4 de mayo de 2016
por América Latina en Movimiento
Daniel Pascual es un hombre k’iche’, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones campesinas históricas en Guatemala, y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.
Desde sus inicios de lucha en el CUC, Daniel se ha distinguido por su compromiso de lucha por los derechos colectivos y por las transformaciones en el país, en especial por la tierra y por políticas agrarias y rurales para beneficio del campesinado y comunidades indígenas y rurales, negadas permanentemente por la clase dominante y por sucesivos gobiernos.
Daniel ha sido parte en la conducción de luchas contra políticas y leyes nocivas de beneficio exclusivo para el capital local y transnacional, como la llamada Ley Monsanto, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos, cuyos impactos significaron un grave deterioro de la economía campesina y rural. Asimismo, Daniel viene siendo fundamental en la defensa de los territorios indígenas ente la embestida extractivista.
La última de estas luchas fue la Macha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida.
En la actualidad Daniel, como muchos otros luchadores sociales, es objeto de un proceso de criminalización. Esto hace parte de la persecución contra el movimiento campesino e indígena, y las comunidades y pueblos mayas, xinca y mestizo, los cuales están resistiendo a los proyectos y políticas extractivas.
Daniel es acusado por supuesta injuria, difamación y calumnia. Lo acusa Ricardo Méndez Ruiz, un ex militar, columnista y político de extrema derecha, quien desde la «Fundación contra el Terrorismo», financiada por empresarios, quien realiza una férrea defensa a favor de militares acusados de crímenes de lesa humanidad y se dedica a actuar contra las organizaciones que accionan para lograr justicia por crímenes de guerra y contra el extractivismo.
Es claro que Méndez Ruiz pretende aplacar la lucha social. Se afirma esto debido a que la denuncia contra Daniel se origina de declaraciones emitidas en el ejercicio de su derecho a la libre emisión del pensamiento y en legítimo derecho de expresar su apoyo a la resistencia de la comunidad Las Trojes (San Juan Sacatepéquez, Guatemala), que lucha contra la cementera San Gabriel, propiedad de la familia Novella. En específico, Daniel cuestionó la acción de columnistas que, como Méndez Ruiz, le acusan de terrorista y han tergiversado su labor como dirigente campesino. Es evidente también la pretensión de inmovilizar políticamente a Daniel Pascual, cuando persigue que sea objeto de arraigo y embargo de sus bienes.[1]
Resulta sospechoso también que la denuncia sea procesada por vía ordinaria del Código Penal y con la intervención de un Tribunal de Imprenta, y no por la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. En este marco, la jueza Carmen Toaspern ligó a proceso penal a Daniel, con el argumento que la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento sólo aplica a periodistas. Esta decisión impone una interpretación que gremializa el derecho de libre emisión del pensamiento y contraviene la Constitución Política en esta materia. Por esa razón, la jueza Toaspern fue objeto de recurso de recusación y de denuncia ente el Procurador de Derechos Humanos por obviar la aplicación del derecho constitucional referido al derecho a la libertad de emisión del pensamiento.
La Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos enfatizaron que en este caso existen anomalías procesales.[2] Actualmente está en manos de la Corte de Constitucional resolver el recurso para enmendar la decisión de la jueza antes mencionada y restituir el derecho a la libre emisión del pensamiento.