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2002-01-01

Declaración Final del III Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo

 

Reunidos en la Delegación de Tlalpan, D.F., México, 320 delegados y delegadas de 37 organizaciones procedentes de 18 países, asistentes a la I Asamblea Latinoamericana de Jóvenes, a la II Asamblea Latinoamericana de Mujeres, los días 6 y 7 de Agosto y al III Congreso Latinoamericano de Organizaciones del Campo, del 8 al 11 de Agosto del 2001; después de intensas deliberaciones hemos constatado lo siguiente:

– Que los efectos nefastos del neoliberalismo para las sociedades rurales de América Latina y el Caribe, han arrojado al campesinado y a las comunidades indígenas a una mayor y alarmante pobreza y exclusión.

– Que las políticas agropecuarias anti-campesinas han concentrado la producción en la gran agricultura capitalista, generando con ello una grave dependencia del exterior y pérdida de nuestra soberanía alimentaria.

– Que la liberalización comercial, las contra reformas agrarias y la privatización de la economía en nuestros países, han deteriorado de manera drástica las condiciones materiales de vida de nuestros pueblos.

– Que la desarticulación de la agricultura familiar campesina es parte de una política de exterminio del capital financiero internacional y las grandes transnacionales.

En base a las anteriores consideraciones, los delegados y las delegadas al III Congreso de la CLOC, exigimos:

– Que los Gobiernos de nuestros países definan políticas de desarrollo que incluyan como ejes una reforma agraria integral y participativa, así como los medios de producción para los productores rurales, tales como: el crédito, apoyo a la comercialización, asistencia técnica y apoyo especial a la agricultura campesina.

– Revisión inmediata a los Tratados de Libre Comercio, que han desarticulado la producción de granos básicos en México; rechazo al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y otros tratados que afectarían la soberanía y autonomía de los países Latinoamericanos, como el Plan Colombia, Plan Puebla Panamá, la Iniciativa Andina y el Plan Dignidad de Bolivia.

– Rechazamos enérgicamente el uso abusivo de productos transgénicos por parte de las empresas transnacionales, así como el uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción de semillas estériles como el Termineitor.

– Nos oponemos a los esquemas de patentes sobre la vida, que nos expropien nuestros recursos genéticos y monopolizan el conocimiento. Exigimos respeto a nuestra cultura y al saber campesino.

– Rechazamos las políticas impuestas por los organismos financieros y comerciales internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Grupo de los Ocho. Asimismo demandamos la salida de la OMC de los aspectos relacionados con el Sector Agropecuario.

El III Congreso de la CLOC se pronuncia por impulsar un proyecto alternativo con participación activa de todas las organizaciones sociales, medio rural y urbano en las que se incluyan la gran diversidad de actores que han resistido al neoliberalismo y que desde diferentes trincheras han construido propuestas encaminadas a fortalecer el desarrollo sustentable. Este nuevo proyecto se basa en la promoción de actividades productivas que garanticen un uso equilibrado del medio ambiente, con cuidado de la biodiversidad y los recursos genéticos que son patrimonio de la humanidad.

El III Congreso se pronuncia asimismo, por lograr la seguridad y soberanía alimentaría que garantice una distribución equitativa de alimentos sanos, mediante la promoción de un mercado ético y solidario.

Nuestro proyecto busca construir y consolidar un poder popular incluyente y democrático en el que participen todos los actores sociales involucrados, mujeres, jóvenes, niños, pueblos indios, a partir de sus propias reivindicaciones, reforzando desde sus bases cambios profundos en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales.

El III Congreso de la CLOC condena toda forma de represión, persecución, asesinatos y desapariciones de dirigentes sociales, la discriminación y violaciones a los derechos humanos, incluyendo el bloqueo que por largos años ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos a la hermana República de Cuba.

Asimismo, exigimos la liberación de presos políticos de Centro América, Bolivia, Colombia, México, Perú y de todos los países Latinoamericanos; el esclarecimiento de asesinatos de dirigentes y masacres de campesinos e indígenas, así como el castigo a los autores materiales e intelectuales.

El III Congreso de la CLOC llama a todas las organizaciones campesinas e indígenas de América Latina y El Caribe a impulsar las siguientes acciones:

1. Fortalecer la unidad, la solidaridad y consolidación ideológica de nuestras organizaciones, así como la Coordinación Sub-Regional, Continental y Mundial en alianza con la Vía Campesina.

2. Promover una consulta continental sobre el ALCA, en el año 2002

3. Participar activamente en acciones de masas en las siguientes fechas:

– 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer
– 17 de Abril, Día Mundial de Lucha Campesina
– 01 de Mayo, Día Internacional de los y las Trabajadores
– 12 de Octubre, Día del Grito de los Excluidos
– 16 de Octubre, Día Mundial de la Alimentación

4. Asimismo los congresistas de la CLOC acordamos participar en los eventos programados por diversos organismos internacionales, como el Encuentro Internacional de Movimientos Sociales, a realizarse del 12 al 14 de Agosto en la ciudad de México; en el Foro Mundial de Soberanía Alimentaría, en la Habana, Cuba del 04 al 07 de Septiembre y en una jornada de movilizaciones en contra del consumo de transgénicos y agroquímicos en noviembre del presente año; y en el Segundo Foro Social Mundial, en Porto Alegre, Brasil en febrero del 2002.

En un clima de fraternidad, combatividad y alegría, la unidad de la CLOC se fortaleció bajo la inspiración del ejemplo de lucha de nuestros héroes y heroínas Latinoamericanas que han entregado sus vidas por las liberación de los pueblos América y por un mundo nuevo.

«Viva la unidad de los campesinos e indígenas de América Latina y el Caribe»

¡Fuera la OMC de la agricultura!
¡Por la soberanía alimentaria!
¡Por un futuro sin hambre!

¡Viva la CLOC!

Tlalpan, Distrito Federal, México, a 11 de Agosto del 2001

 

 

 

2002-01-01

II Asamblea Latinoamericana de Mujeres del Campo

A 122 años del nacimiento del General Emiliano Zapata Salazar, cuyo legado fue «Tierra y Libertad», las mujeres de la CLOC recogemos su herencia y hacemos nuestro el desafío de que «la tierra es para quien la trabaja». Y nosotras, mujeres, lucharemos con alegría y fuerza para producir en esta tierra el alimento más anhelado: el alimento de la justicia, la vida y la libertad.

Reunidas, 180 mujeres delegadas proveniente de 16 países y en representación de 36 organizaciones, integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), nos hemos unimos los días 6 y 7 de agosto del año 2001, en la Ciudad de México, para discutir, analizar y hacer propuestas en torno a la problemática de discriminación que sufrimos las mujeres del campo, producto de las políticas neoliberales implementadas por los gobiernos del continente latinoamericano.

Esta asamblea nos permitió en los dos días de trabajo, analizar el impacto de esas políticas de gobiernos hacia las mujeres del campo, posibilitó el intercambio de ideas, experiencias y sobre todo, la articulación de acciones para fortalecer esta instancia organizativa, además de definir ejes estratégicos y mecanismos de trabajo que propicien integrar a las mujeres del campo de América latina, en igualdad de condiciones, a los procesos de desarrollo y al reconocimiento pleno de nuestros derechos.

En este contexto, suscribimos la siguiente

1. Ratificamos la necesidad de continuar luchando por nuestros derechos y de todos los trabajadores del campo, reafirmando con la firme convicción, que nuestra lucha es de la igualdad de género, de clase y de pueblo.

2. Denunciamos y repudiamos enérgicamente todas las formas de discriminación y violencia que vivimos las mujeres del campo latinoamericano y exigimos a los gobiernos el cumplimiento de los acuerdos internacionales, que garantizan el respeto a la vida y a la no violencia contra las mujeres, por ellos suscritos.

3. Demandamos a la CLOC que asuma las propuestas y resoluciones emanadas de esta II Asamblea de Mujeres del campo.

4. Reafirmamos que la unión de las organizaciones del campo y de mujeres es un elemento indispensable para enfrentar los embates del neoliberalismo en contra de nuestros pueblos. Solidarizamos con las luchas que en este momento libran las hermanas indígenas, negras y del campo, en los distintos países del continente en defensa de sus derechos, de la tierra y de la vida.

5. Ratificamos la Solidaridad con las Mujeres Campesinas y cooperativistas cubanas, quienes representan un ejemplo de resistencia, inquebrantable valor y decisión en su justa lucha contra el imperialismo norteamericano en su heroica batalla en defensa del Socialismo y la Revolución Cubana.

6. Ratificamos la necesidad de sumar a nuestras luchas a otros sectores que comparten la voluntad de lograr una equidad de género y de levantarse en contra del modelo neoliberal que vulnera la ruralidad.

7. Estamos en contra de las políticas agrícolas transnacionales que vulneran la seguridad y soberanía alimentaria de nuestras familias y pueblos.

8. Manifestamos nuestra preocupación por la creciente e irrefrenable Migración del campo a las ciudades y del hemisferio sur al norte, producto de la aplicación de políticas neoliberales que impactan de manera negativa los procesos de desarrollo del campo y que se reflejan en la feminización de la pobreza, la desarticulación de las familias, la pérdida de identidad cultural, el despoblamiento del campo.

9. Rechazamos enérgicamente la existencia de planes represivos, neocolonialistas y antidemocráticos que se están imponiendo en América, a través del Plan Colombia y Plan Puebla Panamá.

10. Nosotras, guardadoras ancestrales de las semillas, declaramos que éstas son patrimonio de nuestras comunidades, de nuestros pueblos y de toda la humanidad. Rechazamos absolutamente la patentación de las semillas y la intromisión en nuestras tierras de transgénicas.

11. Hacemos público nuestro compromiso de seguir luchando y trabajando por alcanzar condiciones de equidad entre hombres y mujeres en nuestras comunidades, organizaciones, países y en el mundo.

12. Declaramos nuestra más profunda anhelos: Que sólo las luchas organizadas de los pueblos, permitirán los cambios necesarios para construir una nueva sociedad que hará florecer la mujer y el hombre nuevos de esta gran patria que es América Latina.

¡Globalicemos la lucha,
globalicemos la esperanza,
globalicemos la igualdad en la diversidad!

MÉXICO, D.F., 7 de Agosto de 2001

 

 

2002-01-01
La Habana, Cuba, 7 de septiembre del 2001

Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria

Por el derecho de los pueblos a producir, a alimentarse y a ejercer su soberanía alimentaria

Del 3 al 7 de septiembre del año 2001, nos reunimos en La Habana, Cuba, 400 delegadas y delegados de organizaciones campesinas, indígenas, asociaciones de pescadores, organizaciones no gubernamentales, organismos sociales, académicos e investigadores de 60 países de todos los continentes en el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria.

Este Foro se realizó en Cuba con la convocatoria de su Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y un conjunto de movimientos y redes internacionales, organizaciones y personas comprometidas con las agriculturas campesinas e indígenas, la pesca artesanal, los sistemas alimentarios sustentables y el derecho de los pueblos a alimentarse. Es también un reconocimiento al esfuerzo de un país del Tercer Mundo que a pesar de sufrir por más de cuatro décadas el ilegal e inhumano bloqueo impuesto por los Estados Unidos y el uso de los alimentos como arma de presión económica y política, ha sido capaz de garantizar el derecho humano a la alimentación de toda su población a través de una política de Estado coherente, activa, participativa y de largo plazo sobre la base de una profunda reforma agraria, la valorización y apoyo de los pequeños y medianos productores y la participación y movilización de toda la sociedad.

Nos reunimos para analizar por qué cada día aumenta el hambre y malnutrición en el mundo, por qué se ha profundizado la crisis de la agricultura campesina, indígena, la pesca artesanal, los sistemas alimentarios sustentables, por qué los pueblos pierden soberanía sobre sus recursos? Asimismo nos reunimos para construir colectivamente, desde la perspectiva de los pueblos y no de las corporaciones alimentarias transnacionales, propuestas y alternativas viables y estrategias de acción a escala local, nacional y mundial que reviertan las tendencias actuales y permitan impulsar nuevos enfoques, políticas e iniciativas capaces de asegurar un presente y un futuro digno y sin hambre para todos las mujeres y hombres del mundo.

Después de 5 años de la Cumbre Mundial de la Alimentación, 7 años de los acuerdos sobre agricultura de la Ronda de Uruguay del GATT (hoy OMC) y dos décadas de políticas neoliberales aplicadas por gran parte de los gobiernos, las promesas y compromisos para satisfacer las necesidades de alimentación y el bienestar nutricional para todos están muy lejos de haberse cumplido. Todo lo contrario, la realidad es que las políticas económicas, agrícolas, pesqueras y comerciales impuestas por el Banco Mundial, el FMI y la OMC, auspiciadas por las corporaciones transnacionales, han profundizado la brecha entre países ricos y pobres y dentro de ellos y la desigual distribución del ingreso; han agravado las condiciones de producción de alimentos y el acceso a una nutrición sana y suficiente para la mayoría de los pueblos, incluso de los llamados países desarrollados. En consecuencia, el derecho humano más elemental, el derecho a alimentarse y al bienestar nutricional contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es letra muerta en la mayoría de los pueblos del mundo.

La sustentabilidad de los sistemas alimentarios no es una cuestión solamente técnica. Constituye un desafío que implica la más alta voluntad política de los Estados. La lógica de la ganancia genera una situación de insustentabilidad de los sistemas alimentarios al sobrepasar los límites a la producción permitidos por la naturaleza. La sustentabilidad de los sistemas alimentarios no es viable en el sistema actual de comercio y en el contexto de la liberalización promovida desde la OMC y los organismos financieros internacionales.

La esperanza de un nuevo milenio sin hambre se ha visto frustrada para vergüenza de toda la humanidad.

Las causas reales del hambre y malnutrición

El hambre, la desnutrición y la exclusión de millones de personas al acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el bosque, el mar, el agua, las semillas, la tecnología y el conocimiento, no son efecto de la fatalidad, de un accidente, de un problema de la geografía o de los fenómenos climatológicos. Ante todo son una consecuencia de determinadas políticas económicas, agrícolas y comerciales a escala mundial, regional y nacional que han sido impuestas por los poderes de los países desarrollados y sus corporaciones en su afán de mantener y acrecentar su hegemonía política, económica, cultural y militar en el actual proceso de reestructuración económica global.

Ante los planteamientos ideológicos neoliberales de dichas políticas:

– Afirmamos que los alimentos no son una mercancía más y que el sistema alimentario no puede ser tratado con la única lógica del mercado.

– Consideramos una falacia el argumento de que la liberalización del comercio agrícola y pesquero internacional garantiza el derecho a la alimentación de las personas.

– La liberalización comercial no posibilita necesariamente el crecimiento económico y el bienestar de la población.

– Los países subdesarrollados son capaces de producir sus propios alimentos y pueden serlo en el futuro.

– La concepción promovida por el neoliberalismo sobre las ventajas comparativas produce graves perjuicios para los sistemas alimentarios. Dentro de esta lógica, la importación de alimentos básicos tiende a desmantelar la producción doméstica para comprarlos «más baratos» a los países ricos, induciendo a la reorientación de sus recursos productivos a cultivos de exportación «más competitivos y de mayor valor agregado» para los mercados del Primer Mundo. Es una mentira que los países no deban preocuparse por establecer y conducir políticas de Estado que garanticen la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Los neoliberales argumentan que el supermercado global de los países exportadores les resuelve cualquier pedido sin problema alguno.

– Tratan de engañar a la ciudadanía cuando afirman que las agriculturas campesinas e indígenas y la pesca artesanal son ineficientes e incapaces de responder a las necesidades crecientes de producción de alimentos. Con esta afirmación se pretende imponer una agricultura y pesca industrial intensivas de gran escala.

