A data é mundialmente conhecida como o Dia Internacional Contra os Agrotóxicos e recorda a tragédia de Bhopal (Índia), quando em 1984, uma fábrica de agrotóxicos da empresa Carbide Union explodiu matando 20 mil pessoas, milhares de feridos e com sequelas fruto da intoxicação. 
No Brasil não há o que comemorar quando falamos do uso de agrotóxicos, somos o maior consumidor de veneno, – entorno de 7,2 litros por pessoa ano -, e também, somos um dos países com maior incentivo legal e fiscal para seu uso. Conforme a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, dos 50 agrotóxicos mais usados no Brasil, 29 são proibidos no exterior, ou seja, o Brasil é o destino predileto dos agrotóxicos banidos em outros países. 

Por Comunicação MPA

Com as fortes chuvas que atingem a região de Altamira (PA), a água da lagoa do bairro Independente 1 subiu e invadiu as casas dos moradores nas palafitas e no entorno. O primeiro susto ocorreu na madrugada de ontem (29). As famílias estão se abrigando na sede da associação de moradores do bairro, onde há uma grande área coberta.

Os moradores da lagoa foram reconhecidos como atingidos pela hidrelétrica de Belo Monte em março deste ano, após um processo de lutas de mais de três anos no Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). No entanto, a Norte Energia, concessionária da hidrelétrica, teve dificuldade em entrar em acordo com a prefeitura de Altamira para firmar um termo de compromisso, o que acabou atrasando a retirada dos moradores. A negociação com as famílias para a remoção iniciou de fato na última quarta-feira (28). 

“Fizemos muita luta para pressionar pela nossa retirada o mais rápido possível, porque sabíamos que com a chegada do inverno estaríamos em situação de risco, pois as casas e as palafitas já estão se deteriorando”, afirma Fábio Magalhães, da coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e morador do local.

Fábio conta que acordou de madrugada com os vizinhos batendo à sua porta. Por ter o assoalho um pouco mais alto, a água não havia chegado a invadir a casa. “Quando vi tinha mais de vinte meninos dentro de casa. As mães levavam as crianças para lá e voltavam para casa para tentar salvar alguma coisa”, conta.

Nazária foi uma das primeiras moradoras a levar suas coisas para a sede da associação de moradores. “Perdi rack, sofá na água podre”, conta ela. A maior preocupação foi com o filho que ainda é bebê.

A Norte Energia se comprometeu a buscar realizar as mudanças o mais rápido possível. Até o momento, a empresa informa que já fez 45 negociações com as famílias. Ao todo, cerca de 600 famílias devem ser retiradas do local pela empresa. Elas têm direito a indenização, uma casa em um dos Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs) de Altamira, ou aluguel social, de acordo com cada caso.

Por Diego Monton MNCI Via Campesina para Infonews

¿No debiera ser una preocupación del G20 fomentar una agricultura amigable con el ambiente? ¿No es acaso la mitigación de la crisis climática uno de los Objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible? 

Detrás de los discursos de seguridad alimentaria y agricultura sostenible, las discusiones en el G20 sobre Agricultura se plantean fundamentalmente el Libre comercio y el fin de las barreras arancelarias. Quien lo expresó claramente en la reunión de ministros de agricultura, fue Julia Klöckner, ministra federal de Alimentos y Agricultura de Alemania, acompañada por el ahora secretario de Agroindustria de Argentina y ex presidente de SRA,  Miguel Etchevehere.

En lo que respecta a las discusiones y propuestas sobre agricultura, participaron como “sociedad Civil” un grupo de afinidad presidido por Luis Pagani (Arcor) e integrado por representantes de Sociedad Rural Argentina (SRA), Luigi Bosca, Cepas Argentinas SA, Carozzi (Chile), Coca-Cola, Danone, PepsiCo y Unilever. CREA, Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (Ceads) .

Los intereses de la Agricultura familiar y de las economías regionales populares, no tuvieron ningún tipo de representación en las propuestas del gobierno de Argentina.

¿Es libre Mercado lo que nos conduciría al Desarrollo Sostenible? ¿Significa una posibilidad para la Argentina?

