2000-12-01
Informe estado de la Reforma Agraria en Colombia
1-. Vigencia de la Reforma Agraria: un debate para la paz.
El programa de reforma agraria iniciado en Colombia desde 1961 es cuestionado en sus resultados por todos los sectores. Desde el gobierno y los terratenientes con argumentos que van desde el alto costo de la intervención del Estado y los bajos resultados, hasta lecturas que parten de que este programa introduce indeseables elementos de inestabilidad a los derechos de propiedad que deberían estar por fuera de toda discusión para crear condiciones favorables a la inversión nacional y extranjera.
Estas posiciones proponen a cambio de la reforma agraria -que ya no sería necesaria- programas de neoparcería bajo el nombre de «alianzas estratégicas, sociales y productivas para la paz».
Por otro lado van las evaluaciones de los sectores campesinos, indígenas, afrocolombianos, organizaciones sindicales y cívicas y, en general, las organizaciones sociales que coinciden con las guerrillas en el sentido de que en Colombia no se ha hecho reforma agraria sino un programa de colonizaciones para ubicar fuera de la frontera agrícola (donde no representaran peligro para el latifundio) a los campesinos desplazados por las violencias políticas mientras se insiste en el esquema fracasado del conservadurismo agrario con políticas estatales de desarrollo por la vía del latifundio en detrimento del apoyo del Estado a la economía campesina y su aporte.
Nuestra lectura atribuye con base en investigaciones de varias épocas (la más reciente de la Misión Rural hace dos años) que la acaparación especulativa y rentística de las tierras (capitalismo burocrático) ha sido la base y el motor del gamonalismo, la exclusión política, la pobreza y la violencia terrateniente a la que el campesinado -y los indígenas- respondieron con la creación de movimientos guerrilleros.
Consideramos que la falta de una reforma agraria estructural ha sido el caldo de cultivo para la generación de una cultura de la renta y el dinero fácil que hermana a terratenientes, multinacionales, banqueros y mafiosos.
Atribuimos a la falta de la reforma agraria, los cultivos ilegales y el narcotráfico, la depredación de medio millón de hectáreas de selvas por año, el mal uso de los suelos y la potrerización de las mejores tierras del país donde pastan algunas vacas, pues son tierras dedicadas a captar rentas y valorización por proyectos que no son de producción agropecuarios.
Con la excepción de los terratenientes, los empresarios y los neoliberales en el gobierno, hay una suerte de consenso nacional en la vigencia de una reforma agraria integral, democrática y masiva, que no avanza debido a la composición del Congreso, los compromisos del Ejecutivo con los latifundistas y últimamente con las multinacionales que coinciden en señalar que el sector agropecuario ya no es importante, ni la propiedad de las tierras.
Este planteo esconde una política de alta movilidad de la población definida y aplicada desde hace 50 años para «sacar gente ineficiente del campo» con lo que la consolidación del latifundio y el desplazamiento campesino (por pobreza y marginalidad o por violencia) pasaron a ser políticas de Estado para dejar el territorio libre de «gente sobrante» para que las multinacionales y el imperialismo norteamericano desarrollen sus megaproyectos de inversión y control geoestratégico.
La reforma agraria marginal se mantiene así como un simple programa de colonizaciones y mercado subsidiado de tierras -también fracasado- para la estabilización de áreas de alto conflicto agrario, por lo que no cuenta con el soporte de una política de desarrollo rural y protección de la economía campesina, con lo que también el país perdió su seguridad alimentaria (abundante oferta de alimentos nacionales, producidos sin químicos, a precios asequibles para la población)
En los debates y foros realizados en los últimos dos años en escenarios regionales, nacionales y en algunos escenarios internacionales se lograron amplios consensos en la vigencia de la reforma agraria en Colombia para hacer un ordenamiento social y cultural de la propiedad, que significa redistribuir activos productivos, establecer áreas para el desarrollo y consolidación de la economía campesina (que ha demostrado ser más eficiente que los latifundistas), y para el etnodesarrollo de cerca de 80 grupos indígenas diferentes, proteger ecosistemas frágiles, reemplazar los cultivos ilegales, reubicación de colonos de áreas protegidas, definir las áreas de reserva campesina y las reservas de suelos alrededor de las grandes ciudades y, en general, estimular una cultura productiva, de respeto y conservación de la naturaleza y la biodiversidad, que impulse el desarrollo nacional y social.
