Radio Mundo Real

Transcurridas 24 horas de la histórica decisión del Tercer Comité (el referido a aspectos culturales, sociales y humanitarios) de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, el representante de Vía Campesina Diego Montón evaluó desde Nueva York el proceso y su resultado final. Descargar audio

El proyecto de resolución, impulsado desde Vía Campesina, fue presentado en primera instancia ante el Consejo de DDHH de Ginebra y, este lunes, fue aprobado por 119 votos favorables y apenas 7 en contra*. Los promotores de la Declaración fueron Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Nicaragua, Paraguay, Portugal, Sudáfrica y Venezuela.

VER LA DECLARACIÓN EN LOS IDIOMAS OFICIALES DE NACIONES UNIDAS AQUÍ.

Para Montón, el proceso trajo aparejada además de una resonante victoria, un conjunto de descubrimientos como por ejemplo el pujante movimiento popular y campesino en Europa del Este, en donde encuentra similitudes marcadas con la situación de América Latina.

VER EL DEBATE ÍNTEGRO DE LA COMISIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN AQUÍ

“En América Latina esta Declaración llega justo a tiempo, en momentos en que asistimos a una descomposición del capitalismo que se traduce en violencia y en interés de privatizar los territorios y los alimentos”, indica Diego Montón en la entrevista desde la ciudad norteamericana.

“La Declaración promueve la soberanía alimentaria y apoya el desarrollo y la implementación de políticas socio económicas que mejorarán el sistema alimentario y agrícola, como resultado allanará el camino para la creación de políticas públicas a favor de campesinos y trabajadores rurales en países donde tales políticas no existen”, señala el referente mendocino.

La Declaración tendrá su sanción definitiva en la Asamblea General antes del 20 de diciembre de este años y a partir de entonces tendrá plena vigencia, agrega Montón.

Diego Montón@DiegoMonton1

#NuevaYork Otro gran paso para la Declaración de #DerechosCampesinos La tercera Comisión de la Asamblea General de @ONU_es aprobó la resolución para su adopción definitiva. Lo que resta es solo un tramite. Solo 7 estados votaron en contra de un total de 175 países.

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6:17 PM – Nov 19, 2018 · New York, USA

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 * Votación:

EN CONTRA (7): Australia, Hungary, Israel, New Zealand, Sweden, United Kingdom, United States

ABSTENCIONES (49): Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hunduras, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Palau, Poland, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, The FYR Macedonia, Turkey, Ukraine

A FAVOR (119): Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua-Barbuda, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Chile, China, Comoros, Costa Rica, Cote d’Ivoire, Cuba, Democratic PR of Korea, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lao PDR, Lebanon, Liberia, Libya, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morrocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Portugal, Quatar, Republic of Moldova, Rwanda, Saint Kitts-Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad-Tobago, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

PAÍSES QUE NO VOTARON (18): Burkina Fasso, Cabo Verde, Cameroon, Congo, Democratic Republic of the Congo, Dominica, Eswatini, Kyrgyzstan, Lesotho, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Sao Tome-Principe, Somalia, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu

(CC) 2018 Radio Mundo Real

Las mujeres campesinas y de pueblos originarios de ANAMURI, nos sumamos al dolor de la familia de Camilo Catrillanca Marín, joven comunero mapuche asesinado en el día de ayer por el grupo táctico de carabineros denominado «Comando Jungla» en la localidad de Temucuicui, comuna de Ercilla en la Araucanía.

Ante este nuevo asesinato, cobarde como todos los cometidos anteriormente contra luchadores y luchadoras del Pueblo Mapuche, nuestra posición de lucha es sin duda en la solidaridad de clase, pues consideramos que la muerte de Camilo que se suma a la larga lista de asesinatos en el territorio mapuche es una clara señal de la instalación a fuego y sangre del paramilitarismo y el delirante racismo fascista del gran capital mediante sus mercenarios.

Hacemos un llamado al gobierno de Sebastián Piñera y sus autoridades responsables, a deponer la violencia y vulneración de derechos contra las comunidades mapuche y a su vez  exigimos inmediata investigación y condena a los responsables de esta nueva tragedia que enluta al pueblo mapuche y toda la sociedad que solidariza con su justa lucha por la tierra, territorio y el bien común.

