14 de julio de 2016
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El corrupto sistema judicial paraguayo, los poderes fácticos de los terratenientes y los medios de comunicación «inventaron una historia e hicieron que esta condena la confirmara sin investigar absolutamente nada», sin que la defensa de los campesinos pudiera citar testigos e ignorando evidencias que señalaban la responsabilidad del Estado.
Así resumió en diálogo con Radio Mundo Real desde Asunción del Paraguay el jurista Gustavo Noguera el fallo conocido este lunes y que condena a once campesinos a penas de entre 4 y treinta años de prisión por los sucesos conocidos como «Masacre de Curuguaty» de junio 2012.
Uno de los argumentos que hacen a la defensa legal de los campesinos considerar nula o inexistente la condena es el hecho de que no se investigaron las muertes de los civiles que participaban de la ocupación de las tierras de Marina Cué, a lo que Noguera aclara: «en realidad no se investigó absolutamente nada, se fabricó una historia y prácticamente el total de los testigos del juicio fueron policías, no permitiéndose a la defensa convocar a otros testigos».
Noguera llevó adelante la defensa de Rubén Villalba por otras tres causas que le adjudicara la fiscalía, aunque no en este caso, aclara. Sin embargo, señala que el mensaje de este fallo judicial contra Miguel y los demás campesinas condenados es clara: «es un mensaje a quien se atreva a cuestionar la tenencia de la tierra en este país, donde un 1 por ciento de la población controla el 85 por ciento de las tierras productivas».
Asimismo, Noguera expresa en diálogo con nuestro portal que la posibilidad de que la justicia efectivamente se abra lugar en este caso depende en buena medida de la preocupación y presión internacional sobre el gobierno de Horacio Cartes, surgido precisamente del quiebre institucional que significó la masacre en junio de 2012, propiciando la destitución del religioso Fernando Lugo.
Ejemplos
A modo de ejemplo de la violación de las garantías contra Rubén Villalba y otros campesinos acusados, el jurista indica que una apelación presentada a nombre de su defendido lleva año y medio sin merecer decisión del tribunal de apelaciones, cuando los plazos legales establecen para un trámite similar un plazo de veinte días como máximo.
«Se fabricó una historia y se acomodó el juicio a esa historia», señaló Noguera. Y agregó que las tres armas de fuego antiguas presentadas como evidencias «quedó demostrado que nunca se dispararon (…); se negó la necropsia a las víctimas para obtener información de las causas y circunstancias de su muerte, se alega que un grupo de mujeres, niños con algunos varones adultos fueron capaces de emboscar a 320 policías, es imposible de sostener eso racional o irracionalmente».