2-. Desde 1962 y a 31 de dic/99 las ejecutorias del INCORA son:
Adjudicación de 1´696.800 hás a 101.800 familias campesinas (de 1,5 millones que no la tienen), titulación de 13´739.056 hás de tierras baldías (de la nación, a razón de 8,1 hás de baldíos tituladas por 1 ha adjudicada, lo que prueba la marginalidad del proceso), extinción del dominio de 4´713.706 has. (tierra que el INCORA quitó e ingresó sin costo para el Estado), constitución y ampliación de resguardos para comunidades indígenas sobre 30´378.314 hás; titulación a comunidades negras sobre 1´389.359 hás, y un trabajo de promoción de la organización campesina que fue desmontado hace pocos años.
Siendo Colombia un país con 114,7 millones de hás de extensión territorial, el instituto ha actuado sobre 51´917.235 hás sin incluir la ejecución del año 2000. Como puede observarse, el INCORA fue desviado desde el Pacto de Chicoral (en 1973 el bipartidismo latifundista decide parar el proceso y no afectar sus tierras ociosas) para afectar sólo las tierras de la nación, por lo que no puede ser evaluado como instituto de reforma agraria (a pesar de su nombre y en sus etapas iniciales haber hecho reforma integral y construido 17 distritos de riego sobre cerca de 200 mil hás de tierra y construido obras de infraestructura en muchos sitios del país), sino como instituto de colonizaciones (de hecho sus ejecutorias se refieren sobre todo a titulación de tierras baldías a campesinos, indígenas y negros).
Dentro de las limitaciones mayores del proceso están: la reiterada falta de voluntad política de los gobernantes y legisladores, la utilización de la reforma agraria como política para la gobernabilidad y estrategia de contención social y contra insurgencia, pero no como estrategia de desarrollo; las permanentes estrecheces presupuestales del instituto agravadas por la práctica legal del mercado de tierras de adquirir tierras bajo autoavalúo del propietario, la profusa y pro terrateniente legislación agraria, la falta de integralidad de los programas y la carencia de política de desarrollo rural, las tasas de usura a los créditos incluidos los destinados a la producción de alimentos, la apertura económica que quebró miles de parceleros exitosos hasta 1990, la persecución oficial a las organizaciones campesinas e indígenas, la participación marginal (sin poder de decisión) de las comunidades en el proceso, la pérdida de capacidad operativa de la entidad con reducciones de su planta de personal de 4007 cargos en 1990 a 1459 cargos actualmente (con amenazas de Minhacienda dejar sólo 400 este año) para golpear al instituto y su Sindicato bajo la excusa de reducir gasto público pero atendiendo exigencias de la organización de terratenientes de extrema derecha SAC que considera al INCORA y sus programas como innecesarios desde su misma creación, actualmente llaman al INCORA «un edificio con Sindicato»-; los casos de corrupción en algunas compras de tierras en el mercado…
El programa de reforma agraria marginal hasta hace cuatro años fue usado también como señuelo electoral para llevar al campesinado a votar por el bipartidismo pero sin asignar a la entidad recursos presupuestales.
Particularmente ilustrativo al respecto son las cifras del presupuesto nacional que será para el año entrante de $57 billones de pesos colombianos: el servicio de la deuda externa representaba en 1995 el 19,1% y pasa en el 2001 al 40,4% del presupuesto total de la nación; el pago de intereses de la deuda el año entrante será cinco veces mayor que el presupuesto total de inversión de la nación. Y de los $57 billones de pesos, para reforma agraria el gobierno sólo asignará el año entrante la irrisoria suma de $17 mil millones en inversión y $37 mil millones en funcionamiento (para una planta de personal de sólo 400 trabajadores en INCORA de los 1459 actuales), es decir que en reforma agraria el gobierno invertirá el próximo año la miserable, irrisoria suma que no llega al 0,00000009% del presupuesto nacional (? nueve centi millonésimas del presupuesto nacional, aunque suene increíble?) y así insisten en que «la reforma agraria resulta muy costosa».
