Miércoles 15 de Agosto de 2012
En este encuentro participaran mujeres de Antioquia, Cauca, Sur de Bolivar, Nariño, Valle del Cauca, Huila, Arauca, Casanare, Choco.
Miércoles 15 de Agosto de 2012
Comunidades y organizaciones, desde el Canadá hasta la Argentina, realizarán acciones de protesta coordinadas, que incluirán: manifestaciones, cobertura en la radio comunitaria, campañas de envío de cartas y otras acciones alternativas e innovadoras de protesta y acción, frente a las oficinas corporativas de las compañías mineras y de las embajadas del Canadá.
Por qué Canadá?
• El 60% de las compañías mineras del mundo públicamente comercializadas aparecen en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange – TSX). Estas empresas tienen inversiones en más de 3,200 proyectos de explotación en más de 100 países. Canadá es el mayor participante en la industria de la extracción de recursos de las Américas contando con el 37% de la inversión total.
• Los mercados financieros Canadienses en Toronto y Vancouver representan la fuente mundial más grande de capital para las empresas mineras que promueven exploración y desarrollo de proyectos.
• Las operaciones mineras canadienses han causado un impacto profundo en los territorios, las comunidades y la vida. La exploración de recursos y actividades de explotación han causado el desplazamiento de (las) comunidades, causado la destrucción de la sobrevivencia sustentable (poniendo en peligro el agua y la seguridad alimentaria), ocasionado problemas crónicos a la salud de las personas. violentado territorios sagrados indígenas y sus derechos, agudizado la violación de los derechos humanos especialmente en el contexto de conflictos internos y ha contribuido a la criminalización de mineros artesanales, sindicatos, activistas ecológicos y comunitarios. La exploración y explotación minera a gran escala también ha conducido a una pérdida irreversible de la biodiversidad.
• A pesar de que la minería a gran escala, es usualmente promovida por compañías mineras, gobiernos de la región e instituciones internacionales (ej. el Banco Mundial) como una fuerza impulsora del desarrollo sostenible, los impactos negativos a largo plazo en los pueblos y territorios contrastan las (vagas) promesas de empleo, crecimiento económico nacional y desarrollo.
NUESTRAS EXIGENCIAS:
Desinversión: El gobierno canadiense debe retirar los fondos públicos de las empresas de extracción de recursos. (Ej. Los fondos de pensiones invertidos en Goldcorp y otras corporaciones) y exigimos que la petición de fondos públicos sean invertidos en programas sociales como la educación gratuita, la vivienda asequible y cuidado de la salud universal.
Regulación: El gobierno canadiense debe facilitar una legislación que establezca normas de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en el extranjero. Esta legislación debe penalizar a las empresas involucradas en la violación de derechos humanos y debe permitir a los extranjeros iniciar acciones legales por daños en cortes canadienses (proyecto de ley C-300 y C-323).
Cese a la Complicidad: El gobierno canadiense no debe permitir que instituciones públicas se utilicen para avanzar campañas de relaciones públicas de alto perfil organizadas por las compañías de extracción de recursos (como el Museo de Historia Natural de Ottawa, la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Toronto, la Universidad de York y proyectos financiados por ACDI – Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional) como la iniciativa Devonshire.
Mecanismos Vinculantes de Consulta Comunitaria: Los gobiernos y tribunales de la región deben respetar los derechos colectivos reconocidos internacionalmente como el derecho a la consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas afectadas por la minería.
La Vida antes del Lucro: Se deben eliminar los tratados de libre comercio y bilaterales de inversión que protegen el derecho de las corporaciones por encima de la vida.
Miércoles 15 de Agosto de 2012
Hace ya casi 20 años que comenzaron a aparecer los cultivos transgénicos. Polémicos desde su nacimiento, y con siembra comercial en un reducido número de países, su avance ha sido constante a partir de 1995 (año en que se sembró por primera vez, en México y Estados Unidos, el jitomate transgénico FlvrSvr, de larga vida de anaquel).
En 2010 ocupan 148 millones de hectáreas en 29 países y sólo en diez de ellos se siembra más de un millón de hectáreas a nivel comercial, de los cuales destacan, por la magnitud de superficie sembrada, Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. Se trata básicamente de cinco cultivos: maíz, soya, algodón, canola o colza y papaya. La discusión respecto a su conveniencia comprende tanto riesgos para la salud del que los consume (lo cual no se ha demostrado fehacientemente, pero hay que recordar que la investigación al respecto es escasa y en muchos casos financiada por las propias corporaciones que los producen), como riesgos ambientales, los cuales son mucho más probables y en algunos casos, como el de la soya transgénica resistente a herbicidas, están más que demostrados.
Esta soya, que es el cultivo transgénico que más se siembra, sobre todo en Brasil, Argentina y Estados Unidos, permite la aplicación de grandes cantidades del herbicida glifosato. Al ser la planta transgénica resistente, acaba sobreviviendo sólo ésta, mientras que los microorganismos, flora y fauna locales desaparecen. Es decir, acaba con la diversidad de los ecosistemas donde se siembra, además de que el herbicida contamina suelo y agua.
Los riesgos ambientales en la siembra de cultivos transgénicos están asociados a pérdida de biodiversidad y contaminación. Hay básicamente dos transformaciones comerciales: la resistencia a insectos y a herbicidas, y en menor medida, a virus (transformación presente en la papaya). La resistencia a insectos puede tener un efecto ambiental benéfico al disminuir la cantidad de insecticida arrojado al ambiente.
A estos riesgos habría que agregar los inherentes a los extensos monocultivos transgénicos, que expresan claramente el modelo de agricultura industrial, tan apreciado por las grandes corporaciones multinacionales. Este modelo ya fue experimentado ampliamente con la Revolución Verde (RV) en la segunda mitad del Siglo XX y, si bien logró aumentos de rendimientos de algunos cultivos básicos, tuvo altos costos económicos y consecuencias ambientales y sociales negativas. Al igual que la presente agricultura transgénica, los principales promotores y beneficiarios del cambio tecnológico de la RV fueron las grandes compañías multinacionales fabricantes de los insumos.
