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2002-04-01

Nicaragua: Los plaguicidas matan a la tierra y afectan la Tierra

María Elena Sequeira

Nicaragua cuenta con una población bastante joven y de apenas cinco millones de personas, cuya principal actividad productiva es la agropecuaria, con productos como el café, el tabaco y el banano. Pero es justamente el cultivo de productos como el café los que hoy en día están dejando graves secuelas en la salud de campesinos y campesinas.

En el área rural habita y trabaja alrededor del 80% de la población nacional. Sin embargo, los/as trabajadores/as agrícolas no cuentan con servicios de educación, ni de salud integral, y tampoco contamos con un sistema de seguro social. En ese contexto, el uso continuo de plaguicidas en los cultivos, no sólo perjudica la salud de campesinas y campesinos, sino que, solo en el año 2000 murieron alrededor de 10 compañeras líderes que trabajaban en las empresas bananeras, precisamente por su exposición a esos productos químicos.

Sin embargo, a pesar de la seriedad del problema, existe una falta de información en el sistema de salud y poca coordinación institucional: mientras el Ministerio de Trabajo maneja una información y ciertas cifras, el Ministerio de Salud maneja otras. Esos Ministerios no tiene mayor control sobre los registros exactos de la gente que está siendo afectada por los plaguicidas. Por nuestra parte, gracias a un proyecto que se está impulsando a través de la Organización Mundial de la Salud y la ATC, hemos logrado obtener algunos datos concretos y compilar informaciones. Así, por ejemplo, conocemos que en el periodo entre 1998 y 1999, fueron atendidos unos 448 casos, de los cuales 382 fueron mujeres. Así mismo, 107 de los casos fueron menores de 15 años.

Los problemas respiratorios, debido a la exposición continua a los plaguicidas, son una de las principales molestias que tienen las personas afectadas. Además, muchas mujeres se quejan de un continuo cansancio. No obstante, se carece de un plan de parte del Ministerio de Salud para encarar el problema, con el agravante de que desgraciadamente no se cuenta con reglamentos que permitan llevar a cabo la aplicación real de la ley, en cuanto a las medidas de precaución, tanto en las fincas privadas como en todos los puntos de producción de café o banano.

No existe un enfoque de género para la atención especial en la salud, y esto genera una serie de deficiencias y problemas que afectan de manera específica a las mujeres. Por eso la Asociación de Trabajadoras del Campo ha desarrollado un sistema mutuario, a través del cual estamos capacitando a los y las trabajadoras. Hemos conseguido realizar un diagnóstico en sobre las afecciones en los cultivos de café y el tabaco, y estamos desarrollando sistemas de atención especial en materia de salud, por lo menos en un primer nivel, es decir, en lo que se refiere a un sistema de prevención para los y las trabajadoras del área del café. A esta organización se han afiliado alrededor de 13.000 familias campesinas, a quienes se está tratando de dar atención. A estas personas se las capacita, y ellas aportan con una cuota para que el sistema se vuelva autosostenible. En este momento, incluso hemos logrado ampliar la atención a todos los alrededores de la zona norte del país, en donde está concentrado el café y el tabaco.

Así mismo, a nivel centroamericano estamos formando una red de promotores y promotoras en lo que hemos denominado medio ambiente laboral, con el interés de que al tiempo que la gente se capacita se pueda también sensibilizar más ampliamente sobre la problemática de salud. Por esta razón, y como parte de este mismo programa, estamos publicando una revista dedicada principalmente a las mujeres, que intenta sensibilizar a la población trabajadora que no tienen consciencia de este problema.

Este proyecto que se desarrolla en Centroamérica empezó en Nicaragua y su objetivo principal es desarrollar la capacidad institucional del Estado, para solucionar el problema de los plaguicidas. Nuestra meta es que en unos 10 años se pueda disminuir en un 60% las enfermedades relacionadas con los plaguicidas. Para conseguirlo, se está dando importancia a las instituciones encargadas del área de salud, tanto el Ministerio de Salud como organizaciones como la nuestra, que está intercambiando experiencias a través de las redes centroamericanas y al interior de cada uno de los países.

Pero esta misma experiencia nos ha hecho pensar que no podemos desarrollar este tipo de programas exclusivamente a través de las cúpulas. Al contrario, debemos buscar que los municipios y ciertas entidades del gobierno jueguen un papel más fuerte. Incluso creemos que la misma organización local, que tienen alguna incidencia en cada uno de los municipios del país, se pueda articular con las comisiones intersectoriales sobre plaguicidas.

De la misma manera, estamos en un proceso de integración de los poderes locales, porque esto también afecta el desarrollo de la población municipal. Creemos que el gobierno local tiene que jugar un papel en proyectos como este. Por esta razón, estamos desarrollando un proceso de educación sistemático a la población. Esto si bien no resuelve el impacto y las consecuencias negativas de los plaguicidas en forma inmediata, sí puede aportar para que se vaya comprendiendo mejor esta problemática y se vayan buscando medidas preventivas a futuro.

En todo este proceso de trabajo, el movimiento de mujeres también ha aportado. La ATC, con apoyo de otras organizaciones, hemos logrado crear tres clínicas médicas, que funcionan en zonas de producción de café, tabaco y la tercera en el banano. Es decir, estas clínicas dejaron de ser espacios que simplemente atienden la salud primaria, para convertirse en hospitales integrales de atención a la mujer del campo. Estas clínicas están reconocidas en el sistema de salud del país y sus principales servicios se hacen a través de los seguros sociales que tienen las mismas empresas del Estado.

Considero que es importante reflexionar sobre estas experiencias de las mujeres, que vienen a contribuir a los problemas que enfrentan las mujeres en temática de salud, porque al momento no existe una alternativa o un sistema de salud que no esté privatizado.

 

 

 

2002-02-01

Seguridad Alimentaria, Reforma Agraria y Transgénicos

En el marco del II Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre, Brasil, entre el 31 de enero y el 5 de febrero del presente año, Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, promovieron el debate: «Reforma Agraria, Soberanía Alimentaria y Transgé-nicos». Al evento asistieron más de 2 mil personas, quienes escucharon las ponencias de Armando Bartra de México, Ricardo Petrela de Bélgica y Peter Rosset de los Estados Unidos.

Los expositores señalaron que el imponer un patrón único de vida significaría un «suicidio planetario», en referencia al intento de las grandes potencias de uniformizar el pensamiento, las semillas, los negocios, incluso las personas; eliminando la multietnicidad y desdeñando la preservación de la biodiversidad.

El agua como recurso indispensable para la producción de la tierra está bajo control de las grandes empresas de negocios del campo; la reforma agraria asistencialista, fundamentada en la entrega de tierra sin ser acompañada de políticas públicas de desarrollo económico, son otros de los problemas que aquejan no solamente a los campesinos, sino al mundo entero.

Ante esta situación, los presentes saludaron la posición de Vía Campesina y de la CLOC de «globalizar la lucha», pues esta estrategia es la única que se puede enfrentar a la mundialización impuesta por los grandes capitales y sus gobiernos. «Es preciso continuar luchando por la tierra, pero también por condiciones de producción y comercialización. Eso requiere una lucha global».

A continuación presentamos algunos análisis, definiciones, propuestas y acuerdos sobre lo debatido en este panel de Seguridad Alimentaria, Reforma Agraria y Transgénicos.

Soberanía Alimentaria

Se entiende por Soberanía Alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción y comercialización agropecuaria, y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas diversi- ficados de producción basados en tecnologías ecológicamente sustentables.

LA OMC y al inseguridad alimentaria

Durante las dos últimas décadas se han aplicado políticas neoliberales tanto desde organismos multilaterales tales como el FMI, el BM y la OMC como desde muchos de los gobiernos del mundo. Y a pesar de todo ello, está muy lejos de haberse cumplido los compromisos adoptados para satisfacer las necesidades de alimentación de los pueblos.

Transcurridos más de 5 años desde la Cumbre Mundial de la Alimentación convocada por la FAO y celebrada en Roma-Italia, y más de 7 años de los acuerdos sobre agricultura de la Ronda de Uruguay del GATT (hoy OMC), la situación se ha agravado.

En nuestro planeta globalizado, hoy, más de 800 millones de personas sufren hambre y más del doble sufren malnutrición. Al menos 1.300 millones de seres luchan por sobrevivir con menos de un dólar por día. En nuestros tiempos cada día unas cien mil personas mueren de hambre en el mundo. Si a ese número increíble de personas sumamos las que mueren por epidemias y guerras en los países subdesarrollados, la cifra de muertos por causas atribuibles al modelo económico y social de crecimiento existente ascendió el año pasado a más de 58 millones. Esto es, una cifra superior de muertos a la que ocasionó la II Guerra Mundial durante seis años.

Están creciendo las desigualdades entre países ricos y pobres y también en el interior de todos ellos. Hoy más de 80 países tienen una renta per capita inferior a la de hace una década. Se está globalizando la pobreza y la exclusión social. Según el PNUD el 20% más rico de la población mundial controla el 86% del PIB mundial y el 82% de las exportaciones de bienes y servicios. En la actualidad 500 Corporaciones transnacionales producen aproximadamente el 47% del PIB mundial, ocupando al 1,59% de los trabajadores de todo el mundo.

Así pues, la esperanza de un nuevo milenio sin pobreza, sin hambre y en paz se ha visto frustrada para vergüenza de toda la humanidad.

La exclusión

El hambre y la desnutrición no son el resultado de la fatalidad, ni de un problema geográfico, ni de fenómenos climatológicos adversos, aunque todo ello puede influir. El hambre y la desnutrición son el resultado de haber excluido a millones de personas del acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el bosque, el mar, el agua, las semillas, la tecnología y el conocimiento. Son, ante todo, consecuencia de las políticas económicas, agrícolas y comerciales a escala mundial, regional y nacional impuestas por los poderes mundiales, sus corporaciones transnacionales y sus múltiples expresiones tanto en los países desarrollados como en los del Tercer Mundo, en su afán de mantener y acrecentar su hegemonía política, económica, cultural y militar en el actual proceso de reestructuración económica global.

Según los promotores de esas políticas, la liberalización del comercio potenciada en la última década, debería incrementar el volumen de los intercambios, estimular el crecimiento económico, modernizar las economías y reducir la pobreza y el hambre en el mundo.

Lo que ha sucedido en realidad es que esas políticas han aumentado las ventas y las ganancias de esos poderes económicos, mientras que los pueblos de los países en vías de desarrollo han incrementado su deuda externa y los sectores populares han aumentado sus niveles de pobreza, miseria y exclusión por todas partes. Se ha acelerado el ritmo de concentración del mercado agrícola internacional en unas pocas empresas transnaciona-les, aumentando simultáneamente la dependencia e inseguridad alimentaria de la mayoría de los pueblos.

Transnacionales, transgénicos, agroquímicos y agrotóxicos

El proceso de integración vertical del sector alimentario no tiene precedentes en la historia de las fusiones industriales. Las 10 mayores empresas de cada rama controlan el 84% del mercado mundial de agroquímicos, el 60% del mercado mundial veterinario, el 48% del mercado mundial farmacéutico y el 30% del mercado mundial de semillas. Cinco de esas grandes corporaciones están presentes simultáneamente en las cuatro ramas productivas señaladas (Pharmacia -antes Monsanto; Syngenta – fusión de Novartis y Astra-Zeneca; Dupont; Dow Chemicals y Aventis). Entre las cinco controlan el 100% de las semillas transgénicas del mundo y una de ellas, Monsanto, vendió el 94% de las semillas transgénicas plantadas hasta el 2001.

Desde 1995, el Acuerdo de la OMC impone una liberalización creciente de las políticas agrarias y de los intercambios de productos agrícolas. Las políticas de subvenciones a la producción y subsidios a las exportaciones permiten que las empresas transnacionales adquieran productos a muy bajos precios para venderlos a precios mucho más altos a los consumidores tanto del Sur como del Norte.

Las políticas neoliberales hacia el campo, de hecho han impulsado un proceso de desruralización forzada de vastas proporciones y consecuencias dramáticas. Han desencadenado una auténtica guerra contra las agriculturas campesinas e indígenas que, en algunos casos, llega a configurar un verdadero genocidio y etnocidio. Igualmente, las comunidades de pescadores artesanales han ido perdiendo cada vez más el acceso a sus propios recursos. El 70% de las personas pobres en el mundo viven en zonas rurales y dependen casi totalmente de la agricultura y el desarrollo rural para su subsistencia. Con las políticas neoliberales, el hambre y la malnutrición crecen, no por ausencia de alimentos, sino por ausencia de derechos.

