar Ham en la gira en Washington.

6- A más de 10 años del Conflicto Agrario en el Aguán no ha existido un marco jurídico para buscar la solución a la problemática agraria ya que no hay voluntad en los poderes del Estado.

7- Condenamos la ola de represión, secuestro y asesinato en contra del campesinado hondureño.

8- Exigimos la aprobación inmediata de la Ley de Transformación Agraria Integral y la derogación de la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola.

9- Responsabilizamos al gobierno y a los terratenientes de cualquier derramamiento de sangre que pueda darse en cualquier asentamiento campesino.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C 01 de agosto de 2012

 

Martes 31 de Julio de 2012

La policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los derechos humanos.

Seis represiones en sólo siete meses en Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.

“Acampe nacional contra la megaminería”, es el nombre del colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso para los vehículos de Minera Alumbrera –empresa en manos de las compañías Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold–, que desde hace quince años extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de Catamarca. El acampe estaba integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires.

Ayer a las 14 llegaron hasta el acampe 120 personas que se identificaron como “pro mineros” (y que los asambleístas llaman “patota de Alumbrera”). A los pocos minutos llegaron tres decenas de efectivos de infantería (que se sumaron a los diez policías que ya estaban en el lugar). A las 14.40, la fiscal provincial Silvia Alvarez informó que tenía orden de permitir el paso de un camión con explosivos con destino a Alumbrera.

Ante la magnitud del operativo, las asambleas y organizaciones sociales del acampe decidieron dejar la ruta. El camión pasó.

Media hora después, el grupo de choque comenzó a tirar piedras y bombas de estruendo sobre el acampe. La fiscal Alvarez notificó que (además de liberar la ruta) tenía orden de levantar el acampe. Los efectivos de infantería –caras tapadas, escudos, bastones e itakas– dieron diez minutos para levantar el acampe. La fiscal nunca mostró la orden de desalojo.

Para evitar mayor violencia, las asambleas levantaron el acampe.

Cerro Negro está ubicado a sólo tres kilómetros del límite con La Rioja. Hacia esa provincia quisieron marchar para reagruparse, pero sobrevino lo insólito: el micro que llevaba 56 personas del acampe fue obligado continuar camino hacia Córdoba, seguido por la policía catamarqueña.

“Quisieron bajarse en el primer pueblo de La Rioja, pero la policía los reprimió y los volvió a subir a palazos”, denunció Ramos, asambleísta de Andalgalá. En el micro viajaban, entre otros, militantes de la Coordinadora de Organizaciones y Movimiento Populares de Argentina (Compa), Quebracho, CTD Aníbal Verón y del Movimiento Estudiantil Liberación.

A la medianoche, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) –que transmitió los hechos todo el día desde su radio online– logró comunicarse con los militantes del micro. Explicaron que la policía los obligó a continuar viaje hasta Córdoba con una excusa del mundo del revés: les dijo que la patota minera seguía el micro, que ellos (la policía) no podía garantizar su integridad y por eso los “custodiaba” hasta Córdoba.

“Es increíble cómo la patota de Alumbrera y la policía de la provincia articulan la represión, se complementan. Todo ante la mirada de la gobernadora, la ceguera de los jueces y el silencio cómplice del gobierno nacional”, denunció Martín Musarra, asambleísta de Catamarca y periodista de la radio comunitaria El Algarrobo.

Botón de muestra

Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro. La campaña publicitaria de la empresa y el poder político de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó.

Alumbrera acumula denuncias por contaminación del dique de colas (un basurero minero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros de extensión que traslada el mineral en forma de barro a presión) y el monumental consumo de agua. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. La empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por día. La Organización Mundial para la Salud (ONU) establece que una persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua por día. Alumbrera usa por día agua equivalente a dos millones de personas.