– Denunciamos que cuando se argumenta que la población rural es excesiva en comparación con su aporte al producto interno bruto, de lo que se trata en realidad es de expulsar en forma brutal a la población rural de sus tierras, a las comunidades pesqueras de sus costas y áreas marítimas, privatizando sus recursos naturales.

– Rechazamos que la forma de hacer frente a las necesidades crecientes de alimentos en el mundo sea a través de la agricultura y la pesca de gran escala, industrial e intensiva.

– Nos quieren convencer que la única función de los campesinos, pescadores e indígenas es dar paso a la privatización de sus tierras y recursos naturales. Esto obliga, entre otros efectos, a la migración masiva a las ciudades o al extranjero para aumentar la oferta de mano de obra barata necesaria para incrementar la «competitividad» de los sectores dinámicos de las economías nacionales vinculados a la exportación y de las empresas transnacionales. Lo anterior a la vez que en los países desarrollados se agrava el desempleo y la exclusión laboral.

– Se intenta imponer el patrón alimentario de las corporaciones trasnacionales como el único viable, apropiado y correcto en un mundo global; se trata de un verdadero imperialismo alimentario que atenta contra la diversidad de las culturas alimentarias de los pueblos, sus identidades nacionales, culturales y étnicas.

– En esta perspectiva, las potencias hegemónicas usan los alimentos como arma de presión política y económica contra países soberanos y movimientos populares de resistencia.

– Todo lo anterior tiene lugar en el marco del debilitamiento sistemático de los Estados y de la promoción de falsas democracias que excluyen sistemáticamente el interés público y la participación real de la sociedad en general y de la población rural en particular en el debate, diseño, decisión, ejecución y control de las políticas públicas.

Las consecuencias de las políticas neoliberales

Las consecuencias de dichas políticas falsas y erróneas están a la vista: han aumentado las ventas y las ganancias de los poderes económicos de los países desarrollados mientras que los pueblos del Tercer Mundo han visto crecer su deuda externa y los sectores populares han aumentado sus niveles de pobreza, miseria y exclusión. La concentración del mercado agrícola internacional en unas cuantas empresas trasnacionales se ha acelerado mientras que aumenta la dependencia e inseguridad alimentaria de la mayoría de los pueblos.

Continúan subsidiando fuertemente a la agricultura y pesca de exportación en tanto que muchos gobiernos dejan totalmente desprotegidos a los pequeños y medianos productores que producen principalmente para el mercado interno.

Las políticas de subvenciones a la producción y subsidios a las exportaciones de los países desarrollados permiten que las trasnacionales adquieran productos a muy bajos precios para venderlos a precios mucho más altos a los consumidores tanto del sur como del norte.

Las políticas neoliberales hacia el campo, en realidad han impulsado un proceso de desruralización forzada de vastas proporciones y consecuencias dramáticas, una auténtica guerra contra las agriculturas campesinas e indígenas que, en algunos casos, llega a configurar un verdadero genocidio y etnocidio.

Las comunidades de pescadores artesanales han ido perdiendo cada vez más el acceso a sus propios recursos.

Con las políticas neoliberales, el hambre y la malnutrición crecen, no por ausencia de alimentos, sino por ausencia de derechos.

Somos testigos de ejemplos que permiten afirmar que la erradicación del hambre y la malnutrición y el ejercicio de la soberanía alimentaria duradera y sustentable son posibles. Asimismo, hemos visto en prácticamente todos los países infinidad de experiencias campesinas y indígenas de producción sustentable y orgánica de alimentos y de una gestión sustentable y diversificada de los espacios rurales.

Por todo lo anterior, los participantes en el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria declaramos:

1. La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los pueblos Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.

2. La soberanía alimentaria favorece la soberanía económica, política y cultural de los pueblos.

3. La soberanía alimentaria de los pueblos reconoce una agricultura con campesinos, indígenas y comunidades pesqueras, vinculada al territorio; prioritariamente orientada a la satisfacción de las necesidades de los mercados locales y nacionales; una agricultura que tome como preocupación central al ser humano; que preserve, valore y fomente la multifuncionalidad de los modos campesinos e indígenas de producción y gestión del territorio rural. Asimismo, la soberanía alimentaria supone el reconocimiento y valorización de las ventajas económicas, sociales, ambientales y culturales para los países de la agricultura en pequeña escala, de las agriculturas familiares, de las agriculturas campesinas e indígenas.

4. Nos pronunciamos por el reconocimiento de los derechos, autonomía y cultura de los pueblos indígenas de todos los países como condición ineludible para combatir el hambre y la malnutrición y alcanzar el derecho a la alimentación para su población. La soberanía alimentaria implica el reconocimiento a la multietnicidad de las naciones y el reconocimiento y valorización de las identidades de los pueblos originarios. Esto implica, además, el reconocimiento al control autónomo de sus territorios, recursos naturales, sistemas de producción y gestión del espacio rural, semillas, conocimientos y formas organizativas. En este sentido, apoyamos las luchas de todos los pueblos indígenas y negros del mundo y nos pronunciamos por el respeto irrestricto a sus derechos.

5. La soberanía alimentaria implica, además, la garantía al acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, principalmente para los sectores más vulnerables, como obligación ineludible de los Estados Nacionales y el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía. El acceso a la alimentación no debe ser considerada como una compensación asistencialista de los gobiernos o una caridad de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

6. La soberanía alimentaria implica la puesta en marcha de procesos radicales de reforma agraria integral adaptados a las condiciones de cada país y región, que permitan a los campesinos e indígenas -considerando a las mujeres en igual de oportunidades- un acceso equitativo a los recursos productivos, principalmente tierra, agua y bosque, así como a los medios de producción, financiamiento, capacitación y fortalecimiento de sus capacidades de gestión e interlocución. La Reforma Agraria, en primer lugar, debe ser reconocida como una obligación de los Estados Nacionales donde este proceso es necesario en el marco de los derechos humanos y como una eficiente política pública de combate a la pobreza. Dichos procesos de reforma agraria deben estar controlados por las organizaciones campesinas -incluyendo el mercado de los arriendos-, garantizar los derechos individuales de los productores con los colectivos sobre los terrenos de uso común y articulados con políticas agrícolas y comerciales coherentes. Nos oponemos a las políticas y programas de mercantilización de la tierra promovidas por el Banco Mundial en sustitución de verdaderas reformas agrarias y aceptadas por los gobiernos.

7. Apoyamos la propuesta presentada por organizaciones de la sociedad civil, en 1996, para que los referidos Estados elaboren un Código de Conducta sobre el Derecho Humano a la Alimentación adecuada, que sirva efectivamente como instrumento para la implementación y promoción de este derecho. El derecho a la alimentación de los pueblos, incluido en la declaración de los Derechos Humanos y ratificado en la Cumbre Mundial de Alimentación en Roma, en 1996, por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

8. Proponemos la ratificación más rápida y la aplicación por un mayor número de países del Pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.

9. En defensa del principio del derecho inalienable de los pueblos a la alimentación, proponemos la adopción por las Naciones Unidas de una Convención Mundial de Soberanía Alimentaria y Bienestar Nutricional, a la cual se subordinen las decisiones tomadas en los campos de comercio internacional y otros dominios.

10. El comercio alimentario internacional debe estar subordinado al propósito supremo de servir al ser humano. La soberanía alimentaria no significa autarquía, autosuficiencia plena o la desaparición del comercio agroalimentario y pesquero internacional.

11. Rechazamos toda injerencia de la OMC en la alimentación, agricultura y pesca y su pretensión de determinar las políticas nacionales de alimentación. Nos oponemos categóricamente a sus acuerdos sobre propiedad intelectual de organismos vegetales y otros seres vivos así como su intención de llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones (la llamada Ronda del Milenio), incluyendo nuevos temas de negociación. Fuera la OMC de la alimentación.

12. Proponemos la creación de un nuevo orden democrático y transparente para regular el comercio internacional que incluya la creación de una corte internacional de apelación independiente de la OMC y el fortalecimiento de la UNCTAD como espacio de negociaciones multilaterales en torno a un comercio alimentario justo. De igual manera proponemos impulsar esquemas de integración regional desde las organizaciones de productores, fuera de los objetivos y parámetros neoliberales.

13. Demandamos el cese inmediato de las prácticas desleales de que establecen precios de mercado por debajo de los costos de producción y aplican subvenciones a la producción y subsidios a las exportaciones.

14. Nos pronunciamos en contra del ALCA, que no es mas que un proyecto estratégico hegemónico de Estados Unidos para consolidar su dominación sobre América Latina y el Caribe, ampliar sus fronteras económicas y asegurarse un gran mercado cautivo.

15. Apoyamos la reivindicación de las organizaciones campesinas y sociales de México por una suspensión de los acuerdos del TLCAN en materia agrícola.

16. Los recursos genéticos son el resultado de milenios de evolución y pertenecen a toda la humanidad. Por tanto, debe ser prohibida la biopiratería y las patentes sobre seres vivos, incluyendo el desarrollo de variedades estériles mediante procesos de ingeniería genética. Las semillas son patrimonio de la humanidad. La monopolización por unas cuantas empresas transnacionales de las tecnologías de creación de organismos genéticamente modificados (OGMs) representa una grave amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos. Al mismo tiempo, en virtud de que se desconocen los efectos de los OGMs sobre la salud y el medio ambiente, demandamos la prohibición de la experimentación a cielo abierto, producción y comercialización hasta que se pueda conocer con seguridad su naturaleza e impactos, aplicando estrictamente el principio de precaución.

17. Es necesario emprender una profunda difusión y valoración de la historia agrícola y de la cultura alimentaria en cada país, denunciando al mismo tiempo las imposiciones de patrones alimentarios extraños a las culturas alimentarias de los pueblos.

18. Manifestamos la decisión de integrar los objetivos de bienestar nutricional las políticas y programas alimentarios nacionales, incluyendo los sistemas productivos locales, promoviendo su diversificación hacia alimentos ricos en micronutrientes; defender la calidad e inocuidad de los alimentos consumidos por las poblaciones y la decisión de luchar por el derecho a la información para todas las personas, sobre los alimentos que consume, reforzando la reglamentación del etiquetado de los alimentos y el contenido de la publicidad alimentaria, ejerciendo el principio de precaución

19. La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas diversificados de producción, basados en tecnologías ecológicamente sustentables. Es necesario articular las iniciativas de producción y consumo sustentables de alimentos generadas en los niveles locales por los pequeños productores con el establecimiento de políticas públicas que contribuyan a la construcción de sistemas alimentarios sustentables en el mundo.

20. Demandamos una valorización justa para las comunidades campesinas, indígenas y pesqueras por la gestión sustentable y diversificada de los espacios rurales vía precios apropiados y programas de incentivos.

21. Al abordar los problemas de la alimentación en el mundo hay que tomar en cuenta la diversidad cultural que determina diversos contextos locales y regionales porque entendemos que el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad está en estrecha relación con el reconocimiento de la diversidad cultural.

22. Al desarrollo de sistemas alimentarios sustentables se hace necesario integrar la problemática nutricional, como ejemplo la exigencia por regular el manejo de los agrotóxicos.

23. Reconocemos y valoramos el rol fundamental de las mujeres en la producción, recolección, comercialización y transformación de los productos de la agricultura y las pesca y en la preservación y reproducción de las culturas alimentarias de los pueblos. Respaldamos la lucha de las mujeres por el acceso a los recursos productivos, por su derecho a producir y a consumir la producción local.

24. Los pescadores artesanales y sus organizaciones no renunciaremos a nuestros derechos sobre el libre acceso a los recursos pesqueros y a que se establezcan y protejan las zonas de reserva de uso exclusivo para la pesca artesanal. Igualmente exigimos el reconocimiento de los derechos ancestrales e históricos sobre la zona costera y aguas interiores.

25. Deben ser revisadas las políticas y programas de ayuda alimentaria. No han de ser un factor de inhibición del desarrollo de capacidades locales y nacionales de producción de alimentos, ni favorecer la dependencia, la distorsión de los mercados locales y nacionales, la corrupción y la colocación de excedentes de alimentos nocivos para la salud, en particular sin OGMs.

26. La soberanía alimentaria únicamente es posible conquistarla, defenderla y ejercerla a través del fortalecimiento democrático de los Estados y de la autoorganización, iniciativa y movilización de toda la sociedad. Se requieren políticas de Estado de largo plazo, una efectiva democratización de las políticas publicas y la construcción de un entorno social solidario.

27. Condenamos la política norteamericana de bloqueo a Cuba y otros pueblos y el uso de los alimentos como arma de presión económica y política contra países y movimientos populares. Esta política unilateral debe cesar inmediatamente.

28. La soberanía alimentaria es un concepto ciudadano que concierne al conjunto de la sociedad. Por esta razón el diálogo social debe abrirse a todos los sectores sociales implicados.

29. La consecución de la soberanía alimentaria y la erradicación del hambre y la malnutrición es posible en todos los países y para todas las personas. Manifestamos nuestra decisión de continuar luchando contra la globalización neoliberal, manteniendo e incrementando una activa movilización social, construyendo alianzas estratégicas y asumiendo decisiones políticas firmes.

30. Se acuerda hacer una llamado para desplegar una intensa actividad y una amplia movilización en torno de los siguientes ejes de lucha:

– Declarar el 16 de octubre como el Día Mundial por la Soberanía Alimentaría, hasta hoy llamado Día Mundial de la Alimentación.

– Exigir que se lleve a cabo la Cumbre Mundial de la Alimentación 5 años después programada del 5 al 10 de noviembre del presente año y que la FAO asuma su plenamente su mandato y responsabilidad. Las organizaciones sociales (OSC) deben organizar eventos en los niveles nacional y continental para impulsar sus propuestas y presionar a las delegaciones oficiales.

– Exigir al gobierno italiano el respeto total a la libertad de manifestación y se abstenga de reprimir a los movimientos sociales contra la globalización neoliberal.

– Participar y movilizarse en torno a la Reunión Ministerial de la OMC a celebrarse en Qatar del 9 al 13 de noviembre del 2001, el Encuentro Hemisférico contra el ALCA del 13 al 16 de noviembre del 2001 en La Habana, y al II Foro Social Mundial a llevarse a cabo en Porto Alegre del 31 de enero al 6 de febrero del 2002.

Dado en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 2001.

Fuera la OMC de la alimentación Otro mundo es posible

 

 

 

2002-01-01
México D.F, 6 y 7 de Agosto del 2001.

Declaraciòn de la I Asamblea Latinoamericana de la Juventud del Campo

La Juventud Rural Latinoamericana de la CLOC, reunida en la ciudad de México D.F durante los días 6 y 7 de agosto del año 2001, contando con la participación de delegaciones de: Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Belice, Honduras, República Dominicana y México, con el objetivo de evaluar el accionar de la juventud rural latinoamericana de la CLOC; así como, delinear estrategias que permitan una articulación juvenil a nivel continental y la inserción real del tema juvenil en la CLOC; partiendo de la realidad de situación de pobreza y exclusión a la que están sometidos nuestros países, teniendo un efecto negativo particular en la juventud rural, por un sistema neoliberal imperialista, ocasionando problemas sociales, políticos, económicos y culturales, lo que ha provocado que una gran masa de nuestra juventud tenga que migrar a las grandes ciudades y a los países del «primer mundo» a vender su fuerza de trabajo.