Exigimos al gobierno, la retirada del grupo armado «Comando jungla» de la Araucanía, porque la paz no llegará mientras la solución por parte del gobierno no considere elementos de diálogos verdaderos con el pueblo mapuche y mucho menos, generando terrorismo de Estado y sembrando muerte sobre las comunidades.

Vaya toda nuestra solidaridad con la familia de Camilo Catrillanca Marín y al pueblo Mapuche que un mismo día pierde a dos de sus importantes hijos y hermanos, ya que, en el mismo momento en que despedíamos al histórico dirigente mapuche Domingo Marileo, al interior de la comuna de Ercilla, en ese instante se asesinaba por la espalda al joven comunero en la vecina localidad de Temucuicui.

Justicia para Camilo Catrillanca Marín y todas las víctimas de este nuevo atentado criminal. Marchiweu!

DIRECTORIO NACIONAL ANAMURI

Santiago 15 de noviembre de 2018

“Esta declaración es estratégica no solo para lxs campesinxs, sino para toda la humanidad”

Con la participación de más de 50 Estados, se realizó el Evento paralelo sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajaron en áreas rurales, convocado por el estado plurinacional de Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Nicaragua y Sudáfrica.

 La apertura la realizó el embajador permanente de Bolivia Sacha Llorenti, a este acto también se sumaron de organizaciones de la sociedad civil. Para La Vía Campesina la actividad fue positiva, propició mucha participación y todas las intervenciones afirmaron la importancia y transcendencia de esta declaración. “La FAO y el Alto Comisionado rescataron la importancia de la Declaración, y resaltaron el proceso de adopción en el Consejo de DDHH , en cuanto a la transparencia y apertura”,  afirmó Diego Montón miembro de la delegación.

A continuación la intervención integral de Diego Montón en representación de La Vía Campesina:

(Nueva York, 14 de noviembre 2018) Agradecemos a la misión del Estado Plurinacional de Bolivia por la organización de este evento, también por el compromiso con la Declaración de los Derechos Campesinxs y otras personas que trabajan en áreas rurales. Es para nosotrxs, como La Vía Campesina,  muy importante su liderazgo, pues son además un ejemplo de políticas públicas agrarias para la protección de los derechos de lxs campesinxs y lxs indígenas

La Globalización ha tenido fuertes impactos en las poblaciones rurales. Los violentos cambios impulsados por  las inversiones financieras en la agricultura , han provocado desplazamientos, despojos y migraciones; además de serios problemas en la salud, derivados del uso masivo de agrotóxicos,  también se agravó  trabajo esclavo y precarizado, bajos precios pagados al campesinado, seguidos por acciones violentas, muchas veces, de la mano de paramilitares privados.

A las luchas y protestas campesinas se les respondió con  persecución y criminalización,  incluyendo múltiples asesinatos, cárcel y desapariciones. Esta situación es parte de las causas de la migración.

En la actualidad,  esta situación continúa, diariamente en todos los rincones del mundo las comunidades campesinas son violentadas. Recientemente nos llegó la noticia de un desalojo de 450 familias campesinas que hace más de 20 años están viviendo y produciendo en un asentamiento del Movimiento Sin Tierra en Brasil. Esto no solo es una tragedia para las familias campesinas, es también un problema para su país, porque en esa tierra se producen alimentos sanos para el mercado local. Y si son desalojadas, allí se dejará de producir alimentos, esa es la causa de la falta de acceso a los alimentos que luego provoca la crisis alimentaria.

Entre el 2007 y 20014 La Vía Campesina documentó muchas de estas situaciones con informes sobre violaciones a los Derechos Humanos de campesinxs en el Consejo de DDHH , en la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA y en otras instituciones.

La experiencia de La Vía Campesina en más de 80 países, así como la documentación de esos informes fueron la base de la propuesta de la Declaración de los Derechos Campesinxs.

En ese sentido, la adopción de la Declaración de Derechos Campesinxs y otras personas que trabajan en zonas rurales es un gran paso en la defensa de los derechos humanos en el campo.