A fines de 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero de oro, plata, cobre y molibdeno en manos de la canadiense Yamana (accionista de Alumbrera) y publicitado como tres veces más grande que el yacimiento en explotación. El agravante: se ubicará a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región (el Blanco, Candado y el Minas). El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día.

En marzo de 2010 se conoció que el gobierno provincial había otorgado el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarían sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. La beneficiada era la empresa Billiton Argentina BV, perteneciente al grupo internacional BHP Billiton.

El proyecto se llamó “Pilciao 16” y la documentación oficial (expediente 770B2005) confirmaba la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesaban 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucraba 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.

La movilización popular, y la lluvia de críticas al gobierno provincial, hicieron dar marcha atrás con Pilciao 16. La voracidad minera fue ganando voces críticas en Catamarca.

Represiones

En diciembre de 2009, asambleístas de Andalgalá, Santa María y Belén cortaron el camino de acceso al proyecto minero Agua Rica. El 15 de febrero de 2010, al anochecer, sufrieron una dura represión por parte de la policía provincial. ¿El motivo? Que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica. Hubo masivas movilizaciones y el Poder Judicial suspendió el proyecto hasta que exista “paz social”.

En enero de 2012, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera.

El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María.

Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión.

El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). Muy similar a la represión de ayer.

Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.

El jueves 9 de febrero, en un discurso público, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó una puesta en escena con un “trabajador” minero que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas. La Presidenta remarcó que su interlocutor (Armando Domínguez) no era dirigente política, ni era de la empresa Barrick Gold, sino un simple “trabajador”. Pocas horas después, los medios de comunicación dejaron al descubierto que Domínguez era dirigente del PJ de Olavarría, sindicalista del gremio minero y que había sido interventor del gremio en San Juan, donde cerró filas con Barrick Gold para acordar salarios en el yacimiento Veladero. La Presidenta pidió iniciar “una discusión en serio” respecto a la minería.

Sólo nueve horas después, el viernes 10 de febrero a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos. Fue transmitido en directa por el Canal TN (del Grupo Clarín) y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de Andalgalá).

El mismo día, la Asamblea de Tinogasta restableció el corte.

El 13 de febrero, allanaron las casas de ocho asambleístas de Andalgalá. Por orden de la fiscal Karina Name, ingresaron a las viviendas en busca de armas y bombas molotov. No encontraron nada.

Durante diez días, un grupo de personas vinculadas a la actividad minera bloqueó el acceso a Andalgalá. Durante diez días, cerró la entrada y salida a todos los que suponían eran críticos a la actividad extractiva. En un virtual estado de sitio, cerraron el paso a asambleístas, periodistas e incluso diputados nacionales.

El 15 de febrero, impulsado por el Gobierno Nacional, se conformó la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), integrada por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. Un claro respaldo a la actividad minera. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a las grandes empresas del sector, celebró la creación de la Ofemi (incluso firmó el acta de conformación).

El 12 de mayo, otra vez en Tinogasta, la policía avanzó sobre el bloque y detuvo a tres asambleístas.

El 1 de junio, la gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de Justicia provincial que ordene el desalojo del bloqueo selectivo de Tinogasta.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, no tardó en responder: señaló que “la cárcel es la solución para los ambientalistas”.

El jueves, en discurso transmitido por Canal 7, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que la megaminera brasileña Vale invertirá 29.500 millones de pesos en un proyecto destinado a la extracción de potasio en la localidad mendocina de Malargüe. El proyecto es muy cuestionado por las asambleas socioambientales de Cuyo por el enorme consumo de agua y gas que conlleva. Y la empresa Vale acumula denuncias de contaminación y vulneración de derechos en Brasil, Mozambique, Canadá, Indonesia y Colombia, todos países donde opera.