La agricultura transgénica profundiza los rasgos del monocultivo y acentúa principalmente uno ya presente en la RV: la erosión y homogeneidad genéticas, que a la larga aumentan los riesgos ante el ataque de plagas. Una diferencia es que, al contrario de la RV, en cuanto a los cultivos transgénicos hay serias dudas respecto al aumento de rendimientos. El éxito del maíz Bt resistente a insectos y la soya transgénica resistente a herbicidas obedece, por un lado, a ciertas ventajas para el productor y, por otro, a los cuantiosos subsidios gubernamentales en el caso de Estados Unidos y la decidida promoción gubernamental en los países que los siembran masivamente. Un aspecto importante son las significativas regalías que perciben las corporaciones por concepto de propiedad intelectual. Se manifiesta así una agudización de la privatización de los recursos genéticos para la alimentación, y el poder y control de las corporaciones llega ahora a la estructura biológica más íntima: los genes.
Esto último representa una amenaza para la autonomía de los productores agrícolas que producen su propia semilla y hay casos de demandas de piratería a éstos por parte de las corporaciones, cuando sus campos se han contaminado accidentalmente. Sobre todo en plantas de polinización abierta, como el maíz, la siembra de un cultivo transgénico junto a otros que no lo son, implica que necesariamente estos últimos recibirán los transgenes por medio del polen, pese a que en la regulación se hable ahora de la “coexistencia” de ambos tipos de plantas.
Nuestro país, al ser centro de origen del maíz y ser éste es su principal alimento, además de la vecindad con Estados Unidos, se encuentra particularmente vulnerable. Desde el primer descubrimiento de transgenes en maíz en 2001, se han sucedido descubrimientos semejantes en casi todo el territorio nacional, pese a que la siembra liberalizada de estos maíces aún no está autorizada (aunque avancen las pruebas de campo y existan fuertes presiones para ello). Queda sólo a las organizaciones civiles, campesinas y ambientalistas la protección del patrimonio que significa la diversidad genética de los maíces mexicanos, pues al gobierno mexicano esto parece no importarle.
Otro efecto negativo de estas nuevas plantas en México es el reciente hallazgo de transgenes de soya en miel de exportación de Campeche. Está en riesgo un nicho de mercado que ha sido beneficioso para los campesinos mayas, mientras se autorizan 250,000 hectáreas de pruebas de soya transgénica en el país, 30,000 en la península de Yucatán. El riesgo de contaminación del agua subterránea de la península con el herbicida glifosato es también muy alto si el cultivo de esta soya se expande.
Llama la atención que una tecnología con más riesgos que ventajas, como la de los cultivos transgénicos, siga siendo esgrimida como la única solución al problema del hambre en el mundo por sus apologistas (promesa que incumplió la RV) y que, en la visión de muchos de nuestros funcionarios gubernamentales, se nieguen insistentemente las virtudes de la agricultura campesina biodiversa y se promueva sin concesiones el monocultivo propuesto por las corporaciones transnacionales como la única modernización deseable para la agricultura mexicana.
Fuente: La Jornada del Campo
Miércoles 15 de Agosto de 2012
Por Dario Aranda
“El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán, denunció la comunidad Indio Colalao. Desde la década del ’90 mantienen conflictos con privados que pretenden 19 mil hectáreas para agricultura. Enfrentaron desde amenazas y matanza de animales hasta contaminación de pozos de agua e intentos de desalojos.»
“El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán”, denunció la comunidad Indio Colalao, del norte provincial, que sufrió dos represiones de la policía para ser desalojados del territorio que habitan desde el 1600. También enfrentaron 25 pedidos de detención por no acatar el desalojo y dos miembros de la comunidad estuvieron apresados durante doce días. El motivo: 19 mil hectáreas que empresarios pretenden destinar a campos de soja. “Jueces y políticos violan nuestros derechos y sólo benefician a los que tienen dinero”, acusó Cynthia Ovejero, vocera de la comunidad.
La comunidad Indio Colalao vive en Riarte, norte de Tucumán, casi al límite con Salta. La historia de la comunidad incluso da nombre a la localidad (Martín Riarte, comunero diaguita del siglo XVII, es ancestro de la actual comunidad Colalao y de él proviene el nombre del lugar).
Desde la década del ’90 mantienen conflictos con privados que pretenden 19 mil hectáreas para agricultura. Enfrentaron desde amenazas y matanza de animales hasta contaminación de pozos de agua e intentos de desalojos. En 2005, el Estado provincial cerró la escuela primaria 31. Los chicos de la comunidad tienen que caminar todos los días catorce kilómetros para asistir a clase en Salta (deben atravesar el río Anta). La comunidad identifica este hecho como otra acción para que las familias abandonen la tierra.
La ley 26.160, sancionada en 2006, insta a realizar el relevamiento catastral de los territorios indígenas y suspende los desalojos. En 2010 comenzó el relevamiento en Riarte y la comunidad sindica ese hecho como el motivo que aceleró el proceso represivo.
En septiembre de 2010, el empresario Freddy Moreno Núñez Vela cerró el único camino vecinal que permitía el ingreso de vehículos. A inicios de junio pasado fue desalojado el comunero Elías Apaza, de 90 años y no vidente. La comunidad exigió explicación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al gobierno provincial, pero no obtuvo respuesta.
El 23 de junio, la policía provincial allanó la comunidad indígena por orden de la jueza Ema de Nucci y a pedido del fiscal Guillermo Herrera. Acusaron a una decena de comuneros por “usurpación” y robo al terrateniente. El 4 de julio –otra vez por pedido del fiscal Herrera y por orden del juez Juan Francisco Pisa– llegaron a la comunidad tres colectivos y 20 camionetas con policías (unos 300 efectivos) para realizar la “restitución provisoria” (según consta en el acta de desalojo) de la tierra al empresario. Luego de las 15 comenzaron la represión y el desalojo. Hubo balas de goma, corridas y palazos policiales.
La cacique María Lilia Delgado acusó a los privados Moreno Núñez Vela (titular de la firma agropecuaria Zanja Honda) y a Jorge Posee (de la empresa Agro Avance). El 25 de julio, el fiscal Guillermo Herrera solicitó la detención de 25 integrantes de la comunidad. El juez Pisa apoyó el pedido del fiscal. La acusación: “Tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros”. Dos días después detuvieron a Alberto Mercado y Manuel Pastrana. Estuvieron en prisión durante doce días.