En primer lugar no existe en el contexto actual un posible libre mercado, y en segundo lugar existen enormes disparidades entre las economías, producto entre otras cosas de largos años de proteccionismo, fundamentalmente de EEUU y la Unión europea a sus sistemas agrícolas.

La agricultura estadounidense de la mano de la ley agrícola (Farm bill) ha estado subsidiada con un promedio de $25 mil millones de dolares anuales y según la Oficina de Presupuesto del Congreso se proyectan alrededor de 199 mil millones de dolares destinados a la agricultura estadounidense para los próximos 10 años.

En el caso de la PAC ( Política Agrícola Común de la Unión Europea), los subsidiosa la agricultura de 2014-2020, superan los 308 mil millones de euros, el presupuesto promedio / año para los subsidios, es de más de 44 mil millones de euros.

Ademas, en muchos países, el trabajo precarizado e incluso esclavo reduce los costos de los productos agrícolas, no siendo esta una variable aceptada en el marco de un proyecto que se pretenda inclusivo.

Por esto es muy difícil que la producción de nuestras economías regionales presenten alguna chance de competitividad bajo esas reglas, y sobre todo después de que el gobierno de Cambiemos eliminó todo tipo de subsidios a tarifas y dolarizó los precios de los combustibles .

A esto se suma el predominio de las corporaciones transnacionales, que controlan gran parte del mercado global de agroquímicos y semillas, así como de la infraestructura de transporte y carga.

El proyecto de ley de semillas que pretende aprobar el oficialismo cambiemita va en dirección a favorecer ese dominio extranjero y corporativo.

Argentina, en la actualidad, ni siquiera cuenta con un ministerio de Agricultura, y las economías regionales y las miles de familias de pequeños productores y agricultores familiares no cuentan con ningún tipo de incentivo estatal.

Mas allá de los acuerdos posibles del G 20 , lo cierto es que el Macrismo abrió la importación de productos agropecuarios deliberadamente. Los impactos en las provincias han sido desastrosos. Como señalamos, no es posible competir frente a siderales subsidios explotación del trabajo

Los productores de cerdos, uva, manzanas y tomate, entre otros, sufrieron en carne propia estos embates, con consecuencias que aun no podremos cuantificar, asociado a las disparidades dentro de cada cadena, en la que Argentina también tiene estructuras monopólicas de los sectores industriales que trasladan todos los costos a los productores.

Por ejemplo, respecto del Vino, en 2015 se importaron 1283 hectolitros, en 2016 lo importado se incrementó a 91443 hectolitros y en 2017 llegamos a 810104 hectolitros, estancando definitivamente el precio de la uva que se le paga al productor, al cual le subieron todos los costos. Además, solo cerca de un 20% del vino se exporta, es decir el mercado principal del vino es el interno.

Respecto al tomate entero pelado en 2015 la cantidad de kilos importados fue de 335.667, en 2016 aumentó exponencialmente a los 3.593.869 mientras que para en 2017 ingresaron 10.302.124 kilos. Recientemente se oficializó la quiebra de ALCO – Canale que industrializaba tomate en Argentina

Situaciones similares ocurren con los cerdos, las manzanas y otros productos de las economías regionales.

Desde la perspectiva de un proyecto para las mayorías, la agricultura tiene fundamentalmente el rol de producción y abastecimiento de alimentos saludables y suficientes para garantizar la Soberanía Alimentaria, y la generación de trabajo de calidad, en un marco de sostenibilidad ambiental y ecológico y el arraigo de la población en todo el territorio nacional con ingresos adecuados para un modo de vida digno.

Si bien es cierto, que la pampa Húmeda tiene una posibilidad de renta diferencial por sus condiciones, y es un potencial factor de ingreso de divisas al país, esto no puede condicionar toda la política agraria del país. Además, la desregulación generalizada que impulsó Cambiemos sumado a la significativa baja de las retenciones, hace que la socialización de divisas de ese sector sea ínfima dado que esta región esta altamente concentrada y bajo un esquema de subordinación a las trasnacionales, por lo que una gran parte de esas divisas en realidad ni siquiera ingresa al país. Es por esto, que ese argumento, no puede ser suficiente para que en base un pequeño sector con condiciones de exportación competitiva y alta rentabilidad, se castigue a la gran masa de agricultores familiares y campesinos que producen para el mercado interno y generan mas del 60% del trabajo rural con tan solo el 18% de la tierra agrícola del país.

