( 26 de Julio de 2021) Frente a la actual pandemia de COVID-19, el caos climático, el aumento del hambre y todas las formas de malnutrición, la destrucción ecológica y las múltiples crisis humanitarias, nosotras[1], las personas que integramos los movimientos sociales, las articulaciones de los pueblos indígenas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector académico, afirmamos nuestro compromiso con la soberanía alimentaria y rechazamos la actual colonización corporativa de los sistemas alimentarios y la gobernanza de los alimentos bajo la fachada de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios.
Los sistemas alimentarios industriales y el creciente control de las cadenas alimentarias por parte de las multinacionales son responsables de las amenazas existenciales a las que se enfrentan nuestras poblaciones y el planeta, como la crisis del clima, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, la contaminación del agua e innumerables violaciones de los derechos humanos. El control por parte de las empresas multinacionales ha dado lugar a un sistema alimentario que deja a más de mil millones de personas hambrientas, desnutridas y económicamente desamparadas[2]. Además, los productos industriales ultraprocesados causan diversas formas de malnutrición, incluidos el sobrepeso y la obesidad, afecciones que contribuyen al agravamiento de los síntomas de la COVID-19 e incluso a la muerte. Es necesario tomar medidas políticas con urgencia, desde el ámbito local hasta el internacional, para hacer frente a la creciente desigualdad, la injusticia estructural, la violencia de género y los desplazamientos; el statu quo es sencillamente insostenible para la mayoría de la población mundial.
La única solución justa y sostenible consiste en detener y transformar inmediatamente los sistemas alimentarios globalizados controlados por las multinacionales. El primer paso en este camino es reconocer, llevar a la práctica y dar pleno cumplimiento al derecho humano a una alimentación adecuada. Este derecho, que es fundamental, también es indivisible de otros derechos humanos básicos, como los derechos a la salud, a la vivienda, a unas condiciones de trabajo seguras, a unos salarios dignos, a la protección social, a un ambiente limpio y los derechos civiles y políticos, incluidas la negociación colectiva y la participación política, que deberían ser, en sentido colectivo, el núcleo de todos los procesos relacionados con el sistema alimentario. Con esta importante orientación, las políticas públicas en materia de alimentación y la gobernanza deben dar respuesta a los medios de vida e intereses de las personas más vulnerables y de las generaciones futuras, ofreciendo protección y promoción a las campesinas y los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades de pescadores, las de pastoralistas, las trabajadoras y los trabajadores, las personas sin tierras, las personas que viven en los bosques, las consumidoras y los consumidores y las poblaciones urbanas que sufren la pobreza, y respetar nuestros límites planetarios. Son estos sectores los que más merecen ser el centro de atención cuando se abordan cuestiones como la gobernanza y la formulación de políticas. Rechazamos cualquier proceso vacío sobre los sistemas alimentarios, que ignore nuestros derechos humanos y no conceda explícita y significativamente la importancia que merecen a estos agentes de los sistemas alimentarios.
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, impulsada por el Secretario General de las Naciones Unidas poco después de firmar un acuerdo global con el Foro Económico Mundial, no cumple esos requisitos fundamentales. El Foro Económico Mundial fue establecido por 1 000 de las mayores corporaciones del mundo, y sus afiliados han estado controlando el diseño, la estructura, los procesos, la gobernanza y el contenido de la Cumbre: la presidenta de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) es la Enviada Especial de la Cumbre; el “Grupo Científico” está formado por agentes patrocinados por empresas que legitiman los sistemas de conocimiento y tecnología de propiedad corporativa; y las “soluciones innovadoras” que surgen de las vías de acción de la Cumbre han sido concebidas para profundizar en el control corporativo sobre todos los aspectos de nuestros sistemas alimentarios e imponer nuevas reglas para proteger los intereses y beneficios de un puñado de empresas multinacionales.
Las grandes corporaciones multinacionales, incluidas las que dominan las comunicaciones sociales y especulan en los mercados de productos de predicción, se están infiltrando cada vez más en los espacios multilaterales de las Naciones Unidas para cooptar la narrativa de la sostenibilidad y desviarla hacia los canales de una mayor industrialización sirviéndose de las tecnologías digitales y biológicas, la extracción de las riquezas y el empleo de mano de obra de las comunidades rurales, y la concentración del poder corporativo. Rechazamos las falsas soluciones que seguirán oprimiendo y explotando a las personas, las comunidades y los territorios.