El proyecto (llamado “Potasio Río Colorado”), afectará a cuatro provincias: Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Ante los directores de la compañía Vale y con la presencia de los gobernadores de la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros), la presidenta celebró: “”Este mega emprendimiento es hoy el emprendimiento minero más grande del mundo en materia de Potasio (…) Es un emprendimiento formidable que nos convierte en el tercer exportador mundial de Potasio y quinto productor mundial (…) Queremos agradecer a la gente de Vale que hayan confiado en el país. Porque hay que poner 29.500 millones de pesos, hay que tener confianza en el país, en los fundamentos macroeconómicos de un país para poder hacer semejante inversión. Y quédense tranquilos que eligieron bien, que no se equivocaron”.

Menos de 24 horas después, la policía de Catamarca avanzó sobre el bloque y el acampe de las asambleas que cuestionan la megaminería.

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, destacó que “no son casuales las coincidencias”. “En febrero, la Presidenta se burló de las luchas socioambientales y al día siguiente hubo represión. Ayer (por el jueves), transmitido por todos los canales, se tiró flores con el máximo directivo de Vale, una empresa muy cuestionada, incluso más cuestionada que la misma Barrick Gold. Esas acciones públicas no son inocentes, son espaldarazos políticos para que los gobernadores avancen, tienen vía libre ”.

El modelo

Cerro Negro está ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de Tinogasta, donde desde enero pasado se mantiene el bloque a camiones mineros en la ruta 60. En ese lugar, Paso San Francisco, hubo dos represiones en cuatro meses (febrero y mayo) sobre la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua. Darío Moreno, de Tinogasta y también presente en Cerro Negro, denunció que “ya son al menos 50 los activistas procesados por luchar contra el la minería en Catamarca”.

En el acampe rechazaron que se los catalogue como “antimineros” y precisaron que no rechazan la minería. “No estamos contra la minería, estamos en contra la megaminería transnacional, parte del modelo extractivo de saqueo y contaminación, donde también entran la soja transgénica con agrotóxicos, el robo del petróleo y este invento de contaminación que se llama gas no convencional”, precisó Darío Moreno.

La asamblea de Tinogasta denuncia que, sólo en ese departamento, existen ocho proyectos mineros en estudio, incluso un emprendimiento de uranio a sólo diez cuadras del centro del pueblo.

La Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) alertó que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en “exploración avanzado” (ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). En su “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).

La Secretaría de Minería de Nación, mediante su informe “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento). La misma Secretaría de Minería reconoce que en 2012 se llegó a 600 proyectos mineros en estudio: un 1500 por ciento más que en 2003.

Derechos Humanos

“La criminalización en países de América Latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a actividades y proyectos extractivos”, advierte el Observatorio de Conflictos Ambientales de América Latina (Ocmal) en su último informe “Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina”. Y aclara que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y, también, asesinatos.

El informe, de 180 carillas, resalta coincidencias que se repiten en todos los países de la región: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad, y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’ (…) Cada derecho otorgado a una empresa extractiva transnacional significa la resta de uno o varios derechos a las comunidades afectadas”.

Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas, evaluó que la megaminería “sólo puede avanzar así, con violencia, criminalizando la protesta porque no hay licencia social, sólo la pueden imponer con violencia. El Gobierno Nacional terciariza la represión con las provincias, y éstas hacen el trabajo sucio junto a grupos de choque. Cerro Negro es un claro ejemplo de esa represión”.

Ayer a la mañana, previo a la represión, el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel entregó un documento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la violencia hacia quienes protestan contra el modelo extractivo. “Solicitamos al máximo órgano del Poder Judicial de la Nación la adopción de las medidas peticionadas con suma urgencia a los efectos de tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestras comunidades y cumplen con su obligación de defender al ambiente y la naturaleza”, comienza el escrito.

El documento entregado al máximo tribunal alerta que en las provincias “se incrementa de forma notable la criminalización de la protesta social”, denuncia que el Estado (en sus distintos niveles) “tienen como objetivo la intimidación y el acallar las voces y acciones de resistencia de los pueblos frente a proyectos extractivos”.

