La Confederación Nacional Agraria – CNA, como representante de comunidades campesinas, pequeños agricultores y pueblos originarios del Perú, expresa su honda preocupación por los recientes Decretos Legislativos que el gobierno ha promulgado para efectos de promover la reactivación económica, el reordenamiento de la extracción petrolera y temas referentes a los derechos sociales de los peruanos y peruanas.
Dentro de los nuevos 112 decretos legislativos hallamos unos que atentan directamente contra el derecho a la vida y al desarrollo dentro de nuestras tierras y territorios. Es de subrayar el DL N°1333 que dispone la creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados –APIP, dependiente de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN. Sobre este punto, expresamos lo siguiente:
- Consideramos la creación del APIP como un atropello a nuestros territoriales. Este es solo un proyecto, pero Estado le ha otorgado poderes omnímodos para sanear física y legalmente las tierras que considere sean de prioridad para la inversión. Incluso en este afán, el APIP puede convocarnos a asamblea comunal y decidir el desplazamiento de nuestros pueblos. Hecho que viola nuestro derecho a la autonomía comunal y a la vida plena que ancestralmente desarrollamos sobre nuestros territorios, derechos claramente estipulados en leyes nacionales y en el Convenio 169 de la OIT.
- La titulación de nuestros territorios y el saneamiento físico y legal es una deuda histórica que por años venimos reclamando para formalizar la posesión ancestral de nuestros territorios. Esta potestad otorgada al APIP hecha por abajo los esfuerzos del mismo Estado por solucionar nuestras demandas. El APIP estaría usurpando las labores del MINAGRI y los Gobiernos Regionales, y desestimando las acciones que estamos haciendo las organizaciones indígenas por lograr la titulación colectiva de nuestros territorios, como ocurre con la incidencia dentro del PTRT3.
- El APIP incluso se atribuye el trato directo con los dueños de las tierras y territorios, para que, a nombre de los ministerios o las autoridades locales, pueda negociar la obtención de predios para las obras de inversión. En adición a ello, si no llega a concretar el acceso a los predios, demanda que nuestras autoridades ejecuten su capacidad de expropiación.
- Además, con este decreto ley se está comprometiendo la incursión de las fuerzas policiales para fundamentar desalojos a nombre de los grandes proyectos de inversión. Es decir, sí o sí, con o sin violencia, pretenden hacerse con nuestras tierras.
- Así mismo, nos preocupa que en sus disposiciones finales el decreto busque soslayar la vulneración a los derechos indígenas resolviendo que el APIP recurrirá al Ministerio de Cultura para saber de los territorios indígenas; cuando conocemos de las debilidades que tiene esta entidad para documentar a nuestros pueblos y comunidades.
Es vergonzoso saber que cuando se trata de la gran inversión, el Estado haga un gran despliegue por ordenar las tierras y territorios con el único fin de aprovechar nuestra riqueza natural. Los pueblos indígenas u originarios, organizados en comunidades nativas y campesinas, estamos cansados que solo se nos mire cuando hay de por medio grandes inversiones, y peor aún, cuando nuestra voz y nuestros derechos no son tomados en cuenta.
Advertimos que es larga la lista de decretos que vulneran nuestros derechos colectivos: DL 1330, DL 1283, DL 1292, DL 1293, DL 1319, entre otros. Muchos de ellos ofrecen retrocesos normativas que el Estado ha sacado adelante gracias a procesos de Consulta Previa donde hemos aportado los pueblos indígenas, como es el caso de la Ley Forestal. Recordamos que esta alarmante forma de gobernar, a costa de paquetazos, generó el fatídico Baguazo y puede ser foco de próximos conflictos sociales.
Por este motivo, hacemos un llamado a las fuerzas vivas del movimiento indígena y campesino para no dejarnos sorprender por estas normas, que no son más que la continuidad de los abusos que venimos recibiendo de nuestros gobernantes por promover una falsa idea de desarrollo y una trastocada idea de democracia, que nos vulnera y nos conduce a costa de paquetazos.
Pronunciamiento 003-2017
Lima, miércoles 15 de febrero de 2017