Por otro lado, diversos estudios estiman que cerca del 50% de las emisiones de gases con efecto invernadero, provienen de la Agricultura Industrial, siendo esta forma corporativa de altos insumos de derivados de hidrocarburos, uno de los principales causas del cambio climático: ¿No debiera ser entonces una preocupación del G20 como fomentar una agricultura amigable con el ambiente? ¿No es acaso la mitigación de la crisis climática uno de los Objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible?

Conociendo además que la agricultura campesina con tan solo el 25% de las tierras agrícolas alimenta al 70% de la población mundial: ¿No debería ser central en la discusión de agricultura como fortalecer y proteger al sector que puede terminar con la crisis alimentaria? De hecho, por recomendación de la FAO, la propia asamblea general de Naciones Unidas estableció el próximo decenio, como la “Década de la Agricultura Familiar”. Y la tercera comisión de la asamblea general de Naciones Unidas, aprobó la adopción de la Declaración de los derechos campesinos el pasado 19 de noviembre (el gobierno Argentino, vergonzosamente se abstuvo dando la espalda a toda una tradición a favor de los DDHH en ONU).

Es claro que las discusiones e intensiones que promueve gran parte del G20  y particularmente el Gobierno de los CEOs, van a contramano de los intereses de las mayorías, es mas van a contramano del futuro bienestar de la humanidad. Un proyecto nacional y popular deberá retomar la política agraria con un fuerte protagonismo del Estado en la protección del mercado interno y en la intervención de las cadenas agroalimentarias de manera de socializar la renta agraria y desarrollar la industria nacional, generar trabajo digno y garantizar la Soberanía Alimentaria.

* Diego Montón es titular del Movimiento Nacional Campesino Indígena  Colectivo Internacional de Derechos Campesinos de Vía Campesina.

Bajo Aguán, 30 de Noviembre 2018: Unos 300 elementos de la Policía y el ejército desalojaron la mañana de 28 de noviembre a las familias de la Empresa Asociativa Campesina  Unidos Lucharemos de 78 hectáreas de tierra ubicada en la comunidad de Luzón Palmeras del municipio de Saba, departamento de Colón.

La acción de desalojo se realizó entre la 1:00 y 2:00 de la tarde, luego que la policía y el ejército  llegaran de manera amenazante, dirigiéndose hacia las familias campesinas que desalojaran un área de las 115 manzanas en la cual han permanecido por más de siete años, la que han trabajado con el desarrollo de proyectos de hortaliza, granos básicos y otros para la subsistencia de las familias campesinas que ocupaban la tierra. El juez ejecutor del desalojo es Oscar Armando   Alvares Amaya de la Ceiba.

Este desalojo fue ejecutado a pesar de no existir una resolución del Consejo Nacional Agrario porque aún sigue revisándolo, lo que evidencia  el claro abuso de autoridad de la Juez Soe Guitarro de quien se conoce por tener interes económicos y parentesco con los supuestos reclamantes de la tierra, esta acción ilegal viola el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la vivienda etc, de las familias campesinas.

La Empresa Campesina de Producción Unidos Lucharemos la conforman 28 familias campesinas;  un total de 140 personas entre hombres mujeres y niños que ocupan 115 manzanas de tierras  desde el año 2011, desde entonces  han producido la tierra con la siembra de plátano, maíz, frijoles, yuca  y palma africana para la soberanía alimentaria de las familias, además se encuentran en un  proceso de siembra de naranjo, caoba e iniciando con un proyecto de ganado y cerdo, en total tiene una inversión de al menos 14 millones de lempiras que han trabajado sin ningún apoyo estatal.

Desde hace algunos años  el Estado a traves del director del Instituto Nacional Agraria (INA), Ramón Lara se puso en marcha una estrategia para el despojo de la tierra a familia campesinas, en junio del 2017 por instrucciones  del director de INA,  se ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unidos Lucharemos, se logró detener esta estrategia por la presión mediática y las denuncias de los y las defensoras de la tierra.