La ONG Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos denunció la “criminalización de la lucha indígena en Tucumán”. Cuestionó al fiscal Herrera y a los jueces Nucci y Pisa. “La bochornosa actuación de la Justicia tucumana sigue dando muestras de cuán vulnerables pueden ser los principios del debido proceso”, explicó la directora, Josefina Doz Costa.
Amnistía Internacional Argentina acaba de solicitar al gobierno nacional que “respete los derechos humanos” de los pueblos originarios. “El Gobierno debe poner fin a los desalojos que se llevan adelante en distintas provincias y entregar los títulos de propiedad comunitaria de las tierras ancestrales”, reclamó. Citó como casos emblemáticos de expulsión de comunidades y “violenta represión estatal” a las provincias de Formosa, Neuquén, Salta y Tucumán.
La comunidad indígena de Colalao alertó que los pueblos originarios de Tucumán están padeciendo una “cacería que recuerda el genocidio de Julio Argentino Roca en la Campaña del Desierto”. La vocera Cynthia Ovejer adelantó qué hará la comunidad: “Seguiremos peleando por nuestros territorios”.
Fuente: Página 12
Miércoles 15 de Agosto de 2012
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó a un propietario agrícola del Partido de Alberti que no fumigue, porque su campo está a menos de mil metros de una zona de viviendas. La decisión del máximo tribunal provincial hizo lugar al amparo solicitado por una familia con niños que reside en la zona afectada.
Invocando los derechos a la salud y a gozar de un medio ambiente sano, la Corte se pronunció con los votos de sus miembros Juan Carlos Hitters, Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan y Héctor Negri, cambiando la resolución contraria de la primera y segunda instancia.
La Corte incluso fue más allá de lo pedido por la familia damnificada que, alegando efectos nocivos para su salud, pedía que se sembrara un cerco vivo, como barrera, y que no se fumigara a menos de 200 metros de su casa. El tribunal, en cambio, dispuso la prohibición de fumigación en un radio de mil metros con la zona poblada, en consonancia con lo previsto en una ordenanza municipal.
Del fallo surge que el propietario no había gestionado un permiso municipal para fumigar, con precauciones especiales, a menos de mil metros de las casas.
En el voto de Hitters se invoca el “principio precautorio” establecido en la ley 25.675, según la cual “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.
El magistrado cita recomendaciones del INTA Mercedes sobre las condiciones en que deben ser aplicados los agroquímicos para prevenir posibles consecuencias nocivas a la salud.
Los jueces constataron además que los pobladores tenían síntomas de irritación cuando se fumigaba en ese campo y que el químico bien pudo alcanzar sus propias plantaciones de durazno, maíz y tomate.
Miércoles 15 de Agosto de 2012
Los siete meses de gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota -PP-, se ha incrementado la persecución, intimidación, destrucción a la madre tierra, el territorio y a los bienes naturales.
Las violaciones a los derechos individuales y colectivos en Guatemala continúan por parte de quienes gobiernan el país y por quienes tienen el poder económico para comprar voluntades que respondan a los intereses de las empresas nacionales y transnacionales que con el argumento de querer invertir en el país, saquean los bienes de las comunidades.
La lucha del pueblo organizado continúa porque el ser humano no puede vivir sin armonía con la madre tierra, hoy más que nunca las comunidades tienen claro que sin agua no hay vida, sin tierra no hay alimento y sin alimento lo que prevalece es la desnutrición, según estudios realizados por algunas instituciones las empresas que se han ubicado en comunidades indígenas y campesinas han acaparado la tierra para la siembra de monocultivos como caña de azúcar y palma africana, en la costa sur.
En el IV Centro Nacional Agropecuario del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detalla que hasta 2003, 49 fincas se dedicaban a la producción de palma africana con una superficie total de 31,185 hectáreas. La Encuesta Agropecuaria 2007 describe que el número de fincas destinadas a este producto habría aumentado a 1,049 y la superficie cultivada se habría extendido a 65,340 has. En 2011 se estima que el área sembrada de palma africana se acercó a las 100,000 has, con una producción de 140 mil toneladas métricas anuales de aceite.
Denunciamos que el hambre que se vive en el país no es por falta de capacidad de las y los campesinos sino del acaparamiento de tierras que realizan las grandes transnacionales, provocando contaminación y destrucción en tierras guatemaltecas también debemos de mencionar las grandes violaciones que cometen los ingenios azucareros la producción de azúcar está concentrada en los ingenios que en su mayoría se ubican en la Costa Sur como ingenios: Pantaleón, Concepción, El Baúl, Magdalena, Palo Gordo, Los Tarros, La Unión, Madre Tierra, El Pilar, (El Ingenio Guadalupe fue cerrado en el 2005 y fu trasladado de Escuintla al Valle del Polochic para reiniciar operaciones con el nombre comercial Chabil Utzaj, S. A.
La lucha de los pueblos por el derecho a la alimentación plasmado en su artículo 99 de la Constitución Política de la República de Guatemala que literalmente dice: Alimentación y nutrición. El Estado velará porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud. Las instituciones especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un sistema alimentario nacional efectivo. Además continúa la lucha por la defensa de la madre tierra y territorio los pueblos siguen en pie de lucha por defender lo que les pertenece.
Los pueblos de Guatemala continúan defendiendo su territorio de las empresas extractivas mineras, hidroeléctricas por mencionar algunas de las transnacionales que se han ubicado en algunas comunidades están: El Tambor, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala S. A., Montana Exploradora, de propiedad de la canadiense Goldcorp, las empresas hidroeléctricas como las empresas españolas Hidralia y Producciones de Desarrollo Hídrico, en San Mateo Ixtatán Huehuetenango, el proyecto Cueva María, de la empresa Recursos Energéticos Pasac, S.A. en Quetzaltenango, hidroeléctrica Santa Cruz en Santa Cruz Barrillas que en el mes de mayo fue asesinado el 1 de mayo el líder comunitario Andrés Pedro Miguel asesinado cuando se organizó y protestaba contra la instalación de la hidroeléctrica en el municipio de Santa Cruz Barillas en el departamento de Huehuetenango, en la actualidad existen 17 líderes presos los cuales fueron detenidos durante el estado de sitio implementado en Santa Cruz Barillas.
Por mencionar algunas .
