Barinas. Hato Gavilán La Chaqueta. El 1 de febrero se supo de un violento desalojo en este predio, en el cual detuvieron 14 personas, entre ellas Alexander José Soto, presidente del consejo campesino “Mil Zamoras Una Patria”. Nervis Franco López, esposa del señor Soto, narró entonces lo siguiente:

“El desalojo lo cometieron 150 funcionarios entre GNB y policía de Barinas. Quemaron documentos de identidad a varios campesinos. Golpearon a la gente, les apuntaron con los fusiles, insultaron a las mujeres y arrastraron a una por el piso. Quemaron la escuela y todos los ranchos. El señor Mancilla, supuesto dueño, tiene retenido el ganado y las guías de las reses. También incautaron motos, guadañas, motosierras, motobombas, machetes. Durante el desalojo, el mismo Manuel Mancilla le quitó a mi esposo los documentos correspondientes al proceso de rescate. Se quedó hasta con el sello del consejo campesino”.

Las 4 mil hectáreas de este hato son tierras del Estado (baldío 706 de la nación), aunque estuvieron siempre bajo el dominio de terratenientes. En 2014 se determinó que se trataba de tierras ociosas y en 2015 fue decidido el rescate, pero luego fue revocado y se le otorgó un certificado de adjudicación a Manuel Mancilla, el cual es ilegal puesto que la cantidad de hectáreas supera las permitidas por la Ley.

La gente sigue fuera del predio, el cual está tomado por los cuerpos de seguridad. Esperan que les sea devuelta la maquinaria secuestrada y las 300 cabezas de ganado que permanecen en manos de Mancilla. Y continúan exigiendo que se deje sin efecto la revocatoria del rescate que ya había sido aprobado, que se revoque el certificado de adjudicación otorgado a Mancilla, y que se proceda a la regularización de 2 mil hectáreas a favor del consejo campesino.

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Hato Las Mercedes. Municipio Pedraza, Barinas. El 7 de marzo de 2017 sucedió un violento desalojo. Fue por sorpresa y de madrugada: destrucción de viviendas, envenenamiento de pozos de agua, golpes, insultos, terror. Agentes de la Policía de Barinas y funcionarios de la GNB fueron los autores materiales. Aproximadamente 450 familias organizadas en 9 consejos campesinos fueron expulsadas de la tierra que venían ocupando y trabajando desde 2011, cuando el Inti dictaminó el carácter ocioso de 7.777 hectáreas y autorizó a los campesinos a entrar a la tierra y sembrarla. Hasta entonces habían recibido amenazas, alguno que otro ataque violento, pero nada tan fuerte. Pasado el trago amargo, la gente volvió a la tierra a comenzar de nuevo: levantar los ranchos, abrir nuevos pozos de agua, preparar la tierra y sembrarla, tratar de borrar de la memoria el terror vivido. ¿Por qué actuó de ese modo la Guardia Nacional y la Policía de Barinas? ¿Quién dio la orden?

El presidente del Inti para el momento, José Ávila, estuvo en el sitio, y luego, desde el Hato Florentino, en sesión del directorio in situ, se llegó a acuerdos y se entregó a todos los consejos campesinos una certificación que implica una ratificación del derecho a sembrar el predio. Así lo hicieron y de este modo pasó un año más. Desde agosto del año pasado existe incluso un plano elaborado por técnicos del Inti en el que se delimitan claramente los lotes que corresponden a los consejos campesinos.

Una y otra vez han acudido ante el Inti de Barinas y allí la respuesta ha sido siempre la misma: no ha llegado la notificación desde Caracas. Mientras tanto, los campesinos continúan viviendo el hostigamiento, las amenazas, la frecuente destrucción de sus siembras, el miedo. Mientras el limbo legal continúe, siguen sin poder acceder a crédito, a planes de siembra del gobierno, a programas de dotación de insumos o máquinaria: para acceder a todo ello es requerida la carta de permanencia en la tierra.

El 28 de febrero en la oficina central del INTI reciben la noticia de que el directorio decidió que se proceda a la regularización de la tierra y a su adjudicación. La alegría es mucha, pero también la incertidumbre: esperan que no se repitan las dilaciones, el engavetamiento de los expedientes. Les toca ahora el seguieminto y la presión para que el INTI Barinas concrete la decisión.