Propuestas

Los asistentes a la Conferencia sobre Seguridad Alimentaria realizaron propuestas, entorno a las cuales los campesinos se comprometieron a movilizarse, con base a alianzas entre los diferentes actores de la sociedad, desde los campesinos a los consumidores, para que participen de forma activa en todas las tomas de decisión que afectan a la cadena alimentaria. Las propuestas son: – Reconocimiento del derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental. – Reconocimiento de una agricultura con campesinos, indígenas y comunidades pesqueras. – Reconocimiento de la multietnici-dad de las naciones y reconocimiento y valorización de las identidades de los pueblos originarios. – Garantía al acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, principalmente para los sectores más vulnerables. – Puesta en marcha de procesos integrales de reforma agraria adaptados a las condiciones de cada país y región. – Acceso equitativo a los recursos productivos, principalmente tierra, agua y bosque, así como a los medios de producción, financiamiento y capacitación. – Desarrollo y promoción de sistemas alimentarios sostenibles. – Elaboración por parte de los Estados de un Código de Conducta sobre el Derecho Humano a una alimentación adecuada. – Ratificación y aplicación del Pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1996. – Defensa del derecho de los pueblos a la alimentación. Adopción por las Naciones Unidas de una Convención Mundial de Soberanía Alimentaria y Bienestar Nutricional. – Rechazo de cualquier injerencia de la OMC en la alimentación, la agricultura, la pesca y las políticas nacionales que las regulan. – Configuración de un nuevo orden democrático y transparente para regular el comercio internacional y que incluya la creación de una Corte Internacional de Apelación independiente de la OMC. – Cese inmediato de las prácticas comerciales desleales que establecen precios de mercado por debajo de los costos de producción, aplicando subvenciones a la producción y subsidios a las exportaciones. – Prohibición de la biopiratería y de las patentes sobre los seres vivos. – Prohibición de la experimentación sobre OGMs a cielo abierto, así como prohibición de su producción y comercialización hasta que se pueda conocer con seguridad su naturaleza e impactos, aplicando estrictamente el principio de precaución. – Integración de los objetivos de bienestar nutricional en las políticas y los programas nacionales de alimentación. – Reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en la producción, recolección, comercializa-ción y transformación de los productos de la agricultura y la pesca así como en la preservación y reproducción de las culturas alimentarías de los pueblos. – Reconocimiento del derecho al acceso a los recursos naturales (tierra, semillas, agua, etc.) y la declaración de estos recursos como patrimonio de la humanidad. – La promoción de la agricultura campesina como modelo de producción de alimentos eficiente y sostenible. – La regulación democrática y participativa de los intercambios comerciales agrícolas con el objetivo de desarrollar un comercio más justo entre el campesino y el consumidor.

Por último, se llegó a los siguientes acuerdos:

– Generar una amplia difusión de los resultados de la Conferencia sobre Seguridad Alimentaria. – Participar en los procesos nacionales de preparación de la Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma + 5). – Presentación y defensa de las propuestas realizadas en esta Conferencia en los Foros Regionales de preparación de la mencionada Cumbre, así como la participación en el Foro paralelo de la sociedad civil desarrollando las ideas de la Soberanía Alimentaria. – Preparar para el próximo FSM una Conferencia de Soberanía Alimen-taria articulada con un conjunto de talleres que permitan profundizar conceptos, intercambiar experiencias y ofrecer más y mejores respuestas.

 

 

 

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2002-02-01
Porto Alegre, Brasil II Foro Social Mundial

Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda

 

Los días 1 y 2 de febrero, en el marco del II FSM, se celebró el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda. Aquí su Veredicto.

Los integrantes del jurado del Tribunal Popular de la Deuda deciden, por unanimidad que:

1. La Deuda Externa de los Países del Sur, por haber sido constituida fuera de los marcos legales nacionales e internacionales, y sin consulta a la sociedad, por haber favorecido casi exclusivamente las élites en detrimento de la mayoría de la población, y por herir la soberanía nacional, es ilegítima, injusta e insustentable ética, jurídica y políticamente.

2. Los acusados, Bancos y corporaciones transnacionales, Gobiernos del Norte, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, otras instituciones financieras internacionales y sus colaboradores en el Sur, son autores, coautores, cómplices o encubridores de los siguientes delitos y crímenes cometidos:

a. captar parasitariamente el patrimonio natural y demás recursos del Sur para satisfacer el pago de la Deuda Externa, instrumento político, ideológico y económico de explotación sobre nuestros pueblos;

b. mantener y favorecer el intercambio desigual que contribuyó al aumento de la Deuda Externa, contribuyendo al aumento de la extracción y producción de materia prima vendida a precios muy bajos y a su vez la importación de productos industrializados comprados a precios sumamente elevados, intercambio desigual que se vio favorecido por los subsidios que los países ricos mantienen;

c. cobrar intereses usurarios que hicieron que la Deuda Externa aumentara de manera exponencial, en lugar de disminuir, a pesar del flujo de pagos por parte de los países del Sur;d. realizar operaciones fraudulentas entre los grandes bancos transnacionales y empresarios de países del Sur, simulando deudas inexistentes, a través de mecanismos especulativos que en lugar de favorecer la producción, sirvieron para el enriqueci-miento de pocos pues esas deudas simuladas fueron nacionalizadas;

e. aplicar las políticas de ajuste estructural y otras políticas económicas que obligan a nuestros Estados a procesos de privatización de los recursos naturales y servicios esenciales y a destinar el dinero que debe ser invertido en obras sociales, o reactivación económica, al pago de la deuda;

f. apoyar a regímenes dictatoriales o criminales a través de préstamos que los sostienen y enriquecer ilícitamente a los dictadores, a pesar del rechazo de los pueblos oprimidos y la sanción por parte de organismos de las Naciones Unidas o de derechos humanos;

g. aplicar en forma perversa los recursos de las deudas contraídas, destinándolos a enriquecer a los gobernantes, a favorecer gastos suntuarios y depositarlos en bancos extranjeros, en lugar de destinarlos a obras sociales;

h. forzar la imposición de programas de integración económica que se caracterizan por favorecer únicamente los intereses de las empresas transnacionales de los países industrializados del Norte y por violar los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos;

i. imponer condiciones políticas y económicas recesivas en los países deudores para consentir la renegociación de la deuda;

j. seguir cobrando una deuda que ya se ha pagado con creces, es decir cometiendo el delito de estafa; k. violar el Derecho Internacional y sus normas y cuerpos legales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, el derecho a la autodeterminación de los Pueblos, entre muchos otros, y las leyes nacionales;

l. manejar un complot internacional entre los acusados para saquear y expoliar a los pueblos del Tercer Mundo, para lo cual han cometido sistemáticamente los crímenes anteriormente mencionados;

m. cometer el crimen de genocidio y crímenes contra la humanidad. El jurado solicita al Tribunal que dicte la sentencia condenando a los acusados por la comisión de todos o algunos de los delitos y crímenes cometidos y mencionados en este veredicto. Solicita además que declare a la DEUDA EXTERNA como inexistente, y por eso extinta, por ser odiosa, infame, ilegal, usurera, injusta, fraudulenta, ilegítima y causante la pérdida de soberanía nacional y de la calidad de vida de la mayoría de la población del Sur.

El Tribunal aceptó las siguientes recomendaciones del jurado:

– Hacer un llamado a la unión de todos los ciudadanos presentes en este foro, a los pueblos del Sur y a aquellos ciudadanos de los países del Norte solidarios con las causas de los pueblos a realizar campaña para asegurar la cancelación y el repudio de la Deuda Externa.

– Iniciar procesos soberanos de auditorias independientes de las deudas externas en nuestros países a fin de hacer una verificación contable y jurídica y establecer si existe aún una deuda a pagar, así como a establecer procedimientos participativos y democráticos de control sobre el endeudamiento.

– Pedir a los Parlamentos de los países endeudados que investiguen el manejo que hicieron los responsables por generar la deuda y hacerlos legalmente responsables ante la justicia.

– Exigir la restitución de las riquezas extraídas del Sur así como el pago por los daños causados por la misma.

– Demandar la devolución a los pueblos de las riquezas ilegítima-mente habidas por las dictaduras, los gobiernos corruptos y las empresas transnacionales cómplices de estos hechos.

– Sostener campañas por la dignidad y soberanía a fin de no permitir acuerdos económicos multilaterales o bilaterales que atenten contra el bienestar de los pueblos, incluyendo los acuerdos con el FMI o con Instituciones Financieras Internacionales.

– Proponer a los gobiernos la unión a favor de esta causa común y hacer lo necesario al fin de que solicite a la Corte Internacional de la Haya una opinión consultiva sobre la ilegitimidad de la deuda externa, y suspender todos los pagar de intereses de la Deuda.

– Proponer a los gobiernos que esos intereses sean utilizados exclusivamente en programas para el desarrollo sustentable para la vida de los pueblos.

– Acompañar los procesos locales y nacionales, que buscan la creación de sociedades sustentables desde el punto de vista económico, alimenticio, energético y ambiental.

– Apoyar la campaña por el reclamo de la Deuda Ecológica, que es la responsabilidad y obligación que tienen los estados del Norte, las corporaciones transnacionales, la banca multilateral y otras instituciones financieras privadas por la destrucción ambiental en el Sur.

– Entregar las conclusiones de ese Tribunal a los principales acusados y pedirles que responden a ellas en un tiempo determinado.

– Acompañar los procesos legales que sigan a este veredicto por parte de los demandantes a los acusados plenamente identificados, declarados culpables por este tribunal, para evitar que estos crímenes cometidos queden en la impunidad. Denunciar a los gobiernos corruptos que han permitido el saqueo de sus pueblos.

– Constituir una comisión global sobre la deuda con el mandato de investigar e identificar a los responsables de perpetuar la deuda ilegítima e impulsar iniciativas que los lleven ante la justicia.

– Notificar a las Naciones Unidas y a los cuerpos internacionales y regionales exigiendo la consideración de la elaboración de instrumentos para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos universales por encima de todo reclamo en materia de servicio de la deuda.

 

 

 

2002-02-01

FSM – 2002

Con el lema de ¡Otro mundo es posible! Más de 50 mil personas provenientes de 131 países, con 186 idiomas y pertenecientes a 210 etnias del mundo entero, asistieron a la ciudad brasileña de Porto Alegre, al desarrollo del II Foro Social Mundial.

Desde el 31 de enero al 5 de febrero se realizaron más de 800 talleres, seminarios, testimonios y campamentos. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina y los Movimientos Sociales jugaron un papel fundamental en todos ellos. CLOC y Vía Campesina participaron directamente en seminarios como: Reforma Agraria, Soberanía Alimentaria y Transgénicos; Agua; Socialismo; Tribunal Internacional a la Deuda Externa, y el Campamento Internacional de VC, entre otros.

Campaña contra el ALCA

Las actividades masivas de Vía Campesina en el Foro Social Mundial concluyeron el 4 de febrero con la Marcha contra el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Cerca de 50 mil personas caminaron desde el auditorio Araújo Vianna hasta la plaza Glenio Peres para demostrar la solidaridad a los pueblos de las Américas y protestar contra la implantación de la liberalización del comercio que los Estados Unidos quieren imponer a los demás países del continente. El evento fue también la apertura de la campaña contra la firma de este acuerdo, que culminará con un plebiscito continental para que el pueblo decida si quieren o no el ALCA.

El ALCA, que está siendo presentada por los Estados Unidos para facilitar y estimular los intercambios comerciales entre los países de las tres Américas (excepto Cuba), propone la liberalización de las compras, inclusive gubernamentales, de las inversiones, del sector de servicios y del régimen de propiedad intelectual. En verdad, este acuerdo beneficiará solamente a los Estados Unidos en detrimento de la mayor parte de la población. Para los pueblos de América, el ALCA significa la anexión de todos los países del continente al control de Estados Unidos, profundizando todavía más el hambre y la miseria de la población, una vez que el mercado sea colocado encima de todo y no sobrara recursos para las necesidades sociales de la población.

Experiencias

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ha arrojado experiencias de lo que significa este tipo de acuerdos.

Un claro ejemplo de la imposición de las transnacionales sobre los Estados significó la victoria judicial de una empresa estadounidense de combustibles sobre el gobierno canadiense, quien había prohibido la venta de dicho derivado por ser dañino a la salud. El TLCAN defiende a las empresas, no a los pueblos.

En el caso mexicano la situación es todavía peor: «60 millones de mexicanos están en la miseria por causa del TLCAN. La educación y la salud fueron privatizadas, la pequeña empresa está quebrada y las condiciones de trabajo son pésimas; salarios abajo del mínimo, jornadas de más de 12 horas y ampliación del trabajo infantil», dice Marta Ojeda, de la Red de Lucha. El TLCAN permite la circulación de capitales, mas no permite la circulación de las personas. Mientras los norteamericanos poseen libre acceso a México, los mexicanos son prohibidos de entrar en los Estados Unidos.

Para Joao Pedro Stedile, del MST, el ALCA no es solamente un acuerdo comercial, «es una estrategia del gobierno estadounidense para entregar nuestros territorios, monedas, riquezas, nuestras hidroeléctricas, nuestra agua y agricultura a las empresas estadounidenses». Por esta razón señaló la necesidad de impulsar la campaña continental contra el ALCA, realizar plebiscitos en toda América y organizar comités populares contra el Área de Libre Comercio, con ello intentar evitar una derrota frente a las multinacionales. «No basta que los dirigentes hagan buenos discursos», concluyó. «Queremos luchar por la vida y por la dignidad, no podemos ser cómplices de lo que quieren hacer con nuestros países, tenemos que decir no al Plan Colombia, no al Alca, no a la deuda externa» dice la indígena ecuatoriana Blanca Chancoso.

Agenda

La CLOC, Vía Campesina y los Movimientos Sociales consensuaron una agenda internacional de actividades en contra del neoliberalismo y la globalización. Esta Agenda no solamente es contestataria a la elaborada por los centros del poder económico y militar, sino que reivindica las luchas propias y alternativas de los campesinos, indígenas y demás sectores sociales.