“Tal como se observa en Catamarca, respecto a la represión de las manifestaciones públicas y la criminalización de la protesta no existe un Estado de Derecho. Existe una connivencia absoluta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde éste último no tiene ninguna independencia y, por lo tanto, el derecho de defensa es de imposible ejercicio”, afirma el documento, encabezado por Perez Esquivel y también firmado por Hermes Binner, diputados (Jorge Cardelli, Victoria Donda, Roy Cortina, Omar Duclós, Pablo Bergel), académicos (Maristella Svampa y Andrés Carrasco) y una decena de organizaciones sociales.

Horas antes de la represión en Catamarca, el documento presentado ante la Corte Suprema advertía: “Las personas que actualmente participan del bloqueo selectivo en Cerro Negro defienden los derechos humanos, el territorio, la salud, la vida, la biodiversidad y los bienes comunes, y ejercen su derecho a preservar y proteger el ambiente y demás derechos fundamentales (…) El Gobierno de Catamarca y el Estado Nacional tienen antecedentes sólidos de ejercer violencia institucional sobre las personas que protestan contra los emprendimientos megamineros”.

El documento, de doce carillas, alerta sobre la situación puntual de Cerro Negro, y lo hace extensivo a todas las luchas contra el modelo extractivo (megaminería, agronegocios): “Resulta crítica y riesgosa la situación en la que se encuentran las comunidades y asambleas. Las autoridades que tienen como fin controlar a los Estados y proteger a los habitantes tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que continúen estas violaciones a los derechos humanos”. Los firmantes del documentos, encabezado por el Nobel de la Paz, exigieron que los conflictos sean resueltos por la vía democrática “y no a través de la violencia estatal o privada”.

El documento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría General de la Nación y, también, ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

Dos horas después, el Estado-minero no se dio por enterado y volvió a reprimir en Catamarca.

25-07-2012

Darío Aranda

Martes 31 de Julio de 2012

Opositores a la explotación a cielo abierto analizan los daños causados por este modelo. Estas empresas ocacionan el rompimiento del tejido social donde se asientan. Urge encontrar alternativas sustentables acordes a las necesidades de los pueblos afectasdos, dicen.

Las actividades de las grandes empresas mineras trasnacionales se han convertido en uno de los mayores polos de destrucción del medio ambiente y del rompimiento del tejido social de las comunidades donde se asientan, por lo que es urgente encontrar alternativas económicas sustentables desde la óptica y las necesidades de los pueblos afectados.

Así lo afirmaron integrantes de diversas organizaciones sociales durante la inauguración del Diplomado REMA «Alternativas al modelo extractivo minero», organizado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en donde se analizaron las implicaciones negativas de dicha actividad económica.

En 11 años han extraído más de 250 toneladas de oro

Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), subrayó que en los recientes 11 años, las compañías mineras han extraído del país más de 250 toneladas de oro, 2.5 veces más que el obtenido durante los 300 años de dominio colonial, y en la actualidad tienen en concesión un tercio del territorio nacional, equivalente a la superficie de España.

Eso les puede dar una idea de la velocidad, intensidad y magnitud de cómo han destruido y dividido pueblos, y en muchos casos también envenenado y condenado el futuro de varias generaciones, sin que el gobierno lo impida, por lo cual es necesario diseñar nuevos modelos de desarrollo a partir de las necesidades de la gente, y no de las trasnacionales.

El activista indicó que el 95 por ciento de los 2 mil 735 yacimientos mineros del país son de pequeña escala –de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2010– y no producen daños ambientales graves, el problema es la minería de alta contaminación y alta destrucción que no es regulada por el gobierno.

Una muestra del poder de dichas entidades, subrayó, es el hecho de que en el golpe de Estado contra el ex presidente hondureño Manuel Zelaya, en junio de 2009, las empresas mineras hayan aportado recursos y personal para fortalecer la asonada de los militares insurrectos.