El 21 de febrero 2018, unos  250 elementos de la policía y el ejército bajo la orden del sub comisionado de la Policía Héctor Turcios Fernández, pretendían desalojar las familias campesinas con una orden de desalojo falsa y claro abuso de autoridad de la Juez de los Juzgados de Tocoa Soe Guifarro quien obedece a intereses económicos y parentescos familias con los sus reclamantes de la tierra.

Pese a los convenios y tratados internacionales de las Naciones Unidas (ONU), de la cual Honduras es suscriptor, el Estado a traves del gobierno viola derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, lo contribuye al incrementa en el índice de pobreza, desigualdad, migración forzada etc, violando la “Declaración de Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” de la Naciones Unidas adoptada el 28 de septiembre, en el marco del 39° encuentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Finalmente la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán exigió al Gobierno el respeto a la posesión de la tierra y el cumplimiento de la “Declaración de Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” que les asiste como sectores campesinos organizados, defensores de la tierra y los recursos naturales.

Por Brasil do Fato

Empresa transnacional já havia sido responsabilizada pela morte de Valmir Mota de Oliveira, o Keno, em 2015

A transnacional suíça Syngenta foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, na tarde desta quinta, 29, pelo assassinato do agricultor sem-terra Valmir Mota de Oliveira, conhecido como Keno, e pela tentativa de assassinato da agricultora Isabel Nascimento de Souza. A decisão dos desembargadores da 9ª Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná confirmou a sentença de primeira instância, de 2015, quando a 1ª Vara Cível da Comarca de Cascavel determinou que a empresa tem responsabilidade pelo assassinato e deveria indenizar a família das vítimas por danos morais e materiais.

Keno, que uma das lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi assassinado com um tiro no dia 21 de outubro de 2007, aos 34 anos. Deixou a esposa Íris Maracaípe Oliveira e três filhos: Juan, Keno Jr. e Carlos Eduardo. “A justiça foi feita. Hoje a Syngenta é culpada. Eu estou muito emocionada […]”, disse a viúva do agricultor ao saber da condenação. “Eu só tenho de agradecer a Deus, porque nunca perdi as esperanças de que a Syngenta seria condenada um dia por essa tragédia. Preferia mil vezes que ele estivesse aqui comigo, mas tenho certeza de que, onde estiver, está feliz agora”, completou Íris.

O assassinato ocorreu em um campo de experimentos ilegais de transgênicos da Syngenta, na cidade de Santa Tereza do Oeste, nas proximidades do Parque Nacional do Iguaçu. A área estava ocupada por cerca de 150 integrantes da Via Campesina – articulação de movimentos sociais do campo, entre eles o MST -, que denunciava a ilegalidade das pesquisas da transnacional, gigante no setor de transgênicos e agrotóxicos.

Os militantes foram atacados a tiros por cerca de 40 agentes da NF Segurança, empresa privada contratada pela Syngenta. Além do assassinato de Keno, Isabel também foi baleada e perdeu a visão do olho direito. Ela foi posta de joelhos para ser executada, mas, no momento da ação, ergueu a cabeça e foi atingida na altura do olho. Outros três agricultores ficaram feridos.

Responsabilização

Durante o julgamento do recurso movido pela empresa, que questionava a decisão de primeira instância, o relator do processo, o desembargador José Augusto Aniceto, considerou que havia um contrato formal entre a Sygenta e a empresa de segurança privada. “Os patrões são responsáveis pelo ato de seus empregados”, apontou.

Apesar de reconhecerem isso, a maior parte dos desembargadores considerou que houve culpa também dos ocupantes – que assumiram um risco quando ocuparam a área – e por isso reduziram o valor da indenização.

Em seu voto, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura discordou desse entendimento e atribuiu à empresa toda a responsabilidade pelo crime. Segundo ele, a NF Segurança já sabia da ocupação da Via Campesina há algumas horas. Quando foi até o acampamento “não foi fazer uma visita de cordialidade”, como bem pontuou. “A empresa compareceu sem a busca do Poder Judiciário”, avaliou.