Este acuerdo rescata el derecho de los pueblos a vivir en paz, a confluir libremente en espacios de protesta y en actividades que signifique la mundialización de la lucha y la solidaridad. Aquí la Agenda convenida.

Año 2002

– 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer – 17 de abril: Día Internacional de la Lucha Campesina – 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras – 7 de octubre: Día de los y las Sin Techo – 1 de octubre: Grito de los Excluidos y Excluidas – 16 de octubre: Día Mundial de la Soberanía Alimentaria – 10-14 de diciembre: Semana Mundial por los Derechos Humanos.

Las movilizaciones mundiales se concentran alrededor de:

– 16 de marzo: Barcelona: Cumbre de los Jefes de Estado de Europa – 18-22 de marzo: Monterrey: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento al Desarrollo – 17-18 de mayo: Madrid Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, El Caribe y Europa – 31 de mayo: día internacional contra el militarismo y a favor de la paz. – 8-13 de junio: Roma, Italia, Cumbre Mundial sobre Alimentación de FAO – 21 y 22 de junio: Sevilla, España, Cumbre de los Jefes de Estado de a UE. – Julio: Toronto y Callgary, Rocky Mountains, Canadá: G-8 Cumbre – 22 de Julio: campaña en Estados Unidos contra la Coca-Cola – Septiembre: Johannesburg (Sudáfrica): Río + 10 – Octubre: Ecuador: Foro Social Continental: «Una nueva Integración es Posible» – Noviembre: La Habana (Cuba) segunda reunión Hemisférica contra el ALCA – Noviembre – Diciembre: México, Conferencia Ministerial de la OMC – Diciembre: Copenhaguen: Cumbre de los Jefes de Estado de Europa

Año 2003

– Abril: Buenos Aires: Cumbre Presidencial sobre el ALCA – Junio: Thessaloniki (Grecia) Cumbre de la UE – La OMC, el FMI y el Banco Mundial se reunirán en alguna parte y en algún momento dado. ¡Allí estaremos!

 

 

 

2002-01-01

Declaración Final del III Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo

 

Reunidos en la Delegación de Tlalpan, D.F., México, 320 delegados y delegadas de 37 organizaciones procedentes de 18 países, asistentes a la I Asamblea Latinoamericana de Jóvenes, a la II Asamblea Latinoamericana de Mujeres, los días 6 y 7 de Agosto y al III Congreso Latinoamericano de Organizaciones del Campo, del 8 al 11 de Agosto del 2001; después de intensas deliberaciones hemos constatado lo siguiente:

– Que los efectos nefastos del neoliberalismo para las sociedades rurales de América Latina y el Caribe, han arrojado al campesinado y a las comunidades indígenas a una mayor y alarmante pobreza y exclusión.

– Que las políticas agropecuarias anti-campesinas han concentrado la producción en la gran agricultura capitalista, generando con ello una grave dependencia del exterior y pérdida de nuestra soberanía alimentaria.

– Que la liberalización comercial, las contra reformas agrarias y la privatización de la economía en nuestros países, han deteriorado de manera drástica las condiciones materiales de vida de nuestros pueblos.

– Que la desarticulación de la agricultura familiar campesina es parte de una política de exterminio del capital financiero internacional y las grandes transnacionales.

En base a las anteriores consideraciones, los delegados y las delegadas al III Congreso de la CLOC, exigimos:

– Que los Gobiernos de nuestros países definan políticas de desarrollo que incluyan como ejes una reforma agraria integral y participativa, así como los medios de producción para los productores rurales, tales como: el crédito, apoyo a la comercialización, asistencia técnica y apoyo especial a la agricultura campesina.

– Revisión inmediata a los Tratados de Libre Comercio, que han desarticulado la producción de granos básicos en México; rechazo al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y otros tratados que afectarían la soberanía y autonomía de los países Latinoamericanos, como el Plan Colombia, Plan Puebla Panamá, la Iniciativa Andina y el Plan Dignidad de Bolivia.

– Rechazamos enérgicamente el uso abusivo de productos transgénicos por parte de las empresas transnacionales, así como el uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción de semillas estériles como el Termineitor.

– Nos oponemos a los esquemas de patentes sobre la vida, que nos expropien nuestros recursos genéticos y monopolizan el conocimiento. Exigimos respeto a nuestra cultura y al saber campesino.

– Rechazamos las políticas impuestas por los organismos financieros y comerciales internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Grupo de los Ocho. Asimismo demandamos la salida de la OMC de los aspectos relacionados con el Sector Agropecuario.

El III Congreso de la CLOC se pronuncia por impulsar un proyecto alternativo con participación activa de todas las organizaciones sociales, medio rural y urbano en las que se incluyan la gran diversidad de actores que han resistido al neoliberalismo y que desde diferentes trincheras han construido propuestas encaminadas a fortalecer el desarrollo sustentable. Este nuevo proyecto se basa en la promoción de actividades productivas que garanticen un uso equilibrado del medio ambiente, con cuidado de la biodiversidad y los recursos genéticos que son patrimonio de la humanidad.

El III Congreso se pronuncia asimismo, por lograr la seguridad y soberanía alimentaría que garantice una distribución equitativa de alimentos sanos, mediante la promoción de un mercado ético y solidario.

Nuestro proyecto busca construir y consolidar un poder popular incluyente y democrático en el que participen todos los actores sociales involucrados, mujeres, jóvenes, niños, pueblos indios, a partir de sus propias reivindicaciones, reforzando desde sus bases cambios profundos en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales.

El III Congreso de la CLOC condena toda forma de represión, persecución, asesinatos y desapariciones de dirigentes sociales, la discriminación y violaciones a los derechos humanos, incluyendo el bloqueo que por largos años ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos a la hermana República de Cuba.

Asimismo, exigimos la liberación de presos políticos de Centro América, Bolivia, Colombia, México, Perú y de todos los países Latinoamericanos; el esclarecimiento de asesinatos de dirigentes y masacres de campesinos e indígenas, así como el castigo a los autores materiales e intelectuales.

El III Congreso de la CLOC llama a todas las organizaciones campesinas e indígenas de América Latina y El Caribe a impulsar las siguientes acciones:

1. Fortalecer la unidad, la solidaridad y consolidación ideológica de nuestras organizaciones, así como la Coordinación Sub-Regional, Continental y Mundial en alianza con la Vía Campesina.

2. Promover una consulta continental sobre el ALCA, en el año 2002

3. Participar activamente en acciones de masas en las siguientes fechas:

– 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer
– 17 de Abril, Día Mundial de Lucha Campesina
– 01 de Mayo, Día Internacional de los y las Trabajadores
– 12 de Octubre, Día del Grito de los Excluidos
– 16 de Octubre, Día Mundial de la Alimentación

4. Asimismo los congresistas de la CLOC acordamos participar en los eventos programados por diversos organismos internacionales, como el Encuentro Internacional de Movimientos Sociales, a realizarse del 12 al 14 de Agosto en la ciudad de México; en el Foro Mundial de Soberanía Alimentaría, en la Habana, Cuba del 04 al 07 de Septiembre y en una jornada de movilizaciones en contra del consumo de transgénicos y agroquímicos en noviembre del presente año; y en el Segundo Foro Social Mundial, en Porto Alegre, Brasil en febrero del 2002.

En un clima de fraternidad, combatividad y alegría, la unidad de la CLOC se fortaleció bajo la inspiración del ejemplo de lucha de nuestros héroes y heroínas Latinoamericanas que han entregado sus vidas por las liberación de los pueblos América y por un mundo nuevo.

«Viva la unidad de los campesinos e indígenas de América Latina y el Caribe»

¡Fuera la OMC de la agricultura!
¡Por la soberanía alimentaria!
¡Por un futuro sin hambre!

¡Viva la CLOC!

Tlalpan, Distrito Federal, México, a 11 de Agosto del 2001

 

 

 

2002-01-01

II Asamblea Latinoamericana de Mujeres del Campo

A 122 años del nacimiento del General Emiliano Zapata Salazar, cuyo legado fue «Tierra y Libertad», las mujeres de la CLOC recogemos su herencia y hacemos nuestro el desafío de que «la tierra es para quien la trabaja». Y nosotras, mujeres, lucharemos con alegría y fuerza para producir en esta tierra el alimento más anhelado: el alimento de la justicia, la vida y la libertad.

Reunidas, 180 mujeres delegadas proveniente de 16 países y en representación de 36 organizaciones, integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), nos hemos unimos los días 6 y 7 de agosto del año 2001, en la Ciudad de México, para discutir, analizar y hacer propuestas en torno a la problemática de discriminación que sufrimos las mujeres del campo, producto de las políticas neoliberales implementadas por los gobiernos del continente latinoamericano.

Esta asamblea nos permitió en los dos días de trabajo, analizar el impacto de esas políticas de gobiernos hacia las mujeres del campo, posibilitó el intercambio de ideas, experiencias y sobre todo, la articulación de acciones para fortalecer esta instancia organizativa, además de definir ejes estratégicos y mecanismos de trabajo que propicien integrar a las mujeres del campo de América latina, en igualdad de condiciones, a los procesos de desarrollo y al reconocimiento pleno de nuestros derechos.

En este contexto, suscribimos la siguiente

1. Ratificamos la necesidad de continuar luchando por nuestros derechos y de todos los trabajadores del campo, reafirmando con la firme convicción, que nuestra lucha es de la igualdad de género, de clase y de pueblo.

2. Denunciamos y repudiamos enérgicamente todas las formas de discriminación y violencia que vivimos las mujeres del campo latinoamericano y exigimos a los gobiernos el cumplimiento de los acuerdos internacionales, que garantizan el respeto a la vida y a la no violencia contra las mujeres, por ellos suscritos.

3. Demandamos a la CLOC que asuma las propuestas y resoluciones emanadas de esta II Asamblea de Mujeres del campo.

4. Reafirmamos que la unión de las organizaciones del campo y de mujeres es un elemento indispensable para enfrentar los embates del neoliberalismo en contra de nuestros pueblos. Solidarizamos con las luchas que en este momento libran las hermanas indígenas, negras y del campo, en los distintos países del continente en defensa de sus derechos, de la tierra y de la vida.

5. Ratificamos la Solidaridad con las Mujeres Campesinas y cooperativistas cubanas, quienes representan un ejemplo de resistencia, inquebrantable valor y decisión en su justa lucha contra el imperialismo norteamericano en su heroica batalla en defensa del Socialismo y la Revolución Cubana.

6. Ratificamos la necesidad de sumar a nuestras luchas a otros sectores que comparten la voluntad de lograr una equidad de género y de levantarse en contra del modelo neoliberal que vulnera la ruralidad.

7. Estamos en contra de las políticas agrícolas transnacionales que vulneran la seguridad y soberanía alimentaria de nuestras familias y pueblos.

8. Manifestamos nuestra preocupación por la creciente e irrefrenable Migración del campo a las ciudades y del hemisferio sur al norte, producto de la aplicación de políticas neoliberales que impactan de manera negativa los procesos de desarrollo del campo y que se reflejan en la feminización de la pobreza, la desarticulación de las familias, la pérdida de identidad cultural, el despoblamiento del campo.

9. Rechazamos enérgicamente la existencia de planes represivos, neocolonialistas y antidemocráticos que se están imponiendo en América, a través del Plan Colombia y Plan Puebla Panamá.

10. Nosotras, guardadoras ancestrales de las semillas, declaramos que éstas son patrimonio de nuestras comunidades, de nuestros pueblos y de toda la humanidad. Rechazamos absolutamente la patentación de las semillas y la intromisión en nuestras tierras de transgénicas.

11. Hacemos público nuestro compromiso de seguir luchando y trabajando por alcanzar condiciones de equidad entre hombres y mujeres en nuestras comunidades, organizaciones, países y en el mundo.

12. Declaramos nuestra más profunda anhelos: Que sólo las luchas organizadas de los pueblos, permitirán los cambios necesarios para construir una nueva sociedad que hará florecer la mujer y el hombre nuevos de esta gran patria que es América Latina.

¡Globalicemos la lucha,
globalicemos la esperanza,
globalicemos la igualdad en la diversidad!

MÉXICO, D.F., 7 de Agosto de 2001

 

 

2002-01-01
La Habana, Cuba, 7 de septiembre del 2001

Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria

Por el derecho de los pueblos a producir, a alimentarse y a ejercer su soberanía alimentaria

Del 3 al 7 de septiembre del año 2001, nos reunimos en La Habana, Cuba, 400 delegadas y delegados de organizaciones campesinas, indígenas, asociaciones de pescadores, organizaciones no gubernamentales, organismos sociales, académicos e investigadores de 60 países de todos los continentes en el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria.

Este Foro se realizó en Cuba con la convocatoria de su Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y un conjunto de movimientos y redes internacionales, organizaciones y personas comprometidas con las agriculturas campesinas e indígenas, la pesca artesanal, los sistemas alimentarios sustentables y el derecho de los pueblos a alimentarse. Es también un reconocimiento al esfuerzo de un país del Tercer Mundo que a pesar de sufrir por más de cuatro décadas el ilegal e inhumano bloqueo impuesto por los Estados Unidos y el uso de los alimentos como arma de presión económica y política, ha sido capaz de garantizar el derecho humano a la alimentación de toda su población a través de una política de Estado coherente, activa, participativa y de largo plazo sobre la base de una profunda reforma agraria, la valorización y apoyo de los pequeños y medianos productores y la participación y movilización de toda la sociedad.