El proceso de discusión en el Consejo fue significativamente participativo. Durante seis años, fueron 5 los borradores del texto que el grupo de trabajo fue modificando según las discusiones y los aportes de los estados. Además, tuvo una fuerte participación de la sociedad civil, organizaciones campesinas, pastores, pescadores artesanales, sindicatos de trabajadores agrícolas organizaciones de pueblos indígenas y organismos de DDHH fueron protagonistas positivos del proceso.

La declaración y el desarrollo sostenible

La protección de la Agricultura Campesina es esencial para alcanzar las metas de desarrollo sostenible, en la lucha contra el hambre, en la lucha contra el cambio climático, y en la posibilidad de generar trabajo y mitigar la migración.

Según los datos del Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas del mundo, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria con ¾ de las tierras agrícolas solo llega al 25% de la población del mundo.

En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. Asimismo, América Latina encabeza junto a Estados Unidos el consumo mundial de agrotóxicos.

En 12 países de América Latina y del Caribe el envenenamiento por productos químicos, sobre todo pesticidas y plomo, causan el 15% de las enfermedades registradas, según la Organización Panamericana de Salud.

Por otro lado, estudios indican que la agricultura campesina utiliza mucho menos energía para producir los alimentos. Ejemplos comparativos indican que un campesino Mexicano utiliza 30 veces menos energía que la agroindustria para producir 1 kilo de maíz.

En ese contexto, la FAO reconoce el rol estratégico de la Agricultura Campesina para luchar contra el hambre, también la ONU que estableció la década de la agricultura familiar para poder concienciar a los estados sobre la importancia de la protección de la agricultura de pequeña escala

Horizonte de políticas públicas para la agricultura

La declaración representa un horizonte sobre las políticas públicas que los estados puede desarrollar en sus países recopilando y organizando diferentes instrumentos que existen dispersos. No es una declaración que pretenda ir contra la soberanía ni la autodeterminación de los estados.

Además, se explaya en los derechos colectivos de lxs campesinxs, que no son contradictorios con los derechos individuales, sino complementarios según los usos y costumbre y las culturas. Un claro ejemplo son las tierras comunales o de pastoreos comunitarios que existen en todos los continentes, incluido Europa que muchas veces no están legalizadas.

Es por esto que esta declaración representa un avance en la concepción pluricultural de los derechos, además de ser una herramienta estratégica no solo para las campesinas y campesinos sino para toda la humanidad.

Contactos:

Inglés: Henry Saragih: +62 811 655 668, Email: hspetani@gmail.com

Ramona Duminicioiu: +40 746 337 022, Email: ramona@ecoruralis.ro

Español: Diego Monton: +54 9 261 561 5062, Email: diegomonton@gmail.com

¡Globalicemos nuestra lucha!

Para visibilizar todas las acciones a favor de una Declaración de Derechos Campesinxs, envíennos los detalles a lvcweb@viacampesina.org y también difunda este mensaje lo más ampliamente posible en sus espacios de comunicación y en las redes sociales. ¡Esta es la oportunidad del campesinado de hacerse oír, alto y claro!

• Descargue nuestro afiche y banners desde este link
• Para redes sociales usa nuestro hashtag  #PeasantsRightsNow #LaViaCampesina #SoberaníaAlimentaria
• Envien fotos/videos  de sus acciones: Email: lvcweb@viacampesina.org

LA VIA CAMPESINA@via_campesinaSP

#DerechosCampesinxsYA – Construcción de los derechos humanos desde el feminismo campesino y popular. https://bit.ly/2QpjixF  @via_campesina @viacampesinaFR @CLOC_LVC @InfoNodal

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13:53 – 6 nov. 2018

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En memoria de Ana Gonzales, la  IV Escuela Continental de Mujeres de la CLOC – Vía Campesina saludan la lucha, la resistencia y la memoria de las y los que luchan. 

Cuba y Venezuela en el corazón de la IV Escuela Continental de Mujeres de la CLOC – Vía Campesina. Solidaridad en la defensa de la soberanía y autonomía popular. 

João Pedro Stédile – Solidariedade do MST ao Acampamento Quilombo Campo Grande

Em 1998, 450 famílias Sem Terra ocuparam a área da usina Ariadnópolis, na cidade de Campo do Meio, Sul de Minas. O local, que então pertencia à Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo (CAPIA) e que soma uma dívida de R$300 milhões de reais, faliu e encerrou suas atividades dois anos antes da ocupação em 1996.

