Viernes 27 de Juliode 2012
Natalia Ruiz Díaz
IPS
La apertura a firmas transnacionales en la mira por temas ambientales pauta el primer mes de gobierno de Federico Franco en Paraguay, que sigue sin lograr romper el aislamiento internacional. Entre las medidas cuestionadas se cuentan la habilitación exprés de algodón transgénico y de una planta de aluminio.
«Preocupa que un gobierno no elegido por el voto popular brinde la venia a estas inversiones (de capitales foráneos), sin ningún control», dijo a IPS el economista Luis Rojas, de la organización no gubernamental Base Investigaciones Sociales.
Rojas señaló, a modo de ejemplo, el permiso otorgado para utilizar semillas de la variedad de algodón genéticamente modificado Bollgard, de la multinacional Monsanto, dejando sin efecto los estudios preliminares requeridos para el otorgamiento de ese tipo de licencias.
Franco designó al frente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) al empresario de agroquímicos Jaime Ayala, quien no tardó en inscribir en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC) la semilla Bollgard, rechazada por la misma entidad semanas antes debido a que la empresa no reunía los requisitos para el efecto.
Según Rojas, la aprobación se dio de manera ilegal dado que aún no se contaba con el dictamen técnico de la Secretaría del Ambiente y del Ministerio de Salud, como lo exige la ley.
Con Tinto no es mejor
También se cuestiona desde la sociedad civil la posible instalación de la empresa transnacional canadiense Río Tinto Alcan (RTA) para la construcción de una planta de aluminio con una inversión de 3.500 millones de dólares.
«La negociación comenzó prácticamente al día siguiente del cambio de gobierno, lo cual muestra total apertura para que se instale en Paraguay», dijo a IPS el analista José Carlos Rodríguez.
El presidente Fernando Lugo, destituido por un juicio político sumarísimo el 22 de junio y sustituido horas después por Franco, había conformado un equipo técnico para el estudio del proyecto.
Sin embargo, Franco autorizó el comienzo de las negociaciones de inmediato sin esperar los resultados de ese estudio.
Rodríguez cuestionó que las nuevas autoridades no están haciendo ningún cálculo costo-beneficio en lo que se refiere a las implicancias económicas y ambientales del enclave en este país de una empresa con la potencialidad contaminante como la de la fabricación de aluminio.
El actual gobierno se defiende con el argumento de que la fábrica generaría unos 4.000 puestos de trabajo en forma directa, pero en diciembre pasado el entonces ministro de Obras Públicas, Cecilio Pérez Bordón, aseguró que solo harían falta 1.250 trabajadores para llevar adelante esa producción.
Pérez Bordón explicó, en su informe presentado a una audiencia pública, que todas las materias primas e insumos serán importados, excepto la energía eléctrica. También indicó que RTA utilizaría en forma constante 1.100 megavatios (MW), equivalente a 9.000 gigavatios/hora (GWh) por año y pretende un contrato de consumo de 2016 a 2045) y renovable.
Paraguay demanda en la actualidad 11.000 GWh anuales de energía y produce unos 56.000, con una potencia cercana a 7.500 megavatios, sumando la central de Acaray y el 50 por ciento que le corresponde de los complejos binacionales de Itaipú, compartido con Brasil, y Yacyretá, con Argentina.
La instalación de RTA exigiría más del doble de la energía que hoy consume el país.
El entonces ministro hizo hincapié en no subsidiar el costo de la energía, sino que recomendaba que la firma pagara el costo real del servicio eléctrico que era de 59,7 dólares por megavatio/hora en 200 kilovatios.
«Si se le vende energía a RTA a 38 dólares el megavatio/hora por 30 años o más, Paraguay perderá entre 195 millones y 1.008 millones dólares anuales, con lo cual deberá subir la tarifa para los demás usuarios, incluidos para uso doméstico, aumentar los impuestos o reducir la inversión pública», explicó Pérez Bordón.
Golpes por dentro y por fuera
Frente a este escenario, las organizaciones sociales aumentan su rechazo al gobierno de Franco y sostienen que la destitución de Lugo tuvo como trasfondo el objetivo de facilitar el ingreso de las firmas transnacionales.
«El gobierno no es un interlocutor válido porque no le interesa conversar con la sociedad civil, sólo lo hace con el empresariado», indicó Rojas.
Por su parte, el analista Bernardino Cano Radil señaló que su partido no ha discutido a profundidad este caso como para tomar una postura.
La inversión extranjera en general es positiva, pero se tienen que estudiar al detalle los beneficios para las empresas locales y los trabajadores, apuntó Cano Radil, dirigente del derechista Partido Colorado, principal promotor de plantear juicio político a Lugo a poco de comenzar su mandato en 2008, cuando el exobispo católico acabó con 60 años de gobierno hegemónico de este color.
Pero la falta de reconocimiento hacia Franco no se detiene en las fronteras, ya que siguen teniendo en su haber apenas el visto bueno oficial de Taiwán y del Vaticano.
Tampoco pudo hacer prosperar el recurso presentado ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (Mercado Común del Sur) para que levantara la suspensión como miembro del bloque, decidida por sus tres socios, Argentina, Brasil y Uruguay en la cumbre de fines de junio de Mendoza, Argentina.
Ahora las expectativas están solo puestas en la Organización de los Estados Americanos, cuya misión de observación recomendó al cuerpo no suspender a Paraguay. Pero esa decisión también se hace esperar.
La caja en orden
A los ojos de los analistas, Franco encontró la casa ordenada en términos económicos y ahora se destrabaron proyectos de inversión, donaciones y otros, por al menos 500 millones de dólares, no permitidos mientras Lugo estuvo en el gobierno.
A esto se añade la entrada en vigencia, tras años de postergación, del Impuesto a la Renta Personal (IRP), con una tasa fija de 10 por ciento para quienes perciben más de 120 salarios mínimos al año, que equivalen a unos 45.000 dólares.
Un proyecto para imponer este tributo había sido trabado en el parlamento en la última etapa del gobierno de Lugo, con el agravante de que no sería tratado hasta 2015. Sin embargo, el 5 de este mes fue aprobado y Franco lo promulgó esta semana.
El IRP se imputará al ejercicio profesional o prestación de servicios personales; desempeño de cargos públicos, e ingresos por la venta ocasional de inmuebles, entre otras actividades. También deben aportar los socios o accionistas que obtengan dividendos de las empresas, pero solo sobre 50 por ciento de esos ingresos.
«Se trata solo del 10 por ciento de excedente para gente que gana mucho dinero», un universo muy pequeño en este país, expresó Rodríguez. En una primera etapa, este impuesto alcanzaría a 12.000 contribuyentes en este país con 6,4 millones de habitantes.
Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101274