Nos reunimos para analizar por qué cada día aumenta el hambre y malnutrición en el mundo, por qué se ha profundizado la crisis de la agricultura campesina, indígena, la pesca artesanal, los sistemas alimentarios sustentables, por qué los pueblos pierden soberanía sobre sus recursos? Asimismo nos reunimos para construir colectivamente, desde la perspectiva de los pueblos y no de las corporaciones alimentarias transnacionales, propuestas y alternativas viables y estrategias de acción a escala local, nacional y mundial que reviertan las tendencias actuales y permitan impulsar nuevos enfoques, políticas e iniciativas capaces de asegurar un presente y un futuro digno y sin hambre para todos las mujeres y hombres del mundo.

Después de 5 años de la Cumbre Mundial de la Alimentación, 7 años de los acuerdos sobre agricultura de la Ronda de Uruguay del GATT (hoy OMC) y dos décadas de políticas neoliberales aplicadas por gran parte de los gobiernos, las promesas y compromisos para satisfacer las necesidades de alimentación y el bienestar nutricional para todos están muy lejos de haberse cumplido. Todo lo contrario, la realidad es que las políticas económicas, agrícolas, pesqueras y comerciales impuestas por el Banco Mundial, el FMI y la OMC, auspiciadas por las corporaciones transnacionales, han profundizado la brecha entre países ricos y pobres y dentro de ellos y la desigual distribución del ingreso; han agravado las condiciones de producción de alimentos y el acceso a una nutrición sana y suficiente para la mayoría de los pueblos, incluso de los llamados países desarrollados. En consecuencia, el derecho humano más elemental, el derecho a alimentarse y al bienestar nutricional contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es letra muerta en la mayoría de los pueblos del mundo.

La sustentabilidad de los sistemas alimentarios no es una cuestión solamente técnica. Constituye un desafío que implica la más alta voluntad política de los Estados. La lógica de la ganancia genera una situación de insustentabilidad de los sistemas alimentarios al sobrepasar los límites a la producción permitidos por la naturaleza. La sustentabilidad de los sistemas alimentarios no es viable en el sistema actual de comercio y en el contexto de la liberalización promovida desde la OMC y los organismos financieros internacionales.

La esperanza de un nuevo milenio sin hambre se ha visto frustrada para vergüenza de toda la humanidad.

Las causas reales del hambre y malnutrición

El hambre, la desnutrición y la exclusión de millones de personas al acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el bosque, el mar, el agua, las semillas, la tecnología y el conocimiento, no son efecto de la fatalidad, de un accidente, de un problema de la geografía o de los fenómenos climatológicos. Ante todo son una consecuencia de determinadas políticas económicas, agrícolas y comerciales a escala mundial, regional y nacional que han sido impuestas por los poderes de los países desarrollados y sus corporaciones en su afán de mantener y acrecentar su hegemonía política, económica, cultural y militar en el actual proceso de reestructuración económica global.

Ante los planteamientos ideológicos neoliberales de dichas políticas:

– Afirmamos que los alimentos no son una mercancía más y que el sistema alimentario no puede ser tratado con la única lógica del mercado.

– Consideramos una falacia el argumento de que la liberalización del comercio agrícola y pesquero internacional garantiza el derecho a la alimentación de las personas.

– La liberalización comercial no posibilita necesariamente el crecimiento económico y el bienestar de la población.

– Los países subdesarrollados son capaces de producir sus propios alimentos y pueden serlo en el futuro.

– La concepción promovida por el neoliberalismo sobre las ventajas comparativas produce graves perjuicios para los sistemas alimentarios. Dentro de esta lógica, la importación de alimentos básicos tiende a desmantelar la producción doméstica para comprarlos «más baratos» a los países ricos, induciendo a la reorientación de sus recursos productivos a cultivos de exportación «más competitivos y de mayor valor agregado» para los mercados del Primer Mundo. Es una mentira que los países no deban preocuparse por establecer y conducir políticas de Estado que garanticen la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Los neoliberales argumentan que el supermercado global de los países exportadores les resuelve cualquier pedido sin problema alguno.

– Tratan de engañar a la ciudadanía cuando afirman que las agriculturas campesinas e indígenas y la pesca artesanal son ineficientes e incapaces de responder a las necesidades crecientes de producción de alimentos. Con esta afirmación se pretende imponer una agricultura y pesca industrial intensivas de gran escala.

– Denunciamos que cuando se argumenta que la población rural es excesiva en comparación con su aporte al producto interno bruto, de lo que se trata en realidad es de expulsar en forma brutal a la población rural de sus tierras, a las comunidades pesqueras de sus costas y áreas marítimas, privatizando sus recursos naturales.

– Rechazamos que la forma de hacer frente a las necesidades crecientes de alimentos en el mundo sea a través de la agricultura y la pesca de gran escala, industrial e intensiva.

– Nos quieren convencer que la única función de los campesinos, pescadores e indígenas es dar paso a la privatización de sus tierras y recursos naturales. Esto obliga, entre otros efectos, a la migración masiva a las ciudades o al extranjero para aumentar la oferta de mano de obra barata necesaria para incrementar la «competitividad» de los sectores dinámicos de las economías nacionales vinculados a la exportación y de las empresas transnacionales. Lo anterior a la vez que en los países desarrollados se agrava el desempleo y la exclusión laboral.

– Se intenta imponer el patrón alimentario de las corporaciones trasnacionales como el único viable, apropiado y correcto en un mundo global; se trata de un verdadero imperialismo alimentario que atenta contra la diversidad de las culturas alimentarias de los pueblos, sus identidades nacionales, culturales y étnicas.

– En esta perspectiva, las potencias hegemónicas usan los alimentos como arma de presión política y económica contra países soberanos y movimientos populares de resistencia.

– Todo lo anterior tiene lugar en el marco del debilitamiento sistemático de los Estados y de la promoción de falsas democracias que excluyen sistemáticamente el interés público y la participación real de la sociedad en general y de la población rural en particular en el debate, diseño, decisión, ejecución y control de las políticas públicas.

Las consecuencias de las políticas neoliberales

Las consecuencias de dichas políticas falsas y erróneas están a la vista: han aumentado las ventas y las ganancias de los poderes económicos de los países desarrollados mientras que los pueblos del Tercer Mundo han visto crecer su deuda externa y los sectores populares han aumentado sus niveles de pobreza, miseria y exclusión. La concentración del mercado agrícola internacional en unas cuantas empresas trasnacionales se ha acelerado mientras que aumenta la dependencia e inseguridad alimentaria de la mayoría de los pueblos.

Continúan subsidiando fuertemente a la agricultura y pesca de exportación en tanto que muchos gobiernos dejan totalmente desprotegidos a los pequeños y medianos productores que producen principalmente para el mercado interno.

Las políticas de subvenciones a la producción y subsidios a las exportaciones de los países desarrollados permiten que las trasnacionales adquieran productos a muy bajos precios para venderlos a precios mucho más altos a los consumidores tanto del sur como del norte.

Las políticas neoliberales hacia el campo, en realidad han impulsado un proceso de desruralización forzada de vastas proporciones y consecuencias dramáticas, una auténtica guerra contra las agriculturas campesinas e indígenas que, en algunos casos, llega a configurar un verdadero genocidio y etnocidio.

Las comunidades de pescadores artesanales han ido perdiendo cada vez más el acceso a sus propios recursos.

Con las políticas neoliberales, el hambre y la malnutrición crecen, no por ausencia de alimentos, sino por ausencia de derechos.

Somos testigos de ejemplos que permiten afirmar que la erradicación del hambre y la malnutrición y el ejercicio de la soberanía alimentaria duradera y sustentable son posibles. Asimismo, hemos visto en prácticamente todos los países infinidad de experiencias campesinas y indígenas de producción sustentable y orgánica de alimentos y de una gestión sustentable y diversificada de los espacios rurales.

Por todo lo anterior, los participantes en el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria declaramos:

1. La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los pueblos Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.

2. La soberanía alimentaria favorece la soberanía económica, política y cultural de los pueblos.

3. La soberanía alimentaria de los pueblos reconoce una agricultura con campesinos, indígenas y comunidades pesqueras, vinculada al territorio; prioritariamente orientada a la satisfacción de las necesidades de los mercados locales y nacionales; una agricultura que tome como preocupación central al ser humano; que preserve, valore y fomente la multifuncionalidad de los modos campesinos e indígenas de producción y gestión del territorio rural. Asimismo, la soberanía alimentaria supone el reconocimiento y valorización de las ventajas económicas, sociales, ambientales y culturales para los países de la agricultura en pequeña escala, de las agriculturas familiares, de las agriculturas campesinas e indígenas.

4. Nos pronunciamos por el reconocimiento de los derechos, autonomía y cultura de los pueblos indígenas de todos los países como condición ineludible para combatir el hambre y la malnutrición y alcanzar el derecho a la alimentación para su población. La soberanía alimentaria implica el reconocimiento a la multietnicidad de las naciones y el reconocimiento y valorización de las identidades de los pueblos originarios. Esto implica, además, el reconocimiento al control autónomo de sus territorios, recursos naturales, sistemas de producción y gestión del espacio rural, semillas, conocimientos y formas organizativas. En este sentido, apoyamos las luchas de todos los pueblos indígenas y negros del mundo y nos pronunciamos por el respeto irrestricto a sus derechos.

5. La soberanía alimentaria implica, además, la garantía al acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, principalmente para los sectores más vulnerables, como obligación ineludible de los Estados Nacionales y el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía. El acceso a la alimentación no debe ser considerada como una compensación asistencialista de los gobiernos o una caridad de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

6. La soberanía alimentaria implica la puesta en marcha de procesos radicales de reforma agraria integral adaptados a las condiciones de cada país y región, que permitan a los campesinos e indígenas -considerando a las mujeres en igual de oportunidades- un acceso equitativo a los recursos productivos, principalmente tierra, agua y bosque, así como a los medios de producción, financiamiento, capacitación y fortalecimiento de sus capacidades de gestión e interlocución. La Reforma Agraria, en primer lugar, debe ser reconocida como una obligación de los Estados Nacionales donde este proceso es necesario en el marco de los derechos humanos y como una eficiente política pública de combate a la pobreza. Dichos procesos de reforma agraria deben estar controlados por las organizaciones campesinas -incluyendo el mercado de los arriendos-, garantizar los derechos individuales de los productores con los colectivos sobre los terrenos de uso común y articulados con políticas agrícolas y comerciales coherentes. Nos oponemos a las políticas y programas de mercantilización de la tierra promovidas por el Banco Mundial en sustitución de verdaderas reformas agrarias y aceptadas por los gobiernos.

7. Apoyamos la propuesta presentada por organizaciones de la sociedad civil, en 1996, para que los referidos Estados elaboren un Código de Conducta sobre el Derecho Humano a la Alimentación adecuada, que sirva efectivamente como instrumento para la implementación y promoción de este derecho. El derecho a la alimentación de los pueblos, incluido en la declaración de los Derechos Humanos y ratificado en la Cumbre Mundial de Alimentación en Roma, en 1996, por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

8. Proponemos la ratificación más rápida y la aplicación por un mayor número de países del Pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.

9. En defensa del principio del derecho inalienable de los pueblos a la alimentación, proponemos la adopción por las Naciones Unidas de una Convención Mundial de Soberanía Alimentaria y Bienestar Nutricional, a la cual se subordinen las decisiones tomadas en los campos de comercio internacional y otros dominios.

10. El comercio alimentario internacional debe estar subordinado al propósito supremo de servir al ser humano. La soberanía alimentaria no significa autarquía, autosuficiencia plena o la desaparición del comercio agroalimentario y pesquero internacional.

11. Rechazamos toda injerencia de la OMC en la alimentación, agricultura y pesca y su pretensión de determinar las políticas nacionales de alimentación. Nos oponemos categóricamente a sus acuerdos sobre propiedad intelectual de organismos vegetales y otros seres vivos así como su intención de llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones (la llamada Ronda del Milenio), incluyendo nuevos temas de negociación. Fuera la OMC de la alimentación.

12. Proponemos la creación de un nuevo orden democrático y transparente para regular el comercio internacional que incluya la creación de una corte internacional de apelación independiente de la OMC y el fortalecimiento de la UNCTAD como espacio de negociaciones multilaterales en torno a un comercio alimentario justo. De igual manera proponemos impulsar esquemas de integración regional desde las organizaciones de productores, fuera de los objetivos y parámetros neoliberales.

13. Demandamos el cese inmediato de las prácticas desleales de que establecen precios de mercado por debajo de los costos de producción y aplican subvenciones a la producción y subsidios a las exportaciones.

14. Nos pronunciamos en contra del ALCA, que no es mas que un proyecto estratégico hegemónico de Estados Unidos para consolidar su dominación sobre América Latina y el Caribe, ampliar sus fronteras económicas y asegurarse un gran mercado cautivo.

15. Apoyamos la reivindicación de las organizaciones campesinas y sociales de México por una suspensión de los acuerdos del TLCAN en materia agrícola.

