Viernes 24 de Agosto de 2012
En la localidad de Quilino, departamento de Ischilin Noroeste de Cordoba, el conflicto es por 13000 has de una firma en quiebra donde ancestralmente habitan comunidades Campesinas Indígenas Ganaderas pertenecientes al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), quienes desde hace 6 años gestionan la regularización de esas tierras. Las gestiones, que aun hoy cuentan con el apoyo de la actual Intendenta, habían tomado un rumbo favorable durante el gobierno provincial anterior, pero las nuevas autoridades intentan ahora archivar el caso y rematar las tierras.
Mañana viernes 24 de agosto, el MCC, perteneciente al MNCI, realizaremos desde la mañana un corte de Ruta Nacional 60 junto a otras organizaciones locales, para exigir una instancia de dialogo y una resolución favorable a las familias campesinas en riesgo de desalojo.
NI UN METRO MÁS LA TIERRA ES NUESTRA!!
MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA
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AMPLIACION:
LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS Y LA QUIEBRA DE LA FIRMA FEIGIN HERMANOS
13000 hectáreas, en las que viven y trabajan unas 50 familias del Noroeste de Córdoba será rematadas para la venta a agroempresarios ganaderos. Desde el 2006 unas 26 familias campesinas han iniciado trámites por sus tierras en el Ministerio de Justicia, trámites que han sido archivados por la actual administración provincial. Un modelo de concentración económica y de tierras, y de exclusión de familias de pequeños productores está siendo favorecido por la administración provincial actual. Ello implica la paradoja de que mientras el gobierno y las estancias esperan que el fenómeno climático del Niño opere un milagro en la producción de pasturas local, el equivalemte a casi el 20% del abastecimiento de carne de la localidad de Quilino se ve amenazado por la expulsión de las familias campesinas de sus tierras.
El campo La Libertad se ubica en el Departamento Ischilín al Noroeste de la provincia de Córdoba. Está habitado y poseído por numerosas familias de campesinos que viven en las cercanías de las Salinas Grandes. Dicho terreno comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin hnos. Ltda. Alcanza a las 13000 hectáreas. Según lo que reza el informe de la quiebra se compone de campos con títulos perfectos y posesiones.
La historia de la quiebra fraudulenta comienza en el año 1992-1993 con la compra sucesiva de los lotes a distintos supuestos dueños que no habitaban el lugar.
En el año 1994 la firma recibe un crédito del Banco Social de Córdoba colocando los terrenos en hipoteca por la suma de 1 millón de pesos.
Al año siguiente en Mayo (Marzo) de 1995 el Banco solicita la Ejecución del Crédito.
Durante todo ese período los campesinos y sus familias criaron animales cabras, vacas y equinos; además de extraer leña del monte nativo. El capataz de la firma FEIGIN ahora puesto por la quiebra impulsa falaces “constataciones” del campo a pedido de la quiebra. En el año 2007 después de agredir verbalmente y amenazar, impulsa denuncia e imputación de 5 productores de la organización local.
En el año 2001, el estado provincial busca liquidar los inmuebles, los créditos adeudados y demás activos financieros propiedad de todos los cordobeses. Así es como a través de un contrato de fideicomiso la deuda “Feigin Hnos.” pasa del Banco de la Provincia a la firma Córdoba Bursátil y de ésta es vendida a COBREX SA quien por su parte la traslada a FRIBEL SA titular actual de la deuda, en el año 2004. esta última firma está vinculada a un estudio jurídico presidido por Arturo Ricardo Beltrán.
Desde los años 2006 en adelante los poseedores organizados en el Movimiento Campesino de Córdoba (perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena), reclaman insistentemente sus derechos ante la quiebra y ante la Unidad Ejecutora del Registro de Poseedores (Ministerio de Justicia provincial), realizan mensuras, tramitan registros de varios lotes y producen leña y carbón reconocidos por la autoridad provincial (Secretaría de Ambiente de la Provincia). Además la organización campesina abastece de agua a unas 40 familias de la zona, impulsa la producción apícola, caprina, formación de agentes de salud campesina y la terminalidad educativa secundaria. La comunidad cuenta con escuela que se halla dentro del campo, la Escuela Miguel de Azcuénaga data de más de 50 años y tiene modalidad primaria y secundaria.