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Barinas, Ticoporo, municipio Sucre. El consejo campesino “Buscando El Socialismo” disputa legalmente el predio Golpe La Isla de 157 hectáreas. Se procedió con los pasos requeridos, se aprobó el rescate y se autorizó a los campesinos a ocupar y sembrar las 157 hectáreas del predio desde principios de 2017. Por maniobras del Inti regional quedaron únicamente ocupando 12 hectáreas. El procedimiento quedó abierto y la gente quedó a la espera del cumplimiento posterior de los siguientes pasos. En su proceso de seguimiento ante el INTI Barinas tanto el director como los funcionarios desconocen la existencia del caso, les dicen que su expediente no existe. Así ha transcurrido más de un año. Mientras tanto, en el que han sufrido el hostigamiento de los propietarios de fincas vecinas y de los supuestos dueños del predio, quienes les han amenzadado a través de grupos criminales contratados para ello. Tienen sembrado yuca, plátano, máiz, cacao. A raíz de la incertidumbre y de la ausencia de respuesta de la oficina reginal del INTI, deciden viajar a Caracas a la sede central del INTI. Allí se enteran de que el directorio decidió en enero de este año que el rescate debe avanzar hacia la regularización y adjudicación de la tierra. Ana Heredia, vocera del consejo campesino que estuvo presente en Caracas, regresa a su tierra contenta de llevar buenas noticias pero con una interrogante: ¿Cómo plantear esto en la oficina regional del INTI donde días atrás le dijeron que el expediente con su caso no existía?

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Mérida, Sur del Lago de Maracaibo. Municipio Obispo Ramos de Lora. Hace tres años se denunció como tierra ociosa 400 hectáreas del Fundo El Carmen, en manos del señor Ramón Meza, que tiene un total de 1200 hectáreas. Los consejos campesinos “Tierra nuestra” y “San Isidro”, en los que están organizadas unas 320 familias, decidieron ocupar la tierra en julio del año pasado ante la ausencia de una decisión del INTI sobre su denuncia. En octubre del año pasado los consejos campesinos decidieron tomar la sede del Inti regional en El Vigía, lo cual concluyó en que una junta interventora del Inti Central destituyera al director regional Luís Rodríguez, y ordenara la realización de la correspondiente inspección. Los campesinos denuncian que funcionarios del Inti se confabularon con el terrateniente: la inspección se retrasó hasta que el señor Meza pudo llevar 18 gandolas de ganado al predio, de modo que cuando se hizo finalmente la inspección ésta arrojó como resultado que el predio estaba productivo. La policía del estado Mérida ha realizado varios intentos de desalojo, pero la gente los ha logrado detener. La GNB con frecuencia intimida y hostiga, con presencia del señor Meza y de su hijo. En diciembre del año pasado un grupo de voceros y voceras acudió al Inti Central a solicitar una nueva inspección en vista de las irregularidades de la primera inspección realizada. Les afirmaron que dicha inspección se haría aunque hasta la fecha esto no ha ocurrido. La gente permanece en el predio sembrando plátano, yuca, maíz, arroz, con el temor permanente del próximo intento de desalojo.

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Zulia, municipio Sucre. Predio El Marullo. Los 5 consejos campesinos que disputan 500 hectáreas en este predio agrupan aproximadamente 500 familias. Las tierras son del estado, y el presunto dueño, Luis Morales, no ha podido demostrar titularidad de la tierra: solo tiene un documento del antiguo Intituto Agrario Nacional, que debe ser autenticado por el Inti y esto no ha ocurrido. El señor Morales es concejal de Voluntad Popular en el municipio Sucre de Zulia, y estuvo implicado en la quema del Banco Bicentenario durante las guarimbas en mayo de 2017. El INTI otorgó una medida de aseguramiento que autoriza a los campesinos a ocupar la tierra y sembrarla, pero poco después un Juez Agrario revocó esa medida basándose en el hecho de que las tierras no estaban productivas. Los campesinos denuncian que esto se logró gracias al Inti regional, ya que fue el Inti quien los convenció de desalojar la tierra para facilitar los trámites; así, en el lapso en que los campesinos salieron de la tierra, el terrateniente consiguió la revocatoria de la medida de aseguramiento al constatarse que no estaban en la tierra y no estaba siendo trabajada. Hoy exigen que se solucione su situación y se regularice la tierra a su favor. Solicitaron al defensor agrario que introduzca una anulación de la medida del tribunal. La gente fue desalojada sin orden de desalojo, lo que tenían era la notificación del tribunal de que se había revocado la medida de aseguramiento: se le tumbaron los ranchos y pretendían llevarse unos detenidos, pero la gente lo impidió. También han solicitado al Inti que pida la revocatoria de la medida dictada por el Juzgado Agrario, pero estos se niegan a realizarlo.