Cálculos del Consejo Nacional Campesino establecen que la reforma agraria en Colombia se haría con sólo $2 billones de pesos si se afectan con extinción del derecho de dominio los 44 mil kilómetros cuadrados comprados -o arrebatados- por la mafia para lavar dólares y especular con la valorización de los megaproyectos en los mejores suelos del país (valles de los ríos Cauca, Magdalena, Sinú, San Jorge, Zulia, Meta, etc)
En materia de gastos de personal, el sector defensa concentra el 25% del presupuesto nacional , la fiscalía el 10%, la rama judicial el 11%, la policía nacional el 25%. En resumen, cuatro sectores (defensa, policía nacional, rama judicial y fiscalía) concentran el 71% del presupuesto de gastos de la nación, pero el recorte anunciado para este año por Minhacienda es de reducir 9 mil empleos y ninguno en los sectores de mayor gasto, en cambio se alista con la supresión del INAT (adecuación de tierras) y el DRI y el fuerte ajuste al INCORA la supresión total en sector agricultura de más de 2.400 cargos con lo cual se desmantela totalmente la institucionalidad pública de servicio al campo y las funciones del INCORA serían descentralizadas a los entes territoriales, para entregarlas a los gamonales y terratenientes locales mediante una descentralización administrativa perversa, es decir no democrática y donde el Estado central se desprende se sus obligaciones constitucionales endosándolas a las regiones que financieramente están quebradas, políticamente controladas por el bipartidismo terrateniente y militarmente bajo el terror desplegado por los paramilitares.
La «reforma del Estado» que simplemente consiste en despedir trabajadores, está pendiente sólo de malabarismos legales por parte de Presidencia ante los fallos anti despidos por vía de decreto presidencial proferidos por la Corte Constitucional fustigada a su vez por los neoliberales.
La contrarreforma agraria va desde la violencia para despojar las familias parceladas, hasta el desmonte de la entidad encargada del programa.
3-. Genocidio social y contrarreforma agraria
Si la situación en materia de presupuesto para la reforma agraria es crítica, lo es más la situación de graves violaciones de los derechos humanos al campesinado en general y en particular la pérdida de las parcelaciones entregadas a familias campesinas por el INCORA.
Los paramilitares están despojando de las tierras conquistadas y entregadas por INCORA a las comunidades campesinas, especialmente en los distritos de riego de Maríalabaja (Bolívar), El Zulia (Norte de Santander, frontera con Venezuela), La Doctrina (Córdoba, donde acabaron la organización campesina autónoma), la zona del Ariari (Meta), Valle, Magdalena Medio y Sur de Bolívar, Putumayo, Casanare y el Huila donde arreciaron las amenazas contra dirigentes campesinos de todas las organizaciones, incluida ANUC UR.
Sólo en el departamento de Bolívar 500 familias parceladas por el INCORA han sido despojadas violentamente de sus tierras en los últimos tres años sin que se haya iniciado gestión alguna para recuperar estas tierras entregadas por la nación a sus legítimos dueños, los campesinos desplazados por el terror paramilitar, tanto que ya no se habla entre los campesinos y especialistas de que en Colombia haya reforma agraria sino una violenta contrarreforma agraria y un gigantesco genocidio social y político contra el campesinado, los indios y los negros.
Las masacres de campesinos en los Montes de María (Sucre y Bolívar) se suceden en el área de operaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Quince campesinos fueron asesinados a garrote y machete entre el 16 y 17 de octubre, estando en el área el batallón de contraguerrilla de Infantería de Marina. Están afectadas parcelaciones del INCORA en San Jacinto, Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, Ovejas, Corozal, y pequeños propietarios de los corregimientos de Macayepo, El Limón, Floral, La Palma, La Pita en Bolívar, y Verruga, Bajo Don Juan, Palmira, El Pavo, Buenos Aires, Caña Fría y Palo Alto (Sucre).
La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra que agrupa 120 juntas de acción comunal de Yondó, Cantagallo, San Pablo, Remedios, corregimiento Ciénaga del Opón de Barrancabermeja en el Magdalena Medio, áreas donde el INCORA ha adjudicado algunas fincas y baldíos, denuncian en los dos últimos años operativos combinados de paras y militares contra los caseríos, saqueos por la fuerza pública, asesinatos selectivos que llegan a 400 personas en Barranca y 500 campesinos más en la zona, quema de las instalaciones de la Cooperativa campesina, 30 mil desplazados y afirman en un comunicado del 12 de octubre: «exigimos todo el tiempo lo nuestro, es por eso que estamos exigiendo ser sembradores de caña y arroz, hacedores de panela, arrieros de búfalos, constructores de vivienda, cooperativistas, agroforestales, planificadores y ordenadores ambientales del territorio que nos queda; todos estos proyectos los estamos forjando en el marco de una zona de reserva campesina que nos permita sustituir los cultivos de coca existente y dignificar la vida de nuestra gente…».
