Ante la nueva situación de debate nacional que vive el Ecuador sobre una política de redistribución de tierras, luego de que circulará el ante proyecto de Ley de Tierras elaborado por el Sistema de Investigación de la Problemática Agraria en el Ecuador, SIPAE, el cual plantea definiciones concretas, como un límite a la extensión de la tenencia de la tierra (500 hectáreas), y la perspectiva de una ley de tierras que pueda abrir un proceso real de una amplia redistribución de tierras, (función social y ambiental, procesos de afectación, nueva institucionalidad e intervención del Estado, a través de un fondo nacional de tierras) en el país se inauguró una discusión que ha provocado reacciones de distintos sectores, levantado las opiniones más retrógradas y racistas sobre la evolución y los cambios que el campo y los campesinos, indígenas y afroecuatorianos demandan y se lo merecen.
Manifiesto de las Organizaciones Populares frente a la Redistribución de la Tierra en el Ecuador
En este contexto, consideramos que no es posible seguir manteniendo estructuras de inequidad e injusticia, por lo cual, vemos importante constituir un frente tierra rural y nacional por la tierra conformado por organizaciones sociales, y sectores urbanos con el objetivo de establecer una alianza entre el campo y la ciudad. Creemos que únicamente unidos y movilizados podemos demandar de los poderes del Estado tanto del ejecutivo como del legislativo, verdaderas políticas redistributivas que potencien los postulados de soberanía alimentaria, economía social y solidaria y el respeto a los respetos de los pueblos y que hagan viable el Sumak Kawsay que nos lleve a la construcción de un verdadero Estado Intercultural y Plurinacional.
La tendencia de concentrar la tierra y el agua es una estrategia del capitalismo provoca estructuras inequitativas, debido a que va acompañado de una fuerte influencia política y económica que afecta tanto a los sectores urbanos como a los rurales.. Es por eso, que enfatizamos que el derecho a la tierra no tiene que ver únicamente con derechos de las y los campesinos, indígenas y afroecuatorianos, sino es una problemática de país que atañe al campo y la ciudad.
Históricamente, hemos constatado que la alianza campo-ciudad ha sido una manera eficaz de luchar por los derechos de todos y todas, así como las y los campesinos apoyaron en su momento las luchas obreras desde los años 20 del siglo anterior, con la solidaridad en las huelgas, así mismo hoy agradecemos que las organizaciones populares de la ciudad cada vez se suman a nuestra demandad de redistribución de la tierra como un requisito fundamental para el establecimiento de una sociedad donde se materialice el Sumak Kawsay.
Como Organizaciones Sociales identificamos dos modelos agrarios en disputa, por un lado, el modelo agroexportador que concentra grandes extensiones de tierra y agua, promueve una agricultura con la utilización de agro tóxicos con los que niega los derechos de la naturaleza, contrata mano de obra barata, no respeta los derechos laborales, ha llevado a grandes índices de inequidad en el campo que ha provocado un fuerte éxodo de campesinos y campesinas, generando condiciones de inseguridad, al negarles las condiciones para que tengan una vida digna. Cada vez es más claro que este modelo tiene como firme propósito controlar la agricultura y acaparar el espacio rural.
Por otro lado, está el modelo de La Vía Campesina que ha sido impulsado por las organizaciones que favorece la soberanía alimentaria, es decir, la agricultura campesina y familiar y que sobre todo garantiza una alimentación sana y culturalmente apropiada, nutritiva y libre de agro tóxicos, que respeta a la naturaleza, prioriza la vida, genera empleo superando a las grandes empresas. En el que papel de las mujeres es fundamental. En este sentido, se exige que en nuevo modelo en el agro garantice revolución prioritaria la titularidad de la tierra a favor de mujeres campesinas, indígenas y afroecuatorianas.
Por todo ello, que como organizaciones sociales históricas que hemos ido democratizando a nuestro país nos pronunciamos a favor de la necesidad de impulsar un proceso que viabilice una verdadera Revolución agraria. Este proceso lo entendemos como una construcción profundamente participativa. Sabemos que, en el momento actual, el poder incluir las visiones de todos nosotros para construir una ley consensuada es ineludible. Por esto apoyamos el proceso que hoy empieza la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, conducido por las organizaciones sociales y exigimos al gobierno nacional el cumplimiento del mandato constitucional que significa apoyo financiero y autonomía.
Saludamos el proceso de unidad de las organizaciones indígenas, campesinas, afroecuatorianos y urbanas que se esta conformando para lograr un cambio en el agro que no solamente favorece a los campesinos sino a toda la población ecuatoriana. Consideramos que el proceso de redistribución reside en esto: “en poder lograr una amplia alianza que nos junte a todas y todos y nos de la fuerza suficiente para derrotar a los poderes retardatarios que se muestran remozados en su versión de agronegocios en el Ecuador”. Por esto hoy estamos aquí todas y todos unidos en el propósito único de hermanarnos y poner el hombro para lograr que la tierra sea otorgada a los que la cuidan y la trabajan como son las campesinas y campesinos pobres que hoy que no la tienen.
“Por 500 años hemos esperado pacientemente, y hoy nuestra esperanza nos moviliza para recibir la tierra por herencia”