16. Los recursos genéticos son el resultado de milenios de evolución y pertenecen a toda la humanidad. Por tanto, debe ser prohibida la biopiratería y las patentes sobre seres vivos, incluyendo el desarrollo de variedades estériles mediante procesos de ingeniería genética. Las semillas son patrimonio de la humanidad. La monopolización por unas cuantas empresas transnacionales de las tecnologías de creación de organismos genéticamente modificados (OGMs) representa una grave amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos. Al mismo tiempo, en virtud de que se desconocen los efectos de los OGMs sobre la salud y el medio ambiente, demandamos la prohibición de la experimentación a cielo abierto, producción y comercialización hasta que se pueda conocer con seguridad su naturaleza e impactos, aplicando estrictamente el principio de precaución.

17. Es necesario emprender una profunda difusión y valoración de la historia agrícola y de la cultura alimentaria en cada país, denunciando al mismo tiempo las imposiciones de patrones alimentarios extraños a las culturas alimentarias de los pueblos.

18. Manifestamos la decisión de integrar los objetivos de bienestar nutricional las políticas y programas alimentarios nacionales, incluyendo los sistemas productivos locales, promoviendo su diversificación hacia alimentos ricos en micronutrientes; defender la calidad e inocuidad de los alimentos consumidos por las poblaciones y la decisión de luchar por el derecho a la información para todas las personas, sobre los alimentos que consume, reforzando la reglamentación del etiquetado de los alimentos y el contenido de la publicidad alimentaria, ejerciendo el principio de precaución

19. La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas diversificados de producción, basados en tecnologías ecológicamente sustentables. Es necesario articular las iniciativas de producción y consumo sustentables de alimentos generadas en los niveles locales por los pequeños productores con el establecimiento de políticas públicas que contribuyan a la construcción de sistemas alimentarios sustentables en el mundo.

20. Demandamos una valorización justa para las comunidades campesinas, indígenas y pesqueras por la gestión sustentable y diversificada de los espacios rurales vía precios apropiados y programas de incentivos.

21. Al abordar los problemas de la alimentación en el mundo hay que tomar en cuenta la diversidad cultural que determina diversos contextos locales y regionales porque entendemos que el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad está en estrecha relación con el reconocimiento de la diversidad cultural.

22. Al desarrollo de sistemas alimentarios sustentables se hace necesario integrar la problemática nutricional, como ejemplo la exigencia por regular el manejo de los agrotóxicos.

23. Reconocemos y valoramos el rol fundamental de las mujeres en la producción, recolección, comercialización y transformación de los productos de la agricultura y las pesca y en la preservación y reproducción de las culturas alimentarias de los pueblos. Respaldamos la lucha de las mujeres por el acceso a los recursos productivos, por su derecho a producir y a consumir la producción local.

24. Los pescadores artesanales y sus organizaciones no renunciaremos a nuestros derechos sobre el libre acceso a los recursos pesqueros y a que se establezcan y protejan las zonas de reserva de uso exclusivo para la pesca artesanal. Igualmente exigimos el reconocimiento de los derechos ancestrales e históricos sobre la zona costera y aguas interiores.

25. Deben ser revisadas las políticas y programas de ayuda alimentaria. No han de ser un factor de inhibición del desarrollo de capacidades locales y nacionales de producción de alimentos, ni favorecer la dependencia, la distorsión de los mercados locales y nacionales, la corrupción y la colocación de excedentes de alimentos nocivos para la salud, en particular sin OGMs.

26. La soberanía alimentaria únicamente es posible conquistarla, defenderla y ejercerla a través del fortalecimiento democrático de los Estados y de la autoorganización, iniciativa y movilización de toda la sociedad. Se requieren políticas de Estado de largo plazo, una efectiva democratización de las políticas publicas y la construcción de un entorno social solidario.

27. Condenamos la política norteamericana de bloqueo a Cuba y otros pueblos y el uso de los alimentos como arma de presión económica y política contra países y movimientos populares. Esta política unilateral debe cesar inmediatamente.

28. La soberanía alimentaria es un concepto ciudadano que concierne al conjunto de la sociedad. Por esta razón el diálogo social debe abrirse a todos los sectores sociales implicados.

29. La consecución de la soberanía alimentaria y la erradicación del hambre y la malnutrición es posible en todos los países y para todas las personas. Manifestamos nuestra decisión de continuar luchando contra la globalización neoliberal, manteniendo e incrementando una activa movilización social, construyendo alianzas estratégicas y asumiendo decisiones políticas firmes.

30. Se acuerda hacer una llamado para desplegar una intensa actividad y una amplia movilización en torno de los siguientes ejes de lucha:

– Declarar el 16 de octubre como el Día Mundial por la Soberanía Alimentaría, hasta hoy llamado Día Mundial de la Alimentación.

– Exigir que se lleve a cabo la Cumbre Mundial de la Alimentación 5 años después programada del 5 al 10 de noviembre del presente año y que la FAO asuma su plenamente su mandato y responsabilidad. Las organizaciones sociales (OSC) deben organizar eventos en los niveles nacional y continental para impulsar sus propuestas y presionar a las delegaciones oficiales.

– Exigir al gobierno italiano el respeto total a la libertad de manifestación y se abstenga de reprimir a los movimientos sociales contra la globalización neoliberal.

– Participar y movilizarse en torno a la Reunión Ministerial de la OMC a celebrarse en Qatar del 9 al 13 de noviembre del 2001, el Encuentro Hemisférico contra el ALCA del 13 al 16 de noviembre del 2001 en La Habana, y al II Foro Social Mundial a llevarse a cabo en Porto Alegre del 31 de enero al 6 de febrero del 2002.

Dado en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 2001.

Fuera la OMC de la alimentación Otro mundo es posible

 

 

 

2002-01-01
México D.F, 6 y 7 de Agosto del 2001.

Declaraciòn de la I Asamblea Latinoamericana de la Juventud del Campo

La Juventud Rural Latinoamericana de la CLOC, reunida en la ciudad de México D.F durante los días 6 y 7 de agosto del año 2001, contando con la participación de delegaciones de: Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Belice, Honduras, República Dominicana y México, con el objetivo de evaluar el accionar de la juventud rural latinoamericana de la CLOC; así como, delinear estrategias que permitan una articulación juvenil a nivel continental y la inserción real del tema juvenil en la CLOC; partiendo de la realidad de situación de pobreza y exclusión a la que están sometidos nuestros países, teniendo un efecto negativo particular en la juventud rural, por un sistema neoliberal imperialista, ocasionando problemas sociales, políticos, económicos y culturales, lo que ha provocado que una gran masa de nuestra juventud tenga que migrar a las grandes ciudades y a los países del «primer mundo» a vender su fuerza de trabajo.

Conscientes de nuestro rol histórico como movimiento activo, herederos del espíritu de lucha de nuestros padres y madres, creemos hoy más que nunca que es el momento de asumir nuestra responsabilidad social y participar activamente con la firme convicción de «globalizar la lucha y globalizar la esperanza»,

Resolvemos:

1. Fortalecer nuestro accionar y participación como jóvenes en todas las actividades de lucha que se desarrollan en nuestras organizaciones en todo el continente. Mantener a los jóvenes en el campo participando dentro de las organizaciones

2. Mantener una oposición frontal y abierta en contra del modelo económico neoliberal que hoy más que nunca quiere enraizarse en nuestros países y profundizar nuestra situación de miseria y exclusión

3. Asumimos desde ya el compromiso de fortalecer nuestro trabajo organizativo de consolidación interna en cada país y ampliar el trabajo a la organización de la niñez, que es donde se forja la esperanza y garantía de nuestras luchas con los procesos de relevo.

4. Generar espacios propios de y comunicación a nivel local, regional y latinoamericano, que garanticen la fluidez de la información desde y hacia los grupos de base;

5. Esforzarnos por acceder a espacios de formación disponibles y desarrollar nuevas dinámicas de formación al interior de nuestras organizaciones;

6. Intensificar las luchas desde la juventud rural, para exigir al Estado la aplicación de políticas públicas orientadas a dar respuesta a las múltiples necesidades que aquejan a nuestro sector; así como la instalación de Espacios Integrales de la Juventud, partiendo de nuestra realidades y costumbres;

7. Desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de nuestra identidad cultural con valores humanistas y enfoque de género, así como de resistencia al proceso de alineación al que es sometida nuestra juventud rural a través de los medios masivos de comunicación;

8. Iniciar debates sobre el tema de Reforma Agraria, orientada a identificar la problemática que atraviesan los jóvenes y su necesidad de tener y mantenerse en la tierra;

9. Realizar intercambios de experiencias entre las organizaciones de las regiones, en especial aquellas que comparten la frontera;

10. Participar activamente de la agenda de lucha de la CLOC y La Vía Campesina; así ampliar los espacios de participación dentro en la dirección de estas;

11. Fomentar la educación y prácticas de producción agro ecológica y propuestas por un modelo alternativo diferente al modelo hegemónico que impera en la actualidad.

12. Establecer alianzas con jóvenes urbanos que posibilite la construcción de un proyecto alternativo para una nueva sociedad

13. Incentivar la organización de los jóvenes rurales, partiendo de su realidad cultural, social y desde sus propias lógicas;

14. Crear una base de datos de todas las organizaciones juveniles que participan en la CLOC

15. Acceder con propuestas a la actualización de la página web de la CLOC

Dado en la ciudad de México D.F a los siete días del mes de agosto del 2001

 

 

 

2000-12-01

La realidad rural de Chile

CLOC Chile

La producción capitalista en Chile, en su expresión neoliberal, con ocupación masiva de trabajo asalariado se ha extendido hasta dominar sectores en que antes de 1973, predominaba la pequeña producción silvoagropecuaria independiente.

En este camino, grandes empresas de producción y comercialización, dominadas por capitales transnacionales, obtienen inmensas utilidades que les permiten ir avanzando en el proceso de concentración de la propiedad en la estructura productiva de la agricultura, provocando como consecuencia la proletarización de amplios sectores de campesinos/as y de pequeños y medianos empresarios agrícolas, los que se expresan como trabajadores y trabajadoras asalariados, temporales o pequeños/as agricultores/as que se incorporan a esa condición.

En 1970 el 24,9% de la población de Chile vivía en el sector rural, la que descendió a un 15% en 1998, disminución motivada por la perdida de la tierra, de puestos de trabajo y el éxodo obligado de campesinos a las ciudades.

El sector silvoagropecuario hoy, aporta un 6% del Producto Interno Bruto y un 25% de las exportaciones del país.

La agricultura en Chile ha sufrido un proceso de crecimiento explosivo, a partir de la implantación del modelo económico neoliberal en los años 70, liderado por el fuerte desarrollo del sector frutícola, cuyas exportaciones aumentaron 16 veces entre 1977 y 1994. Esto provocó la disminución del sector destinado a cultivos tradicionales para consumo interno.

El sector forestal, por su parte, ha tenido un gran crecimiento durante los últimos 25 años, producto del subsidio a la forestación entregado por el Estado. Situación que ha permitido a las grandes empresas del sector capitalizarse y obtener inmensas utilidades, las que no se han traducido en un mejoramiento del nivel de vida de sus trabajadores.

Desconociendo el enorme impacto producido por el proceso de Reforma Agraria que elimino el latifundio improductivo, llevado a cabo durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y profundizado en el gobierno de Salvador Allende hasta 1973, y como producto de las políticas neoliberales impuestas por la dictadura, la propiedad de la tierra ha vuelto a concentrarse en pocas manos.

El 1% de las explotaciones del país posee el 73% de la superficie agropecuaria y forestal. En el otro extremo, las explotaciones de menos de 5 has. que representan el 41% de éstas; disponen de sólo un 7% de la tierra.

La pérdida de la tierra por parte de los campesinos ha sido una de las constantes del sistema. Así, en el último decenio estos han perdido más de dos millones de has. Las causas se originan:

En la etapa de la contra reforma agraria o reforma agraria neoliberal, aplicada por la dictadura, con la apertura del mercado de tierras, suspención del crédito y asistencia técnica a los campesinos;

En un fuerte endeudamiento – DLS$ 56.000.000.-, crédito al que han tenido que acceder los campesinos para ser competitivos y

A la presión ejercida por las grandes empresas agroforestales ávidas de nuevas tierras.

Al igual que la concentración en la propiedad de la tierra se ha producido también una fuerte concentración de las aguas, en manos de grandes transnacionales, mineras y generadoras de electricidad.

Los resultados de 25 años de aplicación sistemática de políticas neoliberales pueden apreciarse en los siguientes indicadores relacionados con las condiciones de vida del campesinado.

De las 127 comunas declaradas como las más pobres, 100 son rurales. En ellas, el 69% de las viviendas tiene carencias materiales y de saneamiento, el 47% carece de electricidad y el 74% de agua potable.

La mortalidad infantil en el sector rural es de 40 por mil, 2,8 veces mayor que en el sector urbano.

La situación previsional de los trabajadores del sector rural se caracteriza porque más de un 58% de los ocupados no cotiza en ningún sistema, los cuales son privados y transnacionales.

De los trabajadores del sector rural, un 30% lo son por cuenta propia y obtienen un ingreso equivalente al 52,8% del ingreso de trabajadores de igual categoría del sector urbano.

En 1998 el ingreso promedio de los asalariados rurales representaba tan sólo un 48% de los ingresos de los trabajadores del sector urbano.

La tasa de analfabetismo en el sector rural en el año 1998 alcanzaba niveles de 14,2% comparado con un 3% del sector urbano y la escolaridad en la población de personas mayores de 15 años era de 6,5 años, contra 9 años en el sector urbano. La población pobre del país, está constituida mayoritariamente, en un 48,5%; por niños, adolescentes y jóvenes menores de 29 años de edad.

