2 de junio de 2015
Con la llegada al Ejecutivo del empresario Horacio Cartes, retornó el Partido Colorado al poder, luego de 60 años interrumpidos solo por el gobierno de Fernando Lugo en un breve periodo de alternancia (2008-2012), donde se desarrolló un interesante proyecto social a favor de las clases desposeídas y se dio participación protagónica a la ciudadanía como no ocurrió antes en toda la transición democrática (desde 1989 a la actualidad).
Tras el golpe de Estado contra Lugo, fabricado con artificios institucionales que adquirieron ropaje de juicio político, y que se basaron en la masacre de campesinos y policías que tuviera lugar en Marinakue (Canindeyú), la coyuntura se presentaba ideal para el arribo de las transnacionales y el capital extranjero. Tres leyes son los pilares del actual gobierno neoliberal: la ley de responsabilidad fiscal –por la que se ven afectados los gastos sociales– la ley de militarización y la ley de alianza público-privada.
Horacio Cartes asumió en agosto de 2013 y no se habían enfriado aún los manjares del banquete de protocolo cuando se presentó en el Congreso Nacional, días después, la modificación a la ley de defensa nacional y seguridad interna, conocida como ley de militarización, por medio de la cual se otorga al primer mandatario la potestad exclusiva de enviar a las Fuerzas Armadas a cualquier punto del país sin necesidad de decretar estado de sitio y, además, por tiempo ilimitado. Se puso en práctica esos días afectando a los departamentos del norte y hasta hoy siguen las incursiones militares en esa zona, supuestamente con fines de combate al terrorismo y a los escurridizos grupos guerrilleros que se mueven entre montes ya inexistentes debido al avance del agronegocio.
Otra de las leyes que sostienen el gobierno actual es la Ley de Alianza Público-Privada (APP) para obras y servicios, sancionada a finales de octubre de 2013 y que entró en vigencia en noviembre de ese año, en tiempo considerado récord. La privatización en el contexto paraguayo de alta corrupción de las autoridades significa el despojo inevitable de los bienes públicos y la pérdida acelerada de la soberanía nacional. Las empresas del Estado y la construcción de obras e infraestructuras públicas, como carreteras, puentes, explotación de los recursos naturales como el agua y los bosques, los bienes y servicios como la educación y la salud, etc., representan una oferta tentadora para las corporaciones multinacionales.
En este escenario de privatización y terrorismo de Estado –este último traducido en desalojos de comunidades campesinas e indígenas, criminalización de la protesta, impunidad en la investigación de los asesinatos de dirigentes sociales, avance del agronegocio en territorios de agricultura tradicional, etc.–, se constituyó el 1º de marzo del presente año el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), buscando emular la exitosa campaña de rechazo que se tuviera en el año 2002, cuando los sectores sociales lograron una victoria sobre el proyecto privatista del entonces presidente, Ángel González Macchi, que finalmente fue derrotado.
Conformado por organizaciones sociales campesinas, indígenas, de mujeres, barriales, estudiantiles, sindicales, partidos y movimientos políticos de izquierda y progresistas, el CDP declaró una lucha prolongada contra las leyes de APP y de militarización. El 18 de mayo se instalaron las carpas de la resistencia en 9 departamentos del país, más el distrito capital. Movilización permanente, asambleas populares, escraches dirigidos a los sectores oligárquicos como la Asociación Rural del Paraguay o las instituciones públicas como el Ministerio de Obras, la marcha contra los agrotóxicos y las semillas transgénicas en la jornada mundial de repudio contra la Monsanto, fueron algunas de las acciones de incidencia contempladas en la agenda cumplida.
Consultada al respecto, Alicia Amarilla, dirigenta de CONAMURI, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas que integra el CDP, manifestó: «Las organizaciones campesinas y las demás del sector popular entendemos que estamos haciendo historia en América Latina. La lucha contra un modelo que se instaló fuertemente en nuestros pueblos, acá en Paraguay también. Los movimientos sociales estamos saliéndoles al paso diciéndoles: «¡No! Hasta aquí nomás». Por eso es este sacrificio bajo carpas, con lluvia o con frío, porque sabemos que necesariamente debemos poner un freno a estas políticas de saqueo, de hambre y de exclusión».
Luego de 12 días en los campamentos y en las calles, el Senado derogó el art. 52 de la Ley de Alianza Público-Privada (APP), la cual establece que el Ejecutivo queda expresamente facultado a determinar, detallar y precisar los términos, el contenido, las condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados, sin la necesidad de que tales propósitos fueren discutidos por el Congreso Nacional. El proyecto de ley de derogación del art. 52 está ahora en mesa de Diputados.
«La coyuntura obligó al movimiento social a sentarse a debatir en busca de una salida a los conflictos y dramas sociales: así nació la articulación que hoy construimos en el CDP, del que formamos parte organizaciones del campo y de la ciudad, en unidad y con objetivos comunes», expresó Alicia. «Esto no termina con la modificación del art. 52 de la APP. Ahora después de los 12 primeros días de la lucha prolongada hemos levantado las carpas y regresamos a nuestras casas para retomar fuerzas y realizar un mayor trabajo de base y de concienciación. Ganamos una batalla, pero nuestro propósito seguirá siendo la desmilitarización y la derogación definitiva del proyecto entreguista y apuntalarnos hacia un horizonte de menor desigualdad y mayor justicia social para nuestro pueblo.»
El Congreso Democrático del Pueblo tiene prevista en su agenda de lucha una movilización nacional el próximo 15 de junio –en conmemoración por el 3º aniversario de la masacre de 2012– por tierra, justicia y libertad para las presas y los presos políticos de Curuguaty y de todo el Paraguay.