O apontamento acompanhou a decisão em primeiro grau, quando o juiz Pedro Ivo Moreiro condenou o ataque da Syngenta. “Por mais reprovável e ilegítima que fosse a invasão da propriedade, não seria o caso de agir por conta própria, impondo pena de morte aos ocupantes, mas sim de procurar os meios legais de solução do conflito, afinal, o ordenamento jurídico considera crime o exercício arbitrário das próprias razões”, afirmou na decisão.

O processo criminal que apurava a responsabilidade dos pistoleiros da NF, do proprietário da empresa, Nerci de Freitas, e do ruralista Alessandro Meneghel foi arquivado em 2017. Segundo o juiz de Cascavel, como já havia 10 anos do crime, o poder judiciário não poderia mais condenar os autores, por isso não haverá responsabilização criminal.

Vitória dos movimentos sociais

O caso ganhou ampla repercussão nacional e internacional. Em 2008, integrantes da Via Campesina protestaram contra a morte de Keno em frente à sede da empresa, na Suíça. No mesmo ano, o embaixador suíço Rudolf Bärfuss pediu desculpas à viúva do agricultor em nome do governo do país.

Advogado que acompanhou o julgamento, Manoel Caetano Ferreira Filho avalia que a decisão do TJ foi uma grande vitória para os movimentos sociais, pois reconhece a responsabilidade da Syngenta. “Acho Importante que, sendo a empresa do porte que é, tenha prevalecido no tribunal o julgamento favorável às partes mais fracas, que foram vítimas da violência”, destaca.

Para Celso Ribeiro Barbosa, integrante da coordenação estadual do MST e da Via Campesina, a decisão é importantíssima por comprovar o uso de milícia armada por parte da Syngenta. “Sabemos que não vai trazer o companheiro de volta, mas acho que repara algum dano com relação à família dele [Keno] e para a Isabel, que foram os mais afetados. Por isso nós ficamos muito contentes, é uma vitória para a classe. Dá mais ânimo pra gente continuar a fazer a luta”, diz o militante e morador do assentamento Sepé Tiaraju, em Santa Tereza do Oeste. 

Advogado popular da Terra de Direitos que acompanhou o caso, Fernando Prioste avalia que a condenação da empresa é uma decisão importante num cenário de avanço de uma pauta conservadora no país, quando “o presidente eleito ameaça armar fazendeiros contra movimentos sociais”. “O tribunal decidiu, como não poderia ser diferente, que um ataque armado de milícia é ilegal. Quem agir de forma violenta e intolerante deve responder por isso”, aponta.

Denúncias confirmadas

Em março de 2006, o Ibama autuou e multou a empresa Syngenta em R$ 1 milhão por cultivo de soja transgênica no entorno do Parque Iguaçu, no município de Santa Tereza do Oeste. A denúncia partiu da organização Terra de Direitos. 

Por se tratar de unidades de conservação, o parque possui um plano de manejo que define a zona de amortecimento em 10 quilômetros, isto é, uma área de proteção onde não poderia haver manipulação de sementes geneticamente modificadas, como fazia a transnacional. A empresa plantou 123 hectares de sementes transgênicas na zona de amortecimento do parque – um hectare equivale ao tamanho de um campo de futebol. 

Ainda em março de 2006, a área foi ocupada por famílias ligadas à Via Campesina. O objetivo era denunciar as investidas da empresa contra a biodiversidade. Os agricultores chegaram a ser despejados, mas voltaram a ocupar a área. O assassinato de Keno ocorreu num dos momentos de reocupação, em outubro de 2007. 

Em dezembro do mesmo ano, menos de dois meses após o crime, uma decisão da justiça do Paraná confirmou a ilegalidade das pesquisas realizadas pela Syngenta no entorno do Parque Nacional do Iguaçu. Desde 2009, a área onde Keno foi assassinado abriga o Centro de Pesquisas em Agroecologia Valmir Mota de Oliveira, com 123 hectares, administrado pelo Instituto Ambiental do Paraná (Iapar).