La criminalización de la lucha se ha incrementado en el actual gobierno el incremento de los presos políticos entre ellos Felipe Gutiérrez de la comunidad Los Regadíos del Norte del Quiché y de Manuel Shub y Pablo Sacrab de Alta Verapaz. Otro caso de persecución e intimidación podemos mencionar el atentado cometido en contra de Yolanda Oqueli quien lucha en conjunto con la comunidad porque la empresa minera no ingrese a San José del Golfo, asimismo la muerte del dirigente José Tavico Tzunun activista del Consejo de Pueblos quichés en donde el pasado 12 de junio dos hombres de manera violenta, ingresaron en su casa en la comunidad de Sibacá III, Santa Cruz del Quiché.
No podemos dejar de mencionar la violación que las empresas extractivas e hidroeléctricas hacia las mujeres indígenas y campesinas y mujeres que han perdido la vida por la defensa de sus derechos como el caso del asesinato de Evelinda Ramírez Reyes, originaria de Chiquirines, Ocós, San Marcos, sucedido en el 13 de enero de 2010 cuando denunció las violaciones de Unión Fenosa, por mencionar otro caso la muerte de Catalina Mucù Maas, parte de la Asociación AK`Tinamit denunciada por el Movimiento de Jóvenes Mayas Mojomayas en febrero del 2011, y caso reciente el ataque contra la lideresa de San José Del Golfo Yolanda Oqueli.
Nos unimos a la lucha de Los hermanos de los diferentes pueblos la lucha de los hermanos de San Juan Sacatepéquez, por la resistencia que han tenido de años por la defensa de su territorio al oponerse a la contaminación de la empresa cementera en su territorio, también nos solidarizamos con los hermanos de Santa Cruz Barrillas y la lucha que realizan los hermanos de San José del Golfo, y reiteramos que como CLOC Vía Campesina continuaremos la lucha porque el agua es vida y la vida no tiene precio.
La CLOC Vía Campesina en Guatemala exigimos:
Ø Que el Ministerio Público investigue de fondo el accionar de elementos del ejército Policía Nacional y autoridades de las empresas mineras e hidroeléctricas por la persecución a líderes y lideresas comunitarias que defienden sus territorios.
Ø La cancelación de otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera en territorio guatemalteco.
Ø Libertad inmediata a los presos políticos.
Ø A las autoridades de derechos humanos como la Procuraduría de Derechos Humanos velar por la seguridad integral de lideres y lideresas que están siendo perseguidas en diferentes regiones del país.
Guatemala, agosto 2012.
¡GLOBALICESMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA-, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC-, Comité de Unidad Campesina -CUC-
Miércoles 15 de Agosto de 2012
¡Por tierra, territorio y dignidad!
DOCUMENTO BASE:
“POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO ALTERNATIVO DE AGRICULTURA”
Encuentro Nacional Unitario de los Trabajadores/as, Pueblos del Campos, de las Aguas y de los Bosques
Por: ¡Reforma Agraria, Tierra, Territorio y Dignidad!
Brasilia, 20 al 22 de agosto de 2012
I. INTRODUCCIÓN
El Encuentro que ahora se realiza, desde el título enunciado, tiene tal identidad, motivación y propósitos que, desde un principio, importa caracterizar, porque a partir de esto se pretende provocar un proceso amplio de reflexión en las bases sociales aquí representadas, que se irá detallando y orientando en consecuencia.
El diálogo interno de los grupos sociales aquí reunidos tiene la pretensión de afirmar un sujeto histórico –portador– de demandas políticas y de derecho reconocidas por el Estado democrático brasileño, pero en la práctica negadas sistemáticamente. Por motivo de esa pretensión legítima, acciones significativas de movilización y articulación se hacen necesarias, teniendo en mente conquistar el apoyo de la sociedad y del Estado para realizar los cambios que nos proponemos.
Las bases sociales que ahora se encuentran son representativas de distintos grupos sociales, etnias y movimientos sociales agrarios de todo el Brasil –pueblos indígenas, comunidades tradicionales, asentados de la reforma agraria, y acampados a la espera del asentamiento, agricultores familiares, campesinos contemporáneos, extractivistas, pueblos de los bosques, pescadores artesanales, quilombolas e incluso trabajadores asalariados.
El foco de unidad de esos pueblos y grupos sociales en este Encuentro es la lucha por la tierra, contra las muchas amenazas, que, no obstante múltiples particularidades, presenta un denominador común –la expansión sin límites de reglas democráticas, del gran capital– autodenominado “agronegocio”, sobre las tierras y territorios d destinación social. Tal expansión se da la frágil incorporación del trabajo asalariado regular e inclusive con recurrencia a formas similares al trabajo esclavo, conforme testimonian innumerables laudos de fiscalización del trabajo (Ministerio del Trabajo). Ese estilo de expansión agrícola vacía los campos y provoca superpoblación en el espacio urbano, al margen de demandas explícitas del mercado de trabajo.
Las amenazas concretas de concentración privada de las tierras y la desarticulación de los asentamientos de los diversos grupos, provisoriamente aquí identificados como campesinos contemporáneos y pueblos indígenas, tienen diversas procedencias –de los frentes de expansión de los monocultivos agropecuarios y forestales, de las mineras, de los grandes proyectos hidroeléctricos y, principalmente del escandaloso proceso de apropiación ilegal (o “grilagem”) que el Estado brasileño asiste impunemente o del que es cómplice.
El significado de este Encuentro y del proceso que pretende desencadenar es de tres dimensiones: política, en el sentido de la unidad de los movimientos sociales agrarios en torno a la agenda común en la lucha por la tierra, superando la fragmentación que permite al gobierno federal ignorar sistemáticamente demandas legítimas de esta base social; social en el sentido de la autodefensa contra las amenazas concretas de destrucción social, cultural y física de los campesinados brasileños; histórica en el sentido de evocar y homenajear al medio siglo recorrido de este 1º Congreso Campesino, de carácter nacional, ocurrido en Belo Horizonte en 1961.