O tempo passou e os quatro mil hectares em que apenas a monocultura de cana-de-açúcar predominava ganharam vida e hoje geram trabalho e renda para mais de duas mil pessoas.

Quilombo Campo Grande, como foi batizado o acampamento, atualmente concentra uma das maiores cooperativas de café do estado, a Guaií. Nela são produzidas 510 toneladas do grão por ano, que dão uma média de 8500 sacas de café. Além disso, 55 sacas de milho e 8 mil sacas de feijão são colhidas no local, que também divide espaço com 40 hectares de horta, que geram verduras e legumes para os acampados e para comunidades locais. No acampamento, também estão plantadas 60 mil árvores frutíferas e mais 60 mil nativas.

Ao longo dos anos as famílias se estruturaram, construíram suas casas sem apoio do poder público, se organizaram, trataram o solo e há décadas produzem e resistem em um território considerado massa falida pelo Estado.

Agora, toda a transformação social que acontece em Campo do Meio está sendo ameaçada. Nesta quarta-feira (7), uma ação judicial que foi a julgamento no Fórum da Comarca de Campos Gerais determinou a reintegração de posse e o despejo de todas as famílias do local. Aparentemente as conquistas dos anos de democracia não alcançaram o concreto dos dias: o Estado que está no papel não está presente na vida dos Sem Terra.

Legumes e verduras estão plantados em mais de 40 hectares de horta 

Justiça seletiva
 

A decisão foi pautada no Decreto Estadual n.º 365/2015 que desapropriava 3.195 hectares da falida Usina Ariadnópolis. O documento tinha como proposta desapropriar a área mediante o pagamento de R$ 66 milhões à Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo (CAPIA). Há dois meses, as famílias do Quilombo Campo Grande chegaram a firmar um acordo em que o Estado se comprometia a pagar o valor em cinco parcelas.

Porém, acionistas da empresa, apoiados pela bancada ruralista e latifundiários da região, não aceitaram o acordo e levaram o caso à Justiça contra o governo de Minas Gerais, pedindo anulação do decreto, que havia sido validado por dois julgamentos.

E, através de uma operação jurídica, os empresários retomaram uma liminar de despejo de 2012 referente à falência da usina, que, na época, foi negada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas não extinguida.

Na decisão proferida ontem num contraditório regime de urgência o juiz de Direito Auxiliar, em substituição na Vara Agrícola de Minas Gerais, Walter Zwicker Esbaille Júnior, determinou que os Sem Terra têm até o dia 14 de novembro para desocupar o local, a decisão também autoriza o uso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na ação.

A mesma ação reconhece o uso e a produção local, mas desconsidera o artigo 184 da Constituição Federal que diz que: “compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social”.

Para Darci Frigo, advogado e coordenador da organização de Direitos Humanos Terra de Direitos, ao determinar a ação de despejo, a justiça está desconsiderando a resolução n.º 10, de 17 de outubro de 2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que dispõe sobre soluções garantidoras de direitos e medidas preventivas em situações de conflitos coletivos rurais e urbanos.

“A resolução tem como objetivo orientar as autoridades e instituições públicas que tratam de situações de conflitos coletivos possessórios. São medidas que devem ser adotadas para a não violação de determinada coletividade. O juiz, que é um dos endereçados dessa resolução, deverá adotar e considerar uma série de medidas de acordo que sejam pautadas em seu conteúdo o cumprimento da função social da terra, que está garantido em Constituição Federal”, afirma.

Frigo ressalta o sentido da incapacidade do Estado-nação constituído nos últimos séculos de cumprir a lei estabelecida na Constituição, que, no caso do Brasil, garante direitos fundamentais como a cidadania e a dignidade da pessoa humana, diretamente negados às famílias neste processo.

O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais, como por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que foi adotado pela XXI Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966. Esse acordo prevê que seus membros devem trabalhar para a concessão de direitos econômicos, sociais e culturais, incluindo os direitos de trabalho, à saúde, à educação e à um padrão de vida adequado.