Esta mañana el Comité de Mujeres sindicalistas  sostuvo un encuentro con mujeres de las distintas centrales sindicales del país con el objetivo de celebrar 32 años de lucha, librando miles de batallas y  refirmando sus derechos. 32 años en el que han  venido forjando la unidad dentro de un marco de respeto mutuo, por las diversas ideologías que las  cobijan, pero en el que prevalecen los intereses comunes como la defensa de sus derechos como mujeres trabajadoras.

En la actividad se hizo una  reseña histórica de este comité. El día 26 de Noviembre del 1986, nace el Comité Nacional de Mujeres Sindicalistas de Nicaragua. Después de un espacio de reflexión que tuvieron un grupo de mujeres en Costa Rica sobre las condiciones de las mujeres trabajadoras en el ámbito laboral, social, político y económico, lo que les hizo comprender que existían grandes brechas de desigualdad en el campo laboral y las menos favoridas siempre han sido las mujeres.

El Comité ha venido promoviendo desde su perspectiva de género la incorporación, de las mujeres sindicalistas en los distintos niveles de dirección del movimiento sindical, impulsando y velando por la participación plena de la mujer, en las convenciones colectivas, leyes laborales y convenciones internacionales.

En la actualidad aglutina 15 organizaciones, un espacio diverso,  pero unidas en las defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras.

También se mostró a las y los participantes a aquellas mujeres que en estos 32 años han estado al frente desde la coordinación de esta plataforma sindical. En el caso de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) ha asumido ese cargo, en un inicio la compañera Alba Palacio, Dora Ivonne Herrera y Yolanda Áreas Blass.

Logros del Comité

El  comité ha participado en la elaboración de algunas leyes que favorecen a la mujer y han hecho incidencias en otras, en el año 1996 el código del trabajo donde discutieron para mejorar los 12 artículos que favorecen a la mujer. Así como la ley de igualdad y oportunidad.  La recién aprobada ley 779, el convenio 189 y sus recomendaciones del trabajo domestico,

Estuvieron en el seguimiento del TLC  y el  ADA – UE. En 1996 elaboraron su  primera agenda minina y la agenda de las mujeres trabajadoras en el año 2011.

Son integrantes de la agenda económica de las mujeres, fundadoras del foro de mujeres para la integración centroamericana, cuentan con una  mesa laboral con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y participaron en la elaboración de la propuesta sobre el mejoramiento al sistema de la seguridad social en Nicaragua en conjunto con el FMICA, entre otras cosas.

Hace 3 años el Comité de Mujeres Sindicalistas de Nicaragua elaboró dos manuales: el Manual de Salud Sexual y Reproductiva para Trabajadoras Nicaragüenses el cual recoge todo los riesgos al que están expuestas las trabajadoras y el Manual de Cláusulas de Género en los Convenios Colectivos.

Se conto con la presencia de una compañera especialista en temas de autocuido, esto con el objetivo de enseñar a las mujeres de cómo cuidarse ellas mismas, porque  el sistema patriarcal les  ha enseñado a cuidar a todo mundo menos a ellas mismas.

Fue una celebración alegre, hubo presentaciones culturales, algunas realizadas por las mismas mujeres trabajadores y otras por un grupo folklórico de Masaya.

¡Diversas, pero unidas en la defensa de sus derecho!

Viva el Comité de mujeres sindicalistas de Nicaragua!

ARTICULO ELABORADO POR: GRUPO DE COMUNICACIÓN ATC 

¡Resistimos al patriarcado, resistimos al capitalismo!

El 25 de Noviembre en el marco de la lucha que nosotras mujeres enfrentamos todos los días en esta sociedad capitalista, patriarcal y racista que explota nuestros territorios y nuestros cuerpos, nosotras desde el Movimiento de Mujeres Campesinas, MMC de Brasil,  denunciamos que existe una violencia estructural en las relaciones sociales y económicas en la sociedad capitalista.

Nosotras campesinas, en esta fecha, denunciamos las varias formas de violencia que sufrimos: violencia física, sexual, doméstica, patrimonial, psicológica. Denunciamos la violencia con que el capitalismo explota nuestras tierras, territorios, naturaleza, y consecuentemente, nuestros cuerpos.