Conscientes de nuestro rol histórico como movimiento activo, herederos del espíritu de lucha de nuestros padres y madres, creemos hoy más que nunca que es el momento de asumir nuestra responsabilidad social y participar activamente con la firme convicción de «globalizar la lucha y globalizar la esperanza»,

Resolvemos:

1. Fortalecer nuestro accionar y participación como jóvenes en todas las actividades de lucha que se desarrollan en nuestras organizaciones en todo el continente. Mantener a los jóvenes en el campo participando dentro de las organizaciones

2. Mantener una oposición frontal y abierta en contra del modelo económico neoliberal que hoy más que nunca quiere enraizarse en nuestros países y profundizar nuestra situación de miseria y exclusión

3. Asumimos desde ya el compromiso de fortalecer nuestro trabajo organizativo de consolidación interna en cada país y ampliar el trabajo a la organización de la niñez, que es donde se forja la esperanza y garantía de nuestras luchas con los procesos de relevo.

4. Generar espacios propios de y comunicación a nivel local, regional y latinoamericano, que garanticen la fluidez de la información desde y hacia los grupos de base;

5. Esforzarnos por acceder a espacios de formación disponibles y desarrollar nuevas dinámicas de formación al interior de nuestras organizaciones;

6. Intensificar las luchas desde la juventud rural, para exigir al Estado la aplicación de políticas públicas orientadas a dar respuesta a las múltiples necesidades que aquejan a nuestro sector; así como la instalación de Espacios Integrales de la Juventud, partiendo de nuestra realidades y costumbres;

7. Desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de nuestra identidad cultural con valores humanistas y enfoque de género, así como de resistencia al proceso de alineación al que es sometida nuestra juventud rural a través de los medios masivos de comunicación;

8. Iniciar debates sobre el tema de Reforma Agraria, orientada a identificar la problemática que atraviesan los jóvenes y su necesidad de tener y mantenerse en la tierra;

9. Realizar intercambios de experiencias entre las organizaciones de las regiones, en especial aquellas que comparten la frontera;

10. Participar activamente de la agenda de lucha de la CLOC y La Vía Campesina; así ampliar los espacios de participación dentro en la dirección de estas;

11. Fomentar la educación y prácticas de producción agro ecológica y propuestas por un modelo alternativo diferente al modelo hegemónico que impera en la actualidad.

12. Establecer alianzas con jóvenes urbanos que posibilite la construcción de un proyecto alternativo para una nueva sociedad

13. Incentivar la organización de los jóvenes rurales, partiendo de su realidad cultural, social y desde sus propias lógicas;

14. Crear una base de datos de todas las organizaciones juveniles que participan en la CLOC

15. Acceder con propuestas a la actualización de la página web de la CLOC

Dado en la ciudad de México D.F a los siete días del mes de agosto del 2001

 

 

 

2000-12-01

La realidad rural de Chile

CLOC Chile

La producción capitalista en Chile, en su expresión neoliberal, con ocupación masiva de trabajo asalariado se ha extendido hasta dominar sectores en que antes de 1973, predominaba la pequeña producción silvoagropecuaria independiente.

En este camino, grandes empresas de producción y comercialización, dominadas por capitales transnacionales, obtienen inmensas utilidades que les permiten ir avanzando en el proceso de concentración de la propiedad en la estructura productiva de la agricultura, provocando como consecuencia la proletarización de amplios sectores de campesinos/as y de pequeños y medianos empresarios agrícolas, los que se expresan como trabajadores y trabajadoras asalariados, temporales o pequeños/as agricultores/as que se incorporan a esa condición.

En 1970 el 24,9% de la población de Chile vivía en el sector rural, la que descendió a un 15% en 1998, disminución motivada por la perdida de la tierra, de puestos de trabajo y el éxodo obligado de campesinos a las ciudades.

El sector silvoagropecuario hoy, aporta un 6% del Producto Interno Bruto y un 25% de las exportaciones del país.

La agricultura en Chile ha sufrido un proceso de crecimiento explosivo, a partir de la implantación del modelo económico neoliberal en los años 70, liderado por el fuerte desarrollo del sector frutícola, cuyas exportaciones aumentaron 16 veces entre 1977 y 1994. Esto provocó la disminución del sector destinado a cultivos tradicionales para consumo interno.

El sector forestal, por su parte, ha tenido un gran crecimiento durante los últimos 25 años, producto del subsidio a la forestación entregado por el Estado. Situación que ha permitido a las grandes empresas del sector capitalizarse y obtener inmensas utilidades, las que no se han traducido en un mejoramiento del nivel de vida de sus trabajadores.

Desconociendo el enorme impacto producido por el proceso de Reforma Agraria que elimino el latifundio improductivo, llevado a cabo durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y profundizado en el gobierno de Salvador Allende hasta 1973, y como producto de las políticas neoliberales impuestas por la dictadura, la propiedad de la tierra ha vuelto a concentrarse en pocas manos.

El 1% de las explotaciones del país posee el 73% de la superficie agropecuaria y forestal. En el otro extremo, las explotaciones de menos de 5 has. que representan el 41% de éstas; disponen de sólo un 7% de la tierra.

La pérdida de la tierra por parte de los campesinos ha sido una de las constantes del sistema. Así, en el último decenio estos han perdido más de dos millones de has. Las causas se originan:

En la etapa de la contra reforma agraria o reforma agraria neoliberal, aplicada por la dictadura, con la apertura del mercado de tierras, suspención del crédito y asistencia técnica a los campesinos;

En un fuerte endeudamiento – DLS$ 56.000.000.-, crédito al que han tenido que acceder los campesinos para ser competitivos y

A la presión ejercida por las grandes empresas agroforestales ávidas de nuevas tierras.

Al igual que la concentración en la propiedad de la tierra se ha producido también una fuerte concentración de las aguas, en manos de grandes transnacionales, mineras y generadoras de electricidad.

Los resultados de 25 años de aplicación sistemática de políticas neoliberales pueden apreciarse en los siguientes indicadores relacionados con las condiciones de vida del campesinado.

De las 127 comunas declaradas como las más pobres, 100 son rurales. En ellas, el 69% de las viviendas tiene carencias materiales y de saneamiento, el 47% carece de electricidad y el 74% de agua potable.

La mortalidad infantil en el sector rural es de 40 por mil, 2,8 veces mayor que en el sector urbano.

La situación previsional de los trabajadores del sector rural se caracteriza porque más de un 58% de los ocupados no cotiza en ningún sistema, los cuales son privados y transnacionales.

De los trabajadores del sector rural, un 30% lo son por cuenta propia y obtienen un ingreso equivalente al 52,8% del ingreso de trabajadores de igual categoría del sector urbano.

En 1998 el ingreso promedio de los asalariados rurales representaba tan sólo un 48% de los ingresos de los trabajadores del sector urbano.

La tasa de analfabetismo en el sector rural en el año 1998 alcanzaba niveles de 14,2% comparado con un 3% del sector urbano y la escolaridad en la población de personas mayores de 15 años era de 6,5 años, contra 9 años en el sector urbano. La población pobre del país, está constituida mayoritariamente, en un 48,5%; por niños, adolescentes y jóvenes menores de 29 años de edad.

El actual modelo genera altos niveles de contaminación química, al utilizar indiscriminadamente pesticidas que han sido prohibidos en los países desarrollados, Estados Unidos y Europa; deteriorando el equilibrio biológico en la agricultura, y afectando seriamente la salud pública.

La agricultura se ve también amenazada por la contaminación minera e industrial. La contaminación de tierras agrícolas por metales pesados es un hecho extremadamente grave en la zona centro-norte del país.

El actual modelo nos llevará, además, a la pérdida de la diversidad biológica. El mantenimiento del monocultivo, principalmente en la producción forestal y el empleo de semillas transgénicas empobrece genéticamente la producción reduciendo la diversidad biológica.

El actual modelo ha significado profundas transformaciones en las relaciones laborales y en la ocupación. Asimismo, se ha modificado la condición de trabajadores permanentes a temporeros y temporeras y/o trabajo parcial, fuertemente explotados por carecer de sindicatos que puedan proteger sus derechos laborales.

El país ha mostrado índices de crecimientos significativos de su economía hasta el año 1998. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto entre los años 1990 – 1998, ha sido en promedio de un 7,8%. Las exportaciones han aumentado en un 9,87%, la inversión se ha incrementado en un promedio de un 12% anual, la productividad del trabajo ha crecido significativamente y sin embargo, las consecuencias para la mayoría de los habitantes del mundo rural han sido la inseguridad, el trabajo precario, la concentración de la tierra, de la riqueza y el poder en manos de grandes empresarios nacionales y transnacionales, los cuales niegan a los campesinos y pequeños y medianos productores la posibilidad de controlar su propio destino.

En los últimos 30 años la distribución del ingreso no ha variado significativamente. Así, el 20% de los hogares más ricos capta un 57,3% de los ingresos, en tanto que el 20% más pobre tan sólo recibe el 3,7%; transformando a Chile en el tercer país del mundo con mas mala distribución del ingreso per capita.

En el país hay más de 250.000 pequeñas propiedades campesinas que están enfrentadas a una dura lucha por la sobrevivencia, dadas las condiciones desfavorables en que ellas se desenvuelven, producto de las políticas neoliberales llevadas a cabo por la Dictadura y los gobiernos de la Concertación.

La situación de deterioro y vulnerabilidad de la propiedad campesina y de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, se han visto agudizadas por la incorporación del país a los nuevos tratados internacionales, como el Mercosur, ya que no se han tomado las medidas de protección para la pequeña agricultura.

Las organizaciones campesinas hasta 1973 agrupaban 313.700 afiliados. Como resultado de la represión desatada por la dictadura militar y la implementación del modelo neoliberal con las consecuencias descritas en este documento, en 1990 existían solo 73.550 afiliados; situación que ha continuado deteriorándose hasta hoy.

Según el censo de población de 1992, había en Chile 998.385 indígenas, lo que correspondía al 10,33% de la población del país. Los aspectos no resueltos por el Estado chileno serian el no reconocimiento como pueblos originarios y el desconocimiento de sus culturas y lenguas. La situación mas aguda se centra en la pobreza, el analfabetismo, los conflictos de tierras y la autodeterminación territorial.

El sistema neoliberal reproduce y agudiza la pobreza, al generar sistemas monopólicos en la producción y distribución de los productos de la agricultura; desconoce la necesidad de la sustentabilidad de los procesos productivos, degrada y destruye el medio ambiente, al modelar sistemas de explotación que buscan la máxima ganancia monetaria, sin considerar que la producción agropecuaria se rige por leyes propias, que no siempre se compatibilizan con las leyes del mercado neoliberal.

Hoy la agricultura chilena vive una profunda crisis que se expresa en los siguientes puntos:

La creciente pérdida de capital natural por expansión de la erosión y la pérdida y contaminación de suelos agrícolas.

La dependencia creciente de la producción de insumos importados y la creciente contaminación ambiental que estos generan en la agricultura.

La creciente dependencia y pérdida de la seguridad alimentaria del país.

La pérdida del germoplasma por apropiación y patentamiento por organizaciones transnacionales; perdida de la diversidad biológica y del conocimiento agrario, producto de las nuevas prácticas agronómicas.

La concentración de la propiedad y la pobreza de recursos e infraestructura que afecta a los sectores rurales.

La precariedad y disminución del empleo en la agricultura.

El empobrecimiento de las comunidades rurales campesina e indígenas.

La distorsión del espacio rural que hoy es visto sólo como un sector proveedor de alimentos y maderas para la exportación y de rentabilidad de corto y mediano plazo.

Crecientes conflictos intersectoriales por el uso múltiple del territorio.

La ausencia de políticas para el ordenamiento territorial y el manejo de cuencas hídricas.

Nuestro concepto de economía eficiente, moderna y desarrollada es inseparable de la justicia social, de la liquidación del desempleo masivo y del trabajo precario, de la soberanía y seguridad alimentaria, derecho a la tierra y defensa de la agricultura campesina.

Propiciamos, por tanto, una economía al servicio del Ser Humano, que se exprese en un Proyecto Nacional de Desarrollo.

Superar la dependencia y resolver las necesidades de la mayoría, exige cambiar el modelo económico Neoliberal imperante en el mundo y enfrentar con organización y determinación el poder del gran capital y sus privilegios a nivel nacional e internacional.

Nehuen, Surco, Anamuri, Confederación de Trabajadores Forestales de Chile/CTF.

CLOC Chile, noviembre 2000

 

 

 

2000-12-01

Informe estado de la Reforma Agraria en Colombia

1-. Vigencia de la Reforma Agraria: un debate para la paz.

El programa de reforma agraria iniciado en Colombia desde 1961 es cuestionado en sus resultados por todos los sectores. Desde el gobierno y los terratenientes con argumentos que van desde el alto costo de la intervención del Estado y los bajos resultados, hasta lecturas que parten de que este programa introduce indeseables elementos de inestabilidad a los derechos de propiedad que deberían estar por fuera de toda discusión para crear condiciones favorables a la inversión nacional y extranjera.

Estas posiciones proponen a cambio de la reforma agraria -que ya no sería necesaria- programas de neoparcería bajo el nombre de «alianzas estratégicas, sociales y productivas para la paz».

Por otro lado van las evaluaciones de los sectores campesinos, indígenas, afrocolombianos, organizaciones sindicales y cívicas y, en general, las organizaciones sociales que coinciden con las guerrillas en el sentido de que en Colombia no se ha hecho reforma agraria sino un programa de colonizaciones para ubicar fuera de la frontera agrícola (donde no representaran peligro para el latifundio) a los campesinos desplazados por las violencias políticas mientras se insiste en el esquema fracasado del conservadurismo agrario con políticas estatales de desarrollo por la vía del latifundio en detrimento del apoyo del Estado a la economía campesina y su aporte.

Nuestra lectura atribuye con base en investigaciones de varias épocas (la más reciente de la Misión Rural hace dos años) que la acaparación especulativa y rentística de las tierras (capitalismo burocrático) ha sido la base y el motor del gamonalismo, la exclusión política, la pobreza y la violencia terrateniente a la que el campesinado -y los indígenas- respondieron con la creación de movimientos guerrilleros.

Consideramos que la falta de una reforma agraria estructural ha sido el caldo de cultivo para la generación de una cultura de la renta y el dinero fácil que hermana a terratenientes, multinacionales, banqueros y mafiosos.

Atribuimos a la falta de la reforma agraria, los cultivos ilegales y el narcotráfico, la depredación de medio millón de hectáreas de selvas por año, el mal uso de los suelos y la potrerización de las mejores tierras del país donde pastan algunas vacas, pues son tierras dedicadas a captar rentas y valorización por proyectos que no son de producción agropecuarios.

Con la excepción de los terratenientes, los empresarios y los neoliberales en el gobierno, hay una suerte de consenso nacional en la vigencia de una reforma agraria integral, democrática y masiva, que no avanza debido a la composición del Congreso, los compromisos del Ejecutivo con los latifundistas y últimamente con las multinacionales que coinciden en señalar que el sector agropecuario ya no es importante, ni la propiedad de las tierras.

Este planteo esconde una política de alta movilidad de la población definida y aplicada desde hace 50 años para «sacar gente ineficiente del campo» con lo que la consolidación del latifundio y el desplazamiento campesino (por pobreza y marginalidad o por violencia) pasaron a ser políticas de Estado para dejar el territorio libre de «gente sobrante» para que las multinacionales y el imperialismo norteamericano desarrollen sus megaproyectos de inversión y control geoestratégico.

La reforma agraria marginal se mantiene así como un simple programa de colonizaciones y mercado subsidiado de tierras -también fracasado- para la estabilización de áreas de alto conflicto agrario, por lo que no cuenta con el soporte de una política de desarrollo rural y protección de la economía campesina, con lo que también el país perdió su seguridad alimentaria (abundante oferta de alimentos nacionales, producidos sin químicos, a precios asequibles para la población)

En los debates y foros realizados en los últimos dos años en escenarios regionales, nacionales y en algunos escenarios internacionales se lograron amplios consensos en la vigencia de la reforma agraria en Colombia para hacer un ordenamiento social y cultural de la propiedad, que significa redistribuir activos productivos, establecer áreas para el desarrollo y consolidación de la economía campesina (que ha demostrado ser más eficiente que los latifundistas), y para el etnodesarrollo de cerca de 80 grupos indígenas diferentes, proteger ecosistemas frágiles, reemplazar los cultivos ilegales, reubicación de colonos de áreas protegidas, definir las áreas de reserva campesina y las reservas de suelos alrededor de las grandes ciudades y, en general, estimular una cultura productiva, de respeto y conservación de la naturaleza y la biodiversidad, que impulse el desarrollo nacional y social.

