Entre el desfalco financiero, el control digital y el avance de la ultraderecha
Análisis de la coyuntura
Lo que estalló en Paraguay el 3 de noviembre con la intervención de Ueno Bank pasa de ser solo una crisis financiera. Es la expresión más descarnada de un modelo de gobierno que, bajo la conducción de Santiago Peña y el poder político del cartismo, convirtió al Estado en una plataforma de negocios privados, concentración de riqueza y reproducción de privilegios. Cerca del 60% de la población adulta del país amaneció aquel día sin acceso a sus cuentas y a su dinero. Millones de personas quedaron de golpe expuestas a la incertidumbre de no saber cómo afrontar sus necesidades más inmediatas, mientras salían a la luz los millonarios recursos públicos y previsionales comprometidos en la entidad financiera.
La crisis de Ueno puso en evidencia los vínculos entre el poder político, los grandes grupos empresariales y los organismos que debían ejercer controles sobre sus operaciones. Las relaciones empresariales de Peña con el grupo propietario de la entidad, los recursos públicos depositados allí, los préstamos a empresas vinculadas y las investigaciones fiscales configuran un panorama que exige esclarecer responsabilidades y recuperar hasta el último guaraní de los fondos públicos comprometidos.
No hablamos solamente de devolver los ahorros de los particulares. Hablamos de recuperar el dinero del Estado, los fondos previsionales y los recursos de las instituciones públicas que pertenecen a toda la población paraguaya. Son fondos que deberían garantizar jubilaciones, salud, educación y derechos sociales, no convertirse en capital disponible para los negocios de grupos privilegiados.
La destitución de Peña no puede cerrar esta discusión ni convertirse en una salida institucional que deje intactas las estructuras que hicieron posible el saqueo. La responsabilidad no termina con la caída de un presidente: debe alcanzar a los funcionarios, empresarios, operadores políticos y demás responsables, con investigaciones independientes, procesamiento y condenas cuando corresponda. La impunidad no puede ser el mecanismo de protección de los poderosos.
La precariedad como negocio y la deuda como forma de sometimiento
Mientras los grandes capitales encuentran mecanismos para proteger sus intereses, las familias trabajadoras, indígenas y campesinas enfrentan una economía cada vez más hostil. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la inestabilidad laboral, el desempleo, el encarecimiento de los alimentos y la falta de políticas públicas empujan a miles de familias al endeudamiento para sostener su consumo y cubrir necesidades básicas.
Se pide prestado para comer, comprar medicamentos, adquirir insumos agrícolas, sostener la chacra o pagar deudas anteriores. El bicicleteo de las deudas se convierte en una forma de supervivencia. Se trabaja para pagar y se vuelve a pedir prestado para seguir viviendo. La deuda termina ocupando el lugar de los derechos que el Estado debería garantizar.
En este contexto, Ueno puede entenderse como un dispositivo de captura de la precariedad: un modelo de negocios que encuentra en las necesidades y la vulnerabilidad de la población oportunidades de acumulación. La inclusión financiera no puede presentarse como una conquista cuando millones de personas dependen del crédito para sobrevivir, mientras los riesgos de las operaciones financieras recaen sobre quienes menos tienen.
Esta realidad tiene una expresión particularmente grave en el campo. La agricultura familiar campesina e indígena continúa relegada frente a un modelo que privilegia al agronegocio y a los grandes capitales. Las familias productoras deben asumir los riesgos climáticos, los costos de producción y transporte, la intermediación comercial y las fluctuaciones de precios, sin garantías de comercialización ni condiciones justas para sostener sus actividades. La producción agroecológica, fundamental para la soberanía alimentaria y el cuidado de los territorios, sigue siendo ninguneada por el Estado.
La violencia económica no se limita a la falta de dinero. Produce y profundiza otras violencias, restringe la autonomía, deteriora los vínculos familiares y comunitarios y somete a las personas a una permanente incertidumbre. Aunque la vulnerabilidad es una condición que compartimos todos los seres humanos, su distribución mediante la precariedad es política: depende de quién concentra los recursos, quién accede a los derechos y quién termina soportando los riesgos de un sistema desigual.
Las mujeres pagan una parte mayor de la crisis
La crisis económica tiene un impacto particular sobre las mujeres. Las dificultades para acceder al empleo, la informalidad, los salarios insuficientes y la falta de autonomía económica se combinan con una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados. Cuando los ingresos no alcanzan, son las mujeres quienes reorganizan la alimentación familiar, estiran el presupuesto, buscan alternativas para sostener la economía doméstica y atienden a niñas, niños, personas enfermas y adultas mayores.