Los grupos sociales aquí reunidos, con su riqueza social, cultural, étnica e histórica, cargan en relación con las tierras y territorios de “hábitat” y de trabajo una lucha multisecular por reconocimiento de derechos legítimos. Su relación y cuidado con la tierra y con los alimentos no puede quedar restringida a la explotación económica, ya que contiene valores que no se limitan a los productos de mercado que allí pueden ser plantados y cosechados. Su/s cultura/s populares contienen los signos más profundos del Brasil y de su gente, regiones, costumbres y manifestaciones artísticas y saberes populares, que sufren el atropello de la monopolización por el gran capital. Son pueblos y grupos sociales depositarios de vínculos legítimos con la nación brasileña, cuya desestructuración en nombre del capital y del dinero, rompe con la propia identidad cultural del Brasil. De la misma forma, la acentuada concentración, y ahora, desnacionalización de las tierras por el gran capital, rompe con la idea de nación territorial.
El Encuentro político de los múltiples campesinados, forjados a lo largo de la historia, que se da en el momento presente, ultrapasa el significado de defensa contra las amenazas concretas con que ahora se encara, aunque inmediatamente tenga esta motivación. Pero es principalmente un momento de afirmación de los proyectos de autonomía campesina en las condiciones del siglo XXI y se comunica con múltiples expectativas de los sectores marginados por la economía política del agronegocio, con vistas a la superación del modelo de subdesarrollo que actualmente paraliza al Brasil.
El Encuentro da inicio a un conjunto de movilizaciones articuladas de los movimientos de la agricultura familiar, campesinados y pueblos indígenas, con pretensión legítima de afirmar la lucha por el derecho a la tierra, hoy día desplazado de la agenda política brasileña.
II. LOS DESAFÍOS DEL MOMENTO PRESENTE
1- La economía brasileña viene profundizando desde la última década su dependencia externa por exportación de productos primarios, en simultaneidad al agravamiento de la situación deficitaria de la “industria” y de los “servicios”. En tales condiciones, se agrava el déficit en las “transacciones externas”, para lo que se demanda cada vez más capital extranjero para que supla tal laguna y se apela simultáneamente para una estrategia de súper explotación de las tierras, minas y aguas para atender el servicio de dependencia.
2- El Brasil vive un claro proceso de “reprimarización” de los sectores clave, envueltos en las exportaciones, de que se tornó especializado en media docena de productos agropecuarios y minerales –soja, carnes, azúcar y alcohol, pasta de madera, mina de hierro, aluminio y petróleo bruto. Ese proceso desplaza el eje de la expansión económica –de la industria– cuyo principal motor es el progreso técnico; para la producción de productos primarios exportables, persiguiendo una especialización primaria en las relaciones externas. Y paralelamente a ese desplazamiento del eje de la acumulación de capital, se reestructura internamente la economía política del agronegocio, fundamentada en la alianza de la gran propiedad territorial, de las cadenas agroindustriales y del Estado financiador y garante de la riqueza del latifundio.
3- La crisis de la economía mundial, que desde 2008, da señales de extensión y profundidad crecientes y tiende a afectar cada vez más la economía brasileña en los aspectos en que ésta se ha especializado más recientemente: las exportaciones de “commodities” y el ingreso de capital extranjero. En tales circunstancias, mientras se discuten salidas para el desarrollo, las estrategias privadas más conservadoras, dentro y fuera del gobierno y de su base de sustento parlamentario, persiguen una todavía mayor profundización de la economía del agronegocio. Se abren con el nuevo Código Forestal innumerables facilidades a la explotación excesiva de los recursos naturales en la producción de monocultivos, al mismo tiempo en que se introduce una economía financiera verde, a especular en forma privada con títulos de crédito de carbono en los bosques públicos.
4- La vinculación muy estrecha de los gobiernos de la República, claramente en estos últimos doce años, con una política antisocial en el plano agrario, frustra esperanzas por largo tiempo acariciadas, desactiva la reforma agraria, desestructura los órganos encargados de las políticas de tierra, las ambientales e indígenas, contrario a las demandas sociales, como también del ordenamiento constitucional construido en 1988.
5- En la actual situación de crisis, el Brasil, como país rico en tierras, aguas, biodiversidad, recursos minerales y otros recursos naturales, atrae simultáneamente capital financiero especulativo y agroexportador. Pero lo hace bajo un régimen de completa laxitud de las políticas de tierras, que deberían cumplir y hacer cumplir la función social y ambiental de la propiedad fundiaria; se institucionaliza todavía, de hecho y de derecho, la apropiación sistemática de tierras públicas, tierras indígenas, de parques y reservas naturales. Además, los recursos hídricos, vitales para usos múltiples de la sociedad y de la economía, especialmente de la población urbana, viene crecientemente dilapidándose por la utilización antisocial de las aguas y de los bosques.
6- Saltan a la vista los problemas en perspectiva que hacen a la profundización del modelo de economía política del agronegocio ahora enunciado: agravamiento de la dependencia externa, degradación de recursos naturales y de la producción de alimentos saludables, extrema concentración de la tierra, desnacionalización del patrimonio fundiario y simultánea súper explotación y prescindencia del trabajo humano en ese estilo de expansión capitalista.
7- Las pérdidas hoy destacadas deben llamar particular atención hacia una especie de rueda que el modelo vigente viene imponiendo a los diversos campesinados del Brasil, actualmente reunidos y representados en este Encuentro. La ocupación, invasión, contaminación, intrusión, la desarticulación de los asentamientos y apropiación de las tierras campesinas, indígenas, quilombolas, de asentamientos de la reforma agraria o de parques y reservas naturales y de tierras recuperadas por el Estado, se constituyen en la actualidad en un movimiento ultra-conservador, anti-campesino, de graves repercusiones y consecuencias para la integridad nacional y cultural del Brasil.
III – PLATAFORMA PARA UN PROGRAMA ALTERNATIVO
Razones de vivir y amenazas concretas contra la vida y contra la tierra llevaron a las organizaciones sociales reunidas en este Encuentro y se unieron en un proceso de lucha nacional articulado. Igualmente reconociendo la diversidad política, social y regional de los grupos sociales aquí reunidos, comprendemos en la práctica la necesidad y la importancia de la construcción de la unidad, hecha sobre las bases de la sabiduría, de la madurez y del respeto a las diferencias, buscando conquistas concretas para los pueblos del campo. Afirmar la autonomía del estilo de vida campesino en pleno siglo XXI es una saludable pretensión de los varios grupos sociales que aquí se encuentran, lo que implica nuevas relaciones con la tierra, con la sociedad, con el Estado y con la economía política dominante.