«Fica aqui a pergunta: Esse direito está sendo garantido e repeitado no caso da ocupação Quilombo Campo Grande? O poder público deve orientar a solução de maneira pacífica e definitiva dos conflitos, primando pela permanência dos grupos em situação de vulnerabilidade nas áreas em que ocupam e reivindicam. O despejo não é inevitável, tanto que o Estado ao fazer um decreto por interesse social encontrou uma solução jurídica para o caso. O que acontece é que as forças políticas contrárias à Reforma Agrária, sejam do latifúndio ou ideológicas, encontraram respaldo no sistema de justiça em que o direito à propriedade se sobrepõe aos direitos humanos», alerta o jurista.

O que o Brasil prega enquanto Estado ao assinar resoluções de direitos humanos é que os direitos dessa coletividade devem preponderar ao direito de propriedade. A função social desse território só será de fato atendida se as famílias forem assentadas nesse local. Isso deve ser apresentado aos juízes responsáveis para que seja considerado na sua decisão os interesses maiores das responsabilidades que o Brasil tem com os direitos humanos.

O MST está recorrendo da decisão e as famílias reafirmam a disposição de seguir na luta e resistir contra mais essa investidas do projeto eleito, que tem como objetivo intensificar o uso de toda máquina do Estado para criminalizar e segregar ainda mais o povo Sem Terra.

Por Maura Silva 
Da Página do MST

Contra la violencia y por la paz. Desde Chile en la IV Escuela Continental de Mujeres de la CLOC – Vía Campesina. Mujeres quieren la tierra, justicia y equidad, mujeres luchando juntas por el socialismo internacional. 

portugues

Durante audiencia realizada en la tarde de este miércoles, 7 de noviembre, el Juez Walter Zwicker Esbaille Junior ordenó desalojar a las 450 familias moradoras del ingenio en quiebra Ariadnópolis, en Campo do Meio, estado de Minas Gerais. Dio un plazo de siete días para desmontar la ocupación. Con esta decisión serán destruidas 1.200 hectáreas de cultivos de maíz, frijol, yuca y calabaza, 40 hectáreas de huerta agroecológica, 520 hectáreas de café. Además de eso, centenas de casas, corrales y kilómetros de cerca serán derribados. Esa orden destruirá todo lo que estas personas construyeron en dos décadas de trabajo.

De acuerdo con los abogados que defienden a las familias, la decisión es arbitraria y atenta contra principios constitucionales al no reconocer valores de dignidad humana. La audiencia sucedió de manera atípica. Hubo restricciones a la entrada de la representación de las familias acampadas e impedimento a la entrada a autoridades que se desplazaron para acompañar la audiencia. Durante la conducción de la misma, el juez solicitó la presencia de la tropa de choque dentro de la sala. Los representantes del latifundio, junto con la alcaldía local, propusieron alojar las familias en un pabellón deportivo. Por fin, el Juez ni siquiera leyó la sentencia, apenas informó rápidamente la decisión. 

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra está apelando esta decisión arbitraria e injusta. Reafirmamos nuestra disposición de seguir en la lucha y resistir a esta nueva embestida del viejo ingenio. 

Sabemos que la vena fascista del proyecto elegido para el gobierno de Brasil va a intensificar el uso de toda la maquinaria del Estado para criminalizarnos y segregar al pueblo sin tierra. Así como lo hará con las comunidades urbanas. Pero el pueblo brasileño es valiente y fuerte. Enfrentamos a la dictadura militar desde el nacimiento del movimiento. Es con esa historia y con ese coraje que las familias del Quilombo Campo Grande van a resistir y permanecer en las tierras de Ariadnópolis. No va a ser una medida provisional de desalojo la que extinguirá tantos años de lucha.

Ustedes pueden contribuir difundiendo toda la información, movilizándose en las redes sociales, comentando y compartiendo las publicaciones. Permanezcan atentos (as) a los desarrollos. ¡Nuestra fuerza también depende de su solidaridad!

¡Luchar! ¡Construir Reforma Agraria Popular!

Após 23 anos desde a última visita ao Brasil, delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) chega ao Brasil para verificar a situação dos direitos humanos. A última visita da CIDH ao país foi em 1995.