El programa de zonas de reserva campesina está asignado al INCORA por Ley 160/94 y es impulsado por el Consejo Nacional Campesino, CNC y SINTRADIN, para prevenir el desplazamiento mediante compraventa de parcelas y pequeñas fincas en las áreas reservadas, pero no tiene recursos para adelantarlo. Afirmamos que la zona de reserva campesina que necesitan con urgencia las comunidades del Valle del Río Cimitarra no se aprueba por el gobierno porque para esa zona existe un megaproyecto de siembra en monocultivo de 30 mil hectáreas de palma africana a un costo de US. 10 millones (según Planeación Nacional) en contravía del plan campesino de desarrollo regional que rechaza el monocultivo, más cuando saben que el precio internacional del aceite de palma ha bajado drásticamente en los últimos 18 meses (ver informe de FEDEPALMA) como resultado de las cosechas de aceite de girasol en Brasil, EUA y otros países.
La Junta Directiva de la Asociación campesina del Valle del Río Cimitarra en oficio del 28 de septiembre/00 dirigido al Ministro de Agricultura Rodrigo Villalba afirma «han sido muy pocas las entidades del Estado que nos han prestado sus servicios y dentro de ellas merece especial atención el INCORA la cual en las épocas en que no habíamos sido desplazados de nuestras parcelas nos benefició con importantes programas de desarrollo pecuario en los que nos brindaba ganado, insumos y asistencia técnica,… y en los últimos dos años el INCORA ha hecho presencia en nuestra región con el importante programa de zonas de reserva campesina y nos ha traído una nueva esperanza de desarrollo…, por estas razones le estamos solicitando a nombre de los campesinos del Valle del Río Cimitarra, defender la continuidad del INCORA y fortalecer sus importantes programas de reforma agraria y reservas campesinas que son la única esperanza de desarrollo de la economía campesina en zonas olvidadas como la nuestra».
En otras palabras, desde el establecimiento se acaba con los campesinos y al tiempo con el INCORA.
En el Sumapaz, municipios de Pasca, Cabrera, Choachí, Viotá y la localidad de Usme perteneciente a Bogotá, 6.000 soldados de la Quinta División, la 13 Brigada y las Fuerzas de Despliegue Rápido, mantienen desde el 30 de agosto el operativo «aniquilador II», ametrallan escuelas (la Defensoría del Pueblo tiene videos con pruebas), retención de víveres a los campesinos (violatorio del Protocolo II de Ginebra), piden que para su región se apruebe de inmediato una zona de reserva campesina pues comenzaron los deplazamientos masivos al acusar el Ejército a las comunidades de ser simpatizantes de la guerrilla desde la época del dirigente campesino Juan de la Cruz Varela.
La violencia que comienza en esa zona tiene detrás el megaproyecto de controlar en el páramo del Sumapaz la reserva de agua más importante de la capital colombiana y es una estrella hidrográfica donde nacen importantes ríos que van a las cuencas del Magdalena y el Orinoco.
En la Amazonía bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se adelanta el objetivo estratégico contrainsurgente y el control por los EUA de la cuenca del río Amazonas, que incluye parte de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam. El megaproyecto aquí consiste en controlar el ecosistema más rico en diversidad genética de la tierra, el territorio donde está según los expertos el futuro de la humanidad con cerca de 7 millones 160 mil kilómetros cuadrados, enormes reservas de agua, maderas, fauna, flora, hidrocarburos y minerales. Es la zona de mayor extensión de bosques tropicales por lo que se llama como «el pulmón del planeta tierra» habitado por 370 pueblos de diferentes etnias.
Colombia tiene el 36% de su territorio en la cuenca del Amazonas y sobre esa zona se descargan centenas de toneladas diarias de defoliantes químicos, atentando contra una región altamente vulnerable por su biodiversidad al tiempo con la destrucción de la selva por el empuje de miles de campesinos colonos expulsados por los terratenientes desde la frontera agrícola.
Además es una zona geoestratégica y con reservas mineras, como La Guajira, Urabá y el Chocó de donde también se desplaza violentamente a las comunidades indígenas Embera Katio despojándolas de tierra y territorios, para «limpiar» áreas de megaproyectos de generación hidroeléctrica y el canal interoceánico alterno al de Panamá.