En lugar de basarse en los derechos humanos, la Cumbre pretende ser un foro de múltiples partes interesadas en el que sus participantes, ya sean gobiernos, particulares, agencias o representantes de organizaciones, reciben un boleto simbólico para formar parte del público de este evento. Pero las partes interesadas no son necesariamente titulares de derechos: los derechos y la soberanía de las personas y las comunidades no deben confundirse con los intereses empresariales del sector privado. Pese a que entre el 70 % y el 80 % de los alimentos del mundo son producidos por agricultores en pequeña escala que tienen una poderosa voz colectiva, este proceso individualizado de múltiples partes interesadas da un poder desmesurado a unos pocos poderosos que controlan los mercados alimentarios, agrícolas y de capitales. La falta de salvaguardias adecuadas contra los conflictos de intereses en los procesos de la Cumbre ha permitido que las coaliciones impulsadas por las empresas se posicionen como agentes de aplicación de políticas públicas con recursos públicos, pero sin los mecanismos de rendición de cuentas, el mandato y las normas de transparencia de las instituciones públicas. No aceptaremos un proceso de este tipo, especialmente en el ámbito de la agroecología, porque, desde el punto de vista de los derechos humanos, las políticas para fortalecer la agroecología son una obligación de los Estados y de los organismos de las Naciones Unidas, debido al papel crucial de la agroecología en la consecución del derecho a una alimentación adecuada y otros derechos humanos[3].
Esta Cumbre se diferencia de las anteriores cumbres mundiales de las Naciones Unidas sobre la alimentación en que no será un evento multilateral en el que los acuerdos negociados podrían proporcionar una orientación clara para los procesos de toma de decisiones y los mecanismos de rendición de cuentas que delimitan las responsabilidades de los Estados. La apropiación por parte de las multinacionales, la multiplicidad de partes interesadas y la falta de referencias hacia los derechos humanos amenazan los más altos estamentos de las Naciones Unidas, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA), el principal y más inclusivo organismo multilateral para la gobernanza alimentaria, que tiene la autoridad y la legitimidad para dirigir este proceso. Consideramos inaceptable que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, como proceso no normativo con una estructura de gobernanza ilegítima, intente delegar sus resultados y su seguimiento en el CSA, que se rige por un sistema intergubernamental; la Cumbre no posee ni la legitimidad ni la autoridad para ello, y ese enfoque vulnera el mandato y el estatuto de reforma del CSA. Condenamos este intento de socavar el CSA, y exigimos que se reconozcan y refuercen su visión y sus procesos inclusivos. Instamos a nuestros gobiernos a defender el multilateralismo, la elaboración de políticas basadas en los derechos y la participación —tal y como han establecido los Estados Miembros de la FAO en relación con las normas de participación de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales—, así como la responsabilidad política.
La lucha por unos sistemas alimentarios sostenibles y justos no puede desvincularse de las realidades de los pueblos cuyos derechos, conocimientos y medios de vida no han sido reconocidos ni respetados. Conocemos las soluciones factibles para abordar los problemas sistémicos de nuestros sistemas alimentarios.
Como hemos exigido en nuestra Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios[4], los cambios en dichos sistemas deben ser ecológica y socialmente transformadores. Desde 1996, los movimientos sociales y la sociedad civil vienen desarrollando un movimiento y procesos comunitarios de gobernanza en torno a la visión de la soberanía alimentaria, tomando como referencia para ello a las personas que se ocupan de la producción de alimentos en pequeña escala y a las trabajadoras y los trabajadores, y basándose en las prácticas agroecológicas y los movimientos urbanos. En este 25.º aniversario de la soberanía alimentaria, reafirmamos nuestra unidad y compromiso para impulsar estrategias radicalmente transformadoras que reconozcan las necesidades de los pueblos, les otorguen dignidad, respeten la naturaleza, antepongan a las personas frente a los beneficios económicos y se resistan a la apropiación de las empresas multinacionales, y para hacerlo colectivamente hacia un sistema alimentario justo y digno para todas las personas.
Más información aquí.
[1] La Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios es un proceso de base formado por cientos de organizaciones internacionales, regionales, nacionales y locales de todos los sectores: personas campesinas y que se dedican a la agricultura en pequeña escala, mujeres y jóvenes, pueblos indígenas, pastoralistas y personas sin tierras, personas que se dedican a trabajos agrícolas y alimentarios, pescadoras y pescadores, consumidoras y consumidores, poblaciones urbanas que padecen inseguridad alimentaria y ONG de muchos ámbitos de la sociedad. Para obtener más información, consulte: Foodsystems4people.org.
[2] http://www.fao.org/publications/sofa/es/
[3] http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_es.pdf; https://undocs.org/es/A/RES/73/165 (arts. 2,15 y 16).
[4] Véase https://www.foodsystems4people.org/about-2/FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