La crisis también nos cuesta tiempo, salud, autonomía y bienestar emocional, no se trata solo de dinero. Cuando el Estado abandona sus responsabilidades sociales el costo se traslada a los hogares, y particularmente a las mujeres. Las campesinas e indígenas, además de producir alimentos y sostener sus comunidades, enfrentan desigualdades históricas en el acceso a la tierra, al crédito, a la seguridad social y al reconocimiento de su trabajo.
El desempleo y la subocupación femenina no pueden analizarse al margen de esta organización desigual de la economía. Tampoco puede hablarse de recuperación económica mientras se siga sosteniendo el funcionamiento de la sociedad sobre el trabajo gratuito e invisibilizado de las mujeres.
Del control de las organizaciones al control de los cuerpos y los datos
El saqueo económico convive con otro proyecto de concentración del poder: el disciplinamiento de la sociedad y el control de la información. Mientras las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y de la sociedad civil son sometidas a mecanismos de vigilancia y restricción mediante la denominada Ley Garrote (Ley 7363/2024), los grandes grupos económicos han podido operar comprometiendo recursos públicos y previsionales bajo la mirada de las instituciones de control.
Entonces tenemos que a las organizaciones populares se les exige transparencia, se las fiscaliza y se las somete a sospecha; a los grupos empresariales vinculados al poder se les permitió acumular privilegios y operar con recursos que pertenecen a toda la sociedad.
Estas prácticas forman parte de una actualización de viejos mecanismos patrimonialistas heredados del stronismo: la confusión entre Estado, partido y negocios particulares; la utilización de las instituciones para distribuir beneficios entre grupos de poder; y la persecución de quienes cuestionan el orden establecido. Ya no se trata necesariamente de reproducir las mismas formas de la dictadura, sino de actualizar sus mecanismos de dominación mediante instrumentos legales, económicos, tecnológicos y comunicacionales.
En este escenario también debemos hablar de fascismo para advertir sobre la expansión de prácticas autoritarias, la criminalización de la protesta, la construcción de enemigos internos y la legitimación de la violencia institucional contra quienes cuestionan el poder. A esto se suman discursos fundamentalistas y antiderechos que buscan imponer una determinada concepción de familia, sexualidad y sociedad, restringiendo conquistas históricas de las mujeres y de las diversidades.
Es contradictorio que sectores políticos que proclaman defender la familia tradicional y los valores religiosos aparezcan vinculados a estructuras financieras y negocios que hoy están bajo investigación. El caso de Joshua Abreu, pastor evangélico y exdirector de Ueno Casa de Bolsa, investigado por la Fiscalía en el marco de las operaciones del grupo financiero, vuelve visible la convergencia entre determinados espacios religiosos, económicos y políticos. No se trata de cuestionar las creencias religiosas, sino de exigir que ningún poder religioso o económico quede por encima del control democrático y de la justicia.
La soberanía en el terreno digital
La crisis de Ueno abrió, además, una preocupación que no puede quedar fuera del debate público: el destino de los datos personales y biométricos de millones de paraguayas y paraguayos.
A través de los servicios financieros y tecnológicos vinculados al Grupo Vázquez y a su empresa ITTI, se recopilaron datos de identificación, incluidas huellas dactilares y rasgos faciales. Esta información tiene un valor extraordinario: permite identificar personas y, al cruzarse con otros registros, construir perfiles asociados a sus movimientos, consumos y actividades.
La pregunta es inevitable: ¿quién tiene hoy el control de esos datos?, ¿dónde están almacenados?, ¿quién puede acceder a ellos?, ¿con qué finalidad fueron recopilados y bajo qué condiciones pueden ser utilizados o transferidos?
Las informaciones sobre una bóveda de seguridad con tecnología israelí hallada en una propiedad de Peña, sumadas a los documentos incautados que exponen planes de negocios de ITTI con empresas israelíes vinculadas a los sectores de seguridad, defensa y telecomunicaciones, abren interrogantes de enorme gravedad. También obligan a investigar si existieron transferencias, comercialización o utilización de datos biométricos de la población por terceros, incluso fuera del país.
No podemos afirmar que la totalidad de los datos haya sido vendida a Israel sin pruebas concluyentes. Pero tampoco podemos aceptar que semejante posibilidad sea descartada sin una investigación transparente. La información biométrica no es una mercancía cualquiera: constituye parte de nuestra identidad y su utilización indebida puede comprometer nuestra privacidad, seguridad y libertad.