Gustavo Lozano, del Centro Mexicano de Justicia Ambiental, detalló por su parte que los pasados 14 y 15 de julio se realizó en Guatemala el llamado Tribunal Popular Internacional de Salud, iniciativa promovida por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), en donde se realizó un juicio simbólico contra la empresa canadiense Goldcorp.

Dicha compañía, explicó, ha sido una de las que mayores afectaciones ha causado en diversos países del continente americano, como lo demuestran los casos de las minas en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala; Carrizalillo, México, y Valle de Siria, en Honduras.

En todas ellas, ha habido registro de daños brutales tanto para la población como para el medio ambiente, entre ellos la aparición de múltiples enfermedades respiratorias y gastrointestinales, además de partos prematuros o con malformaciones, y muertes ocasionadas por inhalación del cianuro que se utiliza en la minería a cielo abierto para separar el oro u otros metales preciosos de la roca.

La llegada de las mineras, dijo, rompe el tejido social de las comunidades al ofrecer un modelo de empleo y desarrollo económico insustentable que divide a quienes lo rechazan de quienes lo apoyan por necesidad o ignorancia; atenta contra la estabilidad alimentaria de los pueblos, y da pie a fenómenos como el aumento del alcoholismo y la drogadicción, por lo que llamó a organizarse para repudiar la entrada de esas compañías.

Rurik Hernández, del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO), aseveró que en años recientes Goldcorp ha tenido un crecimiento rápido y agresivo en el mercado internacional, en gran medida por los megaproyectos de la mina Los Filos, en Carrizalillo, Guerrero, y Peñasquito, en Zacatecas, además de otra decena de yacimientos de menor tamaño, entre ellos el de Camino Rojo, cercano a la zona sagrada huichola de Wirikuta.

Medidas cautelares en favor de guatemaltecos

La peligrosidad de Goldcorp es tal, advirtió, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de varias personas en Guatemala, luego de que agentes de seguridad de la compañía y militares cercanos a ella fueran acusados de violar a mujeres en las comunidades donde se asentaban las minas.

Por todo ello, indicó, es lamentable que la Universidad Nacional Autónoma de México haya aceptado un donativo de dicha empresa canadiense, supuestamente para apoyar un programa de becas para la Fundación UNAM.

Nos extraña que la máxima casa de estudios acepte dinero sucio de Goldcorp, por eso hacemos un llamado enérgico para que lo devuelva, como hicieron en su momento diversos académicos de la Universidad de Córdoba, Argentina.

La Jornada * 27/07/12

 

Martes 31 de Julio de 2012

Reiteramos, que la propuesta del Estatuto del Temporero y Temporera que está actualmente en la comisión Trabajo de la Cámara de Diputados, y que emanó de un acuerdo entre un conjunto de asociaciones de empresarios agrícolas y algunas organizaciones en que no todas son representativas de los trabajadores y trabajadoras asalariadas agrícola, en este sentido la propuesta difícilmente mejorará las condiciones laborales de los y las trabajadoras de este sector, condiciones que son precarias sumado a los altos niveles de incumplimiento de la actual legislación laboral, por el aumento de la inestabilidad del trabajo que no sólo se debe al carácter estacional del empleo, sino a una política empleadora orientada a la fragmentación de contratos laborales por la vía del uso abusivo del contrato por obra o faena, así como por el alto grado de informalidad.