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Municipio Guanare, Portuguesa. El domingo 18 de febrero fue incendiada una escuela rural ubicada en tierras que el Consejo Campesino el Esfuerzo viene disputando legalmente desde el año 2011 a la compañía Agroforestal El Arca, por medio de un procedimiento de rescate de tierras. La gente de la comunidad denuncia que el procedimiento fue interrumpido en el año 2016 por el entonces director del Inti Portuguesa, Fermín Reyes Salazar, a quien acusan de haber negociado con los presuntos dueños.

En ocasiones anteriores habían sido quemadas varias viviendas. Esta vez, además de la escuela fue incendiado el centro de acopio. Estos hechos vienen a coronar una serie de agresiones y amenzas de desalojo que venían siendo realizadas por los supuestos dueños de la tierra, acompañados en algunas ocasiones por la GNB. Y fueron cometidos apenas un par de semanas después de que el presidente del Inti, Luis Soteldo, señalara públicamente que al Consejo Campesino El Esfuerzo había que darle la titularidad de la tierra y a apenas pocos días de que se concretara una mesa de trabajo en la que se avanzaría en detalles necesarios para resolver su caso. Esto apunta a una acción dirigida a intimidar, atemorizar y desmovilizar a la gente, demostrar poder ante la inminencia de una solución desfavorable para los terratenientes. El 24 de febrero el presidente del INTI entregó al consejo campesino la carta de adjudicación de la tierra. Luego de eso, las amenazas i hostigamiento continúan.

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Estos son sólo algunos casos de los muchos que existen en el país en los cuales el campesinado venezolano enfrenta numerosos obstáculos para concretar la satisfacción de un derecho histórico fundamental: el derecho a la tierra. En todos hay elementos que coinciden: 1) Cuerpos de seguridad del Estado con jurisdicción regional son utilizados para arremeter con violencia contra los campesinos, y para amedrentarlos y hostigarlos, sin que las líneas de mando superiores asuman las responsabilidades por las acciones de sus subordinados; 2) En las sedes regionales del INTI se le da largas a los casos, se engavetan y/o se desconocen; 3) Funcionarios del Inti en las regiones negocian con los terratenientes y/o se corrompen ante ofrecimientos de los terratenientes; 4) Poderes fácticos locales en articulación dolosa con autoridades regionales y/o municipales actúan para favorecer a los terratenientes en desmedro del campesinado; 5) Instrucciones emanadas desde el Inti Central son desconocidas o postergadas en los Intis regionales; 6) El poder judicial actúa siempre a favor de los terratenientes presumiblemente por mediación de altas sumas de dinero u otros beneficios.

Esto expresa que no existe una política cohesionada y sólida para abordar tan estratégico tema, a pesar de que se vienen haciendo propuestas al respecto. No hay una política para definir prioridades, ejes territoriales para el rescate de tierras, metas concretas por año y por estado, para acompañar al campesinado en el proceso completo, y tampoco la hay para la depuración de los miles de casos abiertos y para le cierre de los que están no más que por cumplir pocos requisitos.

Es preciso, además, que se aborde de forma cohesionada y sistemática, la investigación de todos los casos en que ha habido violaciones graves a los derechos humanos de los campesinos. Las denuncias que han circulado mediáticamente son en extremo fuertes, y esto no debería pasarse por alto. El Ministerio Público conoce de los casos y ha mantenido silencio al respecto. La conclusión exitosa de los procesos de rescate no debería implicar el abandono de la búsqueda de justicia y determinación de responsabilidades en esta materia concreta.

Constituyentistas del sector campesino y comunal, por ejemplo, han planteado la necesidad de crear una comisión especial de la ANC conformada por vocerías de estos sectores y por los constituyentistas territoriales de los municipios en donde existen disputas de tierras, por vocerías de los consejos campesinos y del Instituto Regional de Tierras, así como de los cuerpos de seguridad que actúan en las zonas involucradas.