El actual modelo genera altos niveles de contaminación química, al utilizar indiscriminadamente pesticidas que han sido prohibidos en los países desarrollados, Estados Unidos y Europa; deteriorando el equilibrio biológico en la agricultura, y afectando seriamente la salud pública.

La agricultura se ve también amenazada por la contaminación minera e industrial. La contaminación de tierras agrícolas por metales pesados es un hecho extremadamente grave en la zona centro-norte del país.

El actual modelo nos llevará, además, a la pérdida de la diversidad biológica. El mantenimiento del monocultivo, principalmente en la producción forestal y el empleo de semillas transgénicas empobrece genéticamente la producción reduciendo la diversidad biológica.

El actual modelo ha significado profundas transformaciones en las relaciones laborales y en la ocupación. Asimismo, se ha modificado la condición de trabajadores permanentes a temporeros y temporeras y/o trabajo parcial, fuertemente explotados por carecer de sindicatos que puedan proteger sus derechos laborales.

El país ha mostrado índices de crecimientos significativos de su economía hasta el año 1998. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto entre los años 1990 – 1998, ha sido en promedio de un 7,8%. Las exportaciones han aumentado en un 9,87%, la inversión se ha incrementado en un promedio de un 12% anual, la productividad del trabajo ha crecido significativamente y sin embargo, las consecuencias para la mayoría de los habitantes del mundo rural han sido la inseguridad, el trabajo precario, la concentración de la tierra, de la riqueza y el poder en manos de grandes empresarios nacionales y transnacionales, los cuales niegan a los campesinos y pequeños y medianos productores la posibilidad de controlar su propio destino.

En los últimos 30 años la distribución del ingreso no ha variado significativamente. Así, el 20% de los hogares más ricos capta un 57,3% de los ingresos, en tanto que el 20% más pobre tan sólo recibe el 3,7%; transformando a Chile en el tercer país del mundo con mas mala distribución del ingreso per capita.

En el país hay más de 250.000 pequeñas propiedades campesinas que están enfrentadas a una dura lucha por la sobrevivencia, dadas las condiciones desfavorables en que ellas se desenvuelven, producto de las políticas neoliberales llevadas a cabo por la Dictadura y los gobiernos de la Concertación.

La situación de deterioro y vulnerabilidad de la propiedad campesina y de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, se han visto agudizadas por la incorporación del país a los nuevos tratados internacionales, como el Mercosur, ya que no se han tomado las medidas de protección para la pequeña agricultura.

Las organizaciones campesinas hasta 1973 agrupaban 313.700 afiliados. Como resultado de la represión desatada por la dictadura militar y la implementación del modelo neoliberal con las consecuencias descritas en este documento, en 1990 existían solo 73.550 afiliados; situación que ha continuado deteriorándose hasta hoy.

Según el censo de población de 1992, había en Chile 998.385 indígenas, lo que correspondía al 10,33% de la población del país. Los aspectos no resueltos por el Estado chileno serian el no reconocimiento como pueblos originarios y el desconocimiento de sus culturas y lenguas. La situación mas aguda se centra en la pobreza, el analfabetismo, los conflictos de tierras y la autodeterminación territorial.

El sistema neoliberal reproduce y agudiza la pobreza, al generar sistemas monopólicos en la producción y distribución de los productos de la agricultura; desconoce la necesidad de la sustentabilidad de los procesos productivos, degrada y destruye el medio ambiente, al modelar sistemas de explotación que buscan la máxima ganancia monetaria, sin considerar que la producción agropecuaria se rige por leyes propias, que no siempre se compatibilizan con las leyes del mercado neoliberal.

Hoy la agricultura chilena vive una profunda crisis que se expresa en los siguientes puntos:

La creciente pérdida de capital natural por expansión de la erosión y la pérdida y contaminación de suelos agrícolas.

La dependencia creciente de la producción de insumos importados y la creciente contaminación ambiental que estos generan en la agricultura.

La creciente dependencia y pérdida de la seguridad alimentaria del país.

La pérdida del germoplasma por apropiación y patentamiento por organizaciones transnacionales; perdida de la diversidad biológica y del conocimiento agrario, producto de las nuevas prácticas agronómicas.

La concentración de la propiedad y la pobreza de recursos e infraestructura que afecta a los sectores rurales.

La precariedad y disminución del empleo en la agricultura.

El empobrecimiento de las comunidades rurales campesina e indígenas.

La distorsión del espacio rural que hoy es visto sólo como un sector proveedor de alimentos y maderas para la exportación y de rentabilidad de corto y mediano plazo.

Crecientes conflictos intersectoriales por el uso múltiple del territorio.

La ausencia de políticas para el ordenamiento territorial y el manejo de cuencas hídricas.

Nuestro concepto de economía eficiente, moderna y desarrollada es inseparable de la justicia social, de la liquidación del desempleo masivo y del trabajo precario, de la soberanía y seguridad alimentaria, derecho a la tierra y defensa de la agricultura campesina.

Propiciamos, por tanto, una economía al servicio del Ser Humano, que se exprese en un Proyecto Nacional de Desarrollo.

Superar la dependencia y resolver las necesidades de la mayoría, exige cambiar el modelo económico Neoliberal imperante en el mundo y enfrentar con organización y determinación el poder del gran capital y sus privilegios a nivel nacional e internacional.

Nehuen, Surco, Anamuri, Confederación de Trabajadores Forestales de Chile/CTF.

CLOC Chile, noviembre 2000

 

 

 

2000-12-01

Informe estado de la Reforma Agraria en Colombia

1-. Vigencia de la Reforma Agraria: un debate para la paz.

El programa de reforma agraria iniciado en Colombia desde 1961 es cuestionado en sus resultados por todos los sectores. Desde el gobierno y los terratenientes con argumentos que van desde el alto costo de la intervención del Estado y los bajos resultados, hasta lecturas que parten de que este programa introduce indeseables elementos de inestabilidad a los derechos de propiedad que deberían estar por fuera de toda discusión para crear condiciones favorables a la inversión nacional y extranjera.

Estas posiciones proponen a cambio de la reforma agraria -que ya no sería necesaria- programas de neoparcería bajo el nombre de «alianzas estratégicas, sociales y productivas para la paz».

Por otro lado van las evaluaciones de los sectores campesinos, indígenas, afrocolombianos, organizaciones sindicales y cívicas y, en general, las organizaciones sociales que coinciden con las guerrillas en el sentido de que en Colombia no se ha hecho reforma agraria sino un programa de colonizaciones para ubicar fuera de la frontera agrícola (donde no representaran peligro para el latifundio) a los campesinos desplazados por las violencias políticas mientras se insiste en el esquema fracasado del conservadurismo agrario con políticas estatales de desarrollo por la vía del latifundio en detrimento del apoyo del Estado a la economía campesina y su aporte.

Nuestra lectura atribuye con base en investigaciones de varias épocas (la más reciente de la Misión Rural hace dos años) que la acaparación especulativa y rentística de las tierras (capitalismo burocrático) ha sido la base y el motor del gamonalismo, la exclusión política, la pobreza y la violencia terrateniente a la que el campesinado -y los indígenas- respondieron con la creación de movimientos guerrilleros.

Consideramos que la falta de una reforma agraria estructural ha sido el caldo de cultivo para la generación de una cultura de la renta y el dinero fácil que hermana a terratenientes, multinacionales, banqueros y mafiosos.

Atribuimos a la falta de la reforma agraria, los cultivos ilegales y el narcotráfico, la depredación de medio millón de hectáreas de selvas por año, el mal uso de los suelos y la potrerización de las mejores tierras del país donde pastan algunas vacas, pues son tierras dedicadas a captar rentas y valorización por proyectos que no son de producción agropecuarios.

Con la excepción de los terratenientes, los empresarios y los neoliberales en el gobierno, hay una suerte de consenso nacional en la vigencia de una reforma agraria integral, democrática y masiva, que no avanza debido a la composición del Congreso, los compromisos del Ejecutivo con los latifundistas y últimamente con las multinacionales que coinciden en señalar que el sector agropecuario ya no es importante, ni la propiedad de las tierras.

Este planteo esconde una política de alta movilidad de la población definida y aplicada desde hace 50 años para «sacar gente ineficiente del campo» con lo que la consolidación del latifundio y el desplazamiento campesino (por pobreza y marginalidad o por violencia) pasaron a ser políticas de Estado para dejar el territorio libre de «gente sobrante» para que las multinacionales y el imperialismo norteamericano desarrollen sus megaproyectos de inversión y control geoestratégico.

La reforma agraria marginal se mantiene así como un simple programa de colonizaciones y mercado subsidiado de tierras -también fracasado- para la estabilización de áreas de alto conflicto agrario, por lo que no cuenta con el soporte de una política de desarrollo rural y protección de la economía campesina, con lo que también el país perdió su seguridad alimentaria (abundante oferta de alimentos nacionales, producidos sin químicos, a precios asequibles para la población)

En los debates y foros realizados en los últimos dos años en escenarios regionales, nacionales y en algunos escenarios internacionales se lograron amplios consensos en la vigencia de la reforma agraria en Colombia para hacer un ordenamiento social y cultural de la propiedad, que significa redistribuir activos productivos, establecer áreas para el desarrollo y consolidación de la economía campesina (que ha demostrado ser más eficiente que los latifundistas), y para el etnodesarrollo de cerca de 80 grupos indígenas diferentes, proteger ecosistemas frágiles, reemplazar los cultivos ilegales, reubicación de colonos de áreas protegidas, definir las áreas de reserva campesina y las reservas de suelos alrededor de las grandes ciudades y, en general, estimular una cultura productiva, de respeto y conservación de la naturaleza y la biodiversidad, que impulse el desarrollo nacional y social.

2-. Desde 1962 y a 31 de dic/99 las ejecutorias del INCORA son:

Adjudicación de 1´696.800 hás a 101.800 familias campesinas (de 1,5 millones que no la tienen), titulación de 13´739.056 hás de tierras baldías (de la nación, a razón de 8,1 hás de baldíos tituladas por 1 ha adjudicada, lo que prueba la marginalidad del proceso), extinción del dominio de 4´713.706 has. (tierra que el INCORA quitó e ingresó sin costo para el Estado), constitución y ampliación de resguardos para comunidades indígenas sobre 30´378.314 hás; titulación a comunidades negras sobre 1´389.359 hás, y un trabajo de promoción de la organización campesina que fue desmontado hace pocos años.

Siendo Colombia un país con 114,7 millones de hás de extensión territorial, el instituto ha actuado sobre 51´917.235 hás sin incluir la ejecución del año 2000. Como puede observarse, el INCORA fue desviado desde el Pacto de Chicoral (en 1973 el bipartidismo latifundista decide parar el proceso y no afectar sus tierras ociosas) para afectar sólo las tierras de la nación, por lo que no puede ser evaluado como instituto de reforma agraria (a pesar de su nombre y en sus etapas iniciales haber hecho reforma integral y construido 17 distritos de riego sobre cerca de 200 mil hás de tierra y construido obras de infraestructura en muchos sitios del país), sino como instituto de colonizaciones (de hecho sus ejecutorias se refieren sobre todo a titulación de tierras baldías a campesinos, indígenas y negros).

Dentro de las limitaciones mayores del proceso están: la reiterada falta de voluntad política de los gobernantes y legisladores, la utilización de la reforma agraria como política para la gobernabilidad y estrategia de contención social y contra insurgencia, pero no como estrategia de desarrollo; las permanentes estrecheces presupuestales del instituto agravadas por la práctica legal del mercado de tierras de adquirir tierras bajo autoavalúo del propietario, la profusa y pro terrateniente legislación agraria, la falta de integralidad de los programas y la carencia de política de desarrollo rural, las tasas de usura a los créditos incluidos los destinados a la producción de alimentos, la apertura económica que quebró miles de parceleros exitosos hasta 1990, la persecución oficial a las organizaciones campesinas e indígenas, la participación marginal (sin poder de decisión) de las comunidades en el proceso, la pérdida de capacidad operativa de la entidad con reducciones de su planta de personal de 4007 cargos en 1990 a 1459 cargos actualmente (con amenazas de Minhacienda dejar sólo 400 este año) para golpear al instituto y su Sindicato bajo la excusa de reducir gasto público pero atendiendo exigencias de la organización de terratenientes de extrema derecha SAC que considera al INCORA y sus programas como innecesarios desde su misma creación, actualmente llaman al INCORA «un edificio con Sindicato»-; los casos de corrupción en algunas compras de tierras en el mercado…

 

 

 

El programa de reforma agraria marginal hasta hace cuatro años fue usado también como señuelo electoral para llevar al campesinado a votar por el bipartidismo pero sin asignar a la entidad recursos presupuestales.

Particularmente ilustrativo al respecto son las cifras del presupuesto nacional que será para el año entrante de $57 billones de pesos colombianos: el servicio de la deuda externa representaba en 1995 el 19,1% y pasa en el 2001 al 40,4% del presupuesto total de la nación; el pago de intereses de la deuda el año entrante será cinco veces mayor que el presupuesto total de inversión de la nación. Y de los $57 billones de pesos, para reforma agraria el gobierno sólo asignará el año entrante la irrisoria suma de $17 mil millones en inversión y $37 mil millones en funcionamiento (para una planta de personal de sólo 400 trabajadores en INCORA de los 1459 actuales), es decir que en reforma agraria el gobierno invertirá el próximo año la miserable, irrisoria suma que no llega al 0,00000009% del presupuesto nacional (? nueve centi millonésimas del presupuesto nacional, aunque suene increíble?) y así insisten en que «la reforma agraria resulta muy costosa».

