18 de noviembre de 2013
Desde el 11 al 15 de noviembre del presente año, 43 representantes de redes, instituciones y organizaciones sociales de 6 países, más Paraguay, recorrieron los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, Canindeyú y San Pedro, para constatar la situación de los derechos humanos en el país.
Informe Preliminar Misión Observación Internacional Derechos Humanos Paraguay PDF
El informe preliminar fue presentado durante una conferencia de prensa el pasado jueves 14 del corriente, por Ana Juanche (Serpaj Latinoamérica), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo, Argentina) y Enrique Gauto (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay – Codehupy).
Las y los delegados de organizaciones foráneas y nacionales recabaron testimonios e informes, primeramente, de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, del Pueblo Enxet, en el departamento de Presidente Hayes, donde constataron la vulneración de sus derechos, ya que el Estado paraguayo todavía no cumple la condena que le fuera impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006, a restituirles 14.404 hectáreas de tierra que les fueran arrebatadas hace más de 20 años. También hacen mención a denuncias sobre discriminación en materia de atención a salud y sobre educación.
En el departamento de Concepción, actualmente uno de los tres que se encuentran bajo la militarización –junto a San Pedro y Amambay– casi inmediatamente desde la asunción del gobierno de Horaio Cartes, la Misión se reunió con el campesinado organizado y pobladores comunes, además de autoridades locales. Los observadores y observadoras expresaron su especial preocupación por la profundización del régimen represivo que el Estado paraguayo despliega en esa zona del norte del país, por lo que exigieron al Poder Legislativo la derogación de la ley recientemente aprobada, que autoriza al Poder Ejecutivo a usar las fuerzas policiales y militares en procura de atrapar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP, supuesto grupo armado que opera en la zona).
Denunciaron la violencia perpetrada por el Ejército paraguayo contra campesinos e indígenas, con el pretexto de perseguir al EPP. Informaron sobre testimonios recibidos acerca de declaraciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos y amenazas de procesamiento y judicialización, además de denuncias sobre agresiones, abusos sexuales, robos de enseres y animales y detenciones arbitrarias por parte de las tropas.
La delegación de defensores y defensoras de Derechos Humanos se trasladó después al departamento de San Pedro, para dialogar con los pobladores y pobladoras del distrito de Tacuatí, donde sucedieron hechos de violencia que oficialmente fueron sindicados cometidos por el EPP, sin que ningún vocero de esta agrupación se atribuyera la autoría de tales hechos. En este distrito, mantuvieron una reunión con familiares de campesinos presos por el caso del asesinato del ganadero Luis Lindstron y se discutieron, entre otros, temas referentes a la militarización.
También estuvieron en Marina Kue –departamento Canindeyú–, donde el 15 de junio de 2012 se produjera la matanza de 11 campesinos y 6 policías en un desalojo enmarcado en la lucha por la tierra, y que fuera el antecedente directo para que el Congreso Nacional llevara adelante el juicio político contra el entonces presidente, Fernando Lugo. En Marina Kue, la Misión observó con estupor que, en el lugar de la masacre, se explayaba un interminable cultivo de soja transgénica.
Las zonas visitadas por el equipo son de las más empobrecidas del país, pero donde la tierra y los bienes naturales son fuente de codicia de las empresas del agronegocio, por lo que los conflictos entre éstas con las poblaciones son constantes.
La agenda incluyó también entrevistas con autoridades locales y nacionales, además de la visita a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción.
Comunicación CLOC-Vía Campesina.