En la zona del Catatumbo, La Gabarra y Tibú donde el INCORA tituló baldíos a colonos e indígenas desde hace 35 años y en las zonas del distrito de riego del Zulia donde están asentados centenas de familias de reforma agraria, los campesinos movilizados presentaron en 1998 un Plan de desarrollo integral y Paz que el gobierno firmó. La respuesta ha sido una violenta arremetida con más de 500 campesinos muertos, desaparecidos, torturados, descuartizados, más de 20 mil desplazados. Los paramilitares montaron su propia Ong. para captar recursos del plan propuesto por los campesinos masacrados.
En Nariño, las comunidades campesinas e indígenas organizadas y movilizadas en varias ocasiones, han propuesto planes de reforma agraria y etnodesarrollo así como un proyecto de Ordenamiento Territorial que fue presentado al Congreso. No hay avance alguno pero comenzaron los asesinatos y las fumigaciones en Nariño y el Macizo en desarrollo del Plan Colombia.
En el Putumayo arrancó el Plan Colombia y ya arroja sus primeros «frutos». Puerto Asís, La Dorada y el Bajo Putumayo están sitiados por las AUC que hostigan asesinan, desplazan masivamente campesinos hacia Pasto y ahora hacia el Ecuador por acciones bárbaras en La Dorada, Orito, El Trigre, La Hormiga, que son zonas de amplio control militar del Ejército Nacional. Hay más de 40 personas desaparecidas, miles de hectáreas de selva fumigadas y destruidas y miles de campesinos e indígenas intoxicados, nacimientos de niños con deformidades causadas por los venenos que lanzan desde gran altura los aviones. Un militar norteamericano afirmó que la guerra en el Putumayo «se trata de defender operaciones de la Occidental, British Petroleum fusionada con la norteamericana AMOCO y la Texas, donde tanto la familia del candidato Gore como los donantes de Bush tienen interés».
En el Valle del Cauca, las «autodefensas» (dicen no ser paras sino autodefensas de los industriales del Valle) han invadido los alrededores del resguardo indígena «Kwet Wala» en el municipio de Pradera ocupando las veredas La Carbonera, Los Pinos, El Nogal, en todas las cuales hay población indígena perteneciente al resguardo central del cabildo y numerosa población campesina. Ya van tres indígenas torturados y asesinados (padre, madre y un niño de nueve años), todos abiertos en canal y decapitados. En plena reunión de las comunidades con el gobierno departamental en Cali llegó la noticia de esta masacre pero el Ejército reportó que «no hay anormalidades en el área». Iguales métodos de terror aplican en Tulua, Buga, Bugalagrande, Sevilla para sacar por miedo a indios y campesinos.
En comunicados de la ORIVAC (Organización Regional Indígena del Valle del Cauca) del 14 de octubre, expresan «los terratenientes están de fiesta: desplazamientos forzados de numerosa población, ametrallamiento y permanentes sobrevuelos de helicópteros, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, …en un corredor que se ha convertido en objetivo estratégico del latifundio especulador, gracias a los megaproyectos viales previstos por el alto gobierno y a las recomendaciones de los norteamericanos con relación al control sobre la carretera Panamericana…»
Todas estas denuncias y muchas más han sido presentadas en diferentes instancias del gobierno y en las mesas de diálogo en San Vicente del Caguán por voceros de las comunidades. Además están difundidas vía electrónica para todo el mundo y respaldadas por comunicados de:
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra:; octubre 23/00 «Retenidos campesinos del Valle del Río Cimitarra por tropas oficiales del Batallón 45 Héroes de Majagual; octubre 12/00 «Porqué no vamos a la Conferencia de San José de Costa Rica»
VALLE DEL CAUCA: Colectivo Semillas de Paz, 14 de octubre/00, «El Plan Colombia se aplica en el municipio de Pradera-Valle, abusos y crímenes en Pradera».
ORIVAC: octubre 2/00, «La ORIVAC denuncia…» comunicado de denuncia, octubre 2 / 2000- .
Comisión Temática: Boletín Informativo #14 de la Comisión Temática FARC-ep que recoge las denuncias presentadas en 56 ponencias en la Audiencia Especial con el sector de Iniciativas de Paz el 13 de agosto/00 y transmitidas por televisión Señal Colombia y la Radiodifusora Nacional.