Cálculos del Consejo Nacional Campesino establecen que la reforma agraria en Colombia se haría con sólo $2 billones de pesos si se afectan con extinción del derecho de dominio los 44 mil kilómetros cuadrados comprados -o arrebatados- por la mafia para lavar dólares y especular con la valorización de los megaproyectos en los mejores suelos del país (valles de los ríos Cauca, Magdalena, Sinú, San Jorge, Zulia, Meta, etc)

En materia de gastos de personal, el sector defensa concentra el 25% del presupuesto nacional , la fiscalía el 10%, la rama judicial el 11%, la policía nacional el 25%. En resumen, cuatro sectores (defensa, policía nacional, rama judicial y fiscalía) concentran el 71% del presupuesto de gastos de la nación, pero el recorte anunciado para este año por Minhacienda es de reducir 9 mil empleos y ninguno en los sectores de mayor gasto, en cambio se alista con la supresión del INAT (adecuación de tierras) y el DRI y el fuerte ajuste al INCORA la supresión total en sector agricultura de más de 2.400 cargos con lo cual se desmantela totalmente la institucionalidad pública de servicio al campo y las funciones del INCORA serían descentralizadas a los entes territoriales, para entregarlas a los gamonales y terratenientes locales mediante una descentralización administrativa perversa, es decir no democrática y donde el Estado central se desprende se sus obligaciones constitucionales endosándolas a las regiones que financieramente están quebradas, políticamente controladas por el bipartidismo terrateniente y militarmente bajo el terror desplegado por los paramilitares.

La «reforma del Estado» que simplemente consiste en despedir trabajadores, está pendiente sólo de malabarismos legales por parte de Presidencia ante los fallos anti despidos por vía de decreto presidencial proferidos por la Corte Constitucional fustigada a su vez por los neoliberales.

La contrarreforma agraria va desde la violencia para despojar las familias parceladas, hasta el desmonte de la entidad encargada del programa.

3-. Genocidio social y contrarreforma agraria

Si la situación en materia de presupuesto para la reforma agraria es crítica, lo es más la situación de graves violaciones de los derechos humanos al campesinado en general y en particular la pérdida de las parcelaciones entregadas a familias campesinas por el INCORA.

Los paramilitares están despojando de las tierras conquistadas y entregadas por INCORA a las comunidades campesinas, especialmente en los distritos de riego de Maríalabaja (Bolívar), El Zulia (Norte de Santander, frontera con Venezuela), La Doctrina (Córdoba, donde acabaron la organización campesina autónoma), la zona del Ariari (Meta), Valle, Magdalena Medio y Sur de Bolívar, Putumayo, Casanare y el Huila donde arreciaron las amenazas contra dirigentes campesinos de todas las organizaciones, incluida ANUC UR.

Sólo en el departamento de Bolívar 500 familias parceladas por el INCORA han sido despojadas violentamente de sus tierras en los últimos tres años sin que se haya iniciado gestión alguna para recuperar estas tierras entregadas por la nación a sus legítimos dueños, los campesinos desplazados por el terror paramilitar, tanto que ya no se habla entre los campesinos y especialistas de que en Colombia haya reforma agraria sino una violenta contrarreforma agraria y un gigantesco genocidio social y político contra el campesinado, los indios y los negros.

Las masacres de campesinos en los Montes de María (Sucre y Bolívar) se suceden en el área de operaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Quince campesinos fueron asesinados a garrote y machete entre el 16 y 17 de octubre, estando en el área el batallón de contraguerrilla de Infantería de Marina. Están afectadas parcelaciones del INCORA en San Jacinto, Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, Ovejas, Corozal, y pequeños propietarios de los corregimientos de Macayepo, El Limón, Floral, La Palma, La Pita en Bolívar, y Verruga, Bajo Don Juan, Palmira, El Pavo, Buenos Aires, Caña Fría y Palo Alto (Sucre).

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra que agrupa 120 juntas de acción comunal de Yondó, Cantagallo, San Pablo, Remedios, corregimiento Ciénaga del Opón de Barrancabermeja en el Magdalena Medio, áreas donde el INCORA ha adjudicado algunas fincas y baldíos, denuncian en los dos últimos años operativos combinados de paras y militares contra los caseríos, saqueos por la fuerza pública, asesinatos selectivos que llegan a 400 personas en Barranca y 500 campesinos más en la zona, quema de las instalaciones de la Cooperativa campesina, 30 mil desplazados y afirman en un comunicado del 12 de octubre: «exigimos todo el tiempo lo nuestro, es por eso que estamos exigiendo ser sembradores de caña y arroz, hacedores de panela, arrieros de búfalos, constructores de vivienda, cooperativistas, agroforestales, planificadores y ordenadores ambientales del territorio que nos queda; todos estos proyectos los estamos forjando en el marco de una zona de reserva campesina que nos permita sustituir los cultivos de coca existente y dignificar la vida de nuestra gente…».

El programa de zonas de reserva campesina está asignado al INCORA por Ley 160/94 y es impulsado por el Consejo Nacional Campesino, CNC y SINTRADIN, para prevenir el desplazamiento mediante compraventa de parcelas y pequeñas fincas en las áreas reservadas, pero no tiene recursos para adelantarlo. Afirmamos que la zona de reserva campesina que necesitan con urgencia las comunidades del Valle del Río Cimitarra no se aprueba por el gobierno porque para esa zona existe un megaproyecto de siembra en monocultivo de 30 mil hectáreas de palma africana a un costo de US. 10 millones (según Planeación Nacional) en contravía del plan campesino de desarrollo regional que rechaza el monocultivo, más cuando saben que el precio internacional del aceite de palma ha bajado drásticamente en los últimos 18 meses (ver informe de FEDEPALMA) como resultado de las cosechas de aceite de girasol en Brasil, EUA y otros países.

La Junta Directiva de la Asociación campesina del Valle del Río Cimitarra en oficio del 28 de septiembre/00 dirigido al Ministro de Agricultura Rodrigo Villalba afirma «han sido muy pocas las entidades del Estado que nos han prestado sus servicios y dentro de ellas merece especial atención el INCORA la cual en las épocas en que no habíamos sido desplazados de nuestras parcelas nos benefició con importantes programas de desarrollo pecuario en los que nos brindaba ganado, insumos y asistencia técnica,… y en los últimos dos años el INCORA ha hecho presencia en nuestra región con el importante programa de zonas de reserva campesina y nos ha traído una nueva esperanza de desarrollo…, por estas razones le estamos solicitando a nombre de los campesinos del Valle del Río Cimitarra, defender la continuidad del INCORA y fortalecer sus importantes programas de reforma agraria y reservas campesinas que son la única esperanza de desarrollo de la economía campesina en zonas olvidadas como la nuestra».

En otras palabras, desde el establecimiento se acaba con los campesinos y al tiempo con el INCORA.

En el Sumapaz, municipios de Pasca, Cabrera, Choachí, Viotá y la localidad de Usme perteneciente a Bogotá, 6.000 soldados de la Quinta División, la 13 Brigada y las Fuerzas de Despliegue Rápido, mantienen desde el 30 de agosto el operativo «aniquilador II», ametrallan escuelas (la Defensoría del Pueblo tiene videos con pruebas), retención de víveres a los campesinos (violatorio del Protocolo II de Ginebra), piden que para su región se apruebe de inmediato una zona de reserva campesina pues comenzaron los deplazamientos masivos al acusar el Ejército a las comunidades de ser simpatizantes de la guerrilla desde la época del dirigente campesino Juan de la Cruz Varela.

La violencia que comienza en esa zona tiene detrás el megaproyecto de controlar en el páramo del Sumapaz la reserva de agua más importante de la capital colombiana y es una estrella hidrográfica donde nacen importantes ríos que van a las cuencas del Magdalena y el Orinoco.

En la Amazonía bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se adelanta el objetivo estratégico contrainsurgente y el control por los EUA de la cuenca del río Amazonas, que incluye parte de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam. El megaproyecto aquí consiste en controlar el ecosistema más rico en diversidad genética de la tierra, el territorio donde está según los expertos el futuro de la humanidad con cerca de 7 millones 160 mil kilómetros cuadrados, enormes reservas de agua, maderas, fauna, flora, hidrocarburos y minerales. Es la zona de mayor extensión de bosques tropicales por lo que se llama como «el pulmón del planeta tierra» habitado por 370 pueblos de diferentes etnias.

Colombia tiene el 36% de su territorio en la cuenca del Amazonas y sobre esa zona se descargan centenas de toneladas diarias de defoliantes químicos, atentando contra una región altamente vulnerable por su biodiversidad al tiempo con la destrucción de la selva por el empuje de miles de campesinos colonos expulsados por los terratenientes desde la frontera agrícola.

Además es una zona geoestratégica y con reservas mineras, como La Guajira, Urabá y el Chocó de donde también se desplaza violentamente a las comunidades indígenas Embera Katio despojándolas de tierra y territorios, para «limpiar» áreas de megaproyectos de generación hidroeléctrica y el canal interoceánico alterno al de Panamá.

En la zona del Catatumbo, La Gabarra y Tibú donde el INCORA tituló baldíos a colonos e indígenas desde hace 35 años y en las zonas del distrito de riego del Zulia donde están asentados centenas de familias de reforma agraria, los campesinos movilizados presentaron en 1998 un Plan de desarrollo integral y Paz que el gobierno firmó. La respuesta ha sido una violenta arremetida con más de 500 campesinos muertos, desaparecidos, torturados, descuartizados, más de 20 mil desplazados. Los paramilitares montaron su propia Ong. para captar recursos del plan propuesto por los campesinos masacrados.

En Nariño, las comunidades campesinas e indígenas organizadas y movilizadas en varias ocasiones, han propuesto planes de reforma agraria y etnodesarrollo así como un proyecto de Ordenamiento Territorial que fue presentado al Congreso. No hay avance alguno pero comenzaron los asesinatos y las fumigaciones en Nariño y el Macizo en desarrollo del Plan Colombia.

En el Putumayo arrancó el Plan Colombia y ya arroja sus primeros «frutos». Puerto Asís, La Dorada y el Bajo Putumayo están sitiados por las AUC que hostigan asesinan, desplazan masivamente campesinos hacia Pasto y ahora hacia el Ecuador por acciones bárbaras en La Dorada, Orito, El Trigre, La Hormiga, que son zonas de amplio control militar del Ejército Nacional. Hay más de 40 personas desaparecidas, miles de hectáreas de selva fumigadas y destruidas y miles de campesinos e indígenas intoxicados, nacimientos de niños con deformidades causadas por los venenos que lanzan desde gran altura los aviones. Un militar norteamericano afirmó que la guerra en el Putumayo «se trata de defender operaciones de la Occidental, British Petroleum fusionada con la norteamericana AMOCO y la Texas, donde tanto la familia del candidato Gore como los donantes de Bush tienen interés».

En el Valle del Cauca, las «autodefensas» (dicen no ser paras sino autodefensas de los industriales del Valle) han invadido los alrededores del resguardo indígena «Kwet Wala» en el municipio de Pradera ocupando las veredas La Carbonera, Los Pinos, El Nogal, en todas las cuales hay población indígena perteneciente al resguardo central del cabildo y numerosa población campesina. Ya van tres indígenas torturados y asesinados (padre, madre y un niño de nueve años), todos abiertos en canal y decapitados. En plena reunión de las comunidades con el gobierno departamental en Cali llegó la noticia de esta masacre pero el Ejército reportó que «no hay anormalidades en el área». Iguales métodos de terror aplican en Tulua, Buga, Bugalagrande, Sevilla para sacar por miedo a indios y campesinos.

En comunicados de la ORIVAC (Organización Regional Indígena del Valle del Cauca) del 14 de octubre, expresan «los terratenientes están de fiesta: desplazamientos forzados de numerosa población, ametrallamiento y permanentes sobrevuelos de helicópteros, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, …en un corredor que se ha convertido en objetivo estratégico del latifundio especulador, gracias a los megaproyectos viales previstos por el alto gobierno y a las recomendaciones de los norteamericanos con relación al control sobre la carretera Panamericana…»

Todas estas denuncias y muchas más han sido presentadas en diferentes instancias del gobierno y en las mesas de diálogo en San Vicente del Caguán por voceros de las comunidades. Además están difundidas vía electrónica para todo el mundo y respaldadas por comunicados de:

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra:; octubre 23/00 «Retenidos campesinos del Valle del Río Cimitarra por tropas oficiales del Batallón 45 Héroes de Majagual; octubre 12/00 «Porqué no vamos a la Conferencia de San José de Costa Rica»

VALLE DEL CAUCA: Colectivo Semillas de Paz, 14 de octubre/00, «El Plan Colombia se aplica en el municipio de Pradera-Valle, abusos y crímenes en Pradera».

ORIVAC: octubre 2/00, «La ORIVAC denuncia…» comunicado de denuncia, octubre 2 / 2000- .

Comisión Temática: Boletín Informativo #14 de la Comisión Temática FARC-ep que recoge las denuncias presentadas en 56 ponencias en la Audiencia Especial con el sector de Iniciativas de Paz el 13 de agosto/00 y transmitidas por televisión Señal Colombia y la Radiodifusora Nacional.