La seguridad digital debe ser entendida como una cuestión de soberanía nacional y de derechos humanos. Exigimos conocer quién custodia las bases de datos, dónde se encuentran los servidores, qué empresas y gobiernos tuvieron acceso a la información y si existieron transferencias internacionales. El Estado debe garantizar auditorías independientes, protección de los datos, control de accesos y mecanismos efectivos para impedir su comercialización o utilización con fines de vigilancia y persecución.
No se puede hablar de modernización tecnológica mientras se desconoce el destino de la identidad digital de la población paraguaya.
La ultraderecha regional y el nuevo discurso de la seguridad
Lo que ocurre en Paraguay tampoco puede analizarse al margen del avance de la ultraderecha en América Latina. Existe una articulación regional de gobiernos y fuerzas políticas que comparten una agenda de desregulación económica, concentración de riqueza, debilitamiento de derechos sociales y criminalización de las organizaciones populares. Es un proyecto que utiliza los recursos del Estado para favorecer intereses privados y, al mismo tiempo, impulsa leyes y dispositivos institucionales para restringir la organización y la resistencia social.
Esta ofensiva se legitima mediante discursos fundamentalistas, antiderechos y autoritarios que presentan las luchas populares, campesinas, indígenas, feministas y ambientales como amenazas al orden establecido. Se construye un enemigo interno para justificar la vigilancia, la represión y el avance sobre territorios y comunidades.
En ese marco debe analizarse el denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por Estados Unidos y respaldada por gobiernos ideológicamente afines, entre ellos el de Paraguay. Bajo el argumento de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, se promueven mecanismos de cooperación militar, inteligencia, intercambio de información y designación de organizaciones como terroristas.
Combatir el crimen organizado es una obligación de los Estados. Pero la lucha contra el narcotráfico no puede convertirse en una autorización ilimitada para intervenir territorios, militarizar comunidades, criminalizar movimientos sociales o debilitar la soberanía de los pueblos. El riesgo está en utilizar una amenaza real como justificación para ampliar el control territorial y político, especialmente sobre regiones estratégicas y comunidades que resisten el avance de intereses económicos.
La pregunta que debemos hacernos es quién define las amenazas, quién controla los mecanismos de inteligencia y quién garantiza que estas herramientas no terminen siendo utilizadas contra la población organizada. La seguridad de los pueblos no puede confundirse con la seguridad de los negocios ni con la protección de los intereses geopolíticos de las grandes potencias.
El alineamiento del cartismo con los intereses de Estados Unidos y del Estado de Israel también merece un análisis crítico. Los acuerdos de cooperación en seguridad y tecnología, las relaciones con empresas israelíes de defensa y vigilancia y la cercanía política con el gobierno de Benjamín Netanyahu deben ser sometidos a debate público y control democrático. El sionismo, en cuanto proyecto político vinculado al Estado de Israel, no puede quedar fuera del análisis de estas alianzas, especialmente cuando se trata de tecnología de vigilancia, militarización y negocios que pueden comprometer los bienes públicos y la soberanía nacional. Esta crítica política no debe confundirse con ninguna forma de discriminación contra el pueblo judío.
No hay soberanía sin justicia económica, territorial y digital
El derrumbe de Ueno expuso una trama de relaciones entre poder político, capital financiero y recursos públicos. Pero también nos obliga a mirar más allá de la crisis bancaria: hacia un modelo que concentra la tierra, precariza el trabajo, endeuda a las familias, invisibiliza los cuidados, persigue a las organizaciones sociales y convierte incluso nuestra identidad digital en un posible recurso de explotación.
Desde Conamuri sostenemos que no habrá democracia real mientras los recursos públicos estén al servicio de los negocios privados; mientras las familias campesinas e indígenas no puedan vivir dignamente de su producción; mientras las mujeres sigan soportando el peso económico y emocional de las crisis; y mientras los derechos colectivos sean tratados como amenazas.
Exigimos la investigación y sanción de todos los responsables del saqueo, la recuperación de la totalidad de los recursos públicos comprometidos —no solamente la devolución de los depósitos particulares—, garantías para los fondos previsionales, protección de los datos personales y biométricos, y políticas que fortalezcan la agricultura familiar campesina e indígena, la agroecología y la soberanía alimentaria.
También exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones sociales y el rechazo a toda política de seguridad que pretenda convertir nuestros territorios y comunidades en espacios de intervención y control.
La tierra, el agua, las semillas, los alimentos, los recursos públicos y nuestros datos personales no son propiedad de los grupos económicos ni de quienes gobiernan. Son parte de los bienes y derechos que deben ser protegidos para traer paz en los pueblos.
Organización Conamuri
Asunción, 13 de noviembre de 2026
El despojo como modelo de gobierno – CONAMURI: El despojo como modelo de gobierno