Tampoco hay un plan en el que la lucha contra el latifundio sea uno de los ejes para una política de aumento acelerado de la producción diversificada de alimentos en el país. La depuración y regularización de los casos ya existentes así como el desarrollo de un avance planificado en el progresivo proceso de erradicación del latifundio en el país debe estar articulado con todo lo que se defina para la meta urgente de aumentar la producción. Que esto sea así preocupa sobre manera dada la coyuntura de asedio económico de la cual es víctima el país por parte de los EEUU como uno más de los mecanismos con los que se concreta la guerra económica contra el pueblo venezolano. La posibilidad de satisfacer de manera soberana, con nuestra propia fuerza de trabajo y nuestros propios recursos, las necesidades alimentarias de nuestra gente es un aspecto clave para poder superar el actual escenario de agresión imperialista y para salir airosos de una eventual escalada de dicha confrontación con el imperio estadounidense.

El tema del aumento y diversificación de la producción de alimentos (y de la erradicación del latifundio como eje clave para lograrla), debería ser parte, incluso, de un plan general y estratégico de organización y preparación de la defensa del país ante la agresión de los EEUU.

Se trata, por un lado, de la defensa de los derechos históricos del campesinado a la tierra para trabajarla y a tener una vida digna. Se trata de defender las conquistas alcanzadas como país y como pueblo en esa materia. Eso es parte central del legado del comandante Chávez. Pero se trata, además, en el actual contexto del país, de la preservación de la soberanía y la independencia nacionales. Buena parte del futuro nos la jugamos en el tema de la producción de alimentos, y allí el tema del latifundio es clave. Es un hecho que los campesinos y campesinas están de pie y en combate, dando desde ya la batalla. Pero muchas veces pareciera que están solos(as) en esa pelea, sin el acompañameinto del Estado e, incluso, con éste en contra. Nadie dice que no habrá conflicto y que en la disputa no aflorarán intereses, presiones. Falta no más la voluntad y decisión para sumir el tema en todas sus aristas. ¿Qué esperamos?

Eduardo Viloria Daboín

Publicado en 15yultimo.com

Nós lutamos por terra, pela Reforma Agrária nas terras dos corruptos, mas, acima de tudo, o MST luta e ocupa por justiça»

O Coronel LIma foi denunciado há três anos pelo MST

Divulgação MST 

Maura Silva 
Da Página do MST

As famílias que ocupam desde o último dia (7), a fazenda Esmeralda, localizada em Duartina, interior de São Paulo sofrem desde o início da manhã de hoje (22) com ameaça e tentativa de despejo. 

No local estão posicionadas mais de 30 viaturas e um efetivo de aproximadamente 150 policiais acompanhados de cães que intimidam e pressionam os Sem Terra.  O clima está tenso no local e o Movimento segue negociando para que a polícia respeite o prazo acordado, bem como a integridade física dos trabalhadores. 

Por que ocupamos a fazenda de Michel temer? 

Era 9 de maio de 2016 quando mil famílias Sem Terra ocuparam pela primeira vez a fazenda Esmeralda, localizada em Duartina, interior de São Paulo. A área – que tem cerca de 1500 hectares – fica entre os municípios de Duartina, Fernão, Gália e Lucianópolis e pertence à empresa Argeplan, de arquitetura e engenharia, que tem como um dos sócios João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, que já foi assessor do presidente Michel Temer, de quem é amigo pessoal há mais de três décadas. 

Desde então, o MST realizou mais duas ocupações na fazenda, uma em d julhoe 2017 e a mais recente que começou no último dia 7 de março. Todas as ocupações foram feitas com objetivo de denunciar as ligações escusas de Michel Temer com o proprietário da fazenda e sua empresa de fachada que arregimenta propinas. 

Divulgação/MST

Argeplan

A Argeplan, empresa do proprietário formal da fazenda, Coronel “Lima”, começou a crescer após a chegada de Temer no alto escalão do governo. Num contrato de R$ 162 milhões com a empresa Engevix, cujo proprietário José Antunes foi preso na operação

Lava Jato, foi revelada (em delação premiada pelo próprio Antunes) a passagem de propina no valor de R$ 1 milhão para o PMDB de Temer.

Apesar de ter mais de 1500 hectares, em uma situação análoga ao “sítio de Atibaia” – factoide criado pela mídia -, remetido ao ex-presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, a fazenda Esmeralda no interior de São Paulo nunca teve a mesma cobertura de sua real posse pelo pemedebista Michel Temer.

Além de sediar atividades regionais do PMDB, a propriedade funcionou como QG de articulações duvidosas do atual governo. 