Según lo difundido por el diario la Tercera el día martes de 10 de Julio del presente mes, los Ministros plantean que a través del nuevo estatuto se podrá llegar a un acuerdo entre empleador y trabajador, llamado pactos silvoagropecuarios por faena, en diversas materias, las que incluyen la posibilidad de aumentar las horas extraordinarias diarias de 2 a 4. Y nos preguntamos ¿En qué medida podría beneficiar a los y las temporeras aumentar en 2 horas más las horas extraordinarias, si a ellas se les paga a destajo o a “trato”, por unidad de medida, y las dos últimas de 12 horas (8 ordinarias, 2 extraordinarias y 2 más extra extraordinarias) son aquellas en que se encuentra exhausta, fatigada y por ende va a rendir menos y ganar menos? En consecuencia ¿Por qué podría beneficiar a las temporeras que constituyen un porcentaje mayoritario en las labores de cosecha y empaque, ausentarse de su hogar y de las actividades domésticas y reproductivas por más de 15 horas? Recordemos que serán 12 horas de trabajo, más 2 horas que demoran en traslados de ida y vuelta, más 1 hora que le dan de colación que no es imputable a la jornada de trabajo. Es decir, en las 9 horas que le quedan deberá reponerse de un trabajo extenuante físicamente y además cumplir con el trabajo doméstico, lavar, planchar, dejar almuerzo hecho para el otro día, hacer aseo y hacer vida familiar.

El proyecto señala que éste será un pacto voluntario entre privados. ¿De qué voluntariedad hablamos cuando la relación de poder es totalmente asimétrica entre las dos partes, en la que una parte oferta trabajo para producir, y la segunda demanda trabajo para sobrevivir?, ¿qué posibilidad real tendrán las y los trabajadores de este sector para negarse a firmar un pacto, cuando además sabe que se trata de un trabajo de paso, inestable?, ¿qué pasará con los contratistas, si en la actualidad ellos son gran parte de los principales empleadores en la agricultura de exportación y no han sido parte de la Mesa que elaboró esta propuesta?, ¿qué pasará cuando en una faena ya hay un pacto establecido y se incorpora un nuevo grupo de trabajadores?, ¿podrá negarse a firmar el pacto o tendrá que buscar otro trabajo?.

Asimismo se establece que un límite máximo a las horas extraordinarias adicionales, pero por mes. Sabemos que sobre todo quienes están empleados con contratistas tienen empleos que duran menos de un mes. En todos esos casos se corre el riesgo de perpetuar jornadas extensas de duración máxima, toda vez que se establezcan faenas con duraciones inferiores a un mes, y los trabajadores/as concurran a celebrar nuevos y sucesivos pactos con el mismo u otros empleadores.

Además en esta propuesta se incorpora el establecimiento de jornadas fragmentadas o discontinuas “cuando sea necesario”, la que no se plantea en el contexto de pactos temporales por faena, sino como norma general de los contratos de trabajadores/as agrícolas. Diversos estudios desde el enfoque de los condicionantes laborales en la salud de los trabajadores/as han alertado sobre las consecuencias en la calidad de vida personal y familiar de trabajadores/as expuestos a jornadas excepcionales, en tanto queda supeditada la vida privada de los sujetos al trabajo. La pregunta de fondo es ¿qué hará que “sea necesario” establecer jornadas discontinuas?, y ¿por qué podría pensarse que la división de la jornada diaria beneficiaría a los trabajadores/as? Si se toma como ejemplo la ordeña, la solución es el establecimiento de turnos y no la supeditación de un mismo grupo de trabajadores/as a dicha actividad. La demanda de la jornada discontinua es de los empresarios del sector lechero, pero no de los trabajadores/as, quienes aspiran a un trabajo decente, lo que incluye horarios de trabajo y de descanso, como está establecido para el conjunto de trabajadores/as del país.

En este contexto, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Confederación Ranquil, la Pastoral de los y las temporeras y una serie de otras organizaciones sociales, sindicales y del mundo académico, como el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, hemos demandado el mejoramiento de las condiciones de trabajo en los sectores rurales desde los años 80; esta propuesta de estatuto que está en el Congreso conducirá a todo lo contrario.

En Chile existe un sector importante de los empleadores de la agricultura que no cumple la actual legislación vigente, tenemos sobre un 40% de informalidad, frente a lo cual miles de trabajadores/as se sienten impotentes y desamparados. El argumento de que la legislación es urbana nos parece insustentable. ¿Por qué los/as asalariados/as agrícolas tendríamos que tener un estatuto especial que nos proteja menos y que deje en manos de privados, a la merced de pactos nuestras condiciones laborales, donde ganará la posición del más fuerte?