Nuestra plataforma de propuestas concretas de cambios del campo busca alcanzar, en síntesis:
1. Una sociedad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y las mismas condiciones de desarrollo humano;
2. Atender necesidades básicas de alimentación saludable de la población, desatendidas por el sistema convencional;
3. Promover igualdad en el acceso a la tierra y a las oportunidades de manutención de la tierra a los pueblos y grupos que de ella necesitan, como tierra de trabajo y tierra de convivencia;
4. Reconocer y fomentar la autonomía campesina, rescatando su potencial de producción de alimentos saludables, autonomía tecnológica y energética;
5. Recuperar capacidades de pueblos y culturas secularmente oprimidas, identificadas con un Brasil profundo, rescatando la autoestima de los pueblos de la tierra.
En este sentido, es necesario reconocer, rescatar y respetar las luchas de la mayoría de la población rural por:
1. Acceso a la tierra y garantías a la manutención en los territorios, por lo que se requiere aplicar el principio constitucional de la función social y ambiental de la tierra en general, titulación de tierras de quilombolas, tierras indígenas y áreas comunitarias, como “fundos de pasto” y “faxinais”; el disfruto común de las aguas, lagos y humedales, con la preservación de la biodiversidad.
2. Realización de una reforma agraria amplia, siempre en conexión con una política agraria que tenga por eje el principio de la función social y ambiental de la tierra, aplicable a toda la tierra explotada o mantenida en ociosidad. A su vez, la necesaria conexión de la reforma agraria con un conjunto de políticas sociales y de fomento económico, requiere un rediseño concertado de acciones de la reforma agraria y del desarrollo rural, actualmente dispersas, fragmentadas o desactivadas de la burocracia estatal.
3. Construcción de una estrategia de autonomía campesina como vía distinta de desarrollo rural, relativamente a la economía del agronegocio, con características innovadoras y transformadoras de las relaciones económicas, sociales y ambientales en varios aspectos relevantes, como ser: a) especialización en la producción de alimentos saludables; b) autonomía de medios de producción y saberes agroecológicos vinculados a otra concepción técnica de manejo con la tierra; 3) autonomía energética con incorporación de innovaciones a mejor utilización de la energía solar, de la biomasa, eólica y del biogás; 4) mayor integración a los mercados institucionales componentes de una política nacional de producción y consumo de alimentos saludables, a ser definida.
4. Priorizar la producción de los alimentos saludables en conexión con las demandas institucionales del sistema educacional, de seguridad alimentaria y de las políticas sociales en general; especialmente para la atención de las necesidades y funciones preventivas de parte del sistema público de salud.
5. Reestructuración de los sectores de los gobiernos federal y estaduales que atienden la agricultura familiar, campesina y pueblos de los campos, de las aguas y de los bosques, teniendo en vista diseñar auténticas y diferenciadas políticas regionales de fomento a las estrategias de vida y de trabajo de esos grupos sociales;
6. Fomento a la agroecología y diversas prácticas de la agricultura orgánica, susceptibles de eliminar la utilización de agrotóxicos y producir alimentos saludables. Papel importante pueden cumplir en este sentido las iniciativas de la investigación pública, en especial de la EMBRAPA o de la nueva institución de fomento con misión específica, así también la función de la educación del campo.
7. Implantar y desarrollar proyectos de educación indígena y campesina contextualizados, que respeten y fortalezcan la lengua de cada pueblo, sus saberes y al mismo tiempo permitan la convivencia con el conjunto de la sociedad brasileña. No tiene sentido una educación urbanizada, transplantada para el medio rural, ni una educación técnica de estilo agronegocio para el medio campesino. Es fundamental rescatar saberes milenarios de poblaciones que conviven y cuidan de sus biomas a imagen y semejanza de la madre naturaleza;
8. Rescatar el acervo de artes, saberes culinarios, medicinas y principalmente prácticas culturales indígenas y campesinas, reconociéndolas como valores de destrucción. Introducir prácticas políticas que rescaten y reconozcan la autonomía campesina como avance rumbo a una sociedad democrática, pluralista, en proceso de superación de los límites.
9. Fortalecer estrategias de cooperación y solidaridad de los grupos campesinos, respetando siempre sus diversidades, especialmente en sus relaciones con los mercados institucionales.
10. Rediseñar y consolidar un conjunto de reglas de políticas públicas que rigen la acción estatal sobre la agricultura familiar y los pueblos indígenas –en la reforma agraria (PNRA), en la educación (Educación del Campo), en la Previsión Social (Régimen de Economía Familiar), en la política agrícola (PRONAF), en la salud (salud indígena) y en la Seguridad Alimentaria ( Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar, PAA)–, teniendo en cuenta la atención de las demandas por la defensa de la tierra, cultura y protección social de los pueblos y grupos sociales aquí reunidos.
Miércoles 15 de Agosto de 2012
Las entidades: APIB, CARITAS, CIMI, CPT, CONTAG, FETRAF, MAB, MCP, MMC, MPA Y MST, presentes en el Seminario Nacional de Organizaciones Sociales del Campo, realizado en Brasilia, los días 27 y 28 de Febrero de 2012, deliberaron sobre la construcción y realización de un proceso de lucha unificada en defensa de la Reforma Agraria, de los derechos territoriales y de la producción de alimentos saludables.
Considerando:
1) La profundización del capitalismo dependiente en el medio rural, basado en la expansión del agronegocio, produce impactos negativos en la vida de los pueblos del campo, los bosques y las aguas, impidiendo el cumplimiento de la función socioambiental de la tierra y la realización de la reforma agraria, promoviendo la exclusión y la violencia, impactando negativamente también en las ciudades, agravando la dependencia externa y la degradación de los recursos naturales (primarización).
2) El Brasil vive un proceso de reprivatización de la economía, basada en la producción y la exportación de commodities agrícolas y no agrícolas (minería), que es incapaz de financiar y promover un desarrollo sustentable y solidario y satisfacer las necesidades del pueblo brasileño.