2-. Desde 1962 y a 31 de dic/99 las ejecutorias del INCORA son:

Adjudicación de 1´696.800 hás a 101.800 familias campesinas (de 1,5 millones que no la tienen), titulación de 13´739.056 hás de tierras baldías (de la nación, a razón de 8,1 hás de baldíos tituladas por 1 ha adjudicada, lo que prueba la marginalidad del proceso), extinción del dominio de 4´713.706 has. (tierra que el INCORA quitó e ingresó sin costo para el Estado), constitución y ampliación de resguardos para comunidades indígenas sobre 30´378.314 hás; titulación a comunidades negras sobre 1´389.359 hás, y un trabajo de promoción de la organización campesina que fue desmontado hace pocos años.

Siendo Colombia un país con 114,7 millones de hás de extensión territorial, el instituto ha actuado sobre 51´917.235 hás sin incluir la ejecución del año 2000. Como puede observarse, el INCORA fue desviado desde el Pacto de Chicoral (en 1973 el bipartidismo latifundista decide parar el proceso y no afectar sus tierras ociosas) para afectar sólo las tierras de la nación, por lo que no puede ser evaluado como instituto de reforma agraria (a pesar de su nombre y en sus etapas iniciales haber hecho reforma integral y construido 17 distritos de riego sobre cerca de 200 mil hás de tierra y construido obras de infraestructura en muchos sitios del país), sino como instituto de colonizaciones (de hecho sus ejecutorias se refieren sobre todo a titulación de tierras baldías a campesinos, indígenas y negros).

Dentro de las limitaciones mayores del proceso están: la reiterada falta de voluntad política de los gobernantes y legisladores, la utilización de la reforma agraria como política para la gobernabilidad y estrategia de contención social y contra insurgencia, pero no como estrategia de desarrollo; las permanentes estrecheces presupuestales del instituto agravadas por la práctica legal del mercado de tierras de adquirir tierras bajo autoavalúo del propietario, la profusa y pro terrateniente legislación agraria, la falta de integralidad de los programas y la carencia de política de desarrollo rural, las tasas de usura a los créditos incluidos los destinados a la producción de alimentos, la apertura económica que quebró miles de parceleros exitosos hasta 1990, la persecución oficial a las organizaciones campesinas e indígenas, la participación marginal (sin poder de decisión) de las comunidades en el proceso, la pérdida de capacidad operativa de la entidad con reducciones de su planta de personal de 4007 cargos en 1990 a 1459 cargos actualmente (con amenazas de Minhacienda dejar sólo 400 este año) para golpear al instituto y su Sindicato bajo la excusa de reducir gasto público pero atendiendo exigencias de la organización de terratenientes de extrema derecha SAC que considera al INCORA y sus programas como innecesarios desde su misma creación, actualmente llaman al INCORA «un edificio con Sindicato»-; los casos de corrupción en algunas compras de tierras en el mercado…

 

 

 

El programa de reforma agraria marginal hasta hace cuatro años fue usado también como señuelo electoral para llevar al campesinado a votar por el bipartidismo pero sin asignar a la entidad recursos presupuestales.

Particularmente ilustrativo al respecto son las cifras del presupuesto nacional que será para el año entrante de $57 billones de pesos colombianos: el servicio de la deuda externa representaba en 1995 el 19,1% y pasa en el 2001 al 40,4% del presupuesto total de la nación; el pago de intereses de la deuda el año entrante será cinco veces mayor que el presupuesto total de inversión de la nación. Y de los $57 billones de pesos, para reforma agraria el gobierno sólo asignará el año entrante la irrisoria suma de $17 mil millones en inversión y $37 mil millones en funcionamiento (para una planta de personal de sólo 400 trabajadores en INCORA de los 1459 actuales), es decir que en reforma agraria el gobierno invertirá el próximo año la miserable, irrisoria suma que no llega al 0,00000009% del presupuesto nacional (? nueve centi millonésimas del presupuesto nacional, aunque suene increíble?) y así insisten en que «la reforma agraria resulta muy costosa».

Cálculos del Consejo Nacional Campesino establecen que la reforma agraria en Colombia se haría con sólo $2 billones de pesos si se afectan con extinción del derecho de dominio los 44 mil kilómetros cuadrados comprados -o arrebatados- por la mafia para lavar dólares y especular con la valorización de los megaproyectos en los mejores suelos del país (valles de los ríos Cauca, Magdalena, Sinú, San Jorge, Zulia, Meta, etc)

En materia de gastos de personal, el sector defensa concentra el 25% del presupuesto nacional , la fiscalía el 10%, la rama judicial el 11%, la policía nacional el 25%. En resumen, cuatro sectores (defensa, policía nacional, rama judicial y fiscalía) concentran el 71% del presupuesto de gastos de la nación, pero el recorte anunciado para este año por Minhacienda es de reducir 9 mil empleos y ninguno en los sectores de mayor gasto, en cambio se alista con la supresión del INAT (adecuación de tierras) y el DRI y el fuerte ajuste al INCORA la supresión total en sector agricultura de más de 2.400 cargos con lo cual se desmantela totalmente la institucionalidad pública de servicio al campo y las funciones del INCORA serían descentralizadas a los entes territoriales, para entregarlas a los gamonales y terratenientes locales mediante una descentralización administrativa perversa, es decir no democrática y donde el Estado central se desprende se sus obligaciones constitucionales endosándolas a las regiones que financieramente están quebradas, políticamente controladas por el bipartidismo terrateniente y militarmente bajo el terror desplegado por los paramilitares.

La «reforma del Estado» que simplemente consiste en despedir trabajadores, está pendiente sólo de malabarismos legales por parte de Presidencia ante los fallos anti despidos por vía de decreto presidencial proferidos por la Corte Constitucional fustigada a su vez por los neoliberales.

La contrarreforma agraria va desde la violencia para despojar las familias parceladas, hasta el desmonte de la entidad encargada del programa.

3-. Genocidio social y contrarreforma agraria

Si la situación en materia de presupuesto para la reforma agraria es crítica, lo es más la situación de graves violaciones de los derechos humanos al campesinado en general y en particular la pérdida de las parcelaciones entregadas a familias campesinas por el INCORA.

Los paramilitares están despojando de las tierras conquistadas y entregadas por INCORA a las comunidades campesinas, especialmente en los distritos de riego de Maríalabaja (Bolívar), El Zulia (Norte de Santander, frontera con Venezuela), La Doctrina (Córdoba, donde acabaron la organización campesina autónoma), la zona del Ariari (Meta), Valle, Magdalena Medio y Sur de Bolívar, Putumayo, Casanare y el Huila donde arreciaron las amenazas contra dirigentes campesinos de todas las organizaciones, incluida ANUC UR.

Sólo en el departamento de Bolívar 500 familias parceladas por el INCORA han sido despojadas violentamente de sus tierras en los últimos tres años sin que se haya iniciado gestión alguna para recuperar estas tierras entregadas por la nación a sus legítimos dueños, los campesinos desplazados por el terror paramilitar, tanto que ya no se habla entre los campesinos y especialistas de que en Colombia haya reforma agraria sino una violenta contrarreforma agraria y un gigantesco genocidio social y político contra el campesinado, los indios y los negros.

Las masacres de campesinos en los Montes de María (Sucre y Bolívar) se suceden en el área de operaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Quince campesinos fueron asesinados a garrote y machete entre el 16 y 17 de octubre, estando en el área el batallón de contraguerrilla de Infantería de Marina. Están afectadas parcelaciones del INCORA en San Jacinto, Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, Ovejas, Corozal, y pequeños propietarios de los corregimientos de Macayepo, El Limón, Floral, La Palma, La Pita en Bolívar, y Verruga, Bajo Don Juan, Palmira, El Pavo, Buenos Aires, Caña Fría y Palo Alto (Sucre).

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra que agrupa 120 juntas de acción comunal de Yondó, Cantagallo, San Pablo, Remedios, corregimiento Ciénaga del Opón de Barrancabermeja en el Magdalena Medio, áreas donde el INCORA ha adjudicado algunas fincas y baldíos, denuncian en los dos últimos años operativos combinados de paras y militares contra los caseríos, saqueos por la fuerza pública, asesinatos selectivos que llegan a 400 personas en Barranca y 500 campesinos más en la zona, quema de las instalaciones de la Cooperativa campesina, 30 mil desplazados y afirman en un comunicado del 12 de octubre: «exigimos todo el tiempo lo nuestro, es por eso que estamos exigiendo ser sembradores de caña y arroz, hacedores de panela, arrieros de búfalos, constructores de vivienda, cooperativistas, agroforestales, planificadores y ordenadores ambientales del territorio que nos queda; todos estos proyectos los estamos forjando en el marco de una zona de reserva campesina que nos permita sustituir los cultivos de coca existente y dignificar la vida de nuestra gente…».

El programa de zonas de reserva campesina está asignado al INCORA por Ley 160/94 y es impulsado por el Consejo Nacional Campesino, CNC y SINTRADIN, para prevenir el desplazamiento mediante compraventa de parcelas y pequeñas fincas en las áreas reservadas, pero no tiene recursos para adelantarlo. Afirmamos que la zona de reserva campesina que necesitan con urgencia las comunidades del Valle del Río Cimitarra no se aprueba por el gobierno porque para esa zona existe un megaproyecto de siembra en monocultivo de 30 mil hectáreas de palma africana a un costo de US. 10 millones (según Planeación Nacional) en contravía del plan campesino de desarrollo regional que rechaza el monocultivo, más cuando saben que el precio internacional del aceite de palma ha bajado drásticamente en los últimos 18 meses (ver informe de FEDEPALMA) como resultado de las cosechas de aceite de girasol en Brasil, EUA y otros países.

La Junta Directiva de la Asociación campesina del Valle del Río Cimitarra en oficio del 28 de septiembre/00 dirigido al Ministro de Agricultura Rodrigo Villalba afirma «han sido muy pocas las entidades del Estado que nos han prestado sus servicios y dentro de ellas merece especial atención el INCORA la cual en las épocas en que no habíamos sido desplazados de nuestras parcelas nos benefició con importantes programas de desarrollo pecuario en los que nos brindaba ganado, insumos y asistencia técnica,… y en los últimos dos años el INCORA ha hecho presencia en nuestra región con el importante programa de zonas de reserva campesina y nos ha traído una nueva esperanza de desarrollo…, por estas razones le estamos solicitando a nombre de los campesinos del Valle del Río Cimitarra, defender la continuidad del INCORA y fortalecer sus importantes programas de reforma agraria y reservas campesinas que son la única esperanza de desarrollo de la economía campesina en zonas olvidadas como la nuestra».

En otras palabras, desde el establecimiento se acaba con los campesinos y al tiempo con el INCORA.

En el Sumapaz, municipios de Pasca, Cabrera, Choachí, Viotá y la localidad de Usme perteneciente a Bogotá, 6.000 soldados de la Quinta División, la 13 Brigada y las Fuerzas de Despliegue Rápido, mantienen desde el 30 de agosto el operativo «aniquilador II», ametrallan escuelas (la Defensoría del Pueblo tiene videos con pruebas), retención de víveres a los campesinos (violatorio del Protocolo II de Ginebra), piden que para su región se apruebe de inmediato una zona de reserva campesina pues comenzaron los deplazamientos masivos al acusar el Ejército a las comunidades de ser simpatizantes de la guerrilla desde la época del dirigente campesino Juan de la Cruz Varela.

La violencia que comienza en esa zona tiene detrás el megaproyecto de controlar en el páramo del Sumapaz la reserva de agua más importante de la capital colombiana y es una estrella hidrográfica donde nacen importantes ríos que van a las cuencas del Magdalena y el Orinoco.

En la Amazonía bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se adelanta el objetivo estratégico contrainsurgente y el control por los EUA de la cuenca del río Amazonas, que incluye parte de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam. El megaproyecto aquí consiste en controlar el ecosistema más rico en diversidad genética de la tierra, el territorio donde está según los expertos el futuro de la humanidad con cerca de 7 millones 160 mil kilómetros cuadrados, enormes reservas de agua, maderas, fauna, flora, hidrocarburos y minerales. Es la zona de mayor extensión de bosques tropicales por lo que se llama como «el pulmón del planeta tierra» habitado por 370 pueblos de diferentes etnias.

Colombia tiene el 36% de su territorio en la cuenca del Amazonas y sobre esa zona se descargan centenas de toneladas diarias de defoliantes químicos, atentando contra una región altamente vulnerable por su biodiversidad al tiempo con la destrucción de la selva por el empuje de miles de campesinos colonos expulsados por los terratenientes desde la frontera agrícola.

Además es una zona geoestratégica y con reservas mineras, como La Guajira, Urabá y el Chocó de donde también se desplaza violentamente a las comunidades indígenas Embera Katio despojándolas de tierra y territorios, para «limpiar» áreas de megaproyectos de generación hidroeléctrica y el canal interoceánico alterno al de Panamá.

En la zona del Catatumbo, La Gabarra y Tibú donde el INCORA tituló baldíos a colonos e indígenas desde hace 35 años y en las zonas del distrito de riego del Zulia donde están asentados centenas de familias de reforma agraria, los campesinos movilizados presentaron en 1998 un Plan de desarrollo integral y Paz que el gobierno firmó. La respuesta ha sido una violenta arremetida con más de 500 campesinos muertos, desaparecidos, torturados, descuartizados, más de 20 mil desplazados. Los paramilitares montaron su propia Ong. para captar recursos del plan propuesto por los campesinos masacrados.

En Nariño, las comunidades campesinas e indígenas organizadas y movilizadas en varias ocasiones, han propuesto planes de reforma agraria y etnodesarrollo así como un proyecto de Ordenamiento Territorial que fue presentado al Congreso. No hay avance alguno pero comenzaron los asesinatos y las fumigaciones en Nariño y el Macizo en desarrollo del Plan Colombia.

En el Putumayo arrancó el Plan Colombia y ya arroja sus primeros «frutos». Puerto Asís, La Dorada y el Bajo Putumayo están sitiados por las AUC que hostigan asesinan, desplazan masivamente campesinos hacia Pasto y ahora hacia el Ecuador por acciones bárbaras en La Dorada, Orito, El Trigre, La Hormiga, que son zonas de amplio control militar del Ejército Nacional. Hay más de 40 personas desaparecidas, miles de hectáreas de selva fumigadas y destruidas y miles de campesinos e indígenas intoxicados, nacimientos de niños con deformidades causadas por los venenos que lanzan desde gran altura los aviones. Un militar norteamericano afirmó que la guerra en el Putumayo «se trata de defender operaciones de la Occidental, British Petroleum fusionada con la norteamericana AMOCO y la Texas, donde tanto la familia del candidato Gore como los donantes de Bush tienen interés».

En el Valle del Cauca, las «autodefensas» (dicen no ser paras sino autodefensas de los industriales del Valle) han invadido los alrededores del resguardo indígena «Kwet Wala» en el municipio de Pradera ocupando las veredas La Carbonera, Los Pinos, El Nogal, en todas las cuales hay población indígena perteneciente al resguardo central del cabildo y numerosa población campesina. Ya van tres indígenas torturados y asesinados (padre, madre y un niño de nueve años), todos abiertos en canal y decapitados. En plena reunión de las comunidades con el gobierno departamental en Cali llegó la noticia de esta masacre pero el Ejército reportó que «no hay anormalidades en el área». Iguales métodos de terror aplican en Tulua, Buga, Bugalagrande, Sevilla para sacar por miedo a indios y campesinos.