Escândalo dos Portos 

Coronel Lima foi o braço direito de Michel Temer em mais um escândalo de corrupção. Investigações sugerem que Lima foi intermediário entre o presidente e um dos maiores grupos empresariais da área portuária. Um relatório preliminar da Polícia Federal foi anexado ao inquérito que investiga Temer e outros membros do governo por supostas irregularidades na edição de um decreto para o setor de portos. Uma tabela datada de 1998 sugere pagamentos de empresas do Porto de Santos (SP) ao peemedebista e aliados. 

Foto: Evaristo Sá (AFP)

Lava Jato 

Lima foi apontado por Florisvaldo Caetano de Oliveira, contador da JBS como “apanhador” pessoal dos recursos de Temer. No último dia 13 de março, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a quebra dos sigilos telefônico e telemático (comunicação por e-mail) de suspeitos de intermediarem propina para o presidente Michel.  A autorização se estende ao ex-deputado Rodrigo da Rocha Loures (MDB) e ao coronel Lima. 

Silêncio da grande mídia 

Fomos os primeiros a correlacionar os fatos e expor a relação escusa que os dois mantém há décadas. Desde então, são cada vez mais frequentes as denuncias de abusos e corrupção. Para a Direção Nacional do MST, os as provas são irrefutáveis e não podemos contrariá-los.

“Michel Temer e Coronel Lima são corruptos é isso que o MST vem apontando desde 2016. O Movimento foi o primeiro a dar visibilidade a esse esquema de falcatruas que envolvem os dois. A questão é: por que a grande mídia esconde esses fatos? Porque seria admitir que a imprensa silenciou todos esses anos o esquema de corrupção que envolve 15 milhões em patrimônios adquiridos por corrupção, sendo que destes, 13 milhões são investimentos em  imóveis rurais no município de Duartina. São escândalos que envolvem o Porto de Santos, Angra 3 no Rio de Janeiro, em outras palavras, Temer seria derrubado se a mídia fosse precisa nas investigações que envolvem Coronel Lima. A justiça também silencia diante dos fatos, é morosa, não permite que a sociedade tenha acesso aos fatos. Exemplo: a Polícia Federal apreendeu no duplex de 446 metros quadrados de Lima, 17 recibos referentes a uma offshore Langley Trade. A empresa é domiciliada em Montevidéu, capital do Uruguai, conhecido paraíso fiscal, no mesmo endereço da Panamá Papers. Maiores indícios que esses impossíveis. É isso que o MST denuncia há anos. Nós lutamos e ocupamos por terra, pela Reforma Agrária nas terras dos corruptos, mas, acima de tudo é  lutamos e ocupamos por justiça». 

“Si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañerxs”.

(Harare, 21 de Marzo de 2018) La Vía Campesina exige justicia y llama a movilizaciones unificadas para denunciar la violencia estructural del capital que hoy  se vive a escala global;  en un escenario de creciente fascismo, golpismo, de violentas guerras, de un grave decrecimiento de la democracia, un progresivo retiro de  derechos históricos aunado a una larga lista de asesinatos y criminalización de líderes sociales, comprometidxs con la defensa de la vida y de los bienes naturales.

La Vía Campesina recibió con mucho  dolor  e indignación la noticia del asesinato de  la compañera Marielle Franco, el pasado 14 de Marzo. Marielle, quien también fue amiga del MST y de varias organizaciones de La Vía Campesina Brasil, fue una militante negra muy reconocida en la ciudad de Río de Janeiro, por su importante tarea en la defensa de derechos humanos y de la igualdad social, en un país donde hay una cínica reconcentración de riquezas  y una vergonzosa redistribución. Brasil encabeza la lista de países con más asesinatos de líderes sociales y ambientales (Sin Tierra, indígenas, quilombolas, campesinxs, sindicalistas) en estos últimos años.

Al presente, Marielle se desempeñaba como Concejal de la ciudad, y con mucho fervor denunció las constantes violaciones y abusos de autoridad por parte de la seguridad pública, situación que vino a agravarse con la intervención militar autorizada hace un mes por el presidente Michelle Temer.

Este vil hecho, se suma a  la sangrienta lista de asesinatos a líderes sociales, tanto del  campo como en  las ciudades, como el de hondureña Bertha Cáceres que cumplió dos años, y que aún permanecen impunes. En este sentido, como  La Vía Campesina demandamos una urgente intervención de los organismos de Derechos Humanos para que el derecho a la vida y demás derechos, sean respetados y garantizados para el conjunto de la clase trabajadora, en el norte y en el sur global.