3) El Agronegocio representa un pacto de poder de las clases sociales hegemónicas, con fuerte apoyo del Estado Brasileiro, basado en la renta financiera y la acumulación de capital, en la mercantilización de los bienes naturales, generando la concentración y extranjerización de la tierra, la contaminación de los alimentos por agrotoxicos, la destrucción del medio ambiente, la exclusión y la violencia en el campo, y la criminalización de los movimientos, dirigentes y luchas sociales
4) La crisis actual es sistémica y planetaria y, en situaciones de crisis, el capital busca salidas clásicas que afectan aún más a los trabajadores y trabajadoras como el aumento de la explotación de la fuerza de trabajo (inclusive con trabajo esclavo), super explotación y concentración de los bienes y recursos naturales (reprimarización), flexibilización de derechos e inversión en tecnología excluyente y predatoria.
5) En la actual situación de crisis, el Brasil, como un país rico en tierra, agua, bienes naturales y biodiversidad, atrae al capital especulativo y agroexportador, acentuando los impactos negativos sobre los territorios y poblaciones indígenas, comunidades tradicionales, campesinas y quilombonas. Externamente, el Brasil podría convertirse en la palanca de un proyecto neocolonizador, expandiendo este modelo hacia otros países, especialmente en América Latina y Africa.
6) El pensamiento neodesarrollista centrado en la producción y en el lucro, defendido por la derecha y por los sectores de izquierda, excluye y trata como obstáculos a los pueblos campesinos e indígenas. La opción del gobierno brasileño por un proyecto neodesarrollista, centrado en grandes proyectos y en la exportación de commodities, agrava la situación de exclusión y de violencia. Por lo tanto no atiende las cuestiones estructurales ni coloca en el centro de la agenda política a la reforma agraria, generando gran insatisfacción en las organizaciones sociales del campo, a pesar de los pequeños avances en cuestiones menores. y no plantea una reforma agraria integral
Estas son las razones centrales que llevaron a las organizaciones sociales del campo a unirse en un proceso nacional de lucha articulada. Si bien reconocen la diversidad política, estas entienden la importancia de la construcción de la unidad, hecha sobre la base de la sabiduría, de la madurez y del respeto de las diferencias, buscando conquistas concretas para los pueblos del campo, de los bosques y de las aguas. En este sentido, nosotros, las organizaciones del campo, lucharemos por un desarrollo sustentable y basado en la soberanía alimentaria y territorial, a partir de cuatro ejes centrales
a) Reforma Agraria amplia y de calidad, que garantice los derechos territoriales de los pueblos indígenas, campesinos y de las comunidades tradicionales: la tierra como medio de vida y afirmación de la identidad sociocultural de los pueblos, contra la extranjerización de las tierras y a favor del establecimiento de un límite a la propiedad de la tierra en Brasil
b) Desarrollo rural con distribución de renta y riqueza y el fin de las desigualdades
c) Producción y acceso a alimentos saludables y conservación ambiental, estableciendo procesos que aseguren la transición hacia la agroecología
d) Garantía y ampliación de derechos sociales y culturales que permitan la calidad de vida, la sucesión y la permanencia de la juventud en el campo.
Este es un momento histórico, un espacio calificado, con dirigentes de las principales organizaciones del campo que esperan la adhesión y el compromiso con este proceso de parte de otras entidades y movimientos sociales, sectores gubernamentales, parlamentarios, personalidades públicas y sociedad en general, esta vez que la agenda que nos une es una agenda de intereses de todos y todas.
Brasilia, 28 de febrero de 2012
APIB: Asociacion de los pueblos indígenas del Brasil
CARITAS Brasileña
CIMI: Consejo Indigenista Misionero
CPT: Comisión Pastoral de la Tierra
CONTAG: Confederación nacional de Trabajadores de la Agricultura
FETRAF: Confederación Nacional de los Trabahadores de la Agricultura Familiar
MAB: Movimiento de los afectados por las represas
MCP: Movimientos Campesino Popular
MMC: Movimiento de Mujeres Campesinas
MPA: Movimiento de los Pequeños Agricultores
MST: Movimiento de los Trabajadores Rurales sin tierra
Es el campo unido y fuerte!
Miércoles 8 de Agosto de 2012
CONVOCATORIA
I ASAMBLEA CONTINENTAL DE LA COORDINADORA LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO CLOC- VIA CAMPESINA
“Contra el Saqueo del Capital y del Imperio, Por la tierra y la Soberanía de Nuestros Pueblos ¡AMÉRICA LUCHA!”
Esta consigna que animó la realización de nuestro V Congreso Continental, en octubre 2010 en Ecuador, sigue vigente hoy más que nunca, con la arremetida que el capital y el imperio está haciendo en nuestro continente; como el reciente golpe de Estado en Paraguay, la criminalización de la lucha social, principalmente, en Honduras, Guatemala, Colombia, Paraguay y México. Además, el proceso de mercantilización de los bienes comunes como la tierra y el agua que son recursos fundamentales para la soberanía de nuestros pueblos.
La I Asamblea Continental de la CLOC-VC, se realizará en un escenario complejo, pero que al mismo tiempo, recuperando las definiciones políticas y el plan de acción del V Congreso, debe marcar las pautas que permitan por una parte fortalecer orgánicamente nuestra articulación, así como recuperar su capacidad de movilización continental. En ese sentido ratificamos nuestra solidaridad y compromiso con Cuba Socialista y llamamos a fortalecer los movimientos sociales del continente, que en el marco del ALBA y otros procesos de integración, sean referencia y garantía de la participación organizada del pueblo en las decisiones y rumbos estratégicos.
Convocamos a construir juntos y juntas nuestra I Asamblea Continental de la CLOC-VC, desde todas las regiones y países, trayendo nuestras culturas, nuestra mística de movilización y de lucha; así como la solidaridad internacional de los pueblos.
Por mandato del V Congreso de la CLOC-VC, y por resolución de la Comisión Política Continental, la I Asamblea Continental de la CLOC-VC es fruto de un proceso sostenido de articulación y organización de cada una de las regiones. Este espacio de reflexión y formación se realizará del 17 al 25 de octubre del 2012, en Nicaragua, pueblo rebelde y luchador referente histórico del continente y del mundo, que nos acogerá como sede para esta asamblea.
Frente a nuestra I Asamblea Continental de la CLOC-VC, no planteamos los siguientes objetivos:
1. Profundizar la formación socio-política de nuestros dirigentes y militantes, con plena inclusión de las mujeres y jóvenes, garantía de nuestro presente y futuro de lucha.