SUMAPAZ: Periódico VOZ 17 de septiembre/00; Convocatoria al «Foro Regional de Sumapaz, el Tequendama y el Oriente del Tolima por la paz y los derechos humanos» suscrita por Comité Permanente de derechos Humanos; CUT Cundinamarca, FENSUAGRO, ANDAS, Alcaldía de Cabrera y Viotá, Personerías de Pandi, Cabrera, Viotá, Granada, Silvania, Fusagasugá, Arbelaez, Tibacuy, San Bernardo, Venecia, Sindicato de Agricultores de Cundinamarca y Juntas Comunales del Sumapaz.

MONTES DE MARIA : comunicado de denuncia Bloque Caribe FARC. 18 DE Oct/00 «Masacres en los Montes de María».

PUTUMAYO: Comunicado «terrorismo de Estado, denuncia pública» 13 de octubre/00 del Comité Interveredal del municipio de La Dorada (Putumayo),

NOTA: No existen aún en el INCORA datos detallados del número de campesinos, indígenas y negros usuarios de programas de reforma agraria , asesinados, desplazados con violencia. Los datos son parciales en cada regional. El Sindicato ha insistido ante la administración del INCORA para que se establezcan estas realidades y se recuperen las parcelas desde el punto de vista del retorno con garantías de las familias desplazadas y las demás unidades agrícolas familiares se reactiven productivamente.

A la par con la contrarreforma agraria por vías violentas, se adelanta la contrarreforma agraria de los bancos que rematan fincas por deudas morosas a razón de 9 y diez mil fincas por año, mientras el INCORA no alcanza a dotar de tierras a dos mil familias por año.

4-. Avances en las mesas de paz

Solo se agotó la mesa de generación de empleo y sus conclusiones están por salir.

En ese tema SINTRADIN presentó el documento «Ordenamiento Social, económico y cultural de la propiedad: una alternativa estructural al desempleo rural» que comparte el CNC y parte de proponer el cambio del modelo económico neoliberal, la modificación de los tratados internacionales de comercio suscritos por Colombia para definir una política de protección a la economía campesina y un ordenamiento de la propiedad con instrumentos como la expropiación por vía administrativa del latifundio (hoy son las multinacionales las que pueden hacer expropiación privada de la propiedad campesina), destinar a la agricultura las cinco millones de hás. desperdiciadas hoy en ganadería extensiva, extinción del derecho de dominio del latifundio ocioso o mal usado. Sobre estas cinco millones de hás. propusimos conformar 12 mil empresas cooperativas (25 familias integrarían cada cooperativa) autogestionadas, para asentar 300 mil familias en unidades agrícolas de 16 hás., para dar trabajo permanente a 1´200 mil campesinos, colonos, desplazados por la violencia. Propusimos también afectar con extinción del dominio las 4,4 millones de hectáreas acaparadas por la mafia del narcotráfico y conformar diez mil cooperativas para asentar unas 250 mil familias campesinas más dando trabajo permanente a un millón de campesinos, desplazados, conformando éstas áreas como zonas de reserva campesina y de concentración parcelaria, para evitar la reconcentración de la propiedad y garantizar servicios integrales de desarrollo productivo y social.

Incluye nuestra propuesta reactivar de inmediato unas 50 mil parcelas ya entregadas o conquistadas por las comunidades para generar 200 mil empleos productivos más, para lo que basta la reglamentación del artículo 122 de la Ley 510/99 donde se crea una línea especial de crédito para usuarios de reforma agraria con tasas de interés inferiores al IPP (índice de precios al productor).

La propuesta comprende vincular 36 mil técnicos, tecnólogos y profesionales agropecuarios para asistir técnicamente y en organización social y productiva a las comunidades asentadas.

El costo de esta propuesta depende de si el Estado cumple con la Ley 333 que posibilita la extinción del dominio de las tierras adquiridas con dineros ilícitos en cuyo caso dicho costo estaría por los $2 billones de pesos. De continuar con el proceso de compra de tierras por autoavalúo comercial del terrateniente el costo se elevaría tres o cuatro veces.

Esta propuesta apunta a resolver estructuralmente el crónico problema agrario.

Además se han realizado varias audiencias públicas sobre temas como el desplazamiento forzado, cultivos ilícitos, entre otros, donde las comunidades rurales han dejado claros consensos en relación con la urgente solución del problema agrario como requisito de una paz duradera.

El problema agrario es el segundo punto en la agenda de diálogo gobierno-FARCep, – después del tema empleo – modelo económico, pero tanto el gobierno como el empresariado (y especialmente los gremios de terratenientes SAC y FEDEGAN) están empecinados en aplazar el tema y en su reemplazo abordar los asuntos relacionados con el Derecho Internacional Humanitario.

El 30 de octubre se presentaría en el Comité Temático los informes de las audiencias públicas sobre el tema de «crecimiento económico y generación de empleo» donde se entregarían además la evaluación de las 25 audiencias públicas sobre este tema.

La Mesa de Diálogo y Negociación acordó además iniciar el segundo bloque de audiencias públicas con el tema «DISTRIBUCION DEL INGRESO Y DESARROLLO SOCIAL». También esta Mesa acordó completar los cupos conjuntos del Comité Temático con dos representantes de los sectores campesino y de la juventud y próximamente darían a conocer sus nombres. (Comunicado 24, Mesa Nal. de diálogo y negociación, 23 de oct/2000).

 

5-. MESAS GOBIERNO-CNC

Luego de la movilización nacional del CNC, sintradin y organizaciones de campesinos e indígenas regionales en 10 departamentos durante los días 13, 14 y 15 de octubre/2000 por la reforma agraria y contra el desmonte del INCORA, donde se presentó un pliego que se ha discutido por mes y medio con el gobierno (Minagricultura, Caja Agraria y Banco Agrario, Departamento Nacional de Planeación) y tras mes y medio de sesiones, el CNC evalúa que no hay avances, el gobierno mantiene una postura arrogante y una táctica de desgaste del CNC. Los resultados son:

1-. En crédito aún no se reglamenta la línea especial de crédito para usuarios de reforma agraria ni se dan soluciones de fondo para el grave problema del endeudamiento campesino.

2-. No desmonte del INCORA: el minagricultura insiste en suprimir el DRI y el INAT y traer sus funciones al INCORA, lo que podría ser visto como un fortalecimiento de la entidad, pero en la práctica esa medida no se acompaña de más personal, ni recursos nuevos de inversión, ni implica cambio de política agraria. Sería solo una decisión burocrática para bajar gasto despidiendo más trabajadores especialmente en INAT y DRI.

3-. En materia de incrementar el presupuesto de inversión para reforma agraria el gobierno no se compromete en nada porque la reforma agraria «es muy costosa y hay déficit fiscal». Sólo habrían algunos recursos para el Fondo de organización y capacitación campesina que manejan algunas organizaciones.

4-. No hay avances tampoco en la exigencia de protección a los bienes y tierras de las comunidades desplazadas por violencia, ni se acepta declarar la nulidad de las compraventas de tierras realizadas en áreas de conflicto que son contratos donde se puede presumir que hubo vicios (presión) sobre la voluntad de una de las partes.

5-. Se compromete el gobierno a impulsar las zonas de reserva campesina ya aprobadas en El Pato (Huila-Caquetá), Calamar (Guaviare) y el Sur de Bolívar. Pero no se ve voluntad política de aprobar reserva campesina en el Valle del Río Cimitarra, Puerto Asís (Putumayo), Sumapaz, Arauca y la Provincia del Bajo Ricaurte (Boyacá), regiones donde las comunidades han avanzado en las etapas previas a la aprobación oficial de las zonas.

6-. No aceptan suspender fumigaciones en áreas de cultivos ilegales para reemplazarlas por planes concertados de erradicación manual, ni suspender la apertura económica y la importación masiva de alimentos, ni derogar la resolución que le da entrada a la Oxy al territorio ancestral de los indígenas U´was.

6-. Un tema especial es el de los proyectos de ley de reforma agraria.

El gobierno informó hace dos días al CNC que decidió volver a presentar su proyecto de cambios a la ley 160/94 pero desconocemos si el texto actual difiere y en qué aspectos, de la versión que conocimos y combatimos durante todo el año.

El Representante a la Cámara Gustavo Petro quien firmó y presentó nuestro proyecto de Ley, expresó a través de un Asesor que está dispuesto a firmar y presentar de nuevo nuestra iniciativa, previos ajustes presentados por las comunidades en las regiones donde lo hemos discutido (que es casi todo el país). Y estamos buscando más congresistas que lo firmen también y contactando dirigentes del Putumayo que alistan movilización para que se lo apropien y levanten en su lucha.

El gobierno propuso al CNC un taller de discusión el 14 de noviembre para «acercar y eventualmente unificar los dos proyectos de ley » con asistencia de CNC-ANUC-Gobierno- SAC-FEDEGAN (?), pero como es de suponer será muy poco factible llegar a acuerdos, Para comprobarlo, miremos las distancias entre las dos iniciativas:

Como se recordará, los campesinos y el Sindicato partíamos de que La ley 160/94 o ley de mercado subsidiado de tierras fue un gran fracaso y no se requería remiendos sino cambios de fondo.

El gobierno en su proyecto de ley propuso entre otras cosas: abrir la posibilidad de descentralizar perversamente todos los programas de reforma agraria del INCORA para entregárselos a las regiones que no tienen capacidad técnica, ni financiera y están controladas precisamente por los terratenientes y sus ejércitos privados que no permiten una real participación y expresión de las comunidades y sus organizaciones, incluso, que las persiguen a muerte; mantener la prueba de propiedad o cadena de tradición desde el 4 de agosto de 1974, legitimando las escrituras con falsa tradición hacia atrás en el tiempo; mantener la prohibición de adquirir predios invadidos después del 4 de agosto de 1993 si el propietario no quiere vender; beneficiar con prioridad campesinos con capacidad empresarial demostrada; reducir la representación campesina de organizaciones del CNC en la Junta Directiva de la entidad; mantener el fracasado esquema del mercado subsidiado de tierras, establece el arrendamiento con opción de compra de predios rurales o leasing; aprobar la expropiación administrativa sólo para los predios a los que se puede extinguir el derecho de dominio por proveniencia ilícita del dinero de la compra (y debería es simplemente quitarse esa propiedad sin pago, Ley 333/96); entrega de tierras con subsidio del 70% a los desplazados a quienes les entregarían predios sólo con asignación provisional por tres años; mantiene como criterio guía de compra el avalúo comercial.

Hasta algunos terratenientes en el Congreso se opusieron a este proyecto, claro está pensando en disolver el tema en otras normas y acabar el asunto de la reforma agraria.

En cambio, el proyecto del CNC -cuyo debate no quisieron acumular los congresistas pero que contó con el apoyo unánime de las comunidades, organizaciones y voceros durante los once foros sobre reforma agraria realizados en el país-, propone: participación mayoritaria y decisoria del campesinado en las instancias de planeación, dirección y evaluación de la reforma agraria incluida la Junta Directiva del INCORA; fortalecimiento presupuestal, jurídico, programático, técnico y operativo el INCORA con impuestos a las importaciones de alimentos, 5% del presupuesto nacional, 10% del fondo Nal. de regalías petroleras, 25% de los recursos captados en el impuesto del 2×1000; extinción del dominio en fincas donde se violen derechos laborales de los trabajadores, se haga mal uso de los suelos y destinación para desplazados a título gratuito; limitar la propiedad de la tierra; precio máximo de compra de tierras el 200% del avalúo catastral de dos años anteriores a la negociación que duraría máximo 60 días; en caso de que el propietario no facilite la negociación en ese plazo, se hará expropiación por vía administrativa; sacar del mercado las tierras reformadas para prevenir reconcentración y desplazamiento; las tierras serán entregadas a los campesinos sin subsidio en el precio (al mismo valor que fueron compradas, es decir máximo 200% de su avalúo catastral) y con tasa de interés del 4% anual a 15 años de plazo; cierre de la frontera agrícola hasta que se haya redistribuido el latifundio ocioso dentro de la frontera y al retomarse la titulación de baldíos limitar la máxima extensión titulable a 2 UAF; retornar la cadena de títulos para demostrar legítima tradición a 1917; expropiación sin indemnización por motivos de equidad de los predios ocupados donde sean asesinados campesinos o indígenas o negros; se decreta la nulidad de todas las compraventas de tierras y mejoras efectuadas por campesinos desplazados con violencia; garantía para el retorno de los desplazados a sus tierras o reubicación en otra finca asumiendo el Estado como parte de pago el valor de las tierras y mejoras despojadas; seguro de cosecha a costo máximo del 1% del valor de la cosecha y amparando el 100% de su valor; establecimiento de un régimen de seguridad social en pensiones y salud para los campesinos pequeños y medianos propietarios y jornaleros, y se ratifica que las reservas indígenas son tierras comunales del respectivo grupo étnico y por tanto son inembargables, imprescriptibles e inenajenables (tenemos el temor de que el gobierno con tal de meter al país al NAFTA como lo anunció Pastrana, haga lo mismo que hizo México para cumplir una exigencia de las multinacionales como condición de admisión: meter al mercado las tierras de los indígenas para darle entrada a sus megaproyectos).

Bogotá, 7 de Noviembre del 2000 . SINTRADIN Nacional-.