Sí reconocemos la necesidad de modificar el actual Código del Trabajo que heredamos de la dictadura militar y que nos deja sin poder negociar colectivamente y sujetos al maltrato y abuso laboral. Sí es necesario modificar las formas de pago a trato o a destajo, de manera de buscar una modalidad de pago justa que no esté sustentada en la búsqueda de un rendimiento físico extraordinario que lo único que ha generado, que a los 50 años ya son trabajadores y trabajadoras “desechables”, con dolencias crónicas, como artrosis a las caderas, a las rodillas, lumbago crónico, tendinitis y otras enfermedades, que las mutuales de seguridad difícilmente reconocen como enfermedades profesionales. Sí es necesario modificar y precisar los alcances del contrato más usado con los temporeros/as (cuando hay contrato), que es el contrato por obra o faena, el que se pone término unilateralmente justo antes de fiestas, feriados o fines de semana largos, para no pagar semana corrida, cortando por el hilo más delgado. ¿Qué es una obra o faena en la agricultura?, ¿cuándo es fiable? Si consideramos necesario modificar el código del trabajo para ampliar las facultades de los sindicatos transitorios, para reponer el sindicato comunal por rubro, a través del cual se pueda negociar supra faena.

En síntesis, los reparos con la propuesta de ley que está en el Congreso son de fondo, que no se corrigen con indicaciones como lo hemos explicitado ante la comisión en el parlamento.

Ante esta aberrante situación administrada principalmente desde los intereses de las empresas, es que pedimos apoyo de todos los sectores para rechazar el proyecto presentado por el ejecutivo y comenzar de cero. Tenemos el respaldo de años de trabajo con organizaciones de base de temporeras y temporeros de las regiones agrícolas del país, y la voluntad para dialogar en la construcción de una nueva propuesta que conduzca a un mejor y más digno trabajo para los y las asalariadas agrícolas temporales de Chile.

ANAMURI

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas

RANQUIL

Confederación Campesina

 

 

Martes 31 de Julio de 2012

Un anciano mapuche quedó en riesgo vital luego de golpearse la cabeza al perder el equilibrio tras ser alcanzado por el chorro del carro lanzagua de Carabineros durante una protesta efectuada en la mañana por comuneros mapuche en la Ruta 5, en el sector de Licanco, en Padre Las Casas.

El hombre fue identificado como Felicindo Huaquinao Huaquimil, de 70 años, quien fue internado en el Hospital Regional de Temuco, centro asistencial que informó que el hombre ingresó a las 10:45 horas con compromiso de conciencia por un traumatismo encefalocraneano.

«El señor Huaquinao fue intervenido debido a un hematoma subdural agudo extenso. La operación se prolongó por tres horas y actualmente el paciente se encuentra bajo un coma inducido con asistencia de ventilación mecánica y en riesgo vital», señala un comunicado del recinto.

Además, los médicos tratantes estiman que las próximas 48 horas serán determinantes en la evolución del paciente

En tanto, el prefecto de Carabineros de Cautín, coronel Carlos Avila, quien reconoció una investigación al interior de la institución, aunque descartó violencia innecesaria, como acusan las comunidades.

«No ha habido ninguna denuncia formal, pero Carabineros ha actuado de oficio, se ha dado cuenta a la Fiscalía local y se ha iniciado la investigación para establecer la participación del personal y analizar el protocolo de actuación de personal de Fuerzas Especiales», dijo el oficial.

La protesta de las comunidades mapuche en Padre Las Casas -debido al incumplimiento sucesivo de compromisos de pavimentación de caminos interiores- culminó con 10 detenidos.

Fuente: Cooperativa-Albatv/MCZ