D.L 1333 fue aprobado en Grupo de Trabajo revisor de Decretos Legislativos en el Congreso de la República
El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú (CCP, CNA, CUNARC, FENMUCARINAP, ONAMIAP y UNCA) expresa su indignación y rechazo a la conducta del Grupo de Trabajo revisor de Decretos Legislativos de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, al aprobar el D.L 1333, para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados. Ello a pesar que se dio a conocer y sustentó ante dicho grupo, los efectos nocivos de esta norma a los derechos colectivos, especialmente derechos territoriales y a la consulta previa de los pueblos organizados en comunidades campesinas y comunidades nativas.
Estando nuestro país en pleno proceso de implementación del Convenio 169 –OIT, toda medida administrativa y legislativa que afecta los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios tiene que pasar por consulta previa y el D.L 1333 fue aprobado por el Ejecutivo sin considerar lo establecido por el convenio. Y se ha agravado más por cuanto el Grupo de Trabajo del Congreso, presidido por Ursula Letona, el día martes 07 de marzo, ratificó la vigencia de este decreto, omitiendo los argumentos expuestos por los pueblos para su derogatoria.
El D.L 1333 crea mecanismos especiales adhoc que facilitan el despojo de tierras y el territorio de los pueblos, como el crear el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizada – APIP, institución adscrita a PROINVERSION, con atribuciones para el saneamiento físico-legal de tierras, por encima de las competencias del Ministerio de Agricultura y Riego, COFOPRI y de los Gobiernos Regionales. Todo con el fin de avalar los procesos de titulación y despojo de tierras que demandan los proyectos de la gran inversión privada (infraestructura, minería, hidrocarburos, agroindustria, industria maderera, etc.).
Las organizaciones rechazamos esta forma de legislar del gobierno, pues es excluyente y solo se atiende los grandes intereses. El país tiene que seguir creciendo económicamente, pero no pisoteando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por normas nacionales e internacionales. Las comunidades y pueblos, con las actividades propias de nuestra economía campesina indígena, contribuimos a la seguridad y soberanía alimentaria, y al desarrollo del país; por esta razón defendemos y protegemos nuestras tierras y el territorio. Por lo cual no permitiremos que el brazo de la corrupción de tierras se extienda sobre nuestros territorios.
Por esta razón desde las organizaciones Indígenas del Pacto de Unidad reiteramos nuestra demanda de derogatoria del D.L. 1333 y exigimos que la Comisión de Constitución del Congreso de la República se corriga y desestime la decisión del Grupo de Trabajo. Y finalmente el Pleno lo derogue, por ser una norma anticonstitucional al ser lesiva a los derechos sagrados de los pueblos indígenas u originarios.
¡No al despojo de nuestras tierras y territorio!
¡Wañuchum Decreto Legislativo 1333!