Entendemos que hay una intrínseca relación entre el capitalismo y el patriarcado, y que por eso, es nuestro deber, en cuanto a mujeres campesinas, enfrentar y combatir las diversass formas de violencia que se expresa, entre ellas, las violencia  por las multinacionales, transnacionales que nos explotan, oprimen, invisibilizan, criminalizan nuestra lucha y nos expulsan del campo.

En este momento de ofensiva mundial del capitalismo es importante resaltar que nosotras mujeres somos las más afectadas con este modelo de sociedad y con esa creciente ola conservadora que estamos viviendo.

Más información: http://www.mmcbrasil.com.br

Hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el nombre de nuestras heroínas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal y de las miles de hermanas que la violencia machista nos ha arrebatado, hacemos un llamado a terminar con todas las formas de violencia contra las niñas y mujeres,  para  que se respeten nuestros derechos y se garantice nuestra libertad.

Caminamos con la unidad de nuestra fuerza, porque las mujeres en la República Dominicana merecemos vivir sin miedo a ser atacadas, burladas, violadas o asesinadas por el odio machista. Esta violencia nos coloca en el sexto lugar de países de América Latina y el Caribe con la tasa más alta de feminicidios, con un promedio de 100 mujeres asesinadas al año.

Nos levantamos contra el acoso callejero, la violencia familiar, la violencia sexual, el hostigamiento y el acoso sexual laboral; y exigimos políticas preventivas para detener la violencia, al igual que recursos suficientes del Presupuesto Nacional para la debida atención a las víctimas y a sus hijos e hijas.

Demandamos  que termine la vergonzosa impunidad que se sustenta en un sistema penal injusto y en un Código Penal que se encuentra estancado desde 1884 y penaliza el aborto en todas las circunstancias.

Nos movilizamos contra las leyes que ponen en peligro nuestra vida, salud y dignidad. No pueden continuar ignorando la voluntad del 70% de la ciudadanía que apoya poner fin a la penalización absoluta del aborto.

Hoy elevamos este reclamo y exigimos respeto a nuestros derechos desde las universidades, gremios y sindicatos, las asociaciones de jóvenes y movimientos estudiantiles, las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista.

Unidas y unidos exigimos al Congreso Nacional:

• La aprobación inmediata del proyecto de ley presentado este año por la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados/as y un conjunto de diputados y diputadas, que plantea el diseño de una estrategia nacional contra la violencia hacia la mujeres, con los presupuestos necesarios para su implementación
• El estricto apego de todas las leyes nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos.
• La puesta en marcha de una estrategia nacional para erradicar el matrimonio infantil, incluyendo la derogación de todas las normas y excepciones que permitan contraer matrimonio antes de los 18 años.
• La aprobación del Código Penal con la despenalización del aborto en las tres circunstancias exigidas por la mayoría de la ciudadanía: cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo es inviable, o cuando es consecuencia de la violación sexual o incesto.

¡En el poder de la unidad está la fuerza. No descansaremos hasta lograr la garantía plena de nuestros derechos. Vida, salud y dignidad de las mujeres!

25 de noviembre de 2018

Este año hemos inaugurado nuestra primera escuela de formación para mujeres jóvenes indígenas llamada INDIA JULIANA.

En CONAMURI apostamos a la formación porque queremos más mujeres liderezas que luchen por nuestros derechos como mujeres y como pueblo.

La crisis económica, las sanciones al país y la hiperinflación atacan de manera  constante a las mujeres venezolanas. Se trata de acciones ejercidas por factores tanto internos como externos que pretenden la destrucción de nuestros derechos sociales, económicos y culturales conquistados con las políticas de la revolución bolivariana. Las mujeres veníamos ejerciendo un papel protagónico en las diferentes instancias de organización: comunas, ubch,  frentes de mujeres, sindicatos, organizaciones de estudiantes, entre otras, que nos mantenían activas en el debate, en la formación y en el acompañamiento a las diferentes políticas del gobierno. Hoy en día esto ha venido cambiando debido a la situación política que atraviesa Venezuela, un país en crisis, una crisis que podría decirse tiene dos aristas: una externa provocada y otra interna producto de nuestras propias contradicciones.