Al Estado brasileño exigimos que  a través de sus diversos órganos competentes responda a una investigación inmediata y rigurosa en el caso de Marielle Franco, pero que también que se haga justicia con los cientos de asesinatos denunciados por  nuestras organizaciones miembros de este país. Reclamamos que los crímenes no queden en la impunidad, pues es la misma impunidad una de las responsables de muerte de más líderes en Brasil, exigimos que se detenga la represión y criminalización de las y los defensores de derechos y de la vida, en Brasil y en el mundo.

Finalmente, recalcamos nuestra solidaridad con todo el pueblo brasileño, pero también con todxs lxs pueblos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que luchan y resisten la violencia del capital, contra la pobreza, ocupación, desalojos y exclusión,  a favor de la dignidad humana, justicia social y soberanía.

Nos unimos y alzamos la voz de lxs Negrxs,  Sin tierra, de lxs afectados por las Represas, de lxs que luchan contra la minería, de lxs indígenas, de las y los campesinos que sostienen la Soberanía Alimentaria para decir: ¡Luto es Lucha!

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

Na madrugada desta quinta-feira (22), cerca de 350 militantes organizados em movimentos populares ocuparam o parque industrial da Coca-Cola nos arredores de Brasília para denunciar a ação da multinacional na tentativa de espoliar os bens naturais do país, particularmente as águas. Esta semana acontece o 8º Fórum Mundial da Água, rodada de negociações promovida pela ONU para vender as águas para multinacionais.

Está na mira prioritária de Nestlé, Coca-Cola, Danone e outras empresas de capital internacional os maiores aquíferos do planeta, grandes reservas de água doce localizadas no Brasil. Nas semanas anteriores ao evento da ONU com as corporações, já houve menção no Congresso brasileiro de quantificar o preço do maior deles, o Aquífero Guarani.

Em janeiro, numa promíscua relação com as corporações do setor, o presidente ilegítimo, Michel Temer, participou de jantar durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, com o CEO da Nestlé, Paul Bulcke, e de outras empresas, como Ambev, Coca-Cola e Dow. Elas compõem o grupo 2030 Water Resources Group (2030WRG), consórcio que pretende privatizar cada metro cúbico disponível de água no planeta.

“Denunciamos as transnacionais Nestlé, Coca-Cola, Ambev, Suez, Brookfiled (BRK Ambiental), Dow AgroSciences, entre outras que expressam o caráter do ‘fórum das corporações’”, escreveram os movimentos em manifesto divulgado, remetendo-se ao evento organizado com a presença das multinacionais em Brasília. Para os movimentos, a intenção é privatizar este e outros aquíferos para produção de bebidas.

Além de palavras de ordem, os militantes deixaram seu recado em forma e pixações. Participam da ação militantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), do Levante Popular da Juventude, do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
 

Outras informações:
Rafael – (11) 9 4196 7747 WhatsApp
Adilvane – (61) 9 9996 4391 e (49) 9 9160 5897 WhatsApp
Neudi – (11) 9 4817 2567 WhatsApp

A MARCHA PELAS RUAS DE BRASÍLIA do Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA) 2018, que encerra os seis dias de atividades, JÁ COMEÇOU. Vamos denunciar o uso da água como uma mercadoria, vamos lutar pela água como direito e bem comum! 

Vamos às ruas?!

#VemproFAMA 
#AguaéDireito 
#Fama2018 

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Cerca de 700 participantes do Fórum Alternativo Mundial Água (FAMA) protestaram em frente à Eletrobras, em Brasília (DF), na manhã desta quarta-feira (21). O ato durou das 8h às 9h30, aproximadamente, no Setor Comercial Norte. O público presente no ato expressou a diversidade do FAMA: agricultores sem-terra, atingidos por barragens, trabalhadores do setor elétrico e de movimentos sociais. O Fórum começou no dia 17 e se encerra nesta quinta-feira (22), com a participação de 7 mil pessoas no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, na capital federal.

Os manifestantes expressaram a posição contrária à privatização do Setor Elétrico brasileiro, articulada pelo governo golpista de Michel Temer (MDB). José Josivaldo, integrante da direção nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), reforçou a importância da unidade entre os diferentes setores da sociedade para a multiplicação de ações conjuntas em defesa do patrimônio público. “Nós não podemos aceitar que o patrimônio brasileiro passe para as mãos de banqueiros e especuladores. Temos que fazer com que atos como este aqui se multiplique cada vez mais em ações por todos estados do país”, propôs.