En comunicados de la ORIVAC (Organización Regional Indígena del Valle del Cauca) del 14 de octubre, expresan «los terratenientes están de fiesta: desplazamientos forzados de numerosa población, ametrallamiento y permanentes sobrevuelos de helicópteros, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, …en un corredor que se ha convertido en objetivo estratégico del latifundio especulador, gracias a los megaproyectos viales previstos por el alto gobierno y a las recomendaciones de los norteamericanos con relación al control sobre la carretera Panamericana…»

Todas estas denuncias y muchas más han sido presentadas en diferentes instancias del gobierno y en las mesas de diálogo en San Vicente del Caguán por voceros de las comunidades. Además están difundidas vía electrónica para todo el mundo y respaldadas por comunicados de:

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra:; octubre 23/00 «Retenidos campesinos del Valle del Río Cimitarra por tropas oficiales del Batallón 45 Héroes de Majagual; octubre 12/00 «Porqué no vamos a la Conferencia de San José de Costa Rica»

VALLE DEL CAUCA: Colectivo Semillas de Paz, 14 de octubre/00, «El Plan Colombia se aplica en el municipio de Pradera-Valle, abusos y crímenes en Pradera».

ORIVAC: octubre 2/00, «La ORIVAC denuncia…» comunicado de denuncia, octubre 2 / 2000- .

Comisión Temática: Boletín Informativo #14 de la Comisión Temática FARC-ep que recoge las denuncias presentadas en 56 ponencias en la Audiencia Especial con el sector de Iniciativas de Paz el 13 de agosto/00 y transmitidas por televisión Señal Colombia y la Radiodifusora Nacional.

SUMAPAZ: Periódico VOZ 17 de septiembre/00; Convocatoria al «Foro Regional de Sumapaz, el Tequendama y el Oriente del Tolima por la paz y los derechos humanos» suscrita por Comité Permanente de derechos Humanos; CUT Cundinamarca, FENSUAGRO, ANDAS, Alcaldía de Cabrera y Viotá, Personerías de Pandi, Cabrera, Viotá, Granada, Silvania, Fusagasugá, Arbelaez, Tibacuy, San Bernardo, Venecia, Sindicato de Agricultores de Cundinamarca y Juntas Comunales del Sumapaz.

MONTES DE MARIA : comunicado de denuncia Bloque Caribe FARC. 18 DE Oct/00 «Masacres en los Montes de María».

PUTUMAYO: Comunicado «terrorismo de Estado, denuncia pública» 13 de octubre/00 del Comité Interveredal del municipio de La Dorada (Putumayo),

NOTA: No existen aún en el INCORA datos detallados del número de campesinos, indígenas y negros usuarios de programas de reforma agraria , asesinados, desplazados con violencia. Los datos son parciales en cada regional. El Sindicato ha insistido ante la administración del INCORA para que se establezcan estas realidades y se recuperen las parcelas desde el punto de vista del retorno con garantías de las familias desplazadas y las demás unidades agrícolas familiares se reactiven productivamente.

A la par con la contrarreforma agraria por vías violentas, se adelanta la contrarreforma agraria de los bancos que rematan fincas por deudas morosas a razón de 9 y diez mil fincas por año, mientras el INCORA no alcanza a dotar de tierras a dos mil familias por año.

4-. Avances en las mesas de paz

Solo se agotó la mesa de generación de empleo y sus conclusiones están por salir.

En ese tema SINTRADIN presentó el documento «Ordenamiento Social, económico y cultural de la propiedad: una alternativa estructural al desempleo rural» que comparte el CNC y parte de proponer el cambio del modelo económico neoliberal, la modificación de los tratados internacionales de comercio suscritos por Colombia para definir una política de protección a la economía campesina y un ordenamiento de la propiedad con instrumentos como la expropiación por vía administrativa del latifundio (hoy son las multinacionales las que pueden hacer expropiación privada de la propiedad campesina), destinar a la agricultura las cinco millones de hás. desperdiciadas hoy en ganadería extensiva, extinción del derecho de dominio del latifundio ocioso o mal usado. Sobre estas cinco millones de hás. propusimos conformar 12 mil empresas cooperativas (25 familias integrarían cada cooperativa) autogestionadas, para asentar 300 mil familias en unidades agrícolas de 16 hás., para dar trabajo permanente a 1´200 mil campesinos, colonos, desplazados por la violencia. Propusimos también afectar con extinción del dominio las 4,4 millones de hectáreas acaparadas por la mafia del narcotráfico y conformar diez mil cooperativas para asentar unas 250 mil familias campesinas más dando trabajo permanente a un millón de campesinos, desplazados, conformando éstas áreas como zonas de reserva campesina y de concentración parcelaria, para evitar la reconcentración de la propiedad y garantizar servicios integrales de desarrollo productivo y social.

Incluye nuestra propuesta reactivar de inmediato unas 50 mil parcelas ya entregadas o conquistadas por las comunidades para generar 200 mil empleos productivos más, para lo que basta la reglamentación del artículo 122 de la Ley 510/99 donde se crea una línea especial de crédito para usuarios de reforma agraria con tasas de interés inferiores al IPP (índice de precios al productor).

La propuesta comprende vincular 36 mil técnicos, tecnólogos y profesionales agropecuarios para asistir técnicamente y en organización social y productiva a las comunidades asentadas.

El costo de esta propuesta depende de si el Estado cumple con la Ley 333 que posibilita la extinción del dominio de las tierras adquiridas con dineros ilícitos en cuyo caso dicho costo estaría por los $2 billones de pesos. De continuar con el proceso de compra de tierras por autoavalúo comercial del terrateniente el costo se elevaría tres o cuatro veces.

Esta propuesta apunta a resolver estructuralmente el crónico problema agrario.

Además se han realizado varias audiencias públicas sobre temas como el desplazamiento forzado, cultivos ilícitos, entre otros, donde las comunidades rurales han dejado claros consensos en relación con la urgente solución del problema agrario como requisito de una paz duradera.

El problema agrario es el segundo punto en la agenda de diálogo gobierno-FARCep, – después del tema empleo – modelo económico, pero tanto el gobierno como el empresariado (y especialmente los gremios de terratenientes SAC y FEDEGAN) están empecinados en aplazar el tema y en su reemplazo abordar los asuntos relacionados con el Derecho Internacional Humanitario.

El 30 de octubre se presentaría en el Comité Temático los informes de las audiencias públicas sobre el tema de «crecimiento económico y generación de empleo» donde se entregarían además la evaluación de las 25 audiencias públicas sobre este tema.

La Mesa de Diálogo y Negociación acordó además iniciar el segundo bloque de audiencias públicas con el tema «DISTRIBUCION DEL INGRESO Y DESARROLLO SOCIAL». También esta Mesa acordó completar los cupos conjuntos del Comité Temático con dos representantes de los sectores campesino y de la juventud y próximamente darían a conocer sus nombres. (Comunicado 24, Mesa Nal. de diálogo y negociación, 23 de oct/2000).

 

5-. MESAS GOBIERNO-CNC

Luego de la movilización nacional del CNC, sintradin y organizaciones de campesinos e indígenas regionales en 10 departamentos durante los días 13, 14 y 15 de octubre/2000 por la reforma agraria y contra el desmonte del INCORA, donde se presentó un pliego que se ha discutido por mes y medio con el gobierno (Minagricultura, Caja Agraria y Banco Agrario, Departamento Nacional de Planeación) y tras mes y medio de sesiones, el CNC evalúa que no hay avances, el gobierno mantiene una postura arrogante y una táctica de desgaste del CNC. Los resultados son:

1-. En crédito aún no se reglamenta la línea especial de crédito para usuarios de reforma agraria ni se dan soluciones de fondo para el grave problema del endeudamiento campesino.

2-. No desmonte del INCORA: el minagricultura insiste en suprimir el DRI y el INAT y traer sus funciones al INCORA, lo que podría ser visto como un fortalecimiento de la entidad, pero en la práctica esa medida no se acompaña de más personal, ni recursos nuevos de inversión, ni implica cambio de política agraria. Sería solo una decisión burocrática para bajar gasto despidiendo más trabajadores especialmente en INAT y DRI.

3-. En materia de incrementar el presupuesto de inversión para reforma agraria el gobierno no se compromete en nada porque la reforma agraria «es muy costosa y hay déficit fiscal». Sólo habrían algunos recursos para el Fondo de organización y capacitación campesina que manejan algunas organizaciones.

4-. No hay avances tampoco en la exigencia de protección a los bienes y tierras de las comunidades desplazadas por violencia, ni se acepta declarar la nulidad de las compraventas de tierras realizadas en áreas de conflicto que son contratos donde se puede presumir que hubo vicios (presión) sobre la voluntad de una de las partes.

5-. Se compromete el gobierno a impulsar las zonas de reserva campesina ya aprobadas en El Pato (Huila-Caquetá), Calamar (Guaviare) y el Sur de Bolívar. Pero no se ve voluntad política de aprobar reserva campesina en el Valle del Río Cimitarra, Puerto Asís (Putumayo), Sumapaz, Arauca y la Provincia del Bajo Ricaurte (Boyacá), regiones donde las comunidades han avanzado en las etapas previas a la aprobación oficial de las zonas.

6-. No aceptan suspender fumigaciones en áreas de cultivos ilegales para reemplazarlas por planes concertados de erradicación manual, ni suspender la apertura económica y la importación masiva de alimentos, ni derogar la resolución que le da entrada a la Oxy al territorio ancestral de los indígenas U´was.

6-. Un tema especial es el de los proyectos de ley de reforma agraria.

El gobierno informó hace dos días al CNC que decidió volver a presentar su proyecto de cambios a la ley 160/94 pero desconocemos si el texto actual difiere y en qué aspectos, de la versión que conocimos y combatimos durante todo el año.

El Representante a la Cámara Gustavo Petro quien firmó y presentó nuestro proyecto de Ley, expresó a través de un Asesor que está dispuesto a firmar y presentar de nuevo nuestra iniciativa, previos ajustes presentados por las comunidades en las regiones donde lo hemos discutido (que es casi todo el país). Y estamos buscando más congresistas que lo firmen también y contactando dirigentes del Putumayo que alistan movilización para que se lo apropien y levanten en su lucha.

El gobierno propuso al CNC un taller de discusión el 14 de noviembre para «acercar y eventualmente unificar los dos proyectos de ley » con asistencia de CNC-ANUC-Gobierno- SAC-FEDEGAN (?), pero como es de suponer será muy poco factible llegar a acuerdos, Para comprobarlo, miremos las distancias entre las dos iniciativas:

Como se recordará, los campesinos y el Sindicato partíamos de que La ley 160/94 o ley de mercado subsidiado de tierras fue un gran fracaso y no se requería remiendos sino cambios de fondo.

El gobierno en su proyecto de ley propuso entre otras cosas: abrir la posibilidad de descentralizar perversamente todos los programas de reforma agraria del INCORA para entregárselos a las regiones que no tienen capacidad técnica, ni financiera y están controladas precisamente por los terratenientes y sus ejércitos privados que no permiten una real participación y expresión de las comunidades y sus organizaciones, incluso, que las persiguen a muerte; mantener la prueba de propiedad o cadena de tradición desde el 4 de agosto de 1974, legitimando las escrituras con falsa tradición hacia atrás en el tiempo; mantener la prohibición de adquirir predios invadidos después del 4 de agosto de 1993 si el propietario no quiere vender; beneficiar con prioridad campesinos con capacidad empresarial demostrada; reducir la representación campesina de organizaciones del CNC en la Junta Directiva de la entidad; mantener el fracasado esquema del mercado subsidiado de tierras, establece el arrendamiento con opción de compra de predios rurales o leasing; aprobar la expropiación administrativa sólo para los predios a los que se puede extinguir el derecho de dominio por proveniencia ilícita del dinero de la compra (y debería es simplemente quitarse esa propiedad sin pago, Ley 333/96); entrega de tierras con subsidio del 70% a los desplazados a quienes les entregarían predios sólo con asignación provisional por tres años; mantiene como criterio guía de compra el avalúo comercial.

Hasta algunos terratenientes en el Congreso se opusieron a este proyecto, claro está pensando en disolver el tema en otras normas y acabar el asunto de la reforma agraria.

En cambio, el proyecto del CNC -cuyo debate no quisieron acumular los congresistas pero que contó con el apoyo unánime de las comunidades, organizaciones y voceros durante los once foros sobre reforma agraria realizados en el país-, propone: participación mayoritaria y decisoria del campesinado en las instancias de planeación, dirección y evaluación de la reforma agraria incluida la Junta Directiva del INCORA; fortalecimiento presupuestal, jurídico, programático, técnico y operativo el INCORA con impuestos a las importaciones de alimentos, 5% del presupuesto nacional, 10% del fondo Nal. de regalías petroleras, 25% de los recursos captados en el impuesto del 2×1000; extinción del dominio en fincas donde se violen derechos laborales de los trabajadores, se haga mal uso de los suelos y destinación para desplazados a título gratuito; limitar la propiedad de la tierra; precio máximo de compra de tierras el 200% del avalúo catastral de dos años anteriores a la negociación que duraría máximo 60 días; en caso de que el propietario no facilite la negociación en ese plazo, se hará expropiación por vía administrativa; sacar del mercado las tierras reformadas para prevenir reconcentración y desplazamiento; las tierras serán entregadas a los campesinos sin subsidio en el precio (al mismo valor que fueron compradas, es decir máximo 200% de su avalúo catastral) y con tasa de interés del 4% anual a 15 años de plazo; cierre de la frontera agrícola hasta que se haya redistribuido el latifundio ocioso dentro de la frontera y al retomarse la titulación de baldíos limitar la máxima extensión titulable a 2 UAF; retornar la cadena de títulos para demostrar legítima tradición a 1917; expropiación sin indemnización por motivos de equidad de los predios ocupados donde sean asesinados campesinos o indígenas o negros; se decreta la nulidad de todas las compraventas de tierras y mejoras efectuadas por campesinos desplazados con violencia; garantía para el retorno de los desplazados a sus tierras o reubicación en otra finca asumiendo el Estado como parte de pago el valor de las tierras y mejoras despojadas; seguro de cosecha a costo máximo del 1% del valor de la cosecha y amparando el 100% de su valor; establecimiento de un régimen de seguridad social en pensiones y salud para los campesinos pequeños y medianos propietarios y jornaleros, y se ratifica que las reservas indígenas son tierras comunales del respectivo grupo étnico y por tanto son inembargables, imprescriptibles e inenajenables (tenemos el temor de que el gobierno con tal de meter al país al NAFTA como lo anunció Pastrana, haga lo mismo que hizo México para cumplir una exigencia de las multinacionales como condición de admisión: meter al mercado las tierras de los indígenas para darle entrada a sus megaproyectos).

Bogotá, 7 de Noviembre del 2000 . SINTRADIN Nacional-.

 

2002-07-31
27 de octubre al 1º de noviembre 2002, Quito, Ecuador

Convocatoria: Jornadas de Resistencia Continental contra el ALCA

Las redes y campañas continentales, las organizaciones sociales de nuestros países comprometidas en la Campaña continental de lucha contra el ALCA hacemos una llamado para sumarse a las Jornadas de resistencia y de lucha contra el ALCA que se desarrollarán en la ciudad de Quito, en Ecuador, desde el 27 de octubre al 1ro de noviembre de este año.