La externa  busca entre tantas cosas la desmovilización total del movimiento popular con múltiples  acciones internacionales  y políticas que  nos discriminan y atacan persistentemente. Una de ellas son las sanciones del gobierno de Trump que amenaza a los países con bloquearlos económicamente si realizan algún acuerdo comercial con Venezuela. Esto en gran medida ha llevado a la crisis  en que hoy nos encontramos y que se refleja con fuerza en el sector de la salud, tanto pública como privada, y en la adquisición de los productos de la cesta básica, aun cuando el gobierno suministra alimentos subsidiados  a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cuando dentro de sus políticas impulsa el Plan de Parto Humanizado con un presupuesto por encima de los 10mil millones de bolívares para el acompañamiento y apoyo económico a  las embarazadas durante la gestación, el parto y los primeros tres meses del nacimiento de sus hijos. Todos estos programas sociales también se ven afectados por la segunda arista interna que tiene que ver con ciertas desviaciones en la ejecución de estas políticas, pues tenemos a la promotora de parto humanizado, tenemos el apoyo económico a través del sistema del carnet de la patria, pero cuando llegamos a los centros de salud pública para dar a luz nos encontramos con una serie de factores como falta de electricidad  en la salas de parto, quirófanos fuera de servicio, la falta de insumos médicos en el caso de partos de emergencia y cesáreas. A todo esto le sumamos el descontento de los médicos y medicas por que el salario no les alcanza y no tienen los insumos necesarios para atender a los pacientes y todo esto se empeora con la falta de interés de algunas instituciones del Estado venezolano por defender las políticas públicas como la SUNDDE que es una institución que solo se activa cuando desde la presidencia se anuncia defensa de los precios justos pero que no se logran controlar. Sólo en el año 2016 hubo 756 muertes maternas derivadas de esta situación, lo cual implica una cifra alarmante.

Otro aspecto clave en la derrota de la violencia contra la mujer es la aplicación contundente de la ley por parte de los órganos de justicia, así como la ejecución concreta de políticas públicas dirigidas a la prevención y a la transformación estructural de la sociedad patriarcal. Existe un elevado índice de impunidad en los casos denunciados y este es una de las razones fundamentales para que este flagelo persista.

La atención prioritaria a estas situaciones es una exigencia común de todas las organizaciones de mujeres y a esa exigencia sumamos nuestra voz desde Junt@s-CRBZ.

También está en marcha un movimiento de las mujeres campesinas sin tierras, ocupando tierras ociosas. Se han organizado en consejos campesinos y asentamientos pero injustamente han arremetido algunos sectores del Estado contra ellas, hasta llegar al punto de violación de los derechos humanos de la mujer, pues han sido injustamente encarceladas aun teniendo bebes en edad de lactancia materna, privándolos de su único medio de alimentación. Repudiamos estas acciones y exigimos sean respetados nuestros derechos. ¡No más violencia contra la mujer en el campo!

Las mujeres luchamos contra la violencia intrafamiliar, sexual, laboral, cultural, institucional, inflacionaria, que pone en peligro la vida. La lucha contra la violencia es también la lucha por nuestro derecho a la plena participación, a la elaboración y construcción política, a la autonomía y a la toma de decisión en las instancias del Estado, como lo establece la constitución vigente y el plan de la patria, pero también esta lucha es en los espacios de militancia.

Reconocemos y saludamos las luchas que en otras latitudes llevan nuestras compañeras y movimientos feministas. Estos han hecho aportes importantes  a la lucha por la liberación y la dignidad de las mujeres, expresado esto en múltiples corrientes de miradas feministas. Desde la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora y desde los espacios de articulación nacional e internacional en que participamos, seguimos defendiendo la igualdad de género, luchamos por la feminización de los espacios políticos y reclamamos justicia de género. Todo ello es parte de nuestro horizonte estratégico de transformación para una sociedad mucho más justa, mucho más humana.

¡Basta de violencia contra las mujeres!

JUNT@S-CRBZ,

CLOC VC VENEZUELA.