Foto: Joka Madruga/Terra Sem Males

Para Nailor Gato, trabalhador da Eletronorte, coordenador do Coletivo Nacional de Eletricitário e vice-coordenador da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), a privatização do setor elétrico tem sido articulada desde o início do golpe. Sinais disso, de acordo com o eletricitário, é a nomeação de Pedro Pedrosa para a secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia, e de Wilson Pinto à presidência da Eletrobras. Ambos têm posição favorável à privatização e têm relações com as transnacionais da energia.

“Eles fazem essa política de desmonte por dentro, com o objetivo de fragilizar as empresas, para depois dizer que as empresas são ineficientes e tentar colocar isso na sociedade, para que passe esse projeto de privatização no parlamento”, aponta o integrante da FNU.

O ato contou com a presença dos deputados Chico Vigilante (PT/DF), João Daniel (PT/SE), Danilo Cabral (PSB/PE). Pelo menos 50 policiais foram deslocados para o local, além de oito viaturas do Batalhão de Choque, segundo informações do Major Elisson Souza, da Polícia Militar, que coordenou a operação.

Adesão dos funcionários da Eletrobras

De acordo com trabalhadoras da Eletrobras, a maioria dos funcionários da empresa deixou seus postos de trabalho para aderir ao protesto nesta manhã. Ianaê Carraro, trabalhadora no setor de Meio Ambiente há 11 anos, estava entre elas: “Eu participo como empregada, por que acho que é importante. Sou a favor do patrimônio público brasileiro, das empresas públicas, da manutenção das empresas com o monopólio do governo, com os impostos que já são pagos pelo povo”.

Foto: Joka Madruga

A funcionária frisa o papel da Eletrobras como promotora de políticas públicas de acesso à energia elétrica à população de baixa renda, por exemplo, por meio do Programa Luz Para Todos. Criado em 2003, o Programa conectou 3,2 milhões de famílias à rede de eletricidade.

Este miércoles 21 y jueves 22 de marzo, la Federación Nacional Campesina (FNC) realizará su tradicional marcha en la capital paraguaya, acción que viene realizando ininterrumpidamente desde hace un cuarto de siglo. El lema que los moviliza este año es “Por Reforma Agraria, elegimos Poder Popular”.

Desde sus inicios, la marcha de la FNC fue planteada como una expresión política del campesinado. Esto significa que no se agota en lo reivindicativo gremial o en una visión netamente sectorial, sino que trae consigo el dolor y las penurias por la que atraviesa nuestro pueblo y una propuesta política para transformar nuestro país y construir una nueva sociedad, una patria nueva.

En esa trayectoria, la marcha campesina de la FNC fue protagonista de las grandes luchas populares en nuestro país: la defensa de las libertades públicas en el Marzo Paraguayo y la condonación de la deuda campesina en el marco de la reactivación productiva nacional, que se constituyó en la fuerza principal para frenar el proceso de privatización en el año 2002; la conquista de más de 200.000 hectáreas de tierra que hoy son asentamientos florecientes con producción campesina, escuelas, caminos, electricidad, vivienda, todo como resultado de la organización y la lucha.

Durante estos años, la marcha campesina de la FNC también trajo consigo la elaboración y presentación de programas de desarrollo independiente y soberano a los gobiernos de turno: programa de reactivación productiva nacional, la banca pública, la producción e industrialización del algodón, entre otros. Este año presenta el Programa Nacional para la Producción Hortícola. Y lo más importante: mantiene una organización al paso de los años.

Esta 25º Marcha Campesina trae la consigna de la Reforma Agraria porque constituye el único camino para transformar la realidad impuesta por la oligarquía y los países imperialistas para nuestro país dominado. Y la consigna del Poder Popular como alternativa de participación política de nuestro pueblo, contrastando con la farsa electoral que renueva a los mismos corruptos, sinvergüenzas y bandidos. Ante esta realidad, lo que queda es ir construyendo un camino con el pueblo como única garantía de un salto cuantitativo hacia la transformación.

Revise el programa de la Marcha Campesina de la FNC.

En enero del 2018, Michel Temer y el presidente de Nestlé, Paul Bulcke, estuvieron reunidos para discutir la explotación del Acuífero Guaraní.