SUMAPAZ: Periódico VOZ 17 de septiembre/00; Convocatoria al «Foro Regional de Sumapaz, el Tequendama y el Oriente del Tolima por la paz y los derechos humanos» suscrita por Comité Permanente de derechos Humanos; CUT Cundinamarca, FENSUAGRO, ANDAS, Alcaldía de Cabrera y Viotá, Personerías de Pandi, Cabrera, Viotá, Granada, Silvania, Fusagasugá, Arbelaez, Tibacuy, San Bernardo, Venecia, Sindicato de Agricultores de Cundinamarca y Juntas Comunales del Sumapaz.
MONTES DE MARIA : comunicado de denuncia Bloque Caribe FARC. 18 DE Oct/00 «Masacres en los Montes de María».
PUTUMAYO: Comunicado «terrorismo de Estado, denuncia pública» 13 de octubre/00 del Comité Interveredal del municipio de La Dorada (Putumayo),
NOTA: No existen aún en el INCORA datos detallados del número de campesinos, indígenas y negros usuarios de programas de reforma agraria , asesinados, desplazados con violencia. Los datos son parciales en cada regional. El Sindicato ha insistido ante la administración del INCORA para que se establezcan estas realidades y se recuperen las parcelas desde el punto de vista del retorno con garantías de las familias desplazadas y las demás unidades agrícolas familiares se reactiven productivamente.
A la par con la contrarreforma agraria por vías violentas, se adelanta la contrarreforma agraria de los bancos que rematan fincas por deudas morosas a razón de 9 y diez mil fincas por año, mientras el INCORA no alcanza a dotar de tierras a dos mil familias por año.
4-. Avances en las mesas de paz
Solo se agotó la mesa de generación de empleo y sus conclusiones están por salir.
En ese tema SINTRADIN presentó el documento «Ordenamiento Social, económico y cultural de la propiedad: una alternativa estructural al desempleo rural» que comparte el CNC y parte de proponer el cambio del modelo económico neoliberal, la modificación de los tratados internacionales de comercio suscritos por Colombia para definir una política de protección a la economía campesina y un ordenamiento de la propiedad con instrumentos como la expropiación por vía administrativa del latifundio (hoy son las multinacionales las que pueden hacer expropiación privada de la propiedad campesina), destinar a la agricultura las cinco millones de hás. desperdiciadas hoy en ganadería extensiva, extinción del derecho de dominio del latifundio ocioso o mal usado. Sobre estas cinco millones de hás. propusimos conformar 12 mil empresas cooperativas (25 familias integrarían cada cooperativa) autogestionadas, para asentar 300 mil familias en unidades agrícolas de 16 hás., para dar trabajo permanente a 1´200 mil campesinos, colonos, desplazados por la violencia. Propusimos también afectar con extinción del dominio las 4,4 millones de hectáreas acaparadas por la mafia del narcotráfico y conformar diez mil cooperativas para asentar unas 250 mil familias campesinas más dando trabajo permanente a un millón de campesinos, desplazados, conformando éstas áreas como zonas de reserva campesina y de concentración parcelaria, para evitar la reconcentración de la propiedad y garantizar servicios integrales de desarrollo productivo y social.
Incluye nuestra propuesta reactivar de inmediato unas 50 mil parcelas ya entregadas o conquistadas por las comunidades para generar 200 mil empleos productivos más, para lo que basta la reglamentación del artículo 122 de la Ley 510/99 donde se crea una línea especial de crédito para usuarios de reforma agraria con tasas de interés inferiores al IPP (índice de precios al productor).
La propuesta comprende vincular 36 mil técnicos, tecnólogos y profesionales agropecuarios para asistir técnicamente y en organización social y productiva a las comunidades asentadas.
El costo de esta propuesta depende de si el Estado cumple con la Ley 333 que posibilita la extinción del dominio de las tierras adquiridas con dineros ilícitos en cuyo caso dicho costo estaría por los $2 billones de pesos. De continuar con el proceso de compra de tierras por autoavalúo comercial del terrateniente el costo se elevaría tres o cuatro veces.
Esta propuesta apunta a resolver estructuralmente el crónico problema agrario.
Además se han realizado varias audiencias públicas sobre temas como el desplazamiento forzado, cultivos ilícitos, entre otros, donde las comunidades rurales han dejado claros consensos en relación con la urgente solución del problema agrario como requisito de una paz duradera.
El problema agrario es el segundo punto en la agenda de diálogo gobierno-FARCep, – después del tema empleo – modelo económico, pero tanto el gobierno como el empresariado (y especialmente los gremios de terratenientes SAC y FEDEGAN) están empecinados en aplazar el tema y en su reemplazo abordar los asuntos relacionados con el Derecho Internacional Humanitario.