2. Establecer alianzas teniendo en cuenta que el sistema capitalista ha impactado fuertemente en los/as trabajadores/as del campo y la ciudad, momento oportuno entonces para reafirmar nuestra alianza de clase.
3. Tener un espacio de trabajo de las comisiones que de más contenido al plan de trabajo y de acción del V Congreso.
4. Preparar nuestra participación en la VI Conferencia de la Vía Campesina.
5. Recuperar el carácter de solidaridad con acciones en Honduras y Guatemala.
6. Fomentar el internacionalismo y recuperar la mística al interior de la CLOC-VC.
7. Responder colectivamente con fuertes acciones a las ofensivas del capital y del imperio sobre nuestro continente y en el mundo.
La I Asamblea Continental de la CLOC-VC tendrá un carácter:
• De recordación al compañero Egidio Brunetto, militante del Movimiento Sin Tierra y referente internacionalista.
• De análisis de los avances y seguimientos de las líneas y resultados del V Congreso.
• De dar continuidad con al debate de estructura, funcionamiento y la carta orgánica de la CLOC.
• Apuntar el trabajo a la participación de las comisiones en esta Asamblea.
• De preparación para la VI Conferencia de la Vía Campesina.
• Tendrá un carácter representativo, participativo, autónomo y propositivo.
Comisiones de Trabajo de la I Asamblea Continental de la CLOC-VC:
1. Soberanía alimentaria, Agricultura campesina, bienes naturales, coca y “Campaña de semillas”. “Campaña de Agrotóxicos”
2. Reforma agraria, Tierra, Territorio, y l “Campaña Global por la Reforma Agraria”
3. DD HH “Campaña de la No Violencia contra las mujeres”
“Campaña por la liberación de los presos políticos”
4. Formación y Educación
5. Comunicación
6. Migraciones y asalariados agrícolas.
7. Pueblos indígenas y afrodescendientes.
– Articulación de Jóvenes 10
– Articulación de Mujeres 10
“Contra el saqueo del capital y del imperio”.
Por la Tierra y la Soberanía de Nuestros Pueblos
¡AMÉRICA LUCHA!
Lunes 6 de Agosto de 2012
Leonardo Boff
El conjunto de crisis que avasalla a la humanidad nos obliga a parar y hacer un balance. Es el momento filosofante de todo observador crítico, siempre que quiera ir más allá de los discursos convencionales e intrasistémicos.
¿Por qué hemos llegado a la situación actual que objetivamente amenaza el futuro de la vida humana y de nuestra obra civilizatoria? Respondemos sin mayores justificaciones: los principales causantes de este recorrido son aquellos que en los últimos siglos detentaron el poder, el saber y el tener. Ellos se propusieron dominar la naturaleza, conquistar el mundo entero, someter a los pueblos y poner todo al servicio de sus intereses.
Para esto utilizaron un arma poderosa: la tecnociencia. Por la ciencia identificaron cómo funciona la naturaleza y por la técnica realizaron intervenciones para beneficio humano sin reparar en las consecuencias.
Los señores que realizaron esto fueron los europeos occidentales. Nosotros latinoamericanos fuimos agregados a ellos a la fuerza como un apéndice: el Extremo Occidente.
Esos occidentales, sin embargo, están hoy enormemente perplejos. Se preguntan aturdidos: ¿cómo podemos estar en el ojo de la crisis si tenemos el mejor saber, la mejor democracia, la mejor economía, la mejor técnica, el mejor cine, la mayor fuerza militar y la mejor religión, el cristianismo?
Ahora estas «conquistas” están puestas en entredicho, pues ellas, no obstante su valor, es innegable que ellas no nos proporcionan ningún horizonte de esperanza. Sentimos que el tiempo occidental se ha agotado y ha pasado ya. Por eso ha perdido cualquier legitimidad y fuerza de convencimiento.
Arnold Toynbee, analizando las grandes civilizaciones, notó esta constante histórica: siempre que el arsenal de respuestas para los desafíos ya no es suficiente, las civilizaciones entran en crisis, empiezan a descomponerse hasta que colapsan o son asimiladas por otra. Esta trae renovado vigor, nuevos sueños y nuevos sentidos de vida personales y colectivos. ¿Cuál vendrá? ¿Quién lo sabe? He aquí la pregunta crucial.
Lo que agrava la crisis es la persistente arrogancia occidental. Incluso en decadencia, los occidentales se imaginan como la referencia obligatoria para todos.
Para la Biblia y para los griegos este comportamiento constituía el supremo desvío, pues las personas se colocaban en el mismo pedestal de la divinidad, considerada como la referencia suprema y la Última Realidad. Llamaban a esa actitud hybris, es decir, arrogancia y exceso del propio yo.
Fue esta arrogancia la que llevó a Estados Unidos a intervenir con razones mentirosas en Irak, después en Afganistán y antes en América Latina, sosteniendo durante muchos años regímenes dictatoriales militares y la vergonzosa Operación Cóndor mediante la cual centenares de líderes de varios países de América Latina fueron secuestrados y asesinados.
Con el nuevo presidente Barak Obama se esperaba un nuevo rumbo, más multipolar, respetuoso de las diferencias culturales y compasivo con los vulnerables. Craso error. Está llevando adelante el proyecto imperial en la misma línea del fundamentalista Bush. No ha cambiado sustancialmente nada en esta estrategia de arrogancia. Al contrario, inauguró algo inaudito y perverso: una guerra no declarada usando «drones”, aviones no tripulados. Dirigidos electrónicamente desde frías salas de bases militares en Texas atacan, matando a líderes individuales y a grupos enteros en los cuales suponen que puede haber terroristas.
El propio cristianismo, en sus distintas vertientes, se ha distanciado del ecumenismo y está asumiendo rasgos fundamentalistas. Hay una disputa en el mercado religioso para ver cuál de las denominaciones consigue reunir más fieles.
Hemos presenciado en la Río+20 la misma arrogancia de los poderosos, negándose a participar y a buscar convergencias mínimas que aliviasen la crisis de la Tierra.
Y pensar que, en el fondo, solamente buscamos la sencilla utopía, bien expresada por Pablo Milanés y Chico Buarque: «la historia podría ser un carro alegre, lleno de un pueblo contento”.