O órgão da OEA observará a situação dos direitos humanos no Brasil, abordando os eixos transversais: discriminação, desigualdade, pobreza, institucionalidade democrática e políticas públicas em direitos humanos.

Em Brasília, a comitiva se reuniu com autoridades nesta segunda-feira (5), e, hoje, seguiu para os estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo.

A CIDH iniciou sua agenda no país com uma série de reuniões com autoridades brasileiras na capital federal, como o Secretário-Geral das Relações Exteriores do Itamaraty, o embaixador Marcos Bezerra Abbott Galvão, a procuradora Federal dos Direitos do Cidadã do Ministério Público Federal (MPF), Débora Duprat, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, entre outros.

No STF, ao fim da reunião, a presidente da CIDH, Margarette Macaulay, avaliou a jornalistas que seria um retrocesso se o Brasil reduzir a maioridade penal para abaixo dos 18 anos, proposta essa defendida pelo novo chefe do Executivo brasileiro, Bolsonaro. Esse foi um dos temas tratados com Toffoli.

Pará

Em Marabá (PA), na manhã desta terça-feira (6), a comitiva iniciou o processo de verificação sobre situações de violação dos direitos humanos ligadas, principalmente, à questão agrária. O Acampamento Hugo Chávez, alvo de ação de despejo e de inúmeros ataques violentos por parte de fazendeiros e pistoleiros, foi uma das áreas visitada pelos/as integrantes da Comissão.

Já nesta tarde, às 14 horas no horário local, ocorre, no Campus I da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), uma reunião pública com a participação de vários representantes da sociedade civil, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), além de familiares de vítimas de crimes históricos ocorridos no campo, como o de João Canuto e Expedito Ribeiro.

Também no Pará, nos próximos dias, a delegação passará pelos municípios de Altamira e Santarém.

Denúncia

Integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ouvem as famílias do Acampamento Hugo Chávez, no município de Marabá (PA). Foto: Mário Manzi – CPT Nacional

A Comissão Pastoral da Terra no Pará (CPT-PA) destaca, em documento que será integre ao órgão da OEA, que “os conflitos agrários na região Sudeste Paraense [visitada hoje pela CIDH] têm uma história longa de expropriação, expulsão e massacres por parte do latifúndio que aterroriza a vida dos camponeses, indígenas e comunidades tradicionais”.

A Pastoral, ao analisar a atual conjuntura brasileira pós eleições 2018, denuncia à CIDH que “tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, além dos organismos internacionais do qual participa, são alvos do novo presidente e da bancada legislativa que o legitima”.

Para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos cabe, nesta visita ao Brasil, conforme a Pastoral da Terra, cobrar “de modo efetivo das instituições a efetivação e garantia de direitos universalmente constituídos e assegurados pela Constituição Federal de 1988, além, é claro, da escorreita observação dos pactos, acordos e tratados do qual o Brasil é signatário. Devemos todos assim zelar pela vida das minorias e acesso à direitos, pela manutenção dos territórios às populações tradicionais, à terra ao agricultor, o direito à educação crítica e a liberdade de expressão”.

Sudeste

Em Minas Gerais, a comitiva passará pelo município de Mariana, palco do maior crime socioambiental brasileiro, que ontem completou 3 anos. Já no estado do Rio de Janeiro, a Comissão pretende dialogar com os/as responsáveis pelas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista Anderson Gomes, assim como os responsáveis pela intervenção militar na segurança pública do estado.

A CIDH apresentará uma análise preliminar da visita ao Brasil em uma coletiva de imprensa na próxima segunda-feira, 12 de novembro, às 11 horas, no Hotel Hilton, situado no Rio de Janeiro.

CIDH

A CIDH é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA), cujo mandato surge a partir da Carta da OEA e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Comissão Interamericana tem como objetivo promover a observância e defesa dos direitos humanos na região e atua como órgão consultivo da OEA sobre o tema.

A CIDH é composta por sete membros independentes, que são eleitos pela Assembleia Geral da OEA a título pessoal, sem representarem seus países de origem ou de residência.

Por Elvis Marques com informações da CIDH | Imagens: Mário Manzi – Assessoria de Comunicação da CPT