El 30 de octubre se presentaría en el Comité Temático los informes de las audiencias públicas sobre el tema de «crecimiento económico y generación de empleo» donde se entregarían además la evaluación de las 25 audiencias públicas sobre este tema.
La Mesa de Diálogo y Negociación acordó además iniciar el segundo bloque de audiencias públicas con el tema «DISTRIBUCION DEL INGRESO Y DESARROLLO SOCIAL». También esta Mesa acordó completar los cupos conjuntos del Comité Temático con dos representantes de los sectores campesino y de la juventud y próximamente darían a conocer sus nombres. (Comunicado 24, Mesa Nal. de diálogo y negociación, 23 de oct/2000).
5-. MESAS GOBIERNO-CNC
Luego de la movilización nacional del CNC, sintradin y organizaciones de campesinos e indígenas regionales en 10 departamentos durante los días 13, 14 y 15 de octubre/2000 por la reforma agraria y contra el desmonte del INCORA, donde se presentó un pliego que se ha discutido por mes y medio con el gobierno (Minagricultura, Caja Agraria y Banco Agrario, Departamento Nacional de Planeación) y tras mes y medio de sesiones, el CNC evalúa que no hay avances, el gobierno mantiene una postura arrogante y una táctica de desgaste del CNC. Los resultados son:
1-. En crédito aún no se reglamenta la línea especial de crédito para usuarios de reforma agraria ni se dan soluciones de fondo para el grave problema del endeudamiento campesino.
2-. No desmonte del INCORA: el minagricultura insiste en suprimir el DRI y el INAT y traer sus funciones al INCORA, lo que podría ser visto como un fortalecimiento de la entidad, pero en la práctica esa medida no se acompaña de más personal, ni recursos nuevos de inversión, ni implica cambio de política agraria. Sería solo una decisión burocrática para bajar gasto despidiendo más trabajadores especialmente en INAT y DRI.
3-. En materia de incrementar el presupuesto de inversión para reforma agraria el gobierno no se compromete en nada porque la reforma agraria «es muy costosa y hay déficit fiscal». Sólo habrían algunos recursos para el Fondo de organización y capacitación campesina que manejan algunas organizaciones.
4-. No hay avances tampoco en la exigencia de protección a los bienes y tierras de las comunidades desplazadas por violencia, ni se acepta declarar la nulidad de las compraventas de tierras realizadas en áreas de conflicto que son contratos donde se puede presumir que hubo vicios (presión) sobre la voluntad de una de las partes.
5-. Se compromete el gobierno a impulsar las zonas de reserva campesina ya aprobadas en El Pato (Huila-Caquetá), Calamar (Guaviare) y el Sur de Bolívar. Pero no se ve voluntad política de aprobar reserva campesina en el Valle del Río Cimitarra, Puerto Asís (Putumayo), Sumapaz, Arauca y la Provincia del Bajo Ricaurte (Boyacá), regiones donde las comunidades han avanzado en las etapas previas a la aprobación oficial de las zonas.
6-. No aceptan suspender fumigaciones en áreas de cultivos ilegales para reemplazarlas por planes concertados de erradicación manual, ni suspender la apertura económica y la importación masiva de alimentos, ni derogar la resolución que le da entrada a la Oxy al territorio ancestral de los indígenas U´was.
6-. Un tema especial es el de los proyectos de ley de reforma agraria.
El gobierno informó hace dos días al CNC que decidió volver a presentar su proyecto de cambios a la ley 160/94 pero desconocemos si el texto actual difiere y en qué aspectos, de la versión que conocimos y combatimos durante todo el año.
El Representante a la Cámara Gustavo Petro quien firmó y presentó nuestro proyecto de Ley, expresó a través de un Asesor que está dispuesto a firmar y presentar de nuevo nuestra iniciativa, previos ajustes presentados por las comunidades en las regiones donde lo hemos discutido (que es casi todo el país). Y estamos buscando más congresistas que lo firmen también y contactando dirigentes del Putumayo que alistan movilización para que se lo apropien y levanten en su lucha.
El gobierno propuso al CNC un taller de discusión el 14 de noviembre para «acercar y eventualmente unificar los dos proyectos de ley » con asistencia de CNC-ANUC-Gobierno- SAC-FEDEGAN (?), pero como es de suponer será muy poco factible llegar a acuerdos, Para comprobarlo, miremos las distancias entre las dos iniciativas:
Como se recordará, los campesinos y el Sindicato partíamos de que La ley 160/94 o ley de mercado subsidiado de tierras fue un gran fracaso y no se requería remiendos sino cambios de fondo.