La sede de Nestlé en São Lourenço, región sur de Minas Gerais, ha sido ocupada por 600 mujeres Sin Tierra a las 06h de la mañana de este martes 30. Las mujeres, que continúan en la Jornada Nacional de Lucha, denuncian la entrega de las aguas a las corporaciones internacionales que está siendo fuertemente promovida por el gobierno golpista de Michel Temer. Ellas alertan de los grandes acuerdos que tienen lugar en este momento en el Foro Mundial de las Aguas, en Brasilia.

“Imagínate siendo obligada a comprar botellas de agua a lo largo de todo el día para saciarte la sed. Nadie lo aguantaría. Y eso es lo que quieren las empresas que están reunidas en este exacto momento en aquel Foro”, comenta Maria Gomes de Oliveira, de la Dirección del MST. “Hace falta mucho atrevimiento para organizar un foro internacional con el objetivo de comercializar nuestras reservas de agua. Ellos no están reunidos para discutir la gestión de nada, están promoviendo una verdadera subasta para vender el país a “precio de bananas”, comenta la dirigente.

En enero del 2018, Michel Temer y el presidente de Nestlé, Paul Bulcke, estuvieron reunidos para discutir la explotación del Acuífero Guaraní.  La reserva abarca a cuatro países. Después de la victoria de los conservadores en Argentina y de los golpes de Estado promovidos en Paraguay y en Brasil, solamente Uruguay puede poner obstáculos a la privatización. “Cuanto más se profundiza el golpe, más clara queda la influencia de los grandes grupos económicos sobre la política y su interés en explotar nuestras riquezas naturales”, explica Oliveira.

Extracción Criminal

La empresa, que controla un 10,5% del mercado mundial de agua, está instalada en la ciudad de Minas Gerais desde 1994, cuando compró las fuentes y el Parque de las Aguas de São Lourenço. Desde 1997 la población local denuncia la explotación de las aguas en la región. Aguas que, antes de ser privatizadas, eran largamente utilizadas para tratamientos medicinales. Además de la reducción del caudal, se nota el cambio en el sabor del agua, o sea, la explotación está haciendo que el agua pierda sus sales minerales.

El proceso de envase lleva al mercado dos marcas: “São Lourenço” y “Pure Life”. Ésta última fue comercializada sin licencia estatal desde 1999 hasta 2004, cuando el gobierno de Aécio Neves (PSDB) regaló el permiso a la empresa. Sin embargo, una acción civil pública en contra de Nestlé identificó que, además de abrir ilegalmente el Pozo Primavera y así promover la sequedad de la fuente magnesiana, el agua producido también era ilegal. Nestlé retiraba todo el mineral del líquido, a través de un proceso químico para, a continuación, adicionar sales minerales de su propia patente.

“Nestlé se estableció aquí hace décadas y, desde entonces, promueve la explotación predatoria e, incluso, irregular. El agua es un bien común de la humanidad, defenderla es una cuestión de soberanía”, explica Maria. Pese a la afirmación del presidente de Nestlé de que no hay superexplotación, dos de las fuentes del parque ya se han secado. Según los datos oficiales de la propia empresa, son extraídos 19 millones de litros de agua al año.  Y, como no hay una legislación específica sobre el mercado, compete a la Unión, al municipio y al Estado una compensación financiera. En 2016 esto reportó a São Lourenço 563 mil míseros reales.

Esclavitud

La región sur de Minas Gerais es conocida por su gran producción de café. Nestlé controla a un 22% de las marcas de café en el mundo, de las cuales una parte fundamental es recolectada en esta región. El plantío convencional, que utiliza altos niveles de agrotoxicos, emplea a miles de trabajadores irregulares anualmente. Faltan fiscales del trabajo para controlar las violaciones que suceden en las haciendas productoras de café. En 2015 dos adolescentes, uno con 14 años y otro con 15, han sido rescatados de haciendas de Nestlé.

¡Marielle vive!

Las mujeres sin tierra prometen continuar con las luchas a lo largo del año. En este sentido, Maria Gomes de Oliveira es categórica: “Mientras la burguesía siga imponiendo esta ruptura democrática, condenando a la población brasileña a la perdida de derechos, seguiremos ocupando tierras, empresas y propiedades para denunciar a todos los articuladores del golpe. El pueblo necesita saber quienes son los responsables de la miseria, de su explotación y de la destrucción del medio ambiente”.

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De la página del MST

Traducido por Amanda V.