Desde el año 2008 también la Intendenta de la Localidad de Quilino apoya las gestiones de la organización impulsando notas y entrevistas con la Comisión Nacional de Tierras y con el mismo Ministro de Justicia Luis Angulo. Todos ellos sin resultados concretos mientras la amenaza de quiebra se hace cada vez más patente.
En el año 2009 las familias presentan un anteproyecto de Ley de Expropiación del campo La Libertad al Presidente de la Cámara Héctor Campana, junto con varios otros proyectos de ley de las organizaciones sociales urbanas y rurales de la provincia.
En el presente año el presidente de la Unidad Ejecutora de Saneamiento de Títulos Manuel Rivalta participan de una audiencia a instancias de la Jueza de la quiebra con los acreedores, sin resultados positivos, a pesar de que el funcionario dió cuenta de la presencia de los poseedores en sus tierras.
En el año 2010 se elabora un informe de la situacion de los poseedores de los distintos lotes a cargo de la Unidad Ejecutora del
Registro de Poseedores Provincial.
A fin del año 2011 con el apoyo del Legislador Roberto Birri toma estado parlamentario el proyecto de expropiación iniciado por el Movimiento Campesino de Córdoba, la comunidad de La Libertad y la Comisión Provincial de Tierras allá por el 2009.
A partir del cambio de gobierno provincial, en el otoño del 2012 se realizaron entrevistas con la ministra de Justicia, y las nuevas autoridades de la Unidad Ejecutora quienes plantearon un giro radical a la política provincial que intentaba el Ministro Angulo. Manifestando que ellos no pueden intervenir en la cuestión, que la situación está en manos de la justicia y que los trámites inciados pasaría a archivo, desentendiendose de toda política social con respecto a los poseedores y de los compromisos de la gestión anterior con el sector campesino.
Finalmente en Junio de 2012, a pedido de los abogados de las familias, el Juez Sergio Ruiz convoca a una reunion entre los asesores de los acreedores y los abogados de las familias, para conocer prueba. El juez posteriormente recibe a una delegacion de las familias para interiorizarse de la posesión. Comprometiendose en la misma a determinar efectivamente las posesiones de las familias afectadas.
Situación Actual
1- La comunidad se encuentra en estado de movilización y alerta ante la inminencia del remate.
2- Los poseedores han conformado la Cooperativa Agropecuaria y Forestal “Unión y Libertad” para fortalecer la producción caprina, forestal y de carne local.
3- En la actualidad el Ministerio de Justicia asegura que no puede intervenir porque la situación está en mano de la justicia.
4- Se han iniciado contactos ante las Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia y la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural de la Nación, para poder elaborar propuestas apuntando a la expropiación del campo con sustentabilidad productiva.
5- El estado provincial no termina de resolver el asunto: 26 poseedores con trámites iniciados y unos 50 relevados que utilizan el campo.
6- La Justicia parece haber tomado nota de la presencia de los poseedores aunque el destino del campo terminará siendo la subasta.
7- El estado Provincial y el Poder Legislativo deberían dar cuenta de la problemática de tierras en el Noroeste de Córdoba y del permanente despojo de las familias y los pobladores, mientras quedan sin investigar a fondo los negociados y estafas hechas con las tierras de producción de numerosas familias campesinas del Noroeste de la provincia(Banco Feigin, Megacausa de Registro de la Propiedad, Fraudes como el Banco Social).
Demandas
Solicitamos que el gobernador nos reciba y escuche los reclamos:
Por la expropiación de las 13000 hectáreas del campo La Libertad y la entrega de las tierras a una cooperativa conformada por los poseedores.
La suspensión del remate, el reconocimiento de los derechos posesorios de las familias campesinas.
Por la creación de un Banco Provincial de Inmuebles Públicos y Privados para poder generar políticas sociales de acceso a la tierra y la vivienda en ámbitos rurales y urbanos, y para poder intervenir en los mercados de comercialización de tierras responsables del despojo de miles de familias en el campo y la ciudad.