El gobierno en su proyecto de ley propuso entre otras cosas: abrir la posibilidad de descentralizar perversamente todos los programas de reforma agraria del INCORA para entregárselos a las regiones que no tienen capacidad técnica, ni financiera y están controladas precisamente por los terratenientes y sus ejércitos privados que no permiten una real participación y expresión de las comunidades y sus organizaciones, incluso, que las persiguen a muerte; mantener la prueba de propiedad o cadena de tradición desde el 4 de agosto de 1974, legitimando las escrituras con falsa tradición hacia atrás en el tiempo; mantener la prohibición de adquirir predios invadidos después del 4 de agosto de 1993 si el propietario no quiere vender; beneficiar con prioridad campesinos con capacidad empresarial demostrada; reducir la representación campesina de organizaciones del CNC en la Junta Directiva de la entidad; mantener el fracasado esquema del mercado subsidiado de tierras, establece el arrendamiento con opción de compra de predios rurales o leasing; aprobar la expropiación administrativa sólo para los predios a los que se puede extinguir el derecho de dominio por proveniencia ilícita del dinero de la compra (y debería es simplemente quitarse esa propiedad sin pago, Ley 333/96); entrega de tierras con subsidio del 70% a los desplazados a quienes les entregarían predios sólo con asignación provisional por tres años; mantiene como criterio guía de compra el avalúo comercial.
Hasta algunos terratenientes en el Congreso se opusieron a este proyecto, claro está pensando en disolver el tema en otras normas y acabar el asunto de la reforma agraria.
En cambio, el proyecto del CNC -cuyo debate no quisieron acumular los congresistas pero que contó con el apoyo unánime de las comunidades, organizaciones y voceros durante los once foros sobre reforma agraria realizados en el país-, propone: participación mayoritaria y decisoria del campesinado en las instancias de planeación, dirección y evaluación de la reforma agraria incluida la Junta Directiva del INCORA; fortalecimiento presupuestal, jurídico, programático, técnico y operativo el INCORA con impuestos a las importaciones de alimentos, 5% del presupuesto nacional, 10% del fondo Nal. de regalías petroleras, 25% de los recursos captados en el impuesto del 2×1000; extinción del dominio en fincas donde se violen derechos laborales de los trabajadores, se haga mal uso de los suelos y destinación para desplazados a título gratuito; limitar la propiedad de la tierra; precio máximo de compra de tierras el 200% del avalúo catastral de dos años anteriores a la negociación que duraría máximo 60 días; en caso de que el propietario no facilite la negociación en ese plazo, se hará expropiación por vía administrativa; sacar del mercado las tierras reformadas para prevenir reconcentración y desplazamiento; las tierras serán entregadas a los campesinos sin subsidio en el precio (al mismo valor que fueron compradas, es decir máximo 200% de su avalúo catastral) y con tasa de interés del 4% anual a 15 años de plazo; cierre de la frontera agrícola hasta que se haya redistribuido el latifundio ocioso dentro de la frontera y al retomarse la titulación de baldíos limitar la máxima extensión titulable a 2 UAF; retornar la cadena de títulos para demostrar legítima tradición a 1917; expropiación sin indemnización por motivos de equidad de los predios ocupados donde sean asesinados campesinos o indígenas o negros; se decreta la nulidad de todas las compraventas de tierras y mejoras efectuadas por campesinos desplazados con violencia; garantía para el retorno de los desplazados a sus tierras o reubicación en otra finca asumiendo el Estado como parte de pago el valor de las tierras y mejoras despojadas; seguro de cosecha a costo máximo del 1% del valor de la cosecha y amparando el 100% de su valor; establecimiento de un régimen de seguridad social en pensiones y salud para los campesinos pequeños y medianos propietarios y jornaleros, y se ratifica que las reservas indígenas son tierras comunales del respectivo grupo étnico y por tanto son inembargables, imprescriptibles e inenajenables (tenemos el temor de que el gobierno con tal de meter al país al NAFTA como lo anunció Pastrana, haga lo mismo que hizo México para cumplir una exigencia de las multinacionales como condición de admisión: meter al mercado las tierras de los indígenas para darle entrada a sus megaproyectos).
Bogotá, 7 de Noviembre del 2000 . SINTRADIN Nacional-.