En el momento en que los Ministros de comercio de 34 países de América (con excepción de Cuba) se reunirán en Quito para continuar, a espaldas de los pueblos, avanzando las negociaciones de la llamada Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las organizaciones sociales y los Pueblos de nuestro continente nos reuniremos en Ecuador, para manifestar nuestro rechazo total a este modelo de integración que nuestros gobiernos sumisos y comprometidos con el neoliberalismo pretenden imponer en cada uno de nuestros países.

Bajo el falso discurso de que el ALCA traerá progreso y bienestar para nuestros pueblos, nuestros gobiernos se han comprometido en un proceso de negociación de un proyecto de integración que consolidará la hegemonía de los Estados Unidos a través de un dominio político, económico y militar. Este proyecto de integración que va desde Alaska a Tierra del Fuego, pretenden ponerlo en vigencia a partir del 2005.

Como fue demostrado en la Segunda Cumbre de los Pueblos en Quebec y en las masivas movilizaciones en Porto Alegre, ratificamos que la lucha contra el ALCA debe continuar en todos los frentes porque:

El ALCA significará para nuestros pueblos más exclusión social, más desempleo, más pobreza, más endeudamiento, incluso el fin de las mínimas conquistas sociales que los trabajadores han conquistados a través de luchas sociales.

El ALCA también pretende una mayor militarización y control de los recursos naturales del continente a través de la imposición del Plan Colombia, de la Iniciativa Regional Andina y del Plan Puebla Panamá.

EL ALCA fortalecerá el dominio de las grandes economías sobre las más pequeñas. Los Estados Unidos y El Canadá representan ellos solos casi el 80% del PIB del Continente, los 33 países restantes se reparten el 20 % del PIB del continente. En este contexto sabemos que un modelo como el ALCA cuyo principal objetivo es permitir las masivas inversiones de las transnacionales, solo debilitará aún más nuestras economías, atentando contra la soberanía de los países del continente e impidiendo todo modelo de desarrollo basado en la diversidad, en la multiculturalidad, en la equilidad y en la justicia social.

Por esta razones, por el derecho a la soberanía, por el derecho de nuestros pueblos a un desarrollo justo, democrático, protector del medio ambiente, por la justicia, por la vida, contra el neoliberalismo, contra la deuda, por el fin del militarismo y del dominio de los Estados Unidos sobre nuestro continente, todos y todas estaremos unidos y presentes en Quito para PARAR el ALCA. Para que los Ministros de Comercio y sus socios escuchen nuestra voz de rechazo total a este nuevo modelo de dominación imperial con el cual los Estados Unidos pretenden consolidar su dominio en todo el continente.

Las jornadas de Quito serán jornadas de lucha y resistencia, serán también jornadas de educación popular, de reflexión, de análisis, de manifestaciones culturales y artísticas que representan la riqueza multicultural y multisectorial de nuestras luchas. Seremos miles, provenientes de nuestros 35 países para hacer oír nuestras voces, para decir alto y fuerte:

¡Sí a la vida! ¡No al ALCA! ¡Otra América es posible!

Quito, 27 de mayo de 2002

 

 

 

2000-10-10
El Grito de los Excluidos/as

En el corazón del imperio

Pe. Luiz Bassegio

Bajo el lema «Por trabajo, Justicia y Vida», se realizó en los países de América del Sur, Central, del Norte y el Caribe el Grito de los Excluidos/as Continental. Uno de los momentos fuertes fueron las diversas manifestaciones realizadas en Nueva York, fruto de la asociación del Grito con la Marcha Mundial de la Mujeres, Jubileo 2000 y la Coalición de los Inmigrantes Indocumentados.

El día 12 de octubre, con la participación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el Obispo Metodista Federico Pagura, ambos de Argentina, y Frei Betto del Brasil, líderes del Movimiento Sin Tierra del Brasil, indígenas de Ecuador y México, de los derechos humanos de República Dominicana, Inmigrantes Indocumentados de los Estados Unidos y representantes de Haití y Chile, se cumplieron diversas actividades en la realización del Grito.

La delegación del Grito tuvo una audiencia con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, una conferencia de prensa, audiencia con el asistente del Secretario General de la ONU, Kofi Annan (quien debió viajar de urgencia al Medio Oriente, debido al conflicto entre Israel y Palestina), y un Foro Internacional al final del día. Las actividades del Grito se sumaron a la de la Marcha de los Inmigrantes Indocumentados que tuvo lugar el día 14 y la Marcha Mundial de las Mujeres del día 17 de octubre.

En las diversas audiencias, conferencias de prensa y manifestaciones se entregaron dos documentos: el Manifiesto del Grito de los Excluidos y la Carta Pública del Grito a las Naciones Unidas.

La realidad que el Grito mostró

Fue un grito contra la globalización que favorece a pocos países ricos, en desmedro de las naciones pobres. Prueba de ello es que apenas los siete países miembros del G-7, detentan 18 billones de dólares del PIB mundial, en tanto que los otros 180 países tienen apenas 7 billones.

El Grito también denunció que los tres ciudadanos americanos más ricos, Bill Gates, Paul Allén y Warren Buffet, poseen juntos una fortuna superior al PIB de las 42 naciones más pobres, en las cuales viven 600 millones de habitantes. Toda esta concentración de riqueza tiene como consecuencia el aumento de la pobreza. En América Latina y el Caribe existen 224 millones de pobres y 90 millones de miserables. Por eso el Grito se manifestó contra la política del Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial, organismos que determinan la política económica de nuestros países.

El Grito denunció también la dependencia creada por el problema de la Deuda Externa. Después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina no tenía deudas, pero ahora debe casi un billón de dólares. Tiene la más alta deuda por habitante del mundo. Denunció también los gastos que se hacen con la carrera armamentista que consume anualmente la cifra de 800 mil millones de dólares. Y como no podía ser de otra manera, denunció la injerencia estadounidense en América Latina por medio del Plan Colombia, que en nombre del combate al narcotráfico quiere el control estratégico de los recursos naturales de la región amazónica, violando la soberanía del pueblo colombiano y poniendo en riesgo la seguridad social y política de los países involucrados.

Declaraciones

En sus intervenciones Pérez Esquivel señaló: no venimos hasta aquí para llorar, sino para resistir, reclamar nuestros derechos. Pasamos del terrorismo de Estado (dictaduras) al terrorismo económico, que trae hambre y miseria. La deuda externa es el principal agente de este terrorismo. El grito es un basta a todo esto y debe ser oído. Según él, no hay países del tercer mundo, sino que somos un solo mundo mal distribuido y la transferencia del capital a los países ricos significa pobreza y miseria para los pueblos de América Latina y el Caribe.

El representante del Grito de los Excluidos de Brasil, Gilmar Mauro del MST, manifestó que por más muros que se construyan los migrantes continuarán viniendo para acá; convocamos a todos a que se unan al Grito a fin de construir juntos un mundo de justicia y paz. Es ahora de poner un basta a la deuda externa.

En su intervención Frei Betto hablo de que en América Latina la democracia es aquella en la cual el pueblo no participa. En la era virtual, nada más virtual que la democracia en nuestros países. Según él, la guerra contra la pobreza ya terminó y los pobres fueron los derrotados.

Para el Obispo Metodista Emérito Federico Pagura, las iglesias tienen una tarea que es la de juntas contribuir a superar la miseria.

Propuestas del Grito

De manera amplia el Grito exigió una reforma agraria; cambios en las políticas económicas con el objetivo de eliminar el desempleo y la exclusión; demarcación y protección de las tierras indígenas; respeto al medio ambiente; el fin de la dependencia económica y cultural de nuestros pueblos y la anulación de nuestras deudas externas, dentro del espíritu del año Jubilar anunciado por el Papa Juan Pablo II.

Como propuestas concretas, se destacan entre otras.

a) Exigimos que las decisiones políticas deben estar en las manos de los gobiernos nacionales y no determinadas por la OMC, FMI y Banco Mundial;

b) Exhortamos a los países desarrollados a cumplir con su compromiso de destinar el 0,7% de su PIB para ayuda al desarrollo;

c) Exigimos la anulación de la deuda externa de los países del Sur pues la misma ya fue pagada varias veces y que los recursos sean destinados a un desarrollo sustentable, bajo la supervisión democrática y soberana de los países.

d) Apoyamos la iniciativa de establecer impuestos a las transacciones financieras internacionales y que esos recursos sean destinados a combatir la pobreza;

e) Exhortamos a los gobiernos a ratificar la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias;

Las denuncias y las propuestas que la delegación presentó a las Naciones Unidas, pueden ser encontradas íntegramente en el Manifiesto del Grito y en la Carta Pública del Grito a las Nacionales Unidas.

 

 

 

2002-07-31
Declaración Campesina de Nicaragua – Managua, 15 de julio de 2002

II Encuentro Campesino Mesoamericano

Las organizaciones participantes en el II Encuentro Campesino Mesoamericano, realizado en Managua, Nicaragua el 14 y 15 de Julio del 2002, en cumplimiento de los acuerdos del I Encuentro que tuvo lugar en Tapachula el pasado mes de Mayo del 2002, discutieron y aprobaron una plataforma común y un plan de acción, como sustento y compromiso de una amplia convergencia de trabajadores rurales que se llamara Encuentro Campesino Mesoamericano.

Las organizaciones participantes en las reuniones de Tapachula y Managua nos comprometemos a sostener y desarrollar los principios y alternativas de la Plataforma Campesina Mesoamericana, y a cumplir con el plan de acción acordado, como vía para estrechar y fortalecer los lazos que ya unen a las organizaciones campesinas de la región.

El ECM , que se origina en una propuesta surgida en el encuentro de Xelajú Guatemala, forma parte del amplio movimiento articulado entorno a los Foros Sociales Mesoamericano, y en su seno asume la tarea de trabajar por la estructuración económica, social y política de los campesinos de la región, para seguir marchando con otros grupos y sectores por el camino que conduce a una Mesoamérica libre justa y solidaria.

La Plataforma tiene como objetivo avanzar en la conquista se identidad campesina regional mesoamericano que permite unificar banderas de lucha y desarrollar acciones de solidaridad para fortalecer su incidencia en la definición de políticas públicas.

PLATAFORMA CAMPESINA MESOAMERICNA

Reforma Agraria y defensa de la tierra.

La Reforma Agraria y la lucha por la tierra es un problema pendiente de resolverse y es una demanda vigente en la lucha campesina mesoamericana.

Por tanto el Encuentro se pronuncia por un enfoque de reforma agraria integral que incluye no solo los derechos de acceso a la tierra y el agua, sino la dotación de los recursos necesarios para producir y vivir de ella: buenas tierras, créditos, asistencia técnica y mercados.

La tierra y el agua son un bien social y un derecho patrimonial de los pueblos, respetando los saberes tradicionales, la protección de la biodiversidad y el medio ambiente, incorporando los derechos agrarios de la mujer y la familia campesina, a través de títulos familiares mancomunados.

Reivindicamos el control y uso comunitario de sus territorios .

Demandamos el establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos de las comunidades sobre el control de sus territorios, así como el acceso y uso de la tierra para fines productivos y sus respectivas seguridad jurídica.

Promovemos el establecimiento y un código agrario que incluya el concepto de reforma agraria integral.

El acceso a la tierra, debe ser considerada bajo un concepto amplio de territorio, no solo «La tierra para quien la trabaja» sino como un espacio social, cultural y político; por ellos las comunidades rurales e indígenas luchan por los derechos espaciales sobre sus territorios y no sólo por la tierra

Sin acceso ala tierra no hay soberanía ni seguridad alimentaría. El derecho a la tierra es parte de los Derechos humanos. No a las malas tierras con buenos precios producto de la especulación .

Condenamos el proceso de mercantilización del las tierras promovidos por los organismos financieros y la internacionales de la tierra por permitir la especulación, la concentración y vulnera la propiedad colectiva.

Soberanía Alimentaria

Entendemos por soberanía alimentaría el derecho de los pueblos a definir su propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.

La producción de alimentos se manipula como un arma política y económica de parte de los países que tienen su seguridad alimentaría basada en la gran producción industrial contra los países que sufrimos inseguridad alimentaría y cuya producción descansa en la pequeña y mediana producción. A través de los tratados de libre comercio y programas de ayuda alimentaría, o imposiciones como la ley PL 480 se impulsan la guerra a la autosuficiencia alimentaría, con el objetivo de provocar dependencia y doblegación, destruyendo las culturas y los sistemas de producción campesina.

Por eso rechazamos también la introducción y el uso de organismos modificados genéticamente incluyendo las tecnologías Terminador para hacer semillas estériles, por sus impactos ambientales y en la salud, porque promueven mayor dependencia con las empresas multinacionales y erosionan los recursos genéticos -semillas y biodiversidad- base de las economías campesinas.

Como movimientos campesinos de Meso América denunciamos y condenamos enérgicamente la contaminación con transgénicos de los maíces criollos que se comprobó en México y que puede estar presente en otros países de la región, debido a las importaciones y a la «ayuda alimentaría» de maíz transgénico de Estados Unidos.

Hacemos responsables a los gobiernos de la región y a las empresas transnacionales y exigimos para totalmente las importaciones de granos básicos que tienen un fuerte impacto social, económico y cultural sobre los campesinos y debilita el sujeto clave de la soberanía alimentaría que son los pequeños y medianos productores.

Seguiremos trabajando en fortalecer redes solidarias para detectar y contener la contaminación con transgénicos y para fomentar y fortalecer la producción campesina de semillas y la creación y fortalecimiento de bancos solidarios de semillas para poder reabastecernos en casos de contaminación.

Proponemos impulsar alianzas con consumidores para fortalecer los mercados internos y la cultura alimenticia. También hacer alianzas con técnicos que apoyen y promuevan sistemas de producción alternativos a los paquetes tecnológicos de las empresas, y que apoyen el movimiento de filtro mejoradores empíricos de semillas criollas.

Apoyamos la demanda internacional para que el derecho a la alimentación sea considerado como un derecho humano.

Agua

El agua como base indispensable de todas las formas de vida, en las últimas décadas ha sido depredada, contaminada y distribuida injustamente. Ante la catastrófica escasez mundial del recurso que se avecina en los próximos años, (tragedia que ya ha comenzado en algunas regiones del planeta) , los grandes capitales transnacionales -principales responsables directos o indirectos de la contaminación, depredación y mala distribución del agua hoy están iniciando su privatización.

Ante esto, el Encuentro Campesino Mesoamericano:

– Rechaza tajantemente todos los procesos de privatización / expropiación de este bien común.

– Exige información oficial clara sobre la situación crítica del recurso dentro de México y Centroamérica.

– Propone la realización de diagnósticos populares sobre la actual situación de contaminación, depredación tecnológica y mala distribución social del agua

– Propone la planificación y el manejo democrático, colectivo y autogestivo del recurso

– En función de su próxima escasez se propone que, dentro del uso equitativo, se le de prioridad siempre al consumo humano, vigilando que dentro de los usos productivos del agua no quepa la contaminación ni la depredación del recurso.

Economía Solidaria y Popular

La economía popular es el modo en que los productores por cuenta propia y los consumidores pobres nos organizamos para sobrevivir en el mundo deshumanizado del capital.

En la economía popular lo que cuenta no es la ganancia sino la producción de bienes para la satisfacción de necesidad.

Acorralada y agredida por las políticas neoliberales y la competencia desleal de los monopolios y de los productores agrícolas subsidiados de los países centrales, la economía popular y campesina resiste y en su resistencia prefigura el orden justo y solidarios por el que luchamos.

Los campesinos parcelarios o asociativos, que son el núcleo de la economía popular, padecen una guerra de exterminio implementada por las trasnacionales y los gobiernos imperiales, pues doblegada la mediana y pequeña agricultura que produce alimentos, los países y los pueblos estarán a merced del capital.

Defender la economía popular es defender el presente y el futuro de nuestros países, pues en una región estragada donde hasta la burguesía es torpe y mezquina, atenerse a la otra economía, a la economía empresarial es apostar a la exclusión y al desempleo, y en el mejor de los casos a una explotación asalariadas propia del régimen fabril y las plantaciones semi esclavistas del siglo XIX.

Mientras que la lógica del capital es rapaz y depredadora, la economía popular campesina, es en principio amable con el medio ambiente y con los trabajadores. Una producción estable de naturaleza pero también socialmente justiciera.

Rechazamos que la economía campesina no es competitiva, quizás los pequeños y medianos productores no tiene los rendimientos físicos y económicos de los grandes son mucho mas eficientes que los empresarios en la generación de empleo e ingresos; en la producción de comida y seguridad alimentaría; en la preservación y reproducción conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

Derechos de los pueblos indios

Durante mas de cinco siglos los pueblos originarios del continente americano fueron oprimidos y humillados casi hasta su extinción hoy los indios de meso América, el corazón étnico de Meso América, el corazón étnico del continente, se han puesto en pie y reclaman todos sus derechos: políticos, socioeconómicos y culturales.

El alzamiento Zapatista de Chiapas México ha puesto en primer plano la urgente necesidad de reconocer los derechos autonómicos de los pueblos autóctonos. Lo que significa reconocer su territorio con sus normas políticas y jurídicas, sus saberes y practicas productivas, su lengua y su cultura.

En la ultima década los herederos de la civilización maya los indios de meso América, han puesto el ejemplo en la lucha por la tierra, por las libertades, y por la dignidad; los indios son un componente inseparable de la lucha campesina.

Recursos Naturales y Biodiversidad.

El concepto de desarrollo sustentable no tiene el mismo significado para las comunidades campesinas e indígenas, que para las corporaciones transnacionales globalizadas y los gobiernos de la región: para nosotros se trata de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales hoy y en el futuro; un aprovechamiento económicamente viable, socialmente aceptable y ecológicamente sustentable.

Rechazamos el establecimiento de patentes por que privatizan el derecho de las comunidades rurales y campesinas mesoamericanas a la conservación y usufructo de los recursos genéticos y la biodiversidad.

Luchamos por el rescato de los saberes tradicionales porque son patrimonio de las comunidades y de la humanidad y nunca deberán privatizarse a favor de corporaciones que trafican con ellos.

No al establecimiento de patente privadas sobre los recursos genéticos y la biodiversidad.

Defenderemos la enorme diversidad biológica y cultural mesoamericana, que es el mayor patrimonio de nuestra región y de nuestros pueblos.

Asumimos el compromiso de promover la cultura y la conciencia ambiental, buscando superar practicas anti ecológicas que se aplican en la producción campesinas.

Rechazamos todo intento de privatización, venta y exportación de el agua.

Migración y derechos del trabajo

El tema de la migración es y será polémico, tanto por sus orígenes el impacto que tiene en los países expulsores y receptores, pero principalmente por los actores principales de este fenómeno, los migrantes mismos. Desde luego, la migración no puede ser ubicadas como una situación aislada de las dinámicas económicas y sociales de los países, sin embargo, las políticas publicas instrumentadas para controlarlo han sido históricamente inadecuados.

Demandamos a México que debe evitar ser instrumento de las políticas norteamericanas de contención de la migración, al aplicar medidas policíacas frente a la migración centroamericana hacia Estados Unidos; México no debe ser el que haga el trabajo sucio por cuenta de los países vecinos del norte.

Debemos dejar claro que los flujos migratorios van a disminuir y a desaparecer su carácter conflictivo solo cuando exista condiciones de vida digna y expectativas de progreso de los países y regiones que hoy expulsan poblaciones.

Derechos sindicales y laborales

Los asalariados del campo mesoamericanos son el sector mas pobre y desamparados de nuestra muy pobre y desamparada población. En el caso de los jornaleros agrícolas, sobre todo cuando son migrantes y se emplean por temporadas, no solo se respetan sus derechos laborales y carecen de seguridad social, tampoco se respetan sus derechos humanos.

Se trata a demás, de un sector escasamente organizado salvo en el caso de las empresas bananeras de históricas tradición sindical.

Es indispensable entonces definir la agenda laboral rural y entre otras cosas establecer una red laboral en el agro mesoamericano, que permita defender los derechos del trabajo migratorio por encima de las fronteras nacionales.

Derecho de la Juventud Rural

Necesitamos trabajar decididamente en la promoción de un movimiento juvenil del campo, por ser una inversión estratégica para formar a los relevos generacionales y darle así vitalidad y fuerza a nuestro proceso mesoamericano, así como para ampliar este movimiento campesino con la integración de un sector clave.

Tratados de Libre Comercio y Plan Puebla Panamá

Manifestamos nuestro rechazo rotundo al los tratados de libre comercio establecidos en la región que no cuentan con el respaldo de la población en su conjunto y por que benefician exclusivamente los intereses de las grandes trasnacionales que operan en la región asociadas a los grandes capitales criollos.

Así mismo rechazamos el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA.

Desconocemos cualquier resolución emitida por la OMC y acuerdos de libre comercio relacionados con la Agricultura.

Nos proponemos el establecimiento de políticas económicas de protección a la producción de alimentos y materias primas, particularmente el otorgamiento de subsidios bajo control social.

Fortaleceremos nuestra capacidad para obligar a los gobiernos a cerrar fronteras a la importación de alimentos trasgénicos y con domping.

Lucharemos por frenar el establecimiento de tratados comerciales bilaterales por que facilita la imposición del ALCA.

Ante el Plan Puebla Panamá

Rechazo total y rotundo a la imposición del Plan Puebla Panamá por ser un programa de gobierno al servicio de las trasnacionales, sin ser sancionados por los congresos y parlamentos nacionales.

Rechazamos el establecimiento de corredores biológicos por ser un componente fundamental del Plan Puebla Panamá.

Condenamos cualquier participación de las organizaciones de la sociedad civil que se dicen representar al pueblo intermediar, promover e instar la participación parcial o total dentro de los procesos de implementación del Plan Puebla Panamá, por considerar a este plan un atentado contra el sistema de vida de nuestras poblaciones.

 

 

 

2000-10-10

Carta Publica del Grito de los Excluidos/as a las Naciones Unidas

Nos dirigimos a Naciones Unidas a nombre del Grito de los Excluidos/as, que es una gran manifestación popular que el 7 de septiembre en Brasil y el 12 de Octubre en toda América moviliza a millones de personas bajo el lema «Por pan, trabajo y vida». Pertenecemos a diferentes países, sectores sociales de base y formas de pensamiento, pero nos hemos unido para hacer escuchar nuestras voces de indignación y esperanza en el ámbito internacional.

Acudimos a decir a las Naciones Unidas y a los gobiernos del mundo que es hora de tomar acciones enérgicas para revertir la situación vergonzosa de miseria y exclusión en la cual se le ha sumido a la mayoría de la humanidad.

Venimos a exponer sobre la situación que vivimos los hombres y mujeres pobres del campo y de la ciudad, campesinos sin tierra, indígenas sin derechos, desempleados y subempleados, migrantes, la niñez y la juventud, los adultos mayores, en suma, los excluidos y excluidas del proceso de mundialización liberal. Queremos, a la vez, acompañar nuestras denuncias con alternativas que permitan superar tal situación.

Globalización.- Nunca como ahora la humanidad ha dispuesto de tantos recursos económicos, tecnológicos y científicos para desterrar el azote del hambre, las enfermedades y el analfabetismo, sin embargo la globalización neoliberal ha puesto en el centro de sus preocupaciones los afanes de lucro en lugar de las necesidades humanas y ha colocado el mercado por encima del bienestar social, alejando la posibilidad de alcanzar el desarrollo social y humano que todos anhelamos.

A la hora de evaluar la globalización en curso, uno es el criterio que tienen los ejecutivos en sus lujosas oficinas en Nueva York, Washington, Bruselas, Tokio y otras ciudades donde residen los poderes mundiales, las transnacionales y las bolsas de valores, y otro, muy diferente, el de los/as excluidos/as de las favelas de Río de Janeiro, los «pueblos jóvenes» de Lima, los indígenas del altiplano boliviano o los campesinos sin tierra de Honduras.

Los resultados de los procesos de liberalización, desregulación y privatización que se aplican en todo el mundo, desde hace más de dos décadas, están a la vista y sus efectos perversos han sido demostrados con estadísticas por diversos organismos de Naciones Unidas y de la sociedad civil: se han incremento las desigualdades; hay mayor pobreza y desempleo; se ha degradado la calidad de los servicios públicos; nuestras sociedades son cada vez más violentas e inseguras; las guerras civiles, religiosas y étnicas cobran nuevas y mayores víctimas; se extiende el tráfico de seres humanos, las campañas de «limpieza social»; persiste la inequidad entre los géneros, la violencia y la discriminación hacia las mujeres; en fin, el medio ambiente está siendo gravemente afectado por un modelo basado en el consumismo, la contaminación y el despilfarro, poniendo en serio peligro el futuro de la propia vida en el planeta.

Las causas del deterioro económico, social y ambiental están directamente relacionadas con los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial, los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, la concentración monopólica de las transnacionales, la deuda externa, las privatizaciones y la crisis financiera provocadas por los capitales volátiles ávidos de altas rentabilidades a corto plazo.

La tríada Estados Unidos-Unión Europea-Japón concentra el poder financiero, los conglomerados industriales, la tecnología, el conocimiento y la información. El Norte domina las estructuras económicas, militares y políticas claves como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, el Grupo de los 7, la Organización Mundial de Comercio y la OTAN, y de hecho decide de facto la política mundial en tanto que los países del Sur, que concentran el 80% de la humanidad, tienen escaso poder de influencia y pierden progresivamente su soberanía y su capacidad de decidir sobre sus propios asuntos.

Las transnacionales.- Un puñado de corporaciones transnacionales ha adquirido tal poder que controla ya una cuarta parte de la economía mundial y aspira a más con los procesos de concentración y fusiones. Son más ricas que muchos Estados, sin que sus actos sean sometidos a control democrático alguno. Para alcanzar altos e inmediatos niveles de rentabilidad, estas corporaciones a menudo superexplotan la fuerza de trabajo, especialmente femenina y de la niñez, violan los derechos humanos y sindicales e ignoran normas de seguridad elementales. Cuando explotan los recursos naturales, turísticos, minerales, energéticos, agrícolas y genéticos ignoran las normas medioambientales y atropellan los derechos colectivos de las comunidades indígenas, negras, campesinas y urbanas.

Disparidades.- Las desigualdades entre el Norte y el Sur, y en el interior de nuestros países, en lugar de disminuir, se van agigantando. En 1997, el 20% de la población más rica del planeta se repartía el 86% de la riqueza, en tanto que el 20% de la población más pobre recibía el 1%.

El patrimonio de los tres hombres más ricos del mundo representa un valor superior al Producto Nacional Bruto de los 48 países más pobres con 600 millones de habitantes. En el mundo existen 1300 millones de personas bajo el umbral de la pobreza absoluta, 70% son mujeres. Es más, las mujeres ganan sólo la décima parte del ingreso mundial y poseen menos de la centésima parte de la riqueza.

La diferencia entre los países más ricos y los países más pobres era de alrededor de 3 a 1 en 1820, de 35 a 1 en 1950, de 44 a 1 en 1973 y de 72 a 1 en 1992, señala el PNUD. En este contexto, constatamos con preocupación cómo se deterioran los términos de intercambio y caen los precios de las materias primas. La ayuda al desarrollo disminuye y los países desarrollados están muy lejos de cumplir su compromiso de destinar a este objetivo el 0,7% de su Producto Interno Bruto.

La pobreza y el desempleo no solo afectan al Sur sino también al Norte. En los países industrializados, más de 100 millones de personas viven algún grado de pobreza, cinco millones no tienen vivienda y 37 millones están en el desempleo.

En América Latina nunca han existido tantos pobres como ahora. Al iniciar el año 2000, 224 millones de latinoamericanos / as se encuentran atrapados en la pesadilla de la pobreza, según reconoce la CEPAL. El número de personas viviendo con un dólar al día se elevó de 63,7 millones en 1987 a 78,2 millones en 1998. En el otro lado de la pirámide social, sin embargo, nunca había existido tanta riqueza en tan pocas manos. Nuestra región lleva el triste record de ser una de las más injustas del mundo. La liberalización y las privatizaciones de empresas y servicios públicos han reforzado la tendencia a la concentración de la riqueza, aunque la mayor parte del pastel ha sido entregado al capital transnacional europeo y norteamericano.

Deuda externa.- Durante el período extraordinario de sesiones de Naciones Unidas, reunido en Ginebra con motivo de los cinco años de la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague, se reafirmó el compromiso de buscar soluciones al problema de la deuda externa que «constituye uno de los principales obstáculos que impide lograr tanto el desarrollo sostenible centrado en el ser humano como la erradicación de la pobreza». No obstante, unas semanas después el Grupo de los 7 (países más ricos) reunido en Okinawa, Japón, enterró en la práctica, por las condiciones inaceptables impuestas, las promesas que hizo un año atrás en Colonia de perdonar las deudas de los países pobres muy endeudados. La deuda externa se ha convertido en un moderno mecanismo de piratería, expoliación y sometimiento. Solo en 1999, los países «en vías de desarrollo» realizaron una transferencia neta de 114.600 millones de dólares en beneficio de los acreedores del Norte. La deuda es un pesado fardo que aplasta a nuestros pueblos. Algunos países destinan más de la mitad del presupuesto público para servir la deuda. Los planes de ajuste y austeridad que impone el FMI representan cierre de escuelas públicas, desabastecimiento de hospitales, paralización de obras públicas, despido de empleados públicos, en suma, imposibilidad de salir del atraso y la pobreza.

Exclusión del trabajo decente.- La crisis financiera y el estancamiento de la economía han determinado que el desempleo en América Latina suba de un 6% en 1990 a un 9,5% en 1999, según informes de la Organización Internacional del Trabajo. Junto al desempleo abierto, encontramos el llamado sector informal o no estructurado que absorbe, en algunos países como Bolivia, Colombia y Perú, más de la mitad de la fuerza de trabajo en las zonas urbanas. Millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños/as pobres que se dedican a los pequeños negocios, ventas ambulantes, trabajo a domicilio, servicios domésticos, actividades agrícolas y otras ramas obtienen ingresos muy bajos e irregulares, viven en una situación de inestabilidad permanente y están excluidos/as de la protección social y de la legislación laboral. A medida que se deteriora la situación económica, la niñez se incorpora cada vez más al mercado de trabajo (15 millones al finalizar la década de los 90), quedando, de hecho, marginada de la educación, la alimentación y una vida digna.

Las reformas laborales y la «flexibilización», adoptadas para atraer las inversiones extranjeras, solo han servido para degradar aún más las condiciones de vida del trabajador que ha visto borradas de un plumazo conquistas laborales duramente logradas como la estabilidad, remuneraciones dignas, seguridad social, el derecho de organización y huelga. Las condiciones de esclavitud impuestas, principalmente a las mujeres, en las zonas francas y en las industrias maquiladoras de México, Centroamérica y El Caribe son un claro ejemplo del tipo de integración que los empresarios norteamericanos quieren imponer a toda la América Latina a través del Tratado de Libre Comercio de las Américas, ALCA, previsto para el 2005.

En tanto que un número muy reducido de la población se ha beneficiado de la modernización de la economía, de los avances tecnológicos y del consumo selectivo la gran mayoría de trabajadores ha visto descender en picada sus ingresos, a tal punto que, en la década de los 90, el poder adquisitivo de los salarios disminuyó en una tercera parte.

Autoritarismo y militarismo.- Los Estados se desentienden de sus responsabilidades fundamentales de asegurar servicios básicos sociales para todos, incluyendo la salud y la educación, sin embargo destinan grandes sumas a la compra de armas, pese a que la guerra fría es cosa del pasado, y los conflictos armados de Centroamérica han sido superados (Los gastos militares de América Latina y el Caribe aumentaron de 16.508.5 millones de dólares en 1990 a 26.503,2 en 1998, según la CEPAL).

Inseguridades.- La violencia común y la violencia sexista, la inseguridad y la delincuencia en las urbes latinoamericanas alcanzan niveles alarmantes. América Latina está considerada como una de las regiones más violentas del mundo, con tasas promedio cercanas a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las cárceles están llenas de pobres, porque los «delincuentes de cuello y corbata» rara vez van a prisión. La pobreza no puede considerarse como la única causa de la desintegración social. Son las desigualdades, la corrupción, la impunidad y la inoperancia de los sistemas judiciales los factores que contribuyen a generarla y agudizarla.

Pese a que en América Latina y el Caribe rigen los sistemas democráticos -más formales que reales- en varios países se criminalizan las luchas y movimientos sociales, se persigue, encarcela, asesina y amenaza a dirigentes campesinos y sindicales, a indígenas que luchan por la tierra, a defensores de derechos humanos y periodistas. Grupos paramilitares financiados por latifundistas cometen crímenes y masacres que quedan en la impunidad, actuando, muchas veces, con la complicidad de las autoridades estatales. En las ciudades, los grupos de «limpieza social» se encargan de eliminar a los que el sistema considera «desechables», esto es: niños de la calle, mendigos, homosexuales, trabajadoras sexuales.

Mujeres.- En este mundo donde se ahondan las desigualdades, las mujeres asumen cada día más responsabilidades vinculadas a la supervivencia colectiva y con menos recursos. Adicionalmente, las hambrunas, las catástrofes naturales, las epidemias, las violencias que se generan en ese contexto -además de la violencia de género-, proyectan al infinito los círculos de exclusión de las mujeres. De igual manera, bajo un modelo donde las mayores posibilidades de éxito están basadas en el acceso a la tecnología y al conocimiento, las posibilidades de salir de la exclusión se restringen cada día más.

Pongamos lo dicho en un ejemplo: en el campo, donde predominan las políticas agrícolas orientadas a la exportación, el incremento de tecnologías elimina las posibilidades «competitivas» de la producción tradicional de las mujeres, basada principalmente en la energía humana. Ellas, afectadas, además, por el éxodo de los hombres a las ciudades, se ven obligadas a resolver solas su situación y la de los niños, niñas y ancianos que quedan bajo sus cuidados.

Racismo y xenofobia.- Las diferencias ocasionadas por el color de la piel, el origen étnico, el género, la lengua o la nacionalidad están a al orden del día. Ningún país puede decir que se encuentra libre del azote del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Si en Estados Unidos persiste la opresión y la exclusión de los afroamericanos, los latinos y los indígenas, en América Latina y el Caribe están al orden del día los ataques xenófobos contra los bolivianos en Argentina y contra los haitianos en República Dominicana.

En nuestras sociedades continúa vigente el apartheid social heredado de la Colonia contra los pueblos indígenas y negros. Se manifiesta en forma de discriminación racial en la vida cotidiana y en el momento en que se les niega el acceso (o el acceso en igualdad de condiciones) a la tierra, a la educación, a la justicia, a los servicios de salud, a la vivienda, a los medios de comunicación, los bienes culturales e incluso a los establecimientos públicos y privados.

Migrantes sin derechos.- Mientras los países del Norte exigen libertades absolutas para la circulación de los capitales y de las mercancías, ponen mayores restricciones al libre desplazamiento de la fuerza de trabajo y levantan nuevos muros para impedir que los excluidos/as lleguen a sus fortalezas de bienestar y progreso. Las prohibiciones, sin embargo, no logran detener la ola de migrantes que escapan del hambre, las catástrofes naturales, las guerras, el desempleo y los planes de ajuste diseñados en el Norte. Solo buscan trabajo y mejores días para sus familias. Impedidos de emigrar legalmente, muchos caen en las redes de traficantes inescrupulosos y se exponen a crecientes peligros. Desde 1993 han muerto por lo menos 1.574 personas que trataban de llegar a Europa, e igual suerte corrieron 536 personas en la frontera de México y Estados Unidos, según fuentes periodísticas. Sin papeles, y por lo tanto sin derecho a reclamo, los y las emigrantes son explotados en el trabajo, reciben salarios más bajos que los nacionales, se les niega el disfrute de los derechos humanos, y enfrentan a menudo, la violencia de los grupos neonazis y la persecución policial.

Por esos mismos mecanismos, las mujeres son relegadas en el contexto de la inmigración sobre todo al trabajo doméstico o sexual, ambos sin posibilidades mayores de promoción social.

Además, aunque, según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, las poblaciones migrantes apenas representan el 2% de la población mundial y la masa monetaria que transfieren a sus países de origen es tan sólo de 70 mil millones de dólares, las legislaciones se han endurecido en la mayoría de países, en algunos casos tanto para quienes tienen estatus legal como ilegal.

Campesinos sin tierra.- Las políticas de liberalización, y el modelo agroexportador controlado por latifundistas y transnacionales, arruinan la mediana y pequeña producción agrícola que históricamente ha abastecido los mercados internos. La apertura de las fronteras provoca la importación masiva de alimentos y una mayor inseguridad alimentaria interna. En el campo social estas políticas llevan a la reducción del empleo agrícola, al empobrecimiento y exclusión de los campesinos / as del acceso a la tierra y del desarrollo sustentable, y al incremento de las migraciones campo-ciudad.

El principio social de la Reforma Agraria, «la tierra para el que la trabaja», pretende ser sustituido por el principio neoliberal «la tierra para el que tiene el capital para comprarla». Como consecuencia de ello se ha generado una mayor polarización socio-económica en el campo. En 1988, el 69% de los hogares agrícolas en América Latina tenía muy escasa o nula participación en la tenencia de la tierra: nueve años después, este porcentaje había aumentado al 71%. En contraste con ello, los latifundistas han reconcentrado la tierra, como en el caso del Brasil, en donde el 1% de los terratenientes controla el 44% de la tierra productiva.

Exclusión de los pueblos originarios.- Las transnacionales y grupos de poder locales ambicionan las riquezas naturales que guardan los territorios indígenas, y pretenden apropiarse de sus conocimientos ancestrales. Las plantas que los indígenas han descubierto, cultivado y utilizado desde tiempos remotos, con fines alimenticios, medicinales y rituales han sido patentados en Estados Unidos, Japón y Europa, contribuyendo para ello los Acuerdos TRIPs (Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual vinculados al Comercio) de la Organización Mundial de Comercio.

La supervivencia misma de los pueblos indígenas se ve amenazada por el despojo de sus tierras, la reubicación de las poblaciones, la pobreza extrema, la contaminación ambiental y explotación forestal, minera, petrolera y comercial, las presas y las plantas hidroeléctricas que se desarrollan sin su consentimiento.

Los pueblos indígenas, sin embargo, viven un momento de reivindicación de sus derechos colectivos e identidades, de revalorización de su cultura, sus lenguas, usos y costumbres, y plantean a los Estados el respeto de su derecho a la autoderminación y a desarrollarse de acuerdos a sus propias modo de vida y visión del mundo.

Juventud sin futuro.- La importancia cuantitativa de los jóvenes es innegable: al finalizar el milenio uno de cada 6 habitantes es joven. Este sector, sin embargo es insuficientemente atendido de manera específica. Los jóvenes se encuentran inmersos en una globalización conflictiva que, por un lado, potencia las expectativas de consumo pero por otro disminuye la oferta de medios (empleo, ingresos) para alcanzarlas. Los jóvenes se encuentran afectados, principalmente, por la privatización y la mercantilización de la educación, las dificultades en conseguir empleo, la violencia, las drogas, el SIDA y una desvalorización constante que tiende a verlos como «problema» y no como sujetos activos, autónomos y capaces.

Orientación sexual.- La exclusión no se circunscribe a la cuestión económica, ella se nutre de todas las formas y modalidades de discriminación pre- existentes. Tal es el caso de las restricciones impuestas a la libertad de orientación sexual, cuya intersección con otras formas de exclusión no sólo incrementa los niveles de relegamiento sino que, en casos, ahonda la noción de desechables. La impunidad que reina ante las campañas de limpieza social dicen mucho al respecto.

Comunicación.- Asistimos al desarrollo de una infraestructura comunicacional mundial sin precedentes, que abre posibilidades inéditas de intercomunicar entre regiones y culturas y promover la democracia y la paz mundial. Pero impera una lógica donde los mismos grupos que controlan el poder económico y político hegemonizan los medios de comunicación y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Esta tendencia coarta el carácter social de la comunicación y pone en entredicho el derecho fundamental a la información y a la libertad de expresión, cuyo ejercicio pleno requiere una pluralidad de fuentes y medios de información.

Asimismo, la participación en los procesos comunicacionales está marcada por disparidades, que hacen que los sectores sociales excluidos son justamente los que menos acceso tienen a los medios de expresión pública, lo cual reduce aún más su posibilidad de incidir en las políticas públicas para que éstas tomen en cuenta sus intereses y propuestas. El Grito de los Excluidos/as pretende, justamente, reivindicar esta voz y el derecho a tener espacios de expresión en los medios de comunicación social.

Las resistencias.- La oposición al neoliberalismo se ha expresado de manera masiva y contundente tanto en el Norte como en el Sur del planeta. Desde que los indígenas de Chiapas dieron el campanazo de alerta el 1 de enero de 1994, el mismo día en que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, las luchas se han multiplicado y extendido por todo el mundo. Y junto a estas acciones, se han desarrollado varias campañas internacionales como la del Grito de los Excluidos/as, la Marcha Mundial de las Mujeres, la de los campesinos por la reforma agraria, las movilizaciones contra la deuda externa, las privatizaciones, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, la de los migrantes sin papeles, para citar algunas.

Vemos con preocupación como estas críticas no han servido para que los gobiernos den un vuelco radical, reconociendo que el sistema neoliberal es simplemente incompatible con el desarrollo social. Causa así mismo inquietud que el Secretario de las Naciones Unidas junto con los gobiernos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial, FMI) y la Organización Mundial de Comercio sostengan la opinión de que «la mundialización es la única manera de organizar la economía mundial y de que una mayor mundialización reducirá la pobreza».

La mundialización neoliberal es obra humana, y como obra humana puede y deber ser modificada. No es con más mercado y menos Estado, ni con más apertura y garantías a los capitales, cómo se van a resolver los graves problemas que aquejan a la mayor parte de la humanidad al comenzar el nuevo milenio. Los organismos causantes de la pobreza (FMI, Banco Mundial) no pueden ser parte de la solución. Por eso, carecen de credibilidad sus propuestas de darle «rostro humano» a la mundialización.

Propuestas.- Frente a la situación descrita:

Llamamos a adoptar un nuevo marco de referencia con respecto a la mundialización en el que prime el respeto de la diversidad y la vigencia de los derechos humanos, la solidaridad, la paz, la democracia y los objetivos del desarrollo social y humano.

Demandados de los Estados poner fin a las privatizaciones y asumir su responsabilidad de asegurar los servicios sociales básicos para todos/as, incluyendo la salud y la educación.

Apelamos a la ONU a evaluar seriamente las consecuencias de las políticas adoptadas por las IFI y poner fin a las políticas de ajuste estructural, cuya ineficiencia es patente en el mundo entero. Entre tanto, se debe suspenderlas por ser la principal causa de la inestabilidad económica, política y social de nuestros países, para dar paso a la puesta en marcha de propuestas alternativas, basadas en el respeto a la dignidad de las personas y la integridad del medio ambiente.

Proponemos que las decisiones políticas deben estar en manos de los gobiernos nacionales y no ser dictaminadas por organismos multilaterales como la OMC o instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial.

Planteamos que el poder y campo de acción de la Organización Mundial de Comercio deben ser reducidos. Temas como la agricultura, los servicios sociales y los derechos de propiedad intelectual deben ser retirados de la jurisdicción de la OMC.

Proponemos que se debe reforzar el mandato y las estructuras democráticas de las Naciones Unidas, y que se debe restablecer el Centro de las Naciones para las transnacionales a fin de que estas rindan cuentas sobre sus actividades y respeten los derechos humanos, la libertad sindical y las normas medioambientales

Exhortamos a los países desarrollados a cumplir su compromiso de destinar el 0,7 de su PIB a la ayuda para el desarrollo.

Demandamos la anulación de la deuda externa de los países del Sur puesto que esta ya ha sido pagada con creces. Los recursos que de esta operación se obtengan deben ser destinados al desarrollo sustentable, bajo supervisión democrática y ciudadana. Es la hora de rescatar las deudas ecológicas y sociales con la niñez, la juventud, las mujeres, los pueblos indígenas, los negros, los pobres del campo y la ciudad. Es el Norte el que debe pagar la enorme deuda histórica con el Sur acumulada a través de siglos de colonialismo y de relaciones internacionales desiguales.

Respaldamos la iniciativa de imponer una tasa a las transacciones de los capitales para ser destinado a combatir la pobreza.

Exhortamos a los gobiernos a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, aprobada en 1989, a la cual han adherido 12 Estados siendo que se requieren 20 para que puedan entrar en vigencia. Demandamos la revisión de las leyes y regulaciones migratorias discriminatorias de los países del Norte y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Nos unimos a la campaña por la legalización de los inmigrantes indocumentados que emprenden diversos organismos civiles en Estados Unidos.

Apoyamos y hacemos nuestra la Campaña Global por la Reforma Agraria de los campesinos y campesinas sin tierra. Demandamos de los gobiernos que adopten medidas para garantizar la seguridad alimentaria, y políticas de protección a los medianos y pequeños productores que abastecen los mercados internos. Nos oponemos a la producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y a la privatización y patentación de los recursos genéticamente modificados.

Proponemos que se cumpla la «Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo» adoptada en 1998 que estipula la libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Es hora de recobrar la dignidad y revalorizar el trabajo en los procesos de producción.

Apoyamos e impulsamos la Conferencia contra el racismo prevista para el año 2001 en Sudáfrica, llamamos a los gobiernos a que presten el sostén político y económico necesario para el éxito de la Conferencia, y planteamos que de ésta deben salir compromisos y un programa de acción concreto para poner fin al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

Exhortamos a las Naciones Unidas a incrementar sus esfuerzos para erradicar la discriminación de género, estableciendo metas precisas y comprometiendo presupuestos para que los diversos cuerpos e instrumentos internacionales ya adoptados, sean considerados prioridades de cumplimiento en el conjunto de países. Coincidimos con las propuestas encaminadas a la ONU por la Marcha Mundial de las Mujeres contra la violencia y la pobreza, e incitamos a la Comunidad de Naciones a adoptar planes precisos que conduzcan a la eliminación de la pobreza entre las mujeres y asegurar su autonomía económica, personal y social en todas las esferas.

Demandamos de los Estados el respeto del derecho a la autoderminación de los pueblos indígenas, el reforzamiento de la acción nacional e internacional para solucionar sus problemas en los campos de los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. Demandamos que el Proyecto de Declaración de los Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, que se analiza desde hace varios años, sea adoptado sin más dilaciones.

Incitamos a que la ONU asuma como prioridad en su agenda del Siglo XXI el derecho a la comunicación, como contribución a la construcción de democracias basadas en el pluralismo y en culturas de paz. Y en este sentido, incitamos a que convoque a una Conferencia Mundial sobre Comunicación, como espacio de diálogo entre los actores concernidos y